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El Congreso de Colombia, aprobó un polémico proyecto de acto legislativo de reforma política, el cual transformó 15 artículos de la Constitución Política, pese a la oposición del gobierno de Uribe frente a temas como el voto preferente, manifestada hasta el último momento.

La reforma establece una serie de normas que regulan la organización y la financiación de los partidos políticos, los cuales, en adelante, deberán contar con una votación superior al 2% del total de los sufragios para conservar su personería jurídica o existencia legal.

El proceso de reforma política se desarrolló por varias vías: de una parte, mediante un proyecto de acto legislativo que involucraba necesariamente al cuerpo legislativo, en el cual las bancadas uribistas han constituido una mayoría; de otra, mediante la realización de un referendo cuyo cuerpo buscaba la legitimación del articulado a través de la expresión de la voluntad popular.

A propósito del Referendo, el pasado miércoles la Corte Constitucional declaró inexequibles siete de sus artículos, entre ellos los referidos a la prórroga del período de los actuales mandatarios locales y regionales, el desmonte de las personerías municipales y la penalización de la dosis personal de droga.

Frente al fallo de la Corte, el Senador indígena por la Alianza Social Indígena (ASI), Jesús Enrique Piñacué Achiqué, conversó con Actualidad Étnica sobre esta pronunciamiento.

¿Qué opinión le merece el pronunciamiento de la Corte Constitucional en relación con el texto del referendo?

Ya estaba prevista la idea de que se declararía inconstitucional la prórroga de los periodos para los mandatarios locales y regionales, lo de las personerías y la penalización del consumo personal. No obstante, también esperábamos que no pasara el punto que tiene que ver con el congelamiento de los salarios, porque tenemos reparos muy importantes, que parten de nuestro compromiso de clase, lo que nos exige mantenernos solidarios. Sobre los demás puntos, el pronunciamiento de la Corte no es un pronunciamiento que nos sorprenda. Yo creo que está ajustado a la regla, y permite tener confianza en el ejercicio de la política, toda vez que hay alguna gente desde el pueblo que está tratando de revisar estas acciones. Eso es bueno.

De todas maneras el Procurador General, en su concepto, había dicho que por lo menos catorce artículos de ese referendo deberían ser declarados inexequibles. ¿A pesar de que el presidente de la Corte dice que fueron muy importantes las apreciaciones del Procurador, qué razones cree usted que primaron para que no se tuviera en cuenta en su totalidad el concepto de la Procuraduría?

Hubo motivaciones de orden político que agenciaron el que la iniciativa resistiera el examen de la Corte Constitucional, porque en estricto derecho la Procuraduría tenía la razón. Sin embargo, ese es el resultado y ahora nos toca evaluar la decisión que, como ciudadanos, tenemos: acompañar la abstención activa o acompañar algunas iniciativas del referendo. En lo personal, me mantengo en la posición de la abstención.

¿Si hilamos un poquito más delgado en relación con los intereses puntuales de los pueblos indígenas de Colombia?

El efecto político, en todo caso, es el mismo que están presumiendo quienes vienen construyendo dinámicas de poder desde la construcción de partidos y movimientos políticos. Pero de manera más específica, dentro del ámbito de la cosa indígena, creo que es bueno señalar que nos están poniendo un escenario nacional en el que el ejercicio de la política impone unas circunstancias que hacen que, más allá de respaldar o no el referendo, se termine avalando la dinámica y el ejercicio de gobierno del presidente Uribe. De manera que el referendo, a la larga, en términos políticos sí tiene la finalidad de robustecer el ejercicio de gobierno que la administración Uribe está agenciando. En ese sentido, los pueblos indígenas se ven seriamente afectados, porque la filosofía de la seguridad democrática alcanzaría, si el pueblo así lo decide, una dimensión de legitimidad mayor de la que tenemos hoy, y esa legitimidad mayor tiene unos efectos complicados. Por ejemplo: con legitimidad popular, sumada a la que ya tiene al interior del Congreso, abre posibilidades de fortalecer iniciativas como la reforma constitucional que le da vida al Estatuto Antiterrorista. Creo que en este momento se están revolcando en sus tumbas todos los liberales de este país que tenían convicciones en términos de derechos ciudadanos y de derechos fundamentales. Desde esa perspectiva, el efecto y la suerte para los pueblos indígenas es negativa.

¿Quiere decir que hay como una deliberada complementariedad entre el fallo de la Corte respecto a la ley del referendo y la misma reforma política?

La reforma política avanzó en dos direcciones: una por el referendo, cuyo protagonista esencial fue sin duda el Ejecutivo; otra por el acto legislativo que agenciaron los liberales oficialitas. Aquí hay que comprender cómo hay un litigio político por posiciones, pues a la larga el partido liberal logró posicionar su interés. Esa afirmación podría variar un poco con el fallo de la Corte Constitucional, porque preocupa la contradicción en ciertos aspectos. Por otro lado, la reforma política disminuye las posibilidades de éxito de aquellos movimientos nacientes que, decididamente, están cultivando el escenario democrático para poder influir y decidir en los escenarios de poder. En tal sentido, la reforma limita a quienes podrían avanzar en este desafío, robusteciendo la legitimidad de quienes desde las armas terminan promoviendo cambios sustanciales e incluso la toma del poder. Esa reforma política, además, al ser interpretada por el Consejo Nacional Electoral en el sentido de que los movimientos no van a perder la personería jurídica, también pone en conflicto a quienes, estando en la franja de los independientes y confiando en que ello no iba a ocurrir, venían promoviendo la posibilidad de conformar un gran movimiento político, al que le estábamos apostando con fuerza. El pronunciamiento le quitó cierto peso a éso, le restó fuerza a la decisión con la que íbamos de construir una gran propuesta política nacional, funcionando en un solo gran proyecto político. A lo anterior hay que sumarle aspectos que generan molestias, como la propuestas de aplazar las elecciones hasta diciembre, promovida por el partido Conservador y que parte de las preocupaciones que ellos tienen. Frente a eso los Independientes como el oficialismo Liberal hemos reaccionado en contra. En fin, el ambiente no sólo pone en riesgo a los partidos tradicionales, sino también a los independientes y, de pronto, mucho más a los partidos tradicionales.

Por el contrario a lo que mucha gente piensa - que con la reforma se pone en riesgo la presencia de los independientes en los escenarios de decisión – los independientes hoy debemos apostarle a la idea de consolidarnos como una propuesta política de oposición a los dos partidos tradicionales, para construir un establecimiento conveniente a la necesidad nacional. Estuvimos diez años agenciados por una Constitución que nos permitió acceder a escenarios de poder. Ahora, diez años después, nos toca asumir el compromiso de cohesionarnos bajo un compromiso programático. Tenemos que asumir el compromiso de estructurar una organización política fuerte y asumir el compromiso de superar, incluso, fragmentos radicales que se oponen a la posibilidad de construir procesos políticos más democráticos.

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