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El senador indígena Gerardo Jumí Tapias hizo un llamado urgente al gobierno nacional para que adopte medidas inmediatas tendientes a proteger a los pueblos indígenas, teniendo en cuenta que en menos de 15 días han sido asesinados 8 aborígenes. Así mismo, instó al gobierno a que se reinicien las negociaciones con los Emberá Katío, hacinados desde el 23 de diciembre en las instalaciones de la ONIC. 

En conversación con el periódico digital Actualidad Étnica, aseguró, además, que el gobierno Uribe debería tener una actitud más benévola hacia los pueblos indígenas, acorde a su discurso de democracia e inclusión social.

AE. Ante la ola de asesinatos que se han presentado en los últimos días contra líderes indígenas, ¿cuál es el panorama que les espera a estas comunidades en todo el país?

Debemos señalar que los ocho asesinatos son indicador muy negativo, que puede presagiar una agudización de la situación humanitaria de los pueblos indígenas durante el 2005. Lo grave es que las cifras de violaciones de derechos humanos para pueblos indígenas durante el 2004, se registra que los grupos de autodefensa siguen siendo el actor que más violaciones cometió, lo que resulta muy inquietante, teniendo en cuenta el proceso de negociación que se adelanta. Esas negociaciones no tienen un marco jurídico que ofrezca posibilidades reales de reparación, justicia y verdad para las victimas. En medio de ese proceso de negociación están ocurriendo hechos graves. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez debería tener una actitud más benévola hacia los pueblos indígenas.

AE. ¿Falta una política pública para pueblos indígenas?

Sí. Desde el año pasado, mediante denuncias públicas y debates en el Congreso, he venido señalando la necesidad de que se diseñe una política pública para los pueblos indígenas, pero no ha habido voluntad política. 

AE. ¿Pero tampoco hay voluntad de los actores armados para respetar los derechos de los indígenas?

Los actores armados deben respetar la autonomía de los pueblos indígenas y sus territorios. Nosotros hemos propuesto de manera insistente que se firme un acuerdo humanitario para proteger la integridad física y cultural de los indígenas. Sin embargo, no ha habido respuesta favorable por parte de las guerrillas. No obstante, con o sin acuerdo humanitario los grupos deben acatar las normas del derecho internacional humanitario, es decir, garantizar la integridad de la población civil, para el caso, la integridad de los indígenas y sus sitios sagrados.

AE ¿Cuál cree usted que debe ser el papel de la Comunidad Internacional ante las constantes violaciones a los derechos humanos de los pueblos nativos del país?

Varias cosas: un mayor compromiso para con Colombia, porque sus actuaciones no pueden seguir pasando como una mera observación, cuando los hechos que ocurren son tan graves; frente a temas como la negociación debe existir un mayor acompañamiento; el sistema de las Naciones Unidas debe estar condenando insistentemente y reiterativamente actos que violen los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas, y decirle a la Corte Interamericana de DDHH de la OEA que sean vigilante de los actos y actuaciones del gobierno respectos a la defensa, protección o violaciones a los DDHH indígenas en Colombia.

AE. Un mes largo de la llegada de más de 400 Emberá Katío del Alto Sinú a Bogotá, en su afán porque el gobierno nacional reanude las negociaciones que sostenía. Hasta el momento la respuesta del gobierno nacional es que no negocia bajo presión. ¿Qué análisis le merece esta situación?   

Aquí hay unas demandas muy concretas por parte de la comunidad indígena Emberá del Alto Sinú, por los problemas que les ha causado la represa hidroeléctrica Urrá en sus territorios, y una indolencia enorme por parte del gobierno de Álvaro Uribe cuando los indígenas le han planteado muy claramente sus demandas, éste se niega a negociar o a reiniciar las negociaciones frente a los temas demandados. El Gobierno dice que no negocia bajo presión, la pregunta es si entonces negocia solamente con que se le mande un memorial, una carta, y si se da la negociación. Hasta donde sé, en lo que llevo en la vida pública, es que el gobierno no negocia mandando solamente memoriales. Además se equivoca en estar condenando una protesta pacífica, una asamblea permanente, cuando la Constitución Política de Colombia garantiza la protesta social. En cambio el gobierno criminaliza ese tipo de actos que la comunidad está realizando.

AE. ¿Cuál es el llamado que usted le hace al gobierno nacional frente a esta situación?

Aquí hay que hacer un llamado primero, al gobierno, para que no se haga el desentendido con los problemas indígenas del país, pero particularmente el de los Embera, y segundo, estoy haciendo un llamado a las organizaciones sociales, populares e indígenas para que se movilicen, rodeen y apoyen la causa de los Embera, y finalmente, esta movilización obligue a la instalación de una mesa de negociación entre el gobierno nacional y estas organizaciones sociales, populares e indígenas entorno a los temas graves que aquejan al país y que además se someta a consideración de esa mesa de concertación el tema de los Embera del Alto Sinú.

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