fShare

Tweet

Por Unicor

La contrarreforma constitucional upada por la iniciativa presidencial y aprobada anoche en el congreso, no tiene porque sorprender, ésta expresa voluntad de un gobierno, que desde la falacia de la prosperidad democrática pretende congraciarse con la gleba, empero mantiene su inalterable compromiso con sus mayorías parlamentarias ilegítimas; quienes no se cuidan en la forma para asegurase que las fechorías de la mal conocida “clase dirigente”, queden impunes.

El congreso no se puso con cuentos, de frente legisló a su favor, no hubo tal reforma para mejorar el servicio público de administrar justicia, sin temor a exagerar, no hay nada en dicho acto legislativo que le sirva a los usuarios de la justicia y al derecho: el otorgamiento de funciones jurisdiccionales a notarios, centros de arbitraje, abogados, no habla de mejoramiento del servicio, sino de la imposición de la tan anhelada aspiración neoliberal de privatizar la justicia, la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, por inoperantes y corruptos, se ve injustificada si fue para crear, como se creo, un Sistema Nacional de Gobierno y Administración Judicial y una Comisión de Aforados, conformada por juristas destacados del país, respectivamente; figuras que resultan exóticas en la arquitectura constitucional primigenia, que no hacen parte de ninguna rama especifica, sin independencias, ni peso institucional propio, que terminarán subordinadas a las decisiones del gobierno central.

No obstante, donde se hace más palmario el abuso por parte del Gobierno Nacional y de este “congreso admirable” es en lo relacionado con su régimen de responsabilidades, el congreso sub judice, decide ponerse por fuera de la ley, decide poner por fuera de la ley a sus colegas investigados o condenados por toda suerte de delitos y de faltas, la contra reforma aprobada  elimina inhabilidades, impedimentos, competencias, constriñe la denuncia de aforados, impide la cárcel para congresistas delincuentes, y no contentos, extienden la impunidad a secretarios y otros funcionarios administrativos, para ello, se curan en salud con los altos tribunales extendiendo el periodo de los magistrados de 8 a 12 años, incluyendo los actuales e inventándose más exigencias para ser nombrado como tal. Cobra duro el congreso espurio la acción de la justicia que investigó, juzgó y condeno a cientos de parlamentarios por los crímenes más atroces, más aún, las retardarías fuerzas uribistas, de una vez por todas, liberan de la acción de la Fiscalía y de forma definitiva a  los Palacios, Arias, Sabas, Morenos, entre otros, a quienes nunca les llego la sanción judicial. La justicia para los de ruana, pensarán las Yidis y Teodolindos.

Los constituyentes de 1991 en un acto desconcertantemente ético, después de sancionar su obra, decidieron inhabilitarse para aspirar a ser congresistas en el periodo inmediatamente posterior, graso error, no desarrollarían el mandato constitucional que diseñaba una nueva forma de entender y hacer la política los eternos representantes del status quo, anoche los mismos con las mismas, los partidos Conservador, Liberal, Cambio Radical, la Unidad Nacional, el Pin, con algunas loables excepciones, le dieron vida a esta contrarreforma constitucional.

Como queda claro no será un congreso como el de ahora el que nos llevará por los senderos de la paz y la justicia, tampoco serán los tribunales que desde su posición privilegiada siempre se ha contentado con suministrar justicia a cuenta gotas, con el suficiente cuidado de no tocar la estructura del régimen. Quedan como alternativa ciudadana inmediata para acabar con este insulto; el referendo derogatorio, la toma de conciencia frente al ataque recibido, y el enfilar baterías para copar el Senado y la Cámara con dirigentes éticos e idóneos que se comprometan a recuperar el espíritu progresista de la Constitución aún vigente.

Tweet

Share

0