La bomba cayó hace apenas una semana, cuando la Ministra de Asuntos Indígenas Jenny Macklin hizo pública su intención de romper de forma inminente las negociaciones que mantiene desde hace diez meses con el Tangentyere Council aborigen luego de que este último se negase a aceptar una última oferta gubernamental por 125 millones de dólares y un programa de infraestructuras básicas a cambio de un arrendamiento de las tierras al Gobierno durante 40 años.
Unas negociaciones que remiten a las malas condiciones de vida de los suburbios de Alice Springs, llamados town camps y poblados en su mayoría por población originaria, en aumento desde los años 70.
Sin luz, sin agua corriente, sin un sistema eficaz que garantice la limpieza de las calles, con un hacinamiento que asegura más de 10 personas de media por vivienda y, no menos importante, liderando el número de apuñalamientos per cápita del mundo hasta hace dos años, la situación no tiene visos de mejorar.
La organización aborigen Tangentyere Council controla legalmente los 18 campamentos urbanos desde hace más de 30 años y ha impulsado numerosos proyectos sociales destinados a mejorar las condiciones básicas del barrio, la educación, la inserción laboral y las necesidades de los aborígenes que llegan sin sustento.
Y de esta organización depende también la política de propiedad de tierras que controla los desahucios y la elección de nuevos inquilinos en los campamentos.
Ante el fracaso del Tangentyere para aliviar las condiciones de los suburbios, la ministra ha dicho que lo único que desea con la compra obligatoria de las tierras es "dar a los niños de los campamentos más y mejores oportunidades para tener una vida segura, saludable y feliz".
Además, se queja de que "para las mujeres y los niños los derechos humanos no existen en los campamentos" y por ello plantea un plan para transformar los suburbios y proveerlos de servicios básicos.
La ministra se ha apresurado a declarar que no piensa expulsar a ninguno de los residentes pero asegura que el Gobierno necesita manejar una política de tierras que ahora mismo, tal y como la utiliza el Tangentyere, "no se basa en las necesidades de la gente".
Un columnista del diario The Australian, leyendo entre líneas, capta la sugerencia del nepotismo y la palanca a los que pudiera referirse Macklin.
Sin embargo, asola una duda. ¿Cómo va el Gobierno a embargar unas tierras que pertenecen al Tangentyere sin antes haber negociado un acuerdo con los aborígenes?
Pues bien, la ministra piensa utilizar la Respuesta de Emergencias del Territorio del Norte como coartada legal para la compra obligatoria de los territorios alegando la premisa de que Los niños pequeños son sagrados (Little Children are Sacred) en un intento, dice, de proteger a los niños y niñas aborígenes de los abusos sexuales.
El mismo argumento que enarboló el Gobierno derechista de John Howard para crear este instrumento que puede pasar por encima de la legislación de unas tierras que, en este caso, posee el Tangentyere como "contrato para propósitos especiales" concedido a los aborígenes.
El problema es que este tipo de estrategias un tanto desesperadas están erosionando la credibilidad de los laboristas de Kevin Rudd y su política de reconciliación con los aborígenes a poco más de un año de la disculpa gubernamental por el desastre de la generación robada.
Las reacciones a la decisión de la ministra no se han hecho esperar demasiado y David Cross, director del Central Land Council, uno de los consejos aborígenes más poderosos del país, ha instado a Macklin a "reconsiderar" su postura.
Cross dijo que no tiene sentido echar la culpa al Tangentyere de la situación que se vive en los campamentos urbanos sino a "las fallas de los sucesivos gobiernos tanto en la Commonwealth como a nivel territorial, que se han caracterizado por un asistencialismo fuera de toda lógica a lo largo de los años".
Cross reflexiona sobre la propuesta del Gobierno y se pregunta qué hará la ministra una vez haya comprado las tierras. "Macklin debería recordar que el Gobierno australiano ha sido el propietario de la comunidad Mutitjulu durante más de 20 años y que las condiciones en ese lugar son ahora peores que en la mayoría de los campamentos urbanos", señala.
En todo caso parece que la ministra tendrá que dar marcha atrás ante una nueva bomba que cayó ayer mismo, cuando la diputada laborista por el Territorio del Norte, la aborigen Marion Scrymgour, dijo que estaba pensando en cambiarse a independiente después de escuchar el ultimátum de Macklin.
Vale la pena recordar entonces que la cámara legislativa del Estado cuenta con una mayoría laborista un tanto pírrica, de 13 asientos por 11 de los liberales.
Imagínense el papelón de Macklin si a su compañera se le ocurre desertar.
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