Ha pasado más de un mes de la dimisión de Gonzalo Sánchez Lozada y, sin embargo, los ánimos siguen caldeados, pues las organizaciones indígenas y sociales sienten que el nuevo mandatario continúa con políticas como la la estrategia económica neoliberal, la erradicación forzosa de la hoja de coca, el interés por profundizar el libre comercio y mantener en la impunidad los crímenes cometidos durante las manifestaciones.

El pueblo boliviano recuerda el 17 de octubre como la fecha en que se vino abajo el gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada. Con este histórico hecho también cesaron las revueltas que protagonizaron por más de un mes indígenas y campesinos en su lucha por la defensa del gas, y que dejó como saldo la muerte de 80 manifestantes y centenares de heridos regados por las calles.

Por esos días de extrema confusión, tanto para el pueblo bolivianos como para los espectadores de América latina, tomo las riendas del poder el Vicepresidente, Carlos Mesa, quien se enfrento con la tarea de sosegar los ánimos y encontrarle una salida a la que ha sido llamada “la guerra del gas”.

Los yacimientos de gas bolivianos constituyen una enorme riqueza. Después de las de Venezuela, sus reservas de 57,4 trillones de pies cúbicos son las segundas del continente, y su valor se estima en 80 mil millones de dólares. En ese país, el más pobre de Suramérica, el pueblo ve el gas como la última esperanza para el desarrollo nacional y no están dispuestas a que les pase lo mismo que con la plata de Potosí, “que durante la colonia enriqueció a Europa e impulsó el ascenso del capitalismo en aquellas naciones, dejando a Bolivia solo miseria y la muerte de sus mineros en los socavones; o lo acontecido con el estaño de Oruro saqueado sin tasa ni medida por las multinacionales norteamericanas”.

A raíz de esto, el pueblo inconforme, en especial los habitantes de El Alto, protagonistas directos de la caída de Lozada, y que es calificado en ese país como una de las regiones más pobres y rebeldes, han comenzado a preparar también la caída del actual presidente, ya que para ellos, ese gobierno no se diferencia en nada del anterior.

"Los alteños continuamos rezagados y marginados. Este gobierno no se diferencia en nada del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Carlos Mesa no supo recibir el mensaje de la rebelión indígena de El Alto contra la venta del gas", dijo el líder popular Roberto de la Cruz, dirigente de la Central Obrera Regional.

Los líderes indígenas ven con descontento como el gobierno de Mesa continua con la política de su antecesor: la política económica neoliberal, a la erradicación forzosa de la hoja de coca, a profundizar el libre comercio y a mantener en la impunidad los crímenes cometidos durante las manifestaciones; además de responder con violencia las exigencias sociales enmarcadas en el derecho a la tierra y al trabajo.

"Los alteños lo único que logramos fue expulsar a un 'gringo' (Sánchez de Lozada) que estaba bañado con la sangre del pueblo (...) Ahora los alteños nos arrepentimos (de la tregua) porque lo mejor hubiera sido continuar con esa medida (la rebelión popular) hasta que se abrogue las Leyes de Hidrocarburos, de Seguridad Ciudadana, el Decreto Supremo 21060 (que da vía libre al neoliberalismo) y se cese con el negocio del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas)"

Otro de los temas álgidos, y que está moviendo nuevamente el espíritu guerrero de los bolivianos, ha sido el incumplimiento en las promesas presidenciales de ayudar a los damnificados, las familiares de los 80 muertes caídos durante las manifestaciones de septiembre-octubre, lo cual ha llevado que hoy, un grupo de por lo menos 30 personas entre dirigentes de la Coordinadora de Familiares de los Mártires por la Defensa del Gas; y afectados directos, ingresaron este martes en huelga de hambre debido a la desatención del gobierno al Pliego Petitorio presentado el 7 de noviembre.

"Hasta ahora no hay justicia para las personas que murieron y resultaron heridas por la masacre de octubre. Hay heridos que no tienen dinero para comprar medicamentos, por eso, están recurriendo a remedios caseros para sanar sus malestares (...) Los heridos continúan llorando, abandonados a su suerte. Por eso se ha terminado la paciencia, por eso se han declarado en huelga de hambre los familiares", dijo de la Cruz. 

 La consigna es la misma, ninguno de los dos gobiernos se diferencian, y el pueblo boliviano, indígenas y campesinos preparan una nueva insurrección.

"Este es un gobierno igual al de Sánchez de Lozada. Es un gobierno que habla, pero no cumple. Hasta el momento no hay juicio de responsabilidad contra los responsables de esos hechos. Ahora, nosotros (los dirigentes) de acusadores pasamos a acusados", finalizo de la Cruz.