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Como se había mencionado, ayer miércoles 10 de mayo, más de 1000 protestantes de las comunidades indígenas, afros y campesinas de los municipios de Suárez, Morales y Buenos Aires del departamento del Cauca, decidieron de manera pacífica, desplazarse por 8 horas desde Jamundí hasta Cali, para que el gobierno cumpla los acuerdos pactados en 1988, que prometieron compensar los daños que causó la implementación de la hidroeléctrica y represa La Salvajina. ”Nuestra movilización exige además un no rotundo a la desviación del río Ovejas por parte del gobierno departamental”, afirman los protestantes.

Y es que aunque quedaba claro que era una protesta pacífica, los protestantes declararon a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), “la policía  a la entrada de Jamundí, detuvo a un manifestante, y retuvieron los víveres, pero aún así, seguimos con nuestra misión”,  aseguró un dirigente indígena Nasa.

 Han pasado veinte años desde que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) construyó la represa de Salvajina en el Norte del Cauca, afectando de manera directa a más de mil familias que tuvieron que desplazarse de sus territorios. “(…) las comunidades indígenas, afros y campesinas estamos caminando desde Jamundí a la ciudad de Cali en donde levantaremos nuestra voz de protesta por el incumplimiento a los acuerdos que compensarían el daño inconmensurable que se nos ocasionó con la construcción de la presa en mención”.

Según informaron los manifestantes, la CVC vendió los derechos a la Empresa de Energía del Pacífico, EPSA, cuyas acciones pertenecen mayoritariamente a la empresa española Unión FENOSA (que está presente en la generación y distribución de energía), por lo tanto al haber adquirido los derechos de Salvajina, la multinacional también se hizo acreedora a los pasivos pensionales y a los compromisos que la CVC había pactado con las comunidades damnificadas.

“Lo que significa que esa corporación europea debe respondernos ahora por los incumplimientos y las afectaciones que nos tiene al borde de la miseria”. Mientras las comunidades marchan, en el marco del encuentro de los presidentes de Europa y Sudamérica, se viene consolidando la idea de conformar un tribunal de la sociedad europea y latinoamericana que juzgue a las multinacionales como Unión FENOSA.

Los manifestantes que exigen no desviación del río Ovejas y la salida de Unión FENOSA del país, aseveraron que el gobernador del Cauca, Juan José Chaux, esta abiertamente de acuerdo con la realización de esta edificación, y que además ha incumplido en varias ocasiones los acuerdos con la comunidad, “era de esperarse, de nuevo nos sentimos burlados por el señor Chaúx motivo por el cual las comunidades indígenas, afros y campesinas rompemos cualquier posibilidad de acuerdo y negociación con el gobierno departamental y nacional”.

La represa y sus impactos

Según se expone en la página web de la empresa INGETEC[1], empresa que prestó los servicios de consultoría para el diseño e inspección durante la construcción de las obras civiles y el montaje de los equipos del proyecto, la Salvajina es una represa con una altura de 148 m, y con una longitud de la cresta de 400 m. “Para ejecutar los trabajos de la presa fue necesario construir una preataguía para desviar el río, una ataguía contigua a aquélla, y núcleo de material de baja permeabilidad y dos túneles de desviación de 800 m de longitud cada uno. El embalse cuenta con un volumen total de 906 millones de m³, tiene una longitud de 26 km y un área inundada de 2.031 Ha”.

Entre los impactos que fueron señalados desde el año pasado en un artículo de Indymedia[2], se señalaron 3: los sociales y económicos, ya que se perdieron las fuentes de trabajo que garantizaban la sostenibilidad de las comunidades negras e indígenas en los territorios inundados. Resultaron afectadas la minería (oro), pesca, extracción artesanal de materiales de construcción para sus viviendas y comercialización, cultivos de pan coger en las tierras más fértiles. Esto implicó un descenso del ingreso económico familiar, pasando de la pobreza a la miseria.

La segunda es la cultural, ya que  debido a las condiciones de miseria los habitantes de esas comunidades se vieron obligados al desplazamiento intrafamiliar, lo que generó la fragmentación del tejido social entre las veredas, la pérdida progresiva del conocimiento histórico referido a sus prácticas mineras, agrícolas y pesqueras. La resignificación del río Cauca: pasó de ser la fuente del desarrollo integral de las veredas a un ser muerto que no cobra mayor sentido en el imaginario colectivo.

Y por último las ambientales, ya que el aumento de la temperatura promedio en la zona del embalse y la erosión de las riveras de la represa por la alta concentración de agua, implicó la pérdida de especies bióticas y abióticas propias del ecosistema natural del río y de su rivera.

Son por todas estas razones de fondo que comunidades indígenas, afros y campesinas marcharon hasta Cali, exigiendo el cumplimiento a los acuerdos de 1988 que aseguraban que la construcción de esta represa sería para beneficio de esas comunidades y por el contrario hoy presentan problemas en la electrificación, vías de acceso, tierras inundadas, y una población olvidada en necesidades básicas como salud, vivienda y educación.

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