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Intervención del Representante de la América Central y del Sur y de la región indígena del Caribe, señor Luis Evelis Andrade Casamá, Senador de la República de Colombia en la Sesión Plenaria Inaugural de la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas

Señores Presidentes y altos dignatarios de los distintos Estados, jefes de misiones diplomáticas, señores representantes de Agencias, Programas y Fondos de Cooperación, de organismos multilaterales, hermanos y representantes de los Pueblos Indígenas del mundo, los saludo con un mensaje de fraternidad y positivismo, con el deseo que esta Conferencia sea pródiga en sus resultados presentes y futuros.

Mi intervención como indígena colombiano es la expresión y anhelo de millones de hombres y mujeres indígenas de América del Sur, Centro América y del Caribe, que representan una diversidad étnica de más de 800 Pueblos y Nacionalidades de esta parte del continente, que habitan desde la Patagonia, pasando por la Amazonia, hasta llegar al territorio de los pueblos originarios mexicanos. 

Una historia decidida de lucha de los Pueblos Indígenas

Si hoy cantamos los logros y avances del Convenio 169 de OIT suscrito por 22 países de América Latina y del Caribe, es porque este Convenio recoge una historia de lucha de nuestros pueblos por la consolidación de sus derechos, y por salir de la invisibilidad  y la marginalidad.

También porque ha sido el resultado de una acción decidida de los Pueblos indígenas del continente, que hemos caminado la palabra, nos hemos movilizado, hemos sido anuentes a la creación de espacios de debate, hemos manifestado nuestra voluntad para acudir a todos los espacios de negociación, concertación, acuerdos, e incluso, hemos sido coparticipes de desarrollos legales y constitucionales, pensando que otro mundo es posible, en nuestro empeño por salvaguardar nuestras culturas milenarias y contribuir a la transformación de nuestras democracias.

Reconocemos la incidencia de Gobiernos y Mandatarios

Los indígenas valoramos el papel y la voluntad política de algunos gobiernos y Estados, que han asumido un compromiso solemne con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, en un espíritu de reconocimiento y cooperación con los Pueblos Indígenas del mundo, promoviendo leyes y en algunos casos, incorporando instrumentos internacionales en su ordenamiento interno, como lo hizo el Estado Plurinacional de Bolivia, al convertir en ley la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El Sistema de Naciones Unidas y su incidencia en la política del Reconocimiento

Esta Conferencia expresa la voluntad del Sistema de Naciones Unidas para avanzar en la construcción de políticas de reconocimiento y protección especial a los derechos de los Pueblos Indígenas, a través de instrumentos de gran relevancia como la aprobación del Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos indígenas, la creación del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y de los Decenios de los Pueblos Indígenas, el establecimiento del Mecanismo de expertos y la delegación del Relator Especial de las Naciones Unidas. 

La Brecha es grande a pesar de los Avances

Reconocemos los avances logrados, pero también ponemos de presente que los Pueblos Indígenas siguen siendo los más excluidos en los distintos Estados, lo cual se evidencia en el acceso limitado a servicios públicos vitales como la salud, la educación, el agua potable y el saneamiento básico, en cuyos servicios la cobertura es mínima y en general de mala calidad.

La brecha entre los derechos y la norma jurídica que reconocen la autonomía y la institucionalidad interna de los Pueblos Indígenas, dista mucho de la realidad, la cual sigue signada por la violencia, la pobreza, el analfabetismo, la desnutrición, el desempleo, la falta de vivienda, entre otras carencias, que contrastan con el derecho a una vida digna dentro de un orden social justo.

El modelo de desarrollo de Occidente genera efectos lesivos para los Pueblos Indígenas, que se ven agobiados por la ejecución de grandes proyectos de minería, tanto legal como ilegal, que ponen en riesgo de exterminio físico y cultural a los indígenas, sin que medien acciones de protección desde los Gobiernos. Existe una enorme discordancia entre el marco de derechos y su goce real, debido al modelo económico de desarrollo globalizante que desconoce la diversidad territorial y las cosmovisiones indígenas de desarrollo sostenible.

Los Desafíos de esta Conferencia

Lograr que los instrumentos jurídicos internacionales y nacionales sean puestos en práctica en los distintos Estados, buscando el goce efectivo de los derechos de nuestros pueblos, como garantía para su sobrevivencia y la consolidación de sus culturas.

Lograr que los Estados incorporen en las políticas públicas para Pueblos Indígenas, el paradigma del Buen Vivir, como una alternativa frente a la crisis civilizatoria que atraviesa el mundo.  El buen vivir apunta a consolidar y a insertar en los Estados la visión y la política indígena de desarrollo.

Superar la pobreza extrema y la desnutrición en la población indígena, estableciendo como prioridad las mujeres y los niños, reduciendo estos indicadores vergonzosos, por lo menos, a los promedios nacionales.

Promover el diseño de políticas públicas acordes con los postulados de Naciones Unidas, de forma que se garantice la participación de los Pueblos Indígenas en los procesos de transformación de nuestras democracias.

Lograr que esta Conferencia no sea mirada como un evento más, sino, como un proceso de articulación, diálogo, negociación y estructuración de políticas que vinculen y comprometan a los gobiernos con los pueblos indígenas.

Recomendaciones:

En el marco de esta Conferencia, recomendamos a los Estados:

Adoptar el marco jurídico internacional en la normatividad interna de cada país y adecuar las instituciones para el diseño y puesta en marcha de políticas públicas, y asignar recursos suficientes para el desarrollo de programas y proyectos para los Pueblos indígenas.

Contribuir a la puesta en marcha de sistemas propios de salud, educación, administración y justicia indígena, en el marco del entendimiento intercultural y del reconocimiento a su institucionalidad.

Garantizar la participación real de los Pueblos Indígenas en la transformación de su realidad, mediante la implementación del Buen Vivir, como política garante de los derechos, la vida digna y el respeto por la madre tierra.

Asumir la implementación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para los Pueblos Indígenas, sobre todo en los temas que resultan letales para la pervivencia colectiva de la población más vulnerable.

Que los Estados propicien la participación plena, efectiva y oportuna de los Pueblos Indígenas, con el fin de garantizar el derecho a la Consulta con consentimiento libre, previo e informado, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, o las industrias extractivas intenten entrar en sus tierras y territorios a adelantar sus actividades o se adelanten obras de desarrollo

Defender y respetar el derecho de los Pueblos Indígenas que no quieran la minería y otras formas de extracción de recursos, “desarrollo” y tecnologías, consideradas como degradantes para la salud humana, cultural, reproductiva y del ecosistema.

Al Sistema de Naciones Unidas:

Avanzar en la creación de un nuevo órgano de la ONU con el mandato de promover, proteger, controlar, revisar e informar el proceso de implementación de los derechos de los Pueblos Indígenas. Al tiempo, debe nombrar un Sub-Secretario General de los Pueblos Indígenas, con el fin de fortalecer la capacidad de la ONU para garantizar el ejercicio de los derechos, incluido el de la participación plena, en la toma de decisiones en las actividades de las Naciones Unidas que se relacione con Pueblos Indígenas.

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