La semana anterior la Comisión de la Verdad y Reconciliación presentó en Perú su informe final, el cual indagó sobre las consecuencias de la violencia política que vivió el país durante dos décadas, 1980 - 2000, cuyas conclusiones revelaron datos alarmantes, especialmente para las minorías étnicas y la población campesina. Actualidad Étnica presenta algunas de las conclusiones.
- La CVR constató que la población campesina fue la principal víctima de la violencia. De la totalidad de víctimas reportadas, el 79% por ciento vivía en zonas rurales y el 56% se ocupaba en actividades agropecuarias.
- La CVR pudo apreciar que, conjuntamente con las brechas socioeconómicas, el proceso de violencia puso de manifiesto la gravedad de las desigualdades de índole étnico-cultural que aún prevalecen en el país. Del análisis de los testimonios recibidos resulta que el 75 por ciento de las víctimas fatales del conflicto armado interno tenían el quechua u otras lenguas nativas como idioma materno.
- La CVR encontró un potencial genocida en proclamas del PCP-SL que llaman a «pagar la cuota de sangre» (1982), «inducir genocidio» (1985) y que anuncian que «el triunfo de la revolución costará un millón de muertos» (1988). Esto se conjuga con concepciones racistas y de superioridad sobre pueblos indígenas.
- La CVR también determinó que el PCP-SL secundó las tesis maoístas y convirtió a las zonas rurales en el escenario principal del conflicto. Sin embargo, no tomó en cuenta las necesidades y aspiraciones económicas del campesinado, ni sus organizaciones propias ni sus especificidades culturales, y convirtió, más bien, a los campesinos en masa que debía someterse a la voluntad del partido. La disidencia individual en la masa llevó a asesinatos y aniquilamientos selectivos, y la disidencia colectiva condujo a masacres y arrasamientos de comunidades enteras.
- Por la generalidad y sistematicidad de estas prácticas, la Comisión señala que miembros del PCP-SL, y en especial su dirección nacional y su denominada jefatura, tienen directa responsabilidad por la comisión de crímenes de lesa humanidad en el marco de ataques armados contra la población civil, cometidos a gran escala o bien como parte de una estrategia general o planes específicos. Del mismo modo, estas conductas constituyen, a juicio de la CVR, graves infracciones a los Convenios de Ginebra, cuyo respeto era obligatorio para todos los participantes en las hostilidades. La perfidia con la que actuó el PCP-SL en el terreno, escudándose en la población civil, evitando el uso de distintivos y atacando a traición, entre otros métodos similares como el recurso a acciones terroristas, constituyó un calculado mecanismo que buscaba provocar reacciones brutales de las fuerzas del orden contra la población civil, incrementando en una forma extraordinaria los sufrimientos de las comunidades en cuyos territorios se llevaban a cabo las hostilidades.
- Por haber dado inicio a la violencia en contra del sentimiento abrumadoramente mayoritario de la población; por haber planteado su lucha contra la democracia peruana con una estrategia sanguinaria; por las prácticas violentas de ocupación y control de territorios rurales y poblaciones campesinas, con un alto costo en vidas y en sufrimiento humano; por su política de genocidio mediante actos de provocación al Estado; por su decisión de proclamar el llamado equilibrio “estratégico” que acentuó el carácter terrorista de sus acciones.
- La CVR estimó que desde muy temprano, sectores del campesinado más pobre, aquellos que según los cálculos del PCP-SL debían haber sido sus aliados principales, se levantaron contra un proyecto que no compartían y se les imponía por la fuerza. Comunidades como Uchuraccay y otras de las alturas de Huanta se encuentran entre los ejemplos más conocidos. En algunos casos de modo espontáneo, en otros por iniciativa de las FFAA, los productores agrarios del valle del río Apurímac formaron los primeros Comités de Autodefensa (CADs), que posteriormente se multiplicaron, propinándole su primera derrota estratégica al PC-SL en las áreas rurales.
- También reconoció, sin embargo, que los CADs fueron un factor muy importante en el desenlace del conflicto armado interno y rinde homenaje a los ronderos caídos en defensa de sus comunidades y del país. Resalta, asimismo, que una vez terminado el conflicto armado no se convirtieron en sicarios del narcotráfico, ni pusieron su experiencia militar al servicio de otros actores implicados en actividades ilícitas. La inmensa mayoría de miembros de los CADs se ha reintegrado a sus comunidades, y el país sigue teniendo una deuda con ellos. El Decreto Legislativo 741 promulgado a fines de 1991, y su posterior reglamentación, sólo les reconoce indemnizaciones a partir de la promulgación de la ley, y ha beneficiado a un reducido número de deudos.
- Se pudo colegir que el gobierno de Acción Popular toleró estas violaciones de derechos humanos, haciendo caso omiso de las numerosas denuncias por diversas fuentes gubernamentales y de la sociedad civil. Tal es el caso de matanzas como las de Putis, Pucayacu, Cabitos, entre las más notorias. Asimismo, durante ese período de gravísima violencia, el parlamento con mayoría gobiernista no nombró ninguna comisión investigadora. La única comisión fue nombrada por el Ejecutivo para investigar la matanza de ocho periodistas en la comunidad de Uchuraccay, donde la CVR ha constatado que murieron, además, 135 campesinos quechuas en el transcurso del año posterior a la masacre, la mayoría a manos de Sendero Luminoso.
- Se encontró responsabilidad política en el gobierno de Acción Popular por su tolerancia con las violaciones de derechos humanos cometidas por parte del Estado, principalmente contra la población indígena, la más desprotegida y marginada del país, y halla en ella una lamentable muestra de esos hábitos de discriminación y racismo existentes en la sociedad peruana.
- Finalmente, la CVR señala que, debe reconocerse que la violencia, con todo su rigor, no fue capaz de destruir la capacidad de respuesta de la población. En numerosas ocasiones, ante la destrucción de redes sociales tradicionales y el asesinato masivo de dirigentes, las mujeres asumieron nuevas responsabilidades y lanzaron al país el reto moral de reconocer la pérdida de miles de sus hijos en masacres y desapariciones. Dirigentes jóvenes reconstruyeron muchas de las comunidades más afectadas y –en el proceso de retorno de muchos desplazados- se pudo comprobar que muchas comunidades habían sido capaces de resistir a la violencia a través de la autodefensa y también con alternativas de paz y procesos de micro-reconciliación.
- Para la CVR la reparación tiene profundas implicancias éticas y políticas y es un componente importante del proceso de reconciliación nacional. Al ser las víctimas del conflicto en su abrumadora mayoría campesinos, pobres, indígenas, tradicionalmente discriminados y excluidos son ellos los que deben recibir atención preferente por parte del Estado.
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