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Bogotá, 30/08/2006. “A mi niño, a mi ángel, a mi Erick, para que en sus pocos años se compenetre con sus hermanitos del pueblo. Yo sé que ahora no lo entiendes, pero través de la vida te darás cuenta y entenderás lo que te quise decir”, esa es la dedicatoria que Nidya Erika Bautista le hiciera a su hijo cuando le regaló el libro Puro Pueblo, y él tan sólo tenía 6 años. El 30 de agosto de 1987, siete años después, la desaparecieron.

Hoy, en el marco del día internacional de los desaparecidos, Erick recuerda las palabras de su madre y ha entendido claramente el mensaje, por eso continua en la lucha para que éste y todos los casos de desaparición forzada no queden en la impunidad, como hasta el momento ha sucedido con Nidya Erika Bautista y Jaime Gómez, desparecido el 21 de marzo de 2006, y a quien también se le rendirá un homenaje en el acto de conmemoración.

Precisamente el pasado 28 de agosto, la familia Bautista y la Comisión Colombiana de Juristas, quienes llevan el caso, denunciaron la preclusión de la investigación por la desaparición, tortura y asesinato de Nidya.

Señalan en un comunicado a la opinión pública que “El 30 de agosto - día en que se conmemora el 19º aniversario de la desaparición forzada de Nydia Erika Bautista - llegará sin que se hayan respetado las recomendaciones internacionales del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Al contrario, para esa fecha el Estado colombiano habrá profundizado el abismo de la impunidad en este crimen atroz y con ella el daño causado a los derechos de la víctima y de su familia. Así se desprende de la resolución del Tribunal Superior de Bogotá que determinó, el pasado 13 de febrero, precluir la investigación, y por ende, abstenerse de investigar a un oficial y tres suboficiales de la extinta XX Brigada del Ejército, para entonces de inteligencia militar. La resolución fue la respuesta a un Recurso de Apelación interpuesto en 2004 por la parte civil en el proceso - Comisión Colombiana de Juristas -”. Cabe anotar que en 1995 el Comité de Derechos Humanos de la ONU encontró responsable al Estado colombiano por la desaparición forzada de Nydia.

Por cuenta de esta decisión y a casi 20 años de la desaparición de Nydia, la investigación queda nuevamente en “investigación preliminar”, a pesar de las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU y de que “el Consejo de Estado, la Procuraduría General de la Nación y el Comité de Derechos Humanos de la ONU y la propia Fiscalía en 1996 cuando impuso medidas de aseguramiento en contra de los sindicados, instancias que la consideraron prueba irrefutable de responsabilidad”.

Pero estos tropiezos no hacen mella en el espíritu de Erick y por el contrario lo alientan a persistir en la búsqueda de la verdad y la justicia. A los 13 años, comprendió que la vida ya no sería la misma sin su madre, pero que ella se convertiría en el mejor motivo para seguir adelante al lado de sus “hermanitos de pueblo”.

“Siempre supe de la militancia de mi madre, del compromiso con sus ideas”, así que pude entender lo que significaba la desaparición. Sin embargo, cuando cumplí 16 años, el día en que enterramos los restos de mi madre, encontrados en una fosa común en Guayabetal, que me declaré objetor de conciencia y me llené de más valor para que se hiciera justicia, a pesar de las amenazas, a pesar del exilio”.

Ahora, a sus 32 años, Erick Arellana hace parte del movimiento “Hijos por la memoria, contra la impunidad”, a la que se han unido también los hijos cuyos padres han sido amenazados, asesinados, porque como dice el eslogan del acto de conmemoración, en alguna medida “Todos somos hijos de Nidya Erika”. En esta labor Erick ha establecido vínculos con diferentes organizaciones de hijos desaparecidos en América Latina.

Un acto por la vida

Por esta razón en el acto de conmemoración, Erick y Diana, hijos de Nidya Erika Bautista y Jaime Gómez, respectivamente, compartirían sus experiencias para “mostrar con estos dos casos representativos de la historia de violaciones graves a los Derechos Humanos en el país, la persistencia de los mismos, los altos niveles que ha alcanzado la impunidad, el impacto de las “historias oficiales” en la dignidad de las víctimas, los obstáculos al esclarecimiento y la justicia y el incumplimiento absoluto de las resoluciones internacionales por parte del Estado colombiano”. Son dos casos, “uno ‘antiguo’ y uno ‘nuevo’, separados en el tiempo pero estrechamente unidos por el hilo de una impunidad absoluta”.

Con esta actividad, dijo Erick, se busca evidenciar que el fenómeno de la desaparición forzada es además, de una violación a los derechos humanos, un crimen de lesa humanidad, uno de los peores tormentos a los que se puede someter a una persona y a su familia. “Existen otras implicaciones de un gran impacto en el tejido social. Este es un crimen busca borrar la vida de una persona, por eso es importante analizar quiénes son las personas a las que desaparecen y que vidas quieren borrar”.

No obstante, sostuvo que antes de la muerte estuvo la vida, y antes del dolor, el amor a la vida. “Eso es lo que me enseñó mi madre, esa es su herencia”. Es por esto que el cierre del acto, los kankuamo desplazados en Bogotá celebrarán un “ritual indígena por la vida”, después de todos, los indígenas también han sido víctimas de de la desaparición forzada.

Ningún caso de violación de derechos humanos es aislado, afirmó Erick, “antes era contra opositores políticos, ahora es contra los que cuidan la contra naturaleza, contra los indígenas. Se trata en este caso de un exterminio. Pues los indígenas son una piedra en el zapato, para los megaproyectos, ellos son los guardianes de las reservas naturales del país”, quien en el día hoy inicia una nueva etapa en el proceso, la campaña Nydia Erika Bautista: Poner fin a la impunidad, “dados los últimos acontecimientos sumamente negativos ocurridos en el proceso penal adelantado por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación”.

Indígenas desaparecidos

Debido a su oposición a la construcción de la Hidroeléctrica de Urrá I, Kimy Pernía Domicó desapareció el 2 de junio del 2001, en Tierra Alta, departamento de Córdoba (Colombia), “a tan sólo cuadra y media de la Fiscalía, cuando se dirigía a pie hasta el tambo de su comunidad, dos motociclistas lo interceptaron, lo montaron a una de ellas y su rastro se perdió”. Eso sucedió hace cinco años y aún la comunidad del Río Sinú y Río verde, ‘Noko Mayor’, no tiene respuesta sobre el paradero de uno de los líderes emberas más reconocidos nacional e internacionalmente por su trabajo a favor de los indígenas del Alto Sinú”.

La Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, al cumplirse cinco años de la desaparición de Kimy Pernía Domicó, dijo que este violación a los derechos humanos está relacionada con las denuncias que el líder embera katio hiciera sobre “la imposición del gobierno nacional del llenado de sus tierras, sin consulta previa, como manda la OIT; y cómo cayó en manos de las autodefensas unidas de Colombia, brazo derecho del gobierno para acallar la voz de los Jaibanás y de todo un pueblo ancestral; accionar reconocido por el Centro Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo Democrático de Canadá, el 9 de diciembre del 2003, a dos años y medio de su desaparición en manos de los paramilitares y recibido por su hija Martha”.

Añadió que “Kimy Pernía Domicó, es uno de los líderes tradicionales más valiosos y apreciados, no sólo por el pueblo Embera Katio sino por los pueblos indígenas del Pacífico y toda Colombia. Es la persona que encabezó las movilizaciones del pueblo Embera Katio del Alto Sinú, por defender los derechos al territorio y a la cultura, derechos que comenzaron a ser vulnerados con la construcción de la represa de Urrá”.

Por otra parte, en el 2004, desapareció líder del pueblo awa, Efrén Pascal, situación que se le atribuye a la guerrilla de las FARC. Estos son tan sólo algunos de los casos de desaparición forzada en los pueblos indígenas. Sin embargo, la ONIC ha señalado que la mayoría de los casos no se denuncia por temor de más represalias en contra de las comunidades.

En lo que va corrido del 2006, 28 indígenas han sido víctimas de desaparición forzada. Así lo indica el informe sobre derechos humanos entregado por la ONIC el pasado 9 de agosto en el marco de la celebración de los pueblos indígenas, fecha en la que fueron asesinados cinco indígenas awa en Altaquer, corregimiento del departamento de Nariño.

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