La voluntad política es indispensable para solucionar muchos de los problemas de los Maya, Xinca y Garífuna del país centroamericano. El problema es que hace ocho años se firmó el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, el cual se sigue llenado de polvo en los estantes del Estado.
Después de ocho años de haberse firmado el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDPI), entre la entonces Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el gobierno del ex-presidente Álvaro Arzú, las necesidades de ese sector no han sido atendidas por parte de los gobiernos de turno, coincidieron diversos dirigentes mayas.
Hasta 1995, cuando en Guatemala se firma el acuerdo de desmovilización de la URNG, luego de estar en conflicto por casi tres décadas, la población indígena y campesina vivía en las más deplorables condiciones de miseria. La crisis guatemalteca se caracterizó por el crecimiento de un sentimiento de angustia y miedo en su población, cada vez más sometida a las penurias que conlleva el deterioro de la economía familiar. Hoy, la situación de los pueblos indígenas Maya, Xinca y Garífuna de ese país, es la misma.
En ese año, el acuerdo estableció varios objetivos entre los que se destacan: a) Continuar en el proceso Paz y finalización del conflicto armado; b) reconocer que existen Pueblos Indígenas discriminados, excluidos sistemáticamente del Estado y de la sociedad, además de existir racismo arraigado contra los Pueblos Indígenas y, b) Poner en marcha mecanismos políticos, jurídicos y constitucionales para erradicar el racismo y la discriminación.
“De 1995 para el año 2003 se puede hacer un balance mínimo del cumplimiento de dicho Acuerdo, tomando como base los indicadores sociales, económicos, políticos, jurídicos, educativos, participación real y efectiva de los Pueblos Indígenas en las decisiones del Estado y en temáticas macros, como punto de partida para valorar objetivamente lo que, el Estado y los gobiernos, así como la sociedad civil y las organizaciones mayas e indígenas hemos construido y logrado”, afirmaron los miembros del Comité Pro Acuerdo Indígena (Copai).
Para esta organización, los principales problemas de los pueblos indígenas de Guatemala, que refleja el incumplimiento del AIDPI son:
1. Los Pueblos Indígenas siguen relegados y marginados de las tomas de decisiones políticas, económicas, jurídicas, sociales, educativas, y otros. Esto sigue evidente de las políticas públicas del Estado y en las políticas de todos los Partidos Políticos de la actualidad, quienes utilizan a los indígenas en los trabajos operativos, tanto hombres como mujeres, pero participan en las decisiones políticas macros de dichos partidos.
2. El abuso de expropiación, usurpación y apropiación indebida y de manipulación jurídica de las tierras, montañas, recursos naturales, territorios de los Pueblos Indígenas siguen siendo actitud permanente de empresarios, finqueros y de instituciones del Estado.
3. Los gobiernos de turno aún no han implementado los mecanismos de consulta obligatoria sobre asuntos legislativos, administrativos, políticos, jurídicos que afectan la vida de los Pueblos Indígenas. Por ejemplo, se avanza en el tratamiento del Tratado de Libre Comercio, Plan Puebla Panamá y otros temas de gran importancia, pero las organizaciones y los Pueblos Indígenas no son tomados en cuenta.
4. No se reconoce aún la existencia jurídica, política y territorial del Pueblo Maya y los Pueblos Indígenas.
5. Las autoridades mayas y su estructura se sigue debilitando mediante la imposición de esquemas organizativos ajenos a los Pueblos Indígenas, y prevalece el pensamiento integracionista y asimilacionista de los sectores de poder. Esto se refleja en el discurso de los pre y candidatos de los partidos políticos. En su visión no existe el tema de Pueblos Indígenas ni de racismo, mucho menos del AIDPI, porque hasta el momento, nadie plantea la prioridad de impulsar acciones a favor de dichos Pueblos.
6. La mayoría de las instituciones públicas y privadas siguen en su actitud de vedar el derecho a las mujeres y hombres indígenas de auto identificarse y manifestarse con sus rasgos culturales, cosmovisión, identidad, idioma, puesto que en muchas escuelas públicas y privadas no se permite a las niñas y niños usar su traje; en el peor de los casos se les ha vedado el derecho de ingreso a estos lugares, como lo ocurrido en Quetzaltenango: caso del Señor Víctor Lem, el 6 de marzo ocurrido en el lugar conocido "El Zaguán"; lo de Olimpia López en la Fratta hecho del 14 de diciembre del año 2002; Irma Alicia Velásquez Nimatuj en el Tarro Dorado en junio del año pasado; miles de casos más que no se denuncian.
7. La reforma jurídica y legislativa realizada por el Congreso para tipificar la discriminación como delito sigue siendo un aspecto formal, operativo, pero no sustantivo, puesto que su contenido no se apega a los requerimientos de los Pueblos Indígenas en materia de racismo y discriminación. Esto se puede comprobar mediante la falta de acción de las autoridades del ministerio público y demás operadores de justicia para agilizar las investigaciones y enjuiciar a las empresas privadas que han sido denuncias de afectar la integridad y dignidad de mujeres y hombres mayas, mediante la práctica del racismo.
8. Todavía no se hace el esfuerzo de reconocer jurídica y constitucionalmente el Derecho Maya e Indígena, para que los Pueblos Indígenas tengan pleno acceso a sus sistemas jurídicos, de manera que autoridades y sociedad indígena, sin temores y miedo pueda hacer uso de dichos sistemas. Por otro lado, la mayoría de los casos en los tribunales de justicia son llevados a cabo en el idioma extranjero de los Pueblos Indígenas, lo que limita la posibilidad de realizar un juicio transparente y sin abusos de ninguna parte.
La discriminación racial, es uno de los principales problemas que viven los indígenas de Guatemala. Ante esto, el COPIA, conformada por los pueblos Maya, Xinca y Garífuna, entregaron un memorial al Legislativo, en donde demandan entre otras peticiones, la creación de la comisión para el resarcimiento de las víctimas del conflicto armado y la aprobación de leyes para erradicar la discriminación contra los pueblos indígenas.
“Los escasos avances en materia étnica, se deben a que no se ha implementado una agenda estratégica de desarrollo para los pueblos”, dijo Juan José Meza, vocero de la Unidad Nacional Permanente de la Espiritualidad de los Pueblos Indígenas y las Organizaciones e Instituciones Mayas.
En este contexto, el Acuerdo Indígena se hará realidad: “cuando haya voluntad política por parte del gobierno para resolver las necesidades prioritarias, erradicar todo lo que atenta contra los derechos del sector étnico, así como abrir espacios de educación y recuperación de los valores de ese grupo, es fundamental para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz” COPIA.
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