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Por Juvenal Arrieta

Consejero, Secretario General del Consejo Mayor de Gobierno - ONIC

Los colombianos que vieron el domingo 26 de julio el Programa Séptimo Día, del Canal Caracol, de seguro amanecieron con la idea de que todos los indios de Colombia somos corruptos, violadores, drogadictos, guerrilleros, pobres, ignorantes y anormales.

¿Será que el Canal de televisión más visto del país dedicará más de 3 horas convenciendo al país de que los indígenas somos todo eso?

¿Será que si es cierto que el amarillismo periodístico reina en todos los niveles de la prensa Colombia?

¿Será que lo que gusta más en la televisión son los problemas por encima de las cosas buenas del país?

O simplemente ¿será que aterra a los generadores de opinión del país que los nativos hoy tengan en su interior los males de la sociedad “mayoritaria”? 

No quiero entrar al conjunto de quienes censuran la libertad de prensa o de opinión, más cuando se ha visto que vivimos en un país donde se asesina la diferencia de opinión y donde se criminaliza el carácter de lo diferente cuando cuestiona la hegemonía, o donde las diferencias son satanizadas. 

En lo personal estoy de acuerdo que todos los medios de comunicación del país, informen sobre los pueblos indígenas. En ese sentido podríamos decir que los pueblos indígenas son un sector prioritario de opinión. Los pueblos indígenas podrían hacer parte del consenso informativo y mediático sobre sus asuntos. 

La situación deja mucho que desear y sobre todos muchos interrogantes centrales para entender el programa de séptimo día denominado “la desarmonización, la flecha del conflicto”. Para entrar un poco al sentido más que de intérpretes de opinión, es el gran contenido o más bien el sesgo ideológico que tiene el programa. Es claro que este programa tiene un objetivo político. Para empezar, podemos decir que al referirse a la armonización en sentido contrario en relación a los pueblos indígenas, es tocar el corazón de una palabra o concepto que más que profundo se refiere a la dimensión espiritual y al equilibrio cultural. Un concepto vaciado de contenido, busca crear una reacción adversa sobre el corazón de los pueblos indígenas que sin duda pone en cuestión sus propias creencias y estructuras espirituales ante la opinión pública. 

Otro tema que llama la atención son los personajes que toman como fuente de información, Paloma Valencia, Senadora del Centro Democrático, quien ha dicho públicamente que el Cauca debe dividirse entre indios y blancos, en una clara actitud de racismo y xenofobia. Alfredo Rangel, quien se ha dedicado siempre a denigrar de los derechos de los pueblos indígenas y quien se ha referido en los últimos 15 años de manera estigmatizante y racista a los mismos. 

Diana Perafan, quien se auto reconoce como indígena, y que según los mismos indígenas del Cauca, defendía la organización con gran dignidad. Ella es una ciudadana de Popayán que según los indígenas encontró sus raíces después de haber convivido sin éxito con dos líderes indígenas. Y que se ha aliado con sectores de la fuerza pública y sectores de la prensa nacional, para liderar una campaña nacional de desprestigio y estigmatización a la dirigencia indígena del Cauca y de Colombia. Un tiempo estuvo en la OPIC, organización indígena integrada en su mayoría por indígenas evangélicos, que reniegan de su identidad, lengua y cultura. 

Recordemos que la OPIC, fue una organización que creó el entonces Ministro del Interior Fabio Valencia Cossio. Esta organización se ha dedicado junto a personajes, como Pacho Santos y Fernando Londoño, en su programa, la “hora de la verdad”, a criminalizar las protestas y a las organizaciones indígenas, tildándolas de guerrilleras y corruptas. Este ejercicio lo ha hecho al lado de la indígena Silvia Secue, quien ofreció el reino indígena evangélico del Cauca al presidente Uribe, cuando en su momento este mandatario ofreció recompensas para que la fuerza pública y la red de informantes persiguieran por recompensas a la dirigencia indígena caucana. En Conclusión, es un programa armado desde su metodología periodista, hasta su mensaje central contra la dirigencia y las organizaciones indígenas. Es claro que estamos ante un programa “periodístico” que no solo es sesgado en lo ideológico, sino que es estratégico en lo político y racista en lo ético y lo moral. 

Es cierto que no se puede negar los problemas graves, que entristecen y rompen la tradición cultural indígena. El abuso sexual, el acceso carnal violento y el asesinato a menores de edad, son una enfermedad  mental y no solo espiritual. Mal haríamos en justificar y aceptar que un crimen y violación a una menor de edad que raya con prácticas de feminicidio sea castigado con 5 latigazos. Mucho menos aceptar que los mismos maestros sean violadores de las mismas alumnas. O más aun, que los dirigentes o líderes sean los reyes de la impunidad, por amiguismo o parentesco. 

El debate de la justicia indígena debe ir más allá de una cuestión cultural o espiritual, esta debe ser debatida sobre las garantías de Estado para que la misma funcione. Recordemos que en la legislación colombiana la justicia indígena se reconoce como parte de la rama judicial, pero no participa en la estructura orgánica de esta rama del poder público y por ende no participa en la asignación de recursos. 

En otras palabras, no hay Estado para la jurisdicción especial indígena, este problema se enfrenta a una cuestión grave también en el imaginario colectivo del televidente colombiano que crea una confusión entre autonomía e impunidad. La autonomía indígena no es solo el tema de coerción o privación de la libertad, ante los delitos; la autonomía tiene que ver con el ejercicio soberano de los pueblos a decidir sus propias prioridades de desarrollo y condiciones de vida. 

La autonomía no debe ser entendida como los casos de suprema impunidad. Los delitos graves cometidos por personas indígenas contra menores, deben ser atendidos con todo el peso de la ley tanto indígena como ordinaria, porque este tipo de delitos, no solo tiene una afectación individual sino colectiva a los pueblos. 

En ese orden de ideas, tengo claro que este programa de séptimo día, tiene un gran sesgo ideológico más allá de los problemas innegables que tienen distintas comunidades indígenas y que deben ser atendidos con responsabilidad y efectividad. 

Este parece un programa más de un sector político y económico “que nunca va a aceptar que los indígenas frenen su ambición devoradora de los territorios y los recursos naturales” y que a través de programas como estos buscan poner las reivindicaciones indígenas en escenario de perdida de legitimidad y perdida de respaldo popular por la ciudadanía no indígena. No podemos aceptar la criminalización mediática a la que se exponen los pueblos indígenas con este tipo de programas. 

Diana Perafan, Paloma Valencia, Alfredo Rangel y otros, pueden tener sus opiniones, las cuales deben ser respetadas, pero Caracol, que tiene el deber ético y Moral a la hora de generar opinión pública, debe GARANTIZAR A LAS ORGANIZACIONES Y A LA DIRIGENCIA SEÑALADA EL DERECHO A REPLICA, y escuchar las otras fuentes para que el programa tenga niveles de objetividad y equilibrio informativo. Esperamos este derecho a réplica para que el país conozca las distintas fuentes de información y así saque sus propias conclusiones. 

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