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Por: Héctor Pineda S. *

Lo más claro que tiene Bogotá sobre el ordenamiento territorial, sin exagerar, es la sanción que le ha impuesto la Procuraduría al ex alcalde Gustavo Petro, según la entidad disciplinaria, porque mediante Decreto formuló modificaciones al Plan de Ordenamiento Territorial (POT), sin contar con la autorización del Concejo de Bogotá.

Por ahora, el Procurador se hace el de oreja sorda con respecto de los argumentos proferidos por otras autoridades al respecto, entre ellos la presunción de legalidad (no existe pronunciamiento en contrario por el juez administrativo) y la Fiscalía en lo penal, lo que ha llevado ha interpretar que lo que se esconde detrás de la decisión disciplinaria de Ordoñez no existe cosa distinta que un intento de impedir la aspiración presidencial del ex alcalde Progresista Petro.

Pero más allá de este asunto del alcalde sancionado por un poder disciplinario desbocado, la paz en los territorios de las ciudades, en especial el territorio de Bogotá, llama la atención por cuanto que desde La Habana se viene anunciando que, a diferencia de lo sucedido con procesos anteriores, el acuerdo del final de la guerra con la guerrilla de la FARC “tendrá su aplicación en el territorio”. Explican funcionarios gubernamentales, que “habrá una alianza poderosa entre las comunidades y el Estado para dialogar sobre la implementación de los acuerdos del final de la guerra y las acciones para incorporar el territorio a los beneficios del desarrollo, incluyendo al debate a la población desmovilizada”.

La letra de la retórica gubernamental, la verdad sea dicha, pareciera dirigida a un territorio lejano, a una “paz territorial” para la Colombia exclusivamente rural, inalcanzable  para el universo de lo urbano, ausente en las grandes ciudades. Insisten en anunciar un modelo de paz en el territorio que, además de la participación política de la guerrilla desarmada, también supere la calamitosa ausencia estatal. Pero las directrices para incluir el asunto en los Planes de Desarrollo urbanos, hasta donde trasciende y se conoce, incluido el recién aprobado PDD de Bogotá, no pasan de enunciados genéricos o programas de ayuda a las víctimas (obligatorios por ley), donde se avanza muy poco en la convocatoria a la innovación en el ordenamiento territorial.

Así pues, la “paz territorial” no tiene el panorama claro para preparar las urbes para la tramitación de las tensiones urbanas, más allá de un Código policivo represivo. Prepararse para el postconflicto, sería hablar del el fortalecimiento de la asociación territorial metropolitana y regional e impulsos de proyectos comunes de escala. Sin embargo, en contravía a lo que la racionalidad indica, en Bogotá se presiona para construir sobre áreas ambientales protegidas, incluido el anuncio de urbanizar la reserva TVDH y la decisión de intervenir la Reserva Forestal de los Cerros Orientales, sin mencionar el desorden que propicia Bogotá en su entorno metropolitano (expansión urbana en áreas de riesgo), las alianzas de la criminalidad del micro tráfico con organizaciones neonazis, las canteras sin restaurar y el congelamiento por parte del Gobierno Nacional de la Zona de Reserva Campesina  de Sumapaz. El “orden territorial para la paz”,  por las señales, en Bogotá estaría lejano.

El orden territorial de las grandes ciudades, más allá de los usos del suelo y que atienda un nuevo ámbito de atribuciones y poderes, se sabe que para el actual Vicepresidente y sus amigos de negocios y política poco les seduce.  Sistemáticamente, desde  sus trincheras, disparan contra un territorio sostenible, armónico con la paz ambiental. Al contrario, Petro ha dado muestras de implementar un paradigma protector e incluyente, un territorio adaptado al cambio climático. Así pues, Bogotá y otras Capitales,  serán  el laboratorio territorial de un verdadero paradigma de paz. Amanecerá  

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Héctor Pineda Salazar, Político colombiano nacido en Barranquilla. Vocero de los acuerdos de paz firmados entre el gobierno del presidente Virgilio Barco y el Movimiento 19 de Abril (M-19) en 1989. Fue elegido miembro de la Asamblea Nacional Constituyente por la Alianza Democrática M-19 en 1991. Coautor del ordenamiento territorial en la Constitución Política de Colombia (municipios, áreas metropolitanas, pedagogía constitucional).Se desempeña como columnista y comentarista editorial en medios de comunicación virtuales, impresos y televisión. Consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para asuntos de reinserción y educación para la convivencia pacífica. (Wikipedia)

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