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La incertidumbre sobre la suerte de pobladores indígena y afrocolombianos en el municipio de Bahía Solano es total. Desde hace 48 horas se registran intensos combates entre hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia e insurgentes de las FARC EP, amenazando la vida de alrededor de 7.500 personas, incluyendo 220 indígenas pertenecientes al resguardo de Río Valle y Boroboro.

Aunque las autoridades departamentales manejan la cifra de 35 personas muertas, aún sin precisar si pertenecen a la población civil, los efectos sobre las comunidades pueden ser mayores, pues algunas versiones dan cuanta que los combates se iniciaron hace más de 15 días, dejando a la población incomunicada.

Según la Organización Regional Indígena Emberá Waunaan (OREWA), la situación humanitaria de las comunidades es compleja desde hace varias semanas, ante el fuerte cerco montado por los actores armados. “Aunque la organización no tiene información precisa sobre los combates, sí tenemos conocimiento de un desabastecimiento en la población y sus alrededores, producto del control de alimentos que desde hace varias semanas se implementó en la zona”, manifestó un miembro del Comité Ejecutivo. Actualidad Étnica consultó con la Diócesis de Quibdó, quien también manifestó desconocer la situación.

Cabe recordar que todo el sector, incluyendo el municipio de Juradó, es objeto de la disputa territorial por parte de diversos actores, quines buscan controlar una zona cuyos intereses geoeconómicos han ubicado a las comunidades como piedras en el zapato, pues allí no sólo se concentra un importante corredor estratégico que permite el tráfico de armas y droga; también varios proyectos de infraestructura (la construcción de la carretera Urrao, Buchadó, Bahía Solano o Bahía Cupica; la proyección de Bahía Solano o Bahía Cupica como terminal del famoso Canal Seco que uniría las dos costas en Bahía Candelaria) cuyos impactos ambientales y socioculturales para indígenas y afrocolombianos serían devastadores. Es por ello que organizaciones como la OREWA, ACIA (Asociación Campesina Integral del Atrato) y la Diócesis de Quibdó, no dudan en señalar una relación estrecha entre la agudización de derechos humanos y de derecho humanitario y los megaproyectos económicos.

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