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La Señora Viceministra les ha dicho que el gobierno tiene "voluntad'. Las mujeres negras del Cauca le piden como muestra de esa voluntad, que les responda positivamente la propuesta de protección colectiva y la implementación del protocolo de alertas tempranas que hacen parte de los acuerdos.

Critica y sentida la carta que le enviaron las mujeres negras del norte del Cauca, a la viceministra del interior, una mujer también negra. Crítica, porque desnuda esos problemas que han estado al centro de este prolongado debate – conflicto que lleva unos quince meses y que refleja muy pocos avances. Y sentida, porque es una misiva escrita con el dolor, el desconsuelo y el escepticismo de unas mujeres negras, en su mayoría mineras, que tratan de mover así sea un poquito, la angustia y la impotencia de la otra, la Viceministra negra, para permear una institucionalidad que la rebasa.

Aún sin terminar la reunión en la que se suscribieron unos acuerdos en los que se renovaban los compromisos ya pactados, entre ellos, los compromisos con las mujeres negras de La Toma, en el municipio de Buenos Aires, una de sus lideresas, Francia Márquez, estaba recibiendo este mensaje en su teléfono celular: “BUENO llego la hora de ajustar cuenta con los que seacen llamar de fensores del territorio esos hp de eduar mina, fransia marquez, jhonjaro valverde sabemos como se mueven y la horden es dales de baja para que nose opongan al desarrollo seles albirtio y a hora atemganse att las bacrin” (SIC). 

El asunto es muy grave, pues al tiempo, dos hombres se acercaron a la casa de Eduar Mina y preguntaron por Alexa Leonor Mina y Mary Yain Mina, hermana y prima de Francia. La viceministra conoce de las amenazas constantes contra Francia, su entorno familiar y el grupo de mujeres que valientemente se vienen movilizando desde diciembre de 2014 en contra de la minería ilegal y por la defensa de su vida y su territorio. Podríamos decir que el estado civil de este grupo de mujeres es “AMENAZADAS”.

Francia no es sólo una líder negra. Ella ha sabido ganarse el cariño, el respeto y el reconocimiento de las comunidades e incluso del mismo gobierno, por sus convicciones, su legitimidad y su autoridad. No es gratuito que ella fuera galardonada en 2015 con el Premio Nacional como Defensora de Derechos Humanos que otorga Diakonía, organización no gubernamental internacional de corte cristiano, que coopera con las personas más vulnerables para mejorar sus condiciones de vida. 

Por eso resulta un lastre, que en Colombia la acción política, el trabajo social e incluso el trabajo por la defensa de los derechos humanos, tenga que ser considerada como una profesión de alto riesgo. No de otra manera se explican los miles de estudios de evaluación de riesgo que se hacen anualmente a políticos, líderes sociales y defensores de derechos humanos. Son tantos los estudios de seguridad y la demanda del servicio de protección, que no hay como se preste con eficiencia. Para finales de 2014 la UNP prestaba protección a unos siete mil quinientos colombianos y de ellos, una tercera parte contaban con servicio de escolta y vehículos, en su mayoría políticos.

Francia, Alexa, Mary y muchos otros líderes negros e indígenas, después de mucho “pelear” con la Unidad Nacional de Protección -UNP-, han recibido para su protección chalecos antibalas, teléfono y en el caso de Francia, escolta. Pero esas no son las alternativas para la grave problemática de seguridad que padecen los líderes de los grupos étnicos en sus territorios. Tampoco es la seguridad adecuada.

Buena parte de la  larga agenda de negociaciones entre las mujeres negras del Norte del Cauca y el gobierno liderado por la Viceministra Carmen Inés Vásquez, tuvo como punto nodal el de la protección de estas mujeres. Ellas siempre fueron críticas sobre el esquema que le presentaba la UNP, por eso le recuerdan a la viceministra: “como usted bien sabe nosotras hemos insistido que esos elementos no son ninguna garantía. El chaleco antibalas por ejemplo, es más un problema que una protección. Mujeres rurales que van a lavar ropa al río y hacen minería de batea, caminan lomas y deben moverse a veces por áreas aisladas, no solo tienen un problema de movilidad con el incómodo artefacto, sino que no tienen ninguna protección si un hombre se acerca a violarlas, una forma de ataque común en estos casos”. Resultan hasta ridículas estas medidas de protección para mujeres que viven en zonas apartadas y donde cada uno de esos elementos las convierte además en blanco de los actores armados o incluso, de la delincuencia común.

Ellas siempre propusieron la implementación de medidas colectivas de seguridad, pero la viceministra aún no les ha respondido. En ese contexto, propusieron la creación de una guardia cimarrona, creando una especie de símil con la guardia indígena, buscando rodearse de un grupo de personas capacitadas para la protección de la comunidad, sin que ello significara en modo alguno la vulneración de la ley. Es claro que estas alternativas, además de la voluntad política, deben contar con iniciativas legislativas que competen al propio gobierno y a la bancada afro. Pero voluntad es lo que no ha habido.

Mientras se avanza en estas discusiones jurídicas, la viceministra debería apersonarse del cumplimiento de los acuerdos ya pactados en materia de auxilios de transporte y otros recursos complementarios para que ellas mismas se garanticen la protección que el Estado no ha sido capaz de brindarles.

Es de suma importancia además, que el gobierno disponga de todos los recursos necesarios para que se esclarezca el origen de estas amenazas. Las propias mujeres han llamado la atención de la viceministra para que se explique las razones por las cuales "el indio", un minero ilegal detenido recientemente, haya sido liberado dos días después, dándose la libertad de  decir que “va a hacer pagar a los responsables de su detención”.

La Señora Viceministra les ha dicho que el gobierno tiene "voluntad'. Las mujeres negras del Cauca le piden como muestra de esa voluntad, que les responda positivamente la propuesta de protección colectiva y la implementación del protocolo de alertas tempranas que hacen parte de los acuerdos.

Es una buena oportunidad para que el gobierno muestre coherencia y que su disposición de ponerle un poquito de “negro” a su gabinete, se refrende desarrollando políticas de inclusión y protección para esta población. Una dosis de coherencia es un buen comienzo.

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