Por:Opinión & Salud

Desde 1.980 cuando la Empresa Colombiana de Niquel S.A. (Econíquel) cedió los contratos de concesión de explotación de ferroníquel en Montelíbano, sur de Córdoba, la compañía Cerro Matoso ha hecho presencia en la zona minera.

La explotación de Cerro Matoso abarca la subregión del Alto San Jorge, conformada por los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador, La Apartada y San José de Uré, donde según un censo ordenado por la Corte Constitucional, habitan 1.891 personas, de las cuales, un gran porcentaje pertenecen a comunidades indígenas y negras autóctonas de la región.

Después de 50 años de explotación del ferroníquel, las comunidades alegan graves problemas de salud, que asocian con las actividades de las multinacionales mineras.

Fue así como a mediados de 2013, Javier Martín Rubio, representando a los indígenas asentados en la zona de influencia de las actividades de Cerro Matoso, presentó una acción de tutela solicitando se amparen los derechos a la salud, ambiente sano y consulta previa.

Allí expresa Rubio que “la empresa minera no tomó las medidas ni implementó los controles necesarios para evitar la contaminación de las fuentes hídricas, y que con ocasión de dicha actividad, ha proliferado el cáncer y el aumento de los caso a de aborto entre sus habitantes”. Además asocia problemas respiratorios y dermatológicos de los habitantes con la explotación del mineral.

La tutela llegó a la Corte Constitucional, a manos del magistrado Alberto Rojas Ríos, quien de manera preliminar ordenó que el Instituto de Medicina Legal integre una comisión de médicos especializados (Toxicólogos, dermatólogos, epidemiólogos, etc.), para que se traslade al resguardo Zenú del Alto San Jorge, al Consejo Comunitario de comunidades negras de San José de Uré y a los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador y La Apartada, para hacer entrevistas y exámenes médicos a todos los que se estime convenientes y que alegan tener problemas médicos a causa de las actividades de explotación de Cerro Matoso.

Los exámenes para los 1.981 censados tendrán un costo de $771 millones y deberán tardar no más de 6 meses. Pero lo curioso es que serán costeados por el propio Cerro Matoso y no por el Estado colombiano.

Según el magistrado Rojas, este análisis médico ayudará a determinar si hubo relación entre las enfermedades de la población con la exposición de algún contaminante producto de la explotación de ferroniquel, y de esa forma ordenar la correspondiente indemnización para la comunidad por los daños causados.

Fuente:

http://www.opinionysalud.com/enfermedades-en-montelibano-cordoba-estaran-relacionadas-con-cerro-matoso/