Sin todas las condiciones, ayer retornaron al Atrato 768 desplazados. El alcalde de Vigía del Fuerte le pidió al Ejército que continúe en la zona.
Cientos de campesinos retornaron, en medio del temor y de los recuerdos trágicos, a la localidad de Bojayá, Chocó, escenario de la masacre de 119 labriegos, en su mayoría afros, que quedaron atrapados en la iglesia del pueblo el pasado 2 de mayo en medio del fuego cruzado entre guerrilleros del las FARC y paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
A Vigía retornaron 67 familias (235 personas), de las cuales, 67 se quedaron en el casco urbano y las demás siguieron para San Miguel, San Martín, Arenal, Murrí y Paloblanco. Los más ilusionados eran los 200 habitantes de Bojayá que, durante estos meses, se refugiaron en Vigía del Fuerte, pues sabían que en las embarcaciones llegaban muchos de sus familiares y amigos.
La llegada de las embarcaciones a Vigía y Bojayá se convirtió en la culminación de una extensa jornada que comenzó a las 7:00 de la mañana del pasado domingo en Quibdó y que implicó un extenso recorrido por decenas de caserío ribereños, casi todos abandonados tras los combates de mayo pasado.
El alcalde de Vigía del Fuerte, Emiliano Perea Córdoba, exhortó al Ejército para que mantenga a los 400 efectivos del Batallón Manosalva Flórez, de la IV Brigada, que custodian Vigía del Fuerte y Bojayá desde hace días.
La gubernamental Red de Solidaridad Social ha destinado 2.000 millones de pesos (unos 770 millones de dólares) para recuperar infraestructura y mejorar los centros de salud de la región. "Las familias están muy contentas de regresar a su municipio y lo único que esperamos es que este proceso de retorno se adelante con tranquilidad, sin ningún tipo de percance, porque el interés del Gobierno es volver a reconstruir el tejido social en esa región", señaló Raquel Sofía Amaya, funcionaria de la Red.
La guerra de casi cuatro décadas que desangra a Colombia a un ritmo actual de 3.500 muertos por año, ha arrasado con vidas y comunidades enteras y Bojayá, localidad ubicada a 380 kilómetros al noroeste de Bogotá, es uno de los casos más dramáticos. Mientras el entonces presidente Andrés Pastrana habló de un "genocidio" y las Naciones Unidas de un "crimen de guerra", la guerrilla de las FARC lo calificó de un "daño involuntario".
