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Si hay algo para reivindicar en Luis Javier Caicedo, es su honestidad intelectual. Durante años ha sido uno de los principales colaboradores de este medio. Hoy tenemos la oportunidad de leer un texto polémico, cuya virtud es compartir con el lector elementos históricos sobre el conflicto que involucra a Colombia y Nicaragua. Lo ofrecemos desprevenidamente, al igual que algunas notas de contexto, para mejor comprensión de nuestros lectores.

Por Luis Javier Caicedo

LOS DERECHOS DE COLOMBIA

Dentro de 100 años el gobierno de Santos se recordará de la manera en que hoy recordamos los gobiernos de los viejitos Sanclemente y Marroquín del anterior entresiglo: como la época en que a consecuencia de la Guerra de los Mil Días se perdió Panamá.

Pero hoy no tiene porqué ser así.

Los derechos de Colombia en el Mar Caribe son de una nitidez meridiana. Nicaragua está equivocada de cabo a rabo. Los nicaragüenses dicen que el Archipiélago de San Andrés les pertenece porque se encuentra frente a sus costas, dentro de las 200 millas de mar territorial, y porque el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 que fijó los límites en el Meridiano 82, o sea, al oeste del Archipiélago, fue firmado por Nicaragua en un momento en que este país estaba bajo invasión norteamericana.

Ninguno de estos dos argumentos es suficiente. En primer lugar, los nicaragüenses olvidan que la extensión de los países no es un asunto de geografía, sino de política. Y los derechos políticos de Colombia sobre el Archipiélago han sido ganados legítimamente: Desde los tiempos del Virreinato de la Nueva Granada, Colombia ha tenido soberanía sobre las Islas, e incluso en algún momento fue dueño de la Costa de Mosquitia en pleno territorio continental de Nicaragua. Además, en 1822, durante la Revolución de Independencia, fue el propio pueblo raizal de San Andrés quien decidió que quería pertenecer a la República de Colombia (Gran Colombia) recién fundada por el Libertador Simón Bolívar.

En segundo lugar, el argumento de la intervención norteamericana tampoco sirve. Porque si algún país ha perdido territorio por culpa de ese intervencionismo ha sido Colombia, ya que en 1903 los Estados Unidos patrocinaron políticamente y apoyaron con buques de guerra la separación del Departamento del Istmo de Panamá.

En los últimos 200 años Colombia ha perdido territorio con Perú, con Brasil, con Venezuela y con Panamá. Nos hemos salvado por la parte de Ecuador, debido a que la frontera del río Rumichaca estaba trazada desde antes de la llegada de los españoles, como relata Pedro Cieza de León. No puede ser que ahora inauguremos con Nicaragua el recorte de los límites marítimos.

Si esto no se evita ahora, mañana no podremos detener la pérdida de la Amazonía bajo el cuento chino de que es Patrimonio de la Humanidad. O que, hablando de chinos, cualquier Tigre Asiático llegue a pasearse por la Isla de Malpelo como si fuera Falcao.

NO ACATAR EL FALLO Y DECRETAR LA CONMOCIÓN INTERIOR PARA HACER FRENTE A LA DECISIÓN DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA DE LA HAYA

Inteligente y acertada la posición del presidente Juan Manuel Santos Calderón: La sentencia de la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, con sede en La Haya (Bélgica), contiene apartes que reconocen los derechos históricos de Colombia en el Caribe, pero de manera contraria a derecho ha terminado cercenando el territorio colombiano en una proporción absolutamente inaceptable, que obliga al Gobierno Nacional a rechazar dicho fallo[1]

Como lo señala el señor presidente, esta es una pieza jurídica deplorable: “Todo esto realmente son omisiones, errores, excesos, inconsistencias, que no podemos aceptar”. Además, la sentencia es contraevidente, contradictoria, extrapetita y con tal cantidad de zonas grises que no solo perjudica a Colombia sino que pone en jaque la estabilidad jurídica internacional. En otras palabras, un fallo injusto e infame, que la misma Corte, o si no ella, la Asamblea General de las Naciones Unidas, debe revocar.

La consecuencia lógica es que no se acate el fallo y se exija su revisión, procedimiento que la canciller afirma que está previsto en el Estatuto de la Corte.

Desacatar no es desobedecer ni irse a las armas. Es hacer lo mismo que hace cualquier parte en un proceso cuando un fallo le es desfavorable. El derecho a la defensa en cualquier sistema jurídico, en especial de única instancia, señala que la parte afectada puede pedirle al mismo juez o tribunal que profirió el fallo que revoque o revise su decisión.

Esto en lo exterior. Pero ¿y en lo interior?

Andrés Hoyos, director de la revista El Malpensante, le ve un lado positivo a lo ocurrido: “El país se ha puesto a llorar por algo de lo que nunca se ocupó, como nunca nos ocupamos de Panamá en su momento. Si el tarascazo sirve para que por fin velemos por la totalidad del país y no nada más por ciertos barrios de Bogotá y Medellín, el descalabro tendrá al menos ese aspecto positivo”[2].

Lo primero es cierto (todo esto ha ocurrido porque la clase pudiente de Colombia maneja el país como si fuera una finca privada y por tanto nunca enteró a los colombianos de lo que estaba ocurriendo y de los riesgos que se corrían con el proceso judicial en La Haya). Pero la resignación a que lo mismo no se vuelva a repetir hacia el futuro, NO.

¿Entonces qué? ¿Hay que encogerse de hombros ante el hecho de que por la ineptitud de la clase dirigente perdamos miles de kilómetros de mar territorial y aceptemos como si nada que el Archipiélago de San Andrés (y no solo dos cayos) quede encerrado por el Norte, el Occidente y el Sur dentro de las fronteras de un país extranjero?

Si los derechos de Colombia fueran dudosos, si tuviéramos algún sentimiento de culpa por habernos apoderado por la fuerza o con mañas de esas islas, vaya y venga. Pero es que desde hace más de 200 años cada colombiano se ha levantado y acostado todos los días bajo la confianza de que el Archipiélago de San Andrés y Providencia hace parte de Colombia, y cada muchacho o muchacha reclutados por la fuerza o voluntarios en las Fuerzas Armadas juran con plena convicción dar la vida por defender la soberanía colombiana sobre las Islas.

Mientras en un partido amistoso una selección nacional de fútbol se puede dar el lujo de botar un penalti en el último minuto, poniendo por encima del resultado la hermandad entre los pueblos, como acaba de hacer el seleccionado de Brasil con Colombia, en un gesto de gallardía que honra al joven Neymar; en un affaire contencioso de derecho internacional Colombia no puede hacer un gesto similar de resignación de sus alternativas, sobre todo cuando quien está en el arco contrario no es Nicaragua sino las Naciones Unidas, porque la Corte de La Haya es un órgano de las Naciones Unidas, y por tanto quien intenta quitarnos la integridad de la soberanía sobre el Archipiélago de San Andrés son las Naciones Unidas.

Se ha querido presentar la imagen de que el problema que ha generado el fallo de esa Corte consiste en que se ha producido un perjuicio a los pescadores de San Andrés y Providencia. Entonces en Colombia el Consejo de Ministros estudia la declaratoria de la Emergencia Económica y Social, e igualmente desde Managua la televisión trasmite cada hora un mensaje de su presidente en que le dice a los sanandresanos que tendrán libre acceso a la pesca en la nueva porción de mar nicaragüense.

Nada más alejado de la realidad. Los efectos de la sentencia de la Corte de La Haya trascienden con mucho lo económico, lo étnico y lo ambiental. De llegarse a consolidar ese fallo la consecuencia será un cercenamiento de ¡90.344 kilómetros cuadrados de Mar Territorial!. [3]

Es decir, una enorme afectación de la integridad nacional de nuestro país; la pérdida irremediable de soberanía sobre un territorio y unos recursos que, más que a nosotros, pertenecen a las generaciones futuras de colombianos.

Es esta la perspectiva desde la cual debe afrontarse el problema: El fallo de la Corte de La Haya configura una situación de amenaza a la integridad territorial de Colombia, un hecho asimilable a una agresión externa, tanto más injusta cuando Colombia ha sido de los más disciplinados miembros en el concierto de las naciones.

Si esta agresión fuera armada, nadie dudaría en la procedencia del Estado de Guerra Exterior previsto en el artículo 212 de la Constitución.

Pero como la agresión, aunque no es armada, sí es de tal magnitud en sus consecuencias que compromete al interior del país la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana, es viable desde todo punto de vista declarar el Estado de Conmoción Interior.

La senadora Alexandra Moreno Piraquive tiene razón cuando dice que el Gobierno colombiano peca de exceso de diplomacia. Al paso que vamos, sólo falta que todo termine en que, como pasó en 1892, Colombia le haga entrega a la Corte Internacional de La Haya de los restos del Tesoro Quimbaya, por el favor que nos hace en la resolución de un litigio fronterizo.[4]

El presidente de la República, que como él mismo señaló, fue elegido para “para defender y hacer cumplir la Constitución de Colombia”, está en plena capacidad de hacer uso de los máximos poderes que ésta le otorga en la materia, en la seguridad que contará con el apoyo de todos los colombianos.

Y ahí está, en el artículo 213 constitucional, el Estado de Conmoción Interior en toda la República, el que puede declararse por un término no mayor de noventa (90) días y le permite al jefe de Estado conjurar en el ámbito interno los factores de perturbación de la estabilidad, la seguridad y la convivencia, pudiendo dictar para ello los decretos con fuerza de ley de efectos transitorios que considere necesarios.

¿Qué para qué una conmoción interior?

Para zimbronear al país. Hacer lo que no se hizo en los once años de litigio: provocar una gigantesca movilización de 42 millones de colombianos en defensa de la integridad nacional. Y esto exige tomar medidas legislativas que afecten temporalmente derechos fundamentales.

Por ejemplo: Lo primero es sintonizar a todo el país con la problemática y en un solo lenguaje. Este es un asunto de comunicación, de pedagogía y de convocatoria, que sólo puede ser eficaz en la medida que el Estado tenga disponible el espectro electromagnético de su propiedad, y en esta medida pueda utilizar ante la gravedad de las circunstancias todas las bandas de radio y de televisión.

No puede ser que con semejante problema encima, los colombianos dediquemos una exageración de tiempo en franja óptima a certámenes de belleza, realities de guerras entre sexos y regiones,  concursos de canto e interminables balaceras de traquetos. Los ganadores de las respectivas competencias no nos van a devolver los 90.344 kilómetros de espacio marítimo que estamos a punto de perder.

Se podría también usar las estrategias de apropiación territorial que aplican los indígenas para la protección de sus resguardos, de recorrer la tierra, llevando y trayendo miles de colombianos entre las Islas de San Andrés y el continente, en un puente aéreo y marítimo de emergencia. Este esfuerzo requerirá usar medios logísticos de los que el Estado no dispone, y que no se puede dejar a la voluntad de los propietarios privados prestarlos.

Igual es urgente redoblar la defensa del Mar Territorial comprometido en el litigio, doblando o quintuplicando el número de embarcaciones y de tropas en el Archipiélago, en vigilia preventiva; pero no con el personal activo (no puede sacarse un solo elemento del control del orden público y del combate al narcotráfico), sino con el llamamiento de las Reservas. Este programa debe financiarse con impuestos directos.

Estas medidas internas, extremas si se quiere, que sin duda afectan la molicie del temperamento público y algunas actividades privadas, deben estar acompañadas de hechos simbólicos contundentes, estilo Mockus, tanto a nivel interno como externo, que trasciendan la cotidianidad de los hogares, los pueblos, las ciudades, y transmitan a la opinión pública internacional la dimensión de nuestro inconformismo.

El pueblo más feliz del mundo va a aceptar, así sea con resignación, que el Gobierno Nacional decrete la suspensión, durante los noventa días de conmoción interior, del Alumbrado Navideño de Medellín, de la Fiesta de Cali, de la Feria de Manizales, del Carnaval de Riosucio y del Carnaval de Blancos y Negros de Pasto, y ponga en suspenso el Carnaval de Barranquilla de marzo del año entrante. Lo peor que nos puede pasar después de las fiestas, si se hicieran, es que al guayabo le tengamos que sumar la vergüenza de haber dejado perder el Mar de San Andrés.

Frente a la Comunidad de Naciones, el Gobierno puede y debe tomar una medida cuya obviedad salta a la vista, dado el origen de la perturbación que nos afecta hasta el tuétano de la colombianidad, como es retirar todo el personal  diplomático del sistema de Naciones Unidas (sin salirse de la jurisdicción de la Corte de La Haya, claro está).

Infortunadamente, el Gobierno colombiano no puede acudir a solicitar la solidaridad de América Latina, al nivel que se quisiera, después del elocuente silencio del presidente Santos en la pasada Cumbre de las Américas respecto del caso de las Islas Malvinas. Pero nada obsta para que anuncie el retiro de las embajadas de aquellos países que no observen neutralidad en el litigio.

Itagüí, 22 de noviembre de 2012

Nota: Este artículo se publicará en la próxima actualización de la página www.albicentenario.com

[1] http://www.elheraldo.co/noticias/nacional/alocucion-de-juan-manuel-santos-sobre-fallo-de-corte-de-la-haya-90025

[2] http://www.elespectador.com/opinion/columna-388226-nicaragua

[3] http://noticias.starmedia.com/politica/nicaragua-celebra-fallo-su-favor-haya.html

[4] http://www.tesoro.quimbaya.com/es/index.htm

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