Los indígenas del Cauca, reunidos en el “Encuentro Nacional de los Pueblos Indígenas por la Defensa de La Madre Tierra -520 años de Resistencia”, han presentado al gobierno nacional una propuesta, la cual reproducimos para una mayor ilustración de nuestros lectores.
Encuentro Nacional de los Pueblos Indígenas y sectores sociales por la defensa de la Madre Tierra - 520 años de resistencia.
Atendiendo el compromiso de sacar adelante el mandato de las Autoridades Tradicionales emitido en la Junta Directiva Regional de Cabildos de Jámbalo, de contribuir a la discusión política que se tiene con el gobierno y de dar indicaciones que permitan señalar una ruta jurídica para la paz, así como para avanzar en propuestas de fortalecimiento de la autonomía territorial desde los diferentes programas del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, se definió realizar el Encuentro Nacional de los Pueblos Indígenas por la Defensa de La Madre Tierra -520 años de Resistencia.
La idea inicial de la actividad había sido la de convocar al Presidente de la república con el objetivo de evaluar la situación de los acuerdos que tiene el gobierno nacional con los sectores sociales, en especial frente a compromisos adquiridos tanto en el convenio de La María Piendamó, firmado en agosto de 1995 como en el decreto 982, emitido el 6 de junio de 1999 y los 96 acuerdos del plan nacional de desarrollo (ley 1450) los acuerdos establecidos en la Mesa permanente de concertación Nacional y las mesas de territorio, salud, educación y derechos humanos, y demás acuerdos establecidos con los pueblos indígenas del país. Sin embargo, los sucesos del norte del Cauca, indicaron nuevas rutas, proponiendo dar inicio a los procesos de Asamblea Permanente, recomendando como punto de encuentro el mes de agosto y la pertinencia de lograr coordinación y relacionamiento con otras organizaciones sociales en el marco de los procesos de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, buscando canales de diálogo efectivo entre el gobierno central, los procesos sociales y nuestras Autoridades Tradicionales:
1) El Gobierno Nacional y la Política para Pueblos Indígenas: Es imprescindible conocer de primera mano cuál es la política actual del gobierno nacional para pueblos indígenas, pues se ha distinguido la actual coyuntura por el uso institucional de los medios masivos de comunicación para desinformar a la opinión pública sobre asuntos referidos a orden público, autonomía territorial y realidad organizativa de nuestros pueblos, indicando además, como un chantaje al accionar indígena, la amenaza pública de judicializar a compañeros que han estado asumiendo las vocerías de nuestros procesos. Mensajes referidos a los acontecimientos de Toribío, donde se subliman las lágrimas de un soldado y se coloca a las comunidades como enemigos de la institucionalidad, o las noticias diciendo que Jambaló es uno de los territorios más peligrosos de Colombia, dejan claro que para el gobierno nacional uno de los enemigos somos los indígenas del Cauca. Lo anterior se confirmó al observar la marcha de la opic en la ciudad de Popayán acompañada de reconocidos personajes de la fuerza pública y un helicóptero de la armada nacional emitiendo consignas de agradecimiento por el apoyo de esa organización al ejército en su lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Resulta igualmente sospechoso que bajo el argumento de defender al Estado; las llamadas águilas negras declaren objetivo militar a varios líderes indígenas del Cauca y el país, sin que el gobierno haga las aclaraciones correspondientes referidas a su distancia de los grupos ilegales y por el contrario guarda un silencio que más parece complacencia.
2) Evaluar el estado de cumplimiento los acuerdos establecidos con los pueblos indígenas: Artículo segundo del decreto 982/99 y los 96 acuerdos del plan nacional de desarrollo (ley 1450), los acuerdos establecidos en la Mesa permanente de concertación Nacional y las mesas de territorio, salud, educación y derechos humanos, y demás acuerdos establecidos con los pueblos indígenas del país. Los temas, dada la coyuntura, contienen iniciativas referidas al conflicto armado, los acuerdos humanitarios, la agenda legislativa, la seguridad alimentaria, el medio ambiente, los planes departamentales de agua y los impactos del TLC, además de la propuesta de autonomía territorial, referida a política pública con énfasis en Tierra y Territorio, SEIP, SISPI, Administración propia, DDHH y Consulta Previa, con el siguiente orden de prioridades:
Autonomía y Control Territorial
- Reconocer y respetar las experiencias de gobierno propio y autonomía en el control territorial desarrolladas por los pueblos indígenas y otros sectores sociales de Colombia, como aporte a la construcción de paz (ejemplo, pueblos Kokonuko y Yanacona, Nasa).
- Desmilitarización: Acatamiento de los mandatos y declaraciones emitidas por las Autoridades tradicionales Indígenas en ejercicio de su Autonomía y control territorial.
- Respeto al ejercicio a los mecanismos de Control civil interno (tema guardia indígena).
- No aceptación de la política de consolidación en territorios indígenas, ni subordinación de la administración civil a la política de militarización nacional.
- Cumplimiento inmediato de la Sentencia T025 y sus autos de seguimiento (auto 004, 092, 008, 051 y 173 entre otros)
- Aplicación integral de la Declaración Universal derechos de los pueblos Indígenas, ONU.
- No al proyecto de ley estatutaria que pretende reglamentar el derecho a la Consulta Previa y al consentimiento previo libre e informado.
Derechos Humanos, conflicto armado y Paz:
- Derechos Humanos y derecho Internacional Humanitario en el marco del derecho propio
- Diálogos humanitarios YA, para defender la vida como derecho fundamental
- Violencia sexual contra la mujer en el marco del conflicto armado.
- Minas antipersonas, contaminación por armas y bombardeos indiscriminados y en zonas de población.
- Reclutamiento forzado y vinculación de niñas y niños al conflicto armado y su utilización como informantes.
- Desconocimiento e irrespeto a la autonomía territorial y cultural de comunidades organizaciones y movimientos sociales.
Desplazamiento forzado.
- Principio de distinción y de no involucramiento de la población civil en el conflicto armado
- Búsqueda de Solución Política al Conflicto armado
- Respeto al ejercicio y las acciones de las autoridades Tradicionales indígenas y de las organizaciones legítimas de la sociedad civil para la búsqueda de Diálogos políticos con los actores armados
- Construcción agendas del orden regional y nacional de las organizaciones sociales legítimas y sociedad civil con mínimos para la paz y su implementación
Fortalecimiento de los sistemas económicos propios:
- Fortalecimiento de los planes de vida de los pueblos indígenas y sectores sociales dl país.
- Plan voluntario y concertado de carácter integral de sustitución de cultivos de uso ilícito por productos de uso ilícito, con comunidades indígenas, campesinas y afros de Colombia.
- Fortalecimiento economías y territorialidad campesina, indígena, afro colombiana, y población urbana del país.
- Ejercicio de control territorial de las autoridades tradicionales a través de usos y costumbres
Derechos Humanos
- Adecuación institucional para la atención especial y diferencial que investigue, dé seguimiento y presente resultados concretos de los hechos de violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en los territorios indígenas del Cauca y del país.
- Respeto a organización social, no criminalización de la protesta, no conformación ni promoción de organizaciones paralelas.
- Aplicación diferencial de mecanismos de protección para líderes, pueblos y comunidades y que para agilizar las medidas cautelares colectivas e individuales emitidas por la comisión interamericana de derechos humanos
Tierra y Territorio:
- Reforma Agraria.
- No aceptamos la propuesta de desarrollo rural presentada por el gobierno nacional para la ley agraria porque contraria la constitución nacional, los instrumentos internacionales y va en detrimento de los derechos de los pueblos indígenas.
- Que el Incoder suspenda compra de predios aspirados o comprometidos por un sector para entregarlos a otros, por amenazar para la convivencia social y la armonía entre pueblos.
Minería:
- Anulación inmediata de todas las concesiones o títulos minero energéticos, hidrocarburos entregados por las instituciones del Estado en territorios indígenas.
- No aplicación del canon de arrendamiento de las zonas mineras indígenas y de las zonas de reserva estratégica mineras en territorios indígenas
- Rechazar la gran minería y no entrega de un metro más de tierra para proyectos multinacionales
- No permitir el cambio la vocación agrícola del terreno por la producción minera.
- Creación de una Comisión especial que investigue y presente informe a las instituciones de control del Estado frente al otorgamiento de licencias ambientales
Ambiente y Naturaleza:
- Respeto y garantías al ejercicio de autonomía de los cabildos y autoridades tradicionales, como Autoridades Ambientales en sus territorios, delimitando líneas de intervención institucional para asuntos de licencias ambientales, Concesiones de agua, ordenamiento de cuencas así como para la gestión del sistema nacional de parques naturales en los territorios ancestrales indígenas.
Reconocimiento y respeto de los derechos de la Madre Tierra
- Territorios Ancestrales Autónomos o Entidades Territoriales Indígenas, ETIs: Respeto y garantía al ejercicio de los sistemas y el gobierno propio de los pueblos indígenas de Colombia.
- Cumplimiento de acuerdo Dotación de Tierras: (cumplimiento inmediato de los acuerdos y compromisos pendientes con los pueblos indígenas de Colombia)
- Resolver asuntos de titulación predios afectados (cercana a las siete mil hectáreas).
- Constitución, ampliación y saneamiento de resguardos indígenas de Colombia (27 Cauca y 540 Colombia)
- Nuevo acuerdo operativo para adquisición de 10.000 hectáreas por año para agilizar el cumplimiento de las metas propuestas para el Cauca en general y el Convenio Nilo en particular. También los compromisos con los demás pueblos de Colombia.
- Revisar los acuerdos con el pueblo Eperara Siapidara de la Costa Pacífica, priorizando el tema de saneamiento de resguardos
- Reafirmación de los títulos de resguardos de origen colonial, como dueños legítimos del territorio, lo cual exige avanzar en la ruta jurídica.
- Producción y Autonomía Alimentaria.
- Fondo especial para el apoyo a planes y programas para el desarrollo de los sistemas de economía propia permitan proteger y fortalecer iniciativas de economía propia, contra los impactos del TLC,
- Estrategias de incidencia legal y administrativa, que permitan modificar las medidas fitosanitarias, igual que la reformulación de los planes de agua, bajo la indicación que no se use el agua para minería en territorios indígenas.
- Rechazar la política de economía verde captura de bonos de CO2 y mecanismos de red de plus)
- Protección a la propiedad colectiva del conocimiento tradicional y los conocimientos ancestrales, rechazando el negocio e semillas y patentes.
Salud:
La Salud de los Pueblos Indígenas como un Derecho Fundamental
Ruta metodológica para el dialogo de saberes para la implementación y operativización del sistema indígena de salud propia intercultural-SISPI
- Disponer y viabilizar recursos económicos necesarios y suficientes para la socialización y retroalimentación del SISPI y la propuesta la propuesta jurídica a nivel nacional..
- Firme de manera inmediata el Decreto para la operatividad de la Comisión Técnica Nacional de Salud Propia Intercultural.
- Financiar un equipo técnico integral (político, administrativo y jurídico) del nivel nacional para que apoye los respectivos ajustes técnicos al SISPI y la propuesta jurídica.
- financiar el desarrollo del Congreso Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas, para legitimar, protocolizar y ratificar el SISPI y la propuesta jurídica del sistema.
- Financiar el diálogo de saberes para la construcción colectiva del Capítulo Especial Indígena en el Plan Decenal de Salud Pública en el marco del SISPI.
- financiar el Sistema Único de Información Indígena- SUIIN y validarlo como instrumento oficial de información integral de los Pueblos Indígenas de Colombia.
- Propuesta jurídica que operativice el SISPI en el marco de la salud como derecho fundamental de los pueblos indígenas de Colombia
- Radicar la propuesta jurídica ante el Congreso de la Republica en la primera sesión del año 2013, y a defender las decisiones concertadas ante el Congreso que conlleven a la aprobación y sanción la misma.
- Garantía de permanencia de las estructuras en salud creada por las autoridades indígenas
- Firma del Decreto Transitorio que reglamenta la permanencia de las estructuras propias en salud creadas, legitimadas y controladas por las Autoridades indígenas. Decreto que deberá incorporar elementos para el acondicionamiento, gestión y transformación de cara al SISPI.
- Garantía de permanencia de la IPS-I, teniendo en cuenta las formas del cuidado de salud según su cosmovisión de cada pueblo, hacer las inversiones necesarias para la construcción, adecuación, dotación y puesta en funcionamiento de las IPS-I de acuerdo a los usos y costumbres, en el marco del SISPI.
- Hacer efectiva la concertación en el marco del SISPI de los Planes de Intervenciones Colectivas- PIC con los pueblos, autoridades y organizaciones indígenas, para ser ejecutadas a través de sus instituciones propias, en cumplimiento de la Ley 1450/2011 y la (Circular 017/2011).
- Realizar el respectivo saneamiento financiero a la EPSI que demuestren inversiones en las formas del cuidado de salud propio y trabajo hacia el SISPI.
- No Regionalizar a la EPS Indígenas, ya que esto puede atentar de manera directa a los desarrollos en los procesos comunitarios frente al mantenimiento y fortalecimiento de la salud y al buen vivir de los pueblos indígenas.
- Realizar el estudio Técnico y de Campo para la UPC Diferencial. Si pasado los tres meses el Gobierno no ha realizado dichos estudios, procederá a establecer la UPC Diferencial en un 50% por encima de la UPC convencional, para lo cual se tendrá en cuenta los argumentos y las experiencias practicas presentadas por la organización indígena y lo dispuesto en la ley 691 del 2001.
Educación:
- Educación como un Derecho Fundamental y no como un servicio
- Decreto autónomo como Ruta Jurídica para operatividad SEIP en cuanto a:
- Lo Pedagógico; b) Lo Político, y c) Lo Administrativo y
- El Estado Garantiza recursos suficientes para el proceso de socialización, retroalimentación con lo pueblos indígenas de Colombia.
- Certificar viabilidad técnica y financiera de la UAIIN en el marco del SEIP, y laconstrucción de criterios para la acreditación de los programas.
- Comunicaciones:
- Política de comunicaciones para pueblos indígenas en Colombia:
- Creación y sostenibilidad de los medios de comunicación propia y garantía para su funcionamiento
- Recursos del Estado para garantizar la administración y gestión de los medios de comunicación propia.
- Garantía al ejercicio de la libertad de prensa de forma autónoma y diferencial
- Impuestos y pagos referidos al espacio electromagnético, longitud de onda, servicios públicos, aportes SAYCO y ACIMPRO.
- Mecanismo de Protección a comunicadores indígenas
- Control a los medios de comunicación masiva para evitar la estigmatización y garantizar el derecho fundamental a estar bien informado.
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA –CRIC-
Cuenten con nosotros para la paz… nunca para la guerra… La Minga Continúa
Popayán, agosto 2012
