Por Marco Aníbal Avirama
Las mayorías que elegimos a Juan Manuel Santos como presidente de la república hace dos años, lo hicimos en el entendido que le dábamos un claro y expreso mandato para hacer todo lo posible y persistir en los esfuerzos para lograr terminar con la guerra que agobia principalmente a nuestras comunidades indígenas, negras y campesinas, a sus mujeres, jóvenes y niños.
Y lo hicimos teniendo claro que la realidad cotidiana en nuestros territorios era la confrontación armada, el desplazamiento forzado, el asesinato de nuestros mejores líderes hombres y mujeres, la siembra de explosivos, el reclutamiento forzado de nuestros hijos, entre otros horrores que seguían sucediendo ante la mirada indiferente del país y a pesar de existir órdenes judiciales que buscaban superar el estado de cosas inconstitucional que se nos imponía.
Por eso mucho asombro nos causaba las declaraciones de gobernantes que afirmaban la inexistencia del conflicto armado interno y se negaban a buscar caminos que pusieran fin a la muerte de colombianos, estuvieran en cualquiera de las filas de los actores armados.
Hemos visto los avances en la solución negociada del conflicto armado con el más grande grupo insurgente. Lo hemos celebrado públicamente por varias razones:
No creemos que sea un acuerdo óptimo pero es el mejor acuerdo que nos permite cerrar este largo y nefasto capítulo de nuestra historia reciente; no es un acuerdo que avance tanto como quisiéramos en las profundas transformaciones que requiere el agro, la estructura de propiedad de la tierra, la definición de una opción de desarrollo diferente, pero creemos camina en la dirección de permitir el retorno de los millones de habitantes y productores del campo que fueron desalojados por vía de las armas y de las triquiñuelas jurídicas; es en consecuencia un acuerdo profundamente reformista; no garantiza la plena y completa satisfacción de los derechos de las victimas pero somos las mismas victimas las que hemos dicho al país que podemos perdonar siempre y cuando no olvidemos y conozcamos la verdad para que no permitamos que los horrores de la guerra se repitan; no tendremos miles de colombianos en las cárceles pagando largas penas pero claramente preferimos que quienes han empuñado las armas deban decir la verdad y puedan llegar a los cuerpos colegiados propios de la democracia representativa, antes que seguir causando dolor y sufrimiento; porque es en un contexto de guerra como el que teníamos, que caben medidas de transición o extraordinarias que la humanidad ha propuesto y acogido para poner fin a las confrontaciones armadas.
No entendemos cómo puede pretenderse que todos los acuerdos estén hechos a la medida de lo que todos quieren; precisamente se trata de una negociación que debe conducir a establecer mínimas condiciones para construir reconciliación entre los colombianos y todos tendremos que ceder algo; lo importante no radica en que se satisfagan los egos desmedidos ni las intolerancias insuperables, ni los intereses porque no se conozca la verdad verdadera, sino en que las víctimas, y en especial las víctimas colectivas, sean reconocidas, escuchadas, reparadas de manera integral y accedan a la verdad de lo ocurrido en estos dolorosos años.
No terminamos de entender que en un debate democrático donde no se jugaban escaños y curules, se haya hecho uso de distintas formas de engaño y manipulación masiva para ponerle trabas a un proceso que como hemos dicho, no es óptimo o inmejorable, pero nos permite detener el baño de sangre entre los colombianos.
Queremos entonces decirle al Presidente Santos que escuche, que ponga oídos atentos a los actores del SI, del NO y de los que se abstuvieron irresponsablemente de cumplir con su deber de participar en el plebiscito, en especial que escuche a los sectores sociales organizados y representativos de los más afectados por la guerra que queremos finalice de una vez, pero que sepa y recuerde que su mandato es cumplir con su obligación de lograr finalizar el conflicto armado interno lo más pronto y en los mejores términos posibles.
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