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Reunidos en el municipio chocoano de Bojayá, las comunidades y cabildos indígenas de Unión Baquiza y el río Opogadó, convocadas por la OREWA, adelantaron el Congreso Indígena Zona Bojayá, con el objeto de analizar la grave situación humanitaria que afecta a los Emberá en la región del Medio Atrato.

Tras tres días de discusión, la conclusión del evento fue contundente: una relación entre el incremento en las violaciones a los derechos humanos y el interés por parte de los inversionistas privados de promover en la zona proyectos productivos tanto lícitos como ilícitos, que vulneran los derechos ancestrales de las comunidades.

“Constatamos con gran preocupación que nuestra Madre Tierra sigue siendo agredida por  los intereses económicos de quienes sólo les interesa saquear nuestros recursos naturales, como la madera y los minerales. De igual manera nuestro Sagrado Territorio está siendo profanado por la implantación de los monocultivos lícitos e ilícitos, como la Palma Aceitera, el Arracacho y la Coca, donde únicamente importa sacar provecho económico pasando por encima de nuestros derechos, empezando por nuestras propiedades colectivas y nuestra propia vida”, sostuvo el Consejo de Autoridades de la organización regional en la declaración final.

Los indígenas, además, ratificaron como los ríos del Medio Atrato se convirtieron en “corredores de muerte”, con la puesta en marcha de operaciones militares encaminadas al hostigamiento mutuo entre los actores armados, que implican la restricción en la movilización por parte de las comunidades de alimentos, provisiones básicas, combustible y personal. 

En tal sentido, los indígenas lamentan como la Fuerza Pública en vez de contribuir a la protección de sus derechos, se ha constituido en fuente de atropellos a través de prácticas como el señalamiento indiscriminado de líderes y dirigentes que son acusados de ser auxiliadores de la insurgencia sin tener pruebas, la concupiscencia con grupos de autodefensas y el ofrecimiento de dinero para que los indígenas se conviertan en informantes.

De igual forma, los indígenas rechazan los comentarios expresados por algunos representantes de las comunidades negras en torno a señalar a algunos dirigentes como insurgentes y bandidos, que ponen en alto riesgo la integridad de la persona como la seguridad de las comunidades.

Finalmente, el Congreso determinó cinco puntos donde reafirman tanto sus principios de unidad y autonomía, como la intención de hacer respetar el reconocimiento a las Autoridades Propias y, muy especialmente, los territorios.

En tal sentido, se determinó que el próximo 15 de julio, 5 de las 22 comunidades desplazadas,  retornen.

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