El 22 de julio, una comisión interinstitucional de la sociedad civil cochabambina visitó el Pozo Surubi D donde murieron calcinados 2 personas en el incendio del 30 junio 2005. Como resultado, las organizaciones bolivianas CEDIB, CODAC, APDH denunciaron serias irregularidades por parte de la empresa y exigieron la reversión del Bloque Chimoré al Estado boliviano.
Según las organizaciones señaladas, se constataron las siguientes irregularidades:
- El venteo de gas es una actividad ilegal que pone en riesgo la población. Repsol no sólo ventea ( se verificó que la emisión de gas continua) sino que lo hace al exterior del espacio perimetral resguardado. El trágico desenlace era sólo una cuestión de tiempo.
- Repsol actuó en una actitud degradante hacia sus vÃctimas, amenazando con promover un atentado mientras sus vidas aún estaban en juego. El delito de la familia Ucieda es no abandonar su casa y sus tierras cuando se construyó el Pozo Surubà ?D?a escasos 100 metros de la planchada.
- Según los familiares de las vÃctimas, los afectados murieron dos dÃas después del accidente en el hospital. PodrÃa haber una intencionalidad en su muerte, por el trato recibido durante el rescate que provocara la muerte y asà evitar gastos médico de por vida y la pensión de invalidez. El dictamen forense no ha sido remitido a las autoridades correspondientes.
- 4. Hasta el momento Repsol sólo se ha responsabilizado con los gastos del entierro de las dos vÃctimas pero se niega a cotear la pensión de viudez de la esposa y madre de los fallecidos, la cual se ha quedado a su cargo con un hijo con retraso mental y el hijo mayor permanece hospitalizado en Argentina con quemaduras graves en estado de shock.
- Repsol no informó en el momento del accidente a nadie (familiares, comunidad, autoridades municipales, Prefectura) trasladando a los heridos a Santa Cruz sin dar posibilidad de que los familiares hablaran con las vÃctimas antes de morir. Cuando la senyora Nicolasa Dorado (esposa y madre de los afectados) se trasladó a Santa Cruz, sólo costeó los gastos del primer dÃa, corriendo por cuenta propia su manutención a partir de entonces.
- Repsol negó el acceso a incendio a las Autoridades Ambientales Competentes la planchada Surubi D, donde siguen emitiendo los gases que causaron el incendio.
- La inspección se realizó 6 dÃas despues del accidente y fue conformada por el Alcalde de EntreRios, la Federación Sindical Mamoré y Unidad de Hidrocarburos de la Prefectura de Cochabamba. El encargado del campo Ing. Osvaldo Rodas interfirió las investigaciones al no permitir el paso a las instalaciones.
- Existen antecedentes (Comunicado Prensa Gobierno Municipal Entre Rios Nº01/2005, vertidos de Repsol en Paloma B) de impunidad ambiental en la zona. Tanto esta inspección como la que realizó la Superintendencia de Hidrocarburos no han concluido en ningún informe. Tampoco han respondido los Ministerios de Hidrocarburos ni los Ministerio de Desarrollo Sostenible y planificación.
- Por otra parte, cuestionamos la actitud de la prensa que ha minimizado el caso hasta silenciarlo mientras publicaban durante la semana posterior al accidente hasta 5 páginas a todo color de propaganda de Repsol en un formato que las hacÃa confundir con el propio cuerpo noticiario del diario ( Ver La prensa, La Razón, El Diario, ..(12/07/2005).
Es por eso que las instituciones firmantes exigen:
1. La inmediata cobertura de la pensión de viudez de Nicolasa Dorado por parte de Repsol-YPF responsable directa de las muertes de su esposo e hijo.
2. La intervención inmediata del Ministerio Público para iniciar el proceso penal contra Repsol-YPF para incriminar responsables de las muertes de Emilio Ucieda y Mario Ucieda. Algo fácilmente evidenciable.
3. Iniciar un proceso legal para revertir el contrato del Bloque Chimoré al Estado Boliviano y la Auditoria Ambiental para expropiar a Repsol de esta concesión.
