El senador indígena Luis Evelis Andrade Casamá, se desplazó esta semana al departamento del Cauca. En su visita, el congresista se reunió con el líder indígena Feliciano Valencia, participó en la reunión de autoridades del pueblo Coconuco y visitó a los reclusos indígenas de la Cárcel de San Isidro en Popayán.
El objetivo principal del congresista indígena en este recorrido, era abordar temas relacionados con la Justicia y la Jurisdicción Especial Indígena, y la situación por la que atraviesan los reclusos indígenas en Colombia.
El tema cobró gran interés a raíz del fallo decretado por la justicia ordinaria que condenó al líder indígena Feliciano Valencia a 16 años de cárcel, generando un fuerte conflicto de competencias entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción Especial Indígena, primero, por las razones que llevaron a la jurisdicción ordinaria a enjuiciar al líder indígena, segundo por la dureza de la pena y tercero por su reclusión en una cárcel del INPEC, para pagar su condena.
Feliciano Valencia, quien fuera precandidato a la presidencia de Colombia en las pasadas elecciones, fue enjuiciado por la justicia ordinaria por los hechos presentados en desarrollo de una minga indígena, cuando los miembros de la comunidad nasa retuvieron a un miembro del ejército nacional, hecho que fue calificado como secuestro por la justicia ordinaria y del cual fue hecho responsable el líder indígena en un fallo de segunda instancia. Esta decisión, al igual que la pena y su traslado a la cárcel de San Isidro, desataron las reacciones del movimiento indígena colombiano, así como expresiones de solidaridad de diversos sectores políticos y sociales, lo que llevó a que después de varias semanas, el líder indígena fuera trasladado a un Centro de Armonización tutelado por las autoridades indígenas del Cauca.
Lo cierto, es que el arribo de Feliciano Valencia a la Cárcel de San Isidro, permitió develar la realidad que viven unos 286 indígenas que purgan sus penas en este centro penitenciario, de los cuatro mil indígenas que hoy se encuentran presos en las diferentes cárceles del país. Tanto es así, que unos 66 reclusos indígenas iniciaron una huelga de hambre, reclamando atención de las directivas del Centro Penitenciario, de los organismos de derechos humanos y de las propias autoridades indígenas, de quienes reclaman un trato igual al del líder indígena.
La dura realidad de los reclusos indígenas en Colombia, los trabajos que se desarrollan en un nuevo intento por desarrollar mecanismos legales para coordinar la jurisdicción ordinaria con la indígena, al igual que el proceso iniciado en el marco de las negociaciones del Plan Nacional de Desarrollo, en el cual se incluyó "Realizar el proceso de Consulta Previa a Pueblos Indígenas para la concertación y formulación del instrumento jurídico que regule las condiciones de reclusión de los indígenas privados de la libertad con enfoque diferencial", son los que motivaron al senador indígena Andrade Casamá, conjuntamente con la Comisión Nacional de Derechos humanos de los Pueblos Indígenas –CNDDHHPI- y con el apoyo del Ministerio de Justicia a realizar estas visitas para constatar la realidad de los indígenas detenidos.
Es de resaltar que en el caso de la cárcel de San isidro, si bien muchos de 286 presos indígenas están condenados por la justicia ordinaria, una buena parte de ellos están allí "en condición de guardados", remitidos por las autoridades indígenas.
Esta situación estuvo al centro de la conversación sostenida entre Feliciano Valencia y el senador Luis Evelis Andrade. Si bien, lo ideal sería dar cumplimiento al Convenio 169 de la OIT, que en su artículo 10 reza que "Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos, deberán tener en cuenta sus características económicas, sociales y culturales" y que "deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento", esto es, las penas extramurales, que sería lo más parecido a la reclusión de Valencia en un Centro de Armonización, lo real es atender la problemática actual.
A pesar de los pocos días en San Isidro, Feliciano se asume como vocero de los indígenas allí recluidos. El Estado debe prestar la atención debida a la justicia indígena". Se necesitan recursos, personas de tiempo completo para atender estos asuntos. Al tema penal hay que prestarle mucha atención, "lo real es que de la misma manera que los operadores de justicia no dimensionan lo que son los usos y costumbres de las comunidades, a nosotros nos toca revisar si hay extralimitaciones en lo que tienen que ver con la aplicación de la sanción", dice. Hay que avanzar en los temas de coordinación, pero "¿qué es lo que vamos a coordinar?, agrega, refiriéndose a la necesidad de desglosar todos esos asuntos que tienen que ver con lo administrativo y lo territorial.
En sus manos tiene el borrador de convenio que actualmente discuten con el INPEC y que hace parte de la orden que la Corte Constitucional -Sentencia T-208 de 2015-, le dio al INPEC para identificar la población carcelaria perteneciente a comunidades indígenas que se encuentran recluidos en las cárceles del país cumpliendo penas impuestas por las propias autoridades indígenas, y que le daba un plazo perentorio de seis (6) meses para suscribir convenios de cooperación con las autoridades de los resguardos en los cuales se encuentran censados estos individuos.
Dice la Corte, que "en estos convenios deben quedar definidas las obligaciones que les corresponden a las autoridades indígenas en relación con la resocialización étnicamente diferenciada de dichos individuos", precisando lo concerniente a manutención y visitas, la de informar al INPEC y al condenado acerca de los objetivos y condiciones de su proceso de resocialización étnicamente diferenciado, y la manera como va a ser evaluado el proceso de resocialización, incluyendo las fechas en que las autoridades deben adoptar decisiones en relación con la redención de las penas privativas de la libertad.
Los reclusos de San Isidro ven con interés el que se fortalezcan los Centros de Armonización, pero esto, dice Feliciano, debe estar ligado a la diferenciación de delitos, pues tambien dentro de los indígenas har reclusos "de alta peligrosidad". En ese tema, el senador indígena le ofreció todo su apoyo
La seguridad de Feliciano
El senador Luis Evelis no puede disimular su preocupación por la situación de seguridad de Feliciano Valencia. El Centro de Armonización de Gualanday, hace parte del Resguardo Indígena de Munchique los Tigres de Santander de Quilichao, Cauca. En las dos últimas semanas la guardia indígena ha repelido dos intentos de atentado contra el líder indígena. En la primera ocasión, dos hombres armados lograron llegar hasta un árbol cercano a una de las residencias del Centro de armonización. La guardia los detectó y cuando fueron a aprenderlos, estos dispararon contra la guardia para facilitar su huida. Por fortuna no hubo víctimas que lamentar. En la segunda, arribaron por una zona de cultivos. También fueron detectados por la guardia indígena.
Aunque el Centro de Armonización está custodiado por la Guardia Indígena y allí se desarrollan básicamente labores de resocialización de los indígenas detenidos, la presencia de Feliciano le genera nuevos retos de seguridad al Centro. "hay personas interesadas en hacer daño" y ese es un tema que hay que prever. El senador indígena es del criterio que el Centro debe dotarse de todas las medidas de seguridad necesarias, sin desnaturalizar su esencia, esto es, colocar un vallado, iluminación, dotar a la guardia de medios de comunicación, colocar cámaras de vigilancia en los lugares de acceso e incluso, contemplar la posibilidad de coordinar la presencia de la fuerza pública en los alrededores del Centro. Todo esto hace parte del proceso de coordinación de las jurisdicciones en lo pertinente a los centros de reclusión, pero ahora es una urgencia.
Por lo pronto, las autoridades indígenas han desarrollado una serie de medidas propias para afrontar este tipo de situaciones.
Por la premura del tiempo, Luis Evelis apenas si pudo darle un mensaje a los indígenas reclusos de la cárcel de san isidro en Popayán, expresándoles su interés en conocer de cerca su realidad. Pero no solo a los indígenas de este centro penitenciario. La idea del senador es continuar con las visitas de otros centros penitenciarios del país, para abordar temas referidos a la coordinación, al mejoramiento de sus condiciones, y trabajar los los temas del tratamiento diferencial para los reclusos indígenas.
Con Autoridades Indígenas del Pueblo Coconuco
Luis Evelis también compartió con las autoridades indígenas del pueblo Coconuco. El objetivo de la reunión era tratar los acuerdos que este pueblo tiene con el gobierno nacional en materia derechos humanos, en el marco de la construcción del Plan de Salvaguarda Coconuco.
Las comunidades querían conocer de viva voz del senador la manera cómo evoluciona en el Congreso el proceso de discusión sobre proyectos relacionados con la justicia y la jurisdicción especial indígena, sobre el proyecto de ley de justicia y la necesidad de establecer una mayor comunicación entre los congresistas indígenas y las comunidades, así como el propósito de acompañar toda su gestión.
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