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Por: Héctor Pineda S. *

Debo decirlo con todas las letras y palabras: se equívoca el gobierno del Presidente Santos si pretende, con anuncios tardíos, poner sordina a las expresiones de rebelión indígena, exacerbada en los últimos días en territorio caucano. Las promesas de “inversión social y presencia del Estado”, por años aplazadas e incumplidas, ya no son suficientes.

Por supuesto, para evitar torcidos entendidos, debemos decir, en nuestro entender, que es inaceptable las agresiones, empujones y amenaza con machetes de cientos de indígenas empujando la “retirada” de la presencia del ejército en los territorios de las comunidades indígenas del Cauca. Pero, sin exagerar, no menos cierto es que los maltratos y sufrimientos de estos hijos de Colombia han padecido es, igualmente, inaceptable. Unas veces fue la desolación y barbarie ejercida por la guerrilla de las Farc, otras, la muerte llegó de la mano infame de los paramilitares y organizaciones ilegales ligadas al narcotráfico y, para no llamarnos a engaños, todo ello con la total ausencia del Estado o la complicidad y, por supuesto, la única acción de soberanía con la se acostumbró a llegar el Estado y hacer presencia, como fuerza invasora, fue con las fuerzas armadas del Estado, a veces, agresiva y arbitraria. El azote y padecimiento no es de ahora, sino que, desde épocas pasadas, ha sido el escenario de la confrontación armada y de la violencia narcotraficante y contrainsurgente. El “jamoncito del sanduche”, acostumbran a expresar gráficamente, indígenas y mestizos que habitan la región, al hacer alusión a lo que padecen bajo el fuego cruzado de una u otra orilla.

Pero más allá de intentar describir con la palabra escrita lo que las imágenes y testimonios fotográficas han mostrado con lujo de detalles, lo que realmente interesa, sin duda, es intentar auscultar en la dimensión y alcance de lo que sucede en el territorio caucano y que amenaza con extenderse, por lo menos, en toda la geografía andina y centro del país.

Advertir que no aceptan la presencia de las fuerzas armadas, por encima de lo preceptuado en la Constitución y en la ley, sin duda, es un acto de total rebelión, así se ejerza a punta de “bastones de mando”, símbolo de la autoridad indígena. De igual manera, anunciar que guerrillero que encuentren en el territorio será juzgado bajo los preceptos de la “justicia indígena”, aunque no dicen que harán con “paracos” y narcotraficantes, ni más allá ni más acá, lo que están  anunciando las comunidades indígenas es la decisión de ejercer su propia soberanía en su geografía, como verdaderos Estados autonómicos, más allá del alcance de la autonomía reconocida constitucionalmente.

Es bien claro entonces, por encima de la tardía reacción de la Fiscalía anunciando investigaciones exhaustivas de indígenas cómplices de la guerrilla de las Farc, que el reclamo de las etnias caucanas, por ahora, es de independencia de lo pactado en la Constitución de 1991 aunque, como se sabe, representantes de dichas comunidades hicieron parte activa en dicho pacto social y político, como Delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente.

Así pues, la ruptura de las comunidades indígenas del Cauca con el consenso de Estado Unitario, es evidente. Pero, criminalizar la rebelión de los indígenas, sin duda, es un camino equivocado, de ruptura sin retorno.  Pretender minimizar los alcances de los reconocimientos logrados en 1991, es también improcedente. Creo que llegó la hora de abrir el escenario suficiente para dialogar con nuestras comunidades indígenas y afro descendientes, con la simetría y el respeto que se les reconoció en 1991. Retroceder es inaceptable. También, debe saberlo el Gobierno Santos,  la rebeldía indígena ha sido detonante para la caída de gobiernos en el Continente, precisamente a las puertas del 20 de julio.

*Constituyente de 1991

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