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Colectivo de Sentipensamiento Afrodiaspórico[i]

Mujeres y hombres, integrantes de organizaciones y expresiones sociales del movimiento social negro/ afrocolombiano abajo firmantes, en el marco del Foro “SENTIPENSAR LA PAZ. UNA PAZ PACÍFICA ES POSIBLE”

Consideramos como un paso importante en la construcción de la paz para el país las negociaciones que se llevan a cabo en La Habana entre representantes del gobierno y la guerrilla de las FARC. Celebramos que dos de los principales actores de la guerra se sienten a buscar salidas negociadas al conflicto que ha vivido el país por más de medio siglo. Esto nos muestra un camino de esperanza en la forma de encontrar soluciones dialogadas a las violencias que como población colombiana desde los distintos escenarios de la geografía nacional enfrentamos día a día.

Nos preocupan los límites y alcances de los resultados de estos diálogos, en razón de que las causas de las violencias en territorios urbanos y rurales de comunidades negras traspasan el enfrentamiento entre la guerrilla y el ejército. Tememos que el postconflicto sea potenciador y favorecedor de otros conflictos que no están siendo abordados en la mesa de La Habana.

Es urgente que se tomen en consideración los siguientes planteamientos:

1

La noción de territorio para la población negra de las zonas rurales y la que ha sido desplazada de forma forzosa a las grandes ciudades es distinta a la conceptualización hecha desde las instituciones del Estado. El territorio es concebido como un escenario ancestral indispensable para la producción y recreación de la vida y de la cultura. La tierra no es un recurso para inversión de capital sino el espacio de relacionamiento para ser colectivamente. Los acuerdos, resultado final del diálogo de La Habana, deben respetar el derecho al territorio colectivo reconocido por la ley 70 de 1993 y sus reglamentaciones. La posibilidad de seguir siendo como grupo étnico depende de asegurar el derecho sobre nuestro territorio. De la permanencia en el territorio depende nuestro futuro, nuestra vida.

2

Las políticas, programas y proyectos de desarrollo impuestos sobre los territorios de comunidades negras responden a una visión centralista y andinocéntrica que en lugar de favorecerlas vulnera sus derechos humanos. El desarrollo, desde la visión hegemónica ya planteada, individualiza la propiedad de la tierra, promueve el monocultivo, desconoce las diferencias étnicas y culturales (afros, indígenas, campesinos), incentiva el libre mercado y destruye la naturaleza; todo lo anterior desplaza, saca a la gente del territorio y la lleva a incrementar los cinturones de miseria de las ciudades. En los planes de desarrollo nacionales aparece la población negra desdibujada en su realidad, cuando no invisibilizada.

3

La población negra que vive en las ciudades se encuentra en su gran mayoría ubicada en los sectores más empobrecidos donde la institucionalidad del Estado no garantiza sus mínimos derechos vitales. Los índices de medición de pobreza muestran a la población negra de las ciudades como la más pobre de entre los pobres; situación que se agrava si se es mujer negra, es por esto que en el horizonte de la paz la deliberación debe reconocer como vigente y necesario el cuestionamiento del racismo estructural y los mecanismos para la reparación a la población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal históricamente excluida. Los jóvenes negros en las ciudades viven una situación de confinamiento en sus barrios y asentamientos que les restringe la movilidad debido al acoso policial que los criminaliza a causa de su fenotipo. El racismo estructural y cotidiano niega a estos jóvenes, hombres y mujeres, acceso a la educación, al empleo decente, a la vivienda digna, entre otros derechos. La violencia que se vive en estos sectores no está determinada por la “raza” ni la cultura sino por estas situaciones de precariedad extrema causada por la indiferencia y negligencia del Estado con la población negra a la cual no le importa dejar y hacer morir.

4

Sabemos que la superación del conflicto armado no resuelve las inequidades, marginalidad y racismo en Colombia. Los negociadores de La Habana se ocupan del “desescalamiento del conflicto” armado entre dos de los varios actores armados en el país, no obstante las vías de solución del conflicto social que tiene como base el racismo estructural no han sido objeto de la deliberación amplia y pública. No podemos entender y menos atender la realidad de violencias que se viven en el país si hacemos caso omiso de la condición racializada de origen colonial que actúa como marcador que condena a la muerte por acción y omisión a amplios sectores de la población.

5

Denunciamos la vulneración del derecho fundamental a la Consulta Previa y el Consentimiento Previo, Libre e Informado en los territorios de grupos étnicos como el Consejo comunitario del Hormiguero y La Playa Renaciente, en Cali. Los funcionarios del Estado encargados de divulgar estos derechos desinforman y desconocen a la comunidad cuando le dicen que al POT no hay que hacerle consulta previa y cuando violan su derecho al auto-reconocimiento como pueblo étnico, negándoles a estas dos comunidades la posibilidad de ejercer sus derechos a la participación, la igualdad y el debido proceso.

6

El papel de la mujer en los procesos de construcción de paz en nuestras comunidades ha sido primordial. Ella ha sido víctima pero también agente movilizadora de paz. Las mujeres negras han construido país con su trabajo en hogares ajenos, con la recreación de la cultura (poetas, comadronas, cantadoras, folcloristas, vendedoras ambulantes, trasmisoras de la tradición oral), con su desempeño profesional en muchas áreas; no obstante han sido abusadas sexualmente, prostituidas y asesinadas, convertidas en botín de guerra en este conflicto. El Estado desde lo simbólico cultural fortalece el imaginario nacional que aleja a la mujer negra de lo bello, lo estético y lo sublime y la restringe a unos lugares que impiden el pleno desarrollo de su humanidad, en donde es más fácil seguir siendo víctima del conflicto armado, social, económico, sexual, simbólico y cultural. Un acuerdo de paz debe contemplar las diferencias de género y étnico-racializadas para que haga justicia a las mujeres negras.

7

Con la complejidad del conflicto que vivimos, que involucra las opresiones referidas a lo étnico, al color de la piel, al género, que a su vez sitúa social y económicamente a las personas y a los colectivos y restringe los derechos en múltiples formas para quienes son portadoras y portadores de identidades marcadas, el horizonte de justicia debe poner en perspectiva histórica estos entrecruzamientos identitarios. De tal manera:

 La población negra ha padecido 500 años de opresión, lo que significa que tenemos 500 años de resistencia y re-existencia.

 Es necesario y urgente, en miras a la construcción de una paz duradera, la revaluación del modelo de desarrollo del país.

 Esperamos que la paz sea una realidad que se pueda vivir en todos los territorios de la geografía nacional. En este sentido los territorios de comunidades negras deben ser saneados de la minería ilegal e inconstitucional (con retroexcavadoras y a gran escala) que en la mayoría de los casos utilizan capital internacional y se debe respetar y fortalecer la minería ancestral.

 Propendemos por un Buen Vivir, que significa bienestar colectivo, armonía con la naturaleza y con los otros seres, en nuestros territorios rurales y urbanos en autonomía para decidir el presente y futuro que queremos darnos como pueblo.

4

 Buscamos el fortalecimiento de sistemas tradicionales de producción articulados a la soberanía alimentaria y la conservación de la naturaleza -agua, bosque, suelo- en los territorios de comunidades negras.

 La inversión internacional debe ser ajustada y regulada con medidas convenientes para que no siga siendo un factor de violencia y desplazamiento.

 El papel de los países garantes debe ser en su estricto sentido el acompañar el proceso para que se cumplan los acuerdos, y una vez se llegue al final con la firma de acuerdos, los apoyos de estos países deberán respetar los derechos y opciones de las comunidades por encima de sus intereses inversionistas y el de sus empresas.

 El narcotráfico es un generador de violencia en nuestras comunidades que exige ser regulado por el Estado con medidas que superen la simple judicialización. Proponemos un debate nacional para analizar la legalización de la producción y distribución de la coca.

 Entender lo étnico como un diálogo y estrecha relación entre campo-ciudad, desde lo que somos histórica y culturalmente como negros, afros, palenqueros y raizales. Es decir, desde el reconocimiento de los aportes de la comunidad negra, de nuestras particularidades étnicas – territoriales.

 Los acuerdos como resultado de los diálogos deben otorgar a la población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal la Reparación histórica (con enfoque diferencial) que nos fue negada en 1851, expresada en políticas públicas y acciones afirmativas en todos los ámbitos de lo social en las que se comprometa también la empresa privada con enfoque diferencial en la Reparación (genero, generacional).

 Advertimos del peligro de caer en procesos de impunidad de todos o de cualquier actor que ha violado los derechos de las comunidades y del pueblo colombiano. Exigimos garantías de no repetición; consideramos que es exigencia necesaria desde la sociedad civil y de nosotros y nosotras como víctimas.

La propuesta de Sentipensar la paz es obviamente una tarea difícil en este momento histórico del país, sin embargo al mirarnos visionamos nuestra fuerza y nos reafirmamos, como nuestras ancestras y ancestros, abuelas y abuelos, en la hermandad con nuestra gente, nuestras paisanas y paisanos, con los ecosistemas y los territorios rurales y urbanos del vivir. En una relación de reconocimiento y respeto por las diversidades en Colombia.

Cali, Abril 15 de 2015[ii]

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