Una de las expresiones del avance en el reconocimiento de los derechos colectivos de la población afrodescendiente es el necesario rescate de su patrimonio histórico, su memoria y el sello de su identidad organizativa. El baluarte comunitario de dichos pueblos reside en gran parte en su capacidad de resistencia y organización, en un entorno de dificultades como el que viven en sus territorios.
Uno de los casos a considerar es el de los líderes y su desterritorialización. La expulsión de ellos y de buena parte del tejido organizativo, desde sus territorios de origen, genera serias rupturas en los procesos de construcción de su proyecto de vida y desarrollo comunitario.
La idea de hacer distintas consultas a líderes de estas organizaciones va ligada a un concepto desarrollado en uno de los apartes del documento sobre políticas públicas con enfoque diferencial para la atención de la población desplazada afrocolombiana. Este fue lanzado recientemente por organizaciones como Orcone, PCN y Afrodes y comentado en aquella ocasión por nosotros en Actualidad Ëtnica.
El concepto del confinamiento de las comunidades negras en sus territorios aparece allí reiteradamente y merece una consideración por ser una realidad lacerante de los pueblos que, habiendo desarrollado una larga experiencia de lucha, por la defensa de los derechos territoriales, se ven inmersos en la aguda disputa por el dominio estratégico de porciones grandes del espacio territorial, de las comunidades, por parte de facciones del conflicto armado.
Resultado de ello es el hecho de que las comunidades resultan prisioneras en sus propios espacios de vida mientras que muchos de sus líderes tienen como destino obligado tratar de reconstruir su vida y su red de vínculos fuera del territorio. Un grupo selecto de ellos o sus familiares y allegados no alcanzan a salir con vida del cerco armado que les han tejido. Son perseguidos hasta en la memoria de quienes les sobreviven: según un líder de una de las organizaciones consultadas, sobre este fenómeno, los asesinatos en los territorios confinados afro superan ya la cifra de los tres mil casos.
Con los actores que han vivido y diagnosticado el fenómeno en cuestión hemos buscado conversar sobre algunos temas que rodean las realidades del confinado, otra figura que, al igual que la del desplazado, es doblemente victimizada, pero en su propio territorio.
De un lado por los actores directos que los obligan a vivir refugiados en sus propias áreas, inmovilizados por largo tiempo en éstas, o que los desplazan de allí. Del otro, por la ausencia de unas respuestas coherentes, del actor estado, a las demandas de comunidades enteras por el resarcimiento de derechos vulnerados y territorios arrebatados. El siguiente es un ejemplo de esta afirmación:
Mientras buscamos testimonios, un organismo como la OEA, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presenta, ante la Corte de Derechos Humanos del organismo, un informe reciente sobre tareas de observación desarrolladas in situ, en territorios de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó. Asegura el informe que en los mencionados territorios visitados por la Comisión, en Noviembre de 2008, se mantienen latentes las condiciones de riesgo y amenaza a la integridad y seguridad de las comunidades afrodescendientes confinadas, desplazadas y usurpadas con la expulsión desde sus territorios de titulación colectiva.
Desde el año 2003 la Corte hemisférica halló méritos para adoptar medidas provisionales de protección ante las reiteradas incursiones de agentes armados estatales y paraestatales en los territorios negros, obligando al refugio de poblaciones enteras. El número de refugiados llegó a alcanzar la cifra de seis mil en uno de los catorce desplazamientos provocados y reportados ante el organismo interamericano.
La CIDH en su informe ante el alto tribunal de derechos humanos, por solicitud previa de la Corte del organismo hemisférico, lo que hace es reflejar el drama de poblaciones enteras en situación de confinamiento en territorios objeto de despojo. Esto se logra mediante maniobras armadas de cerco y aniquilamiento de sus líderes y amedrantamiento de los pobladores para producir su expulsión del territorio y dejar libre el camino para cimentar proyectos como el de la palma aceitera o agrocultivos, con fines de uso intensivo de la mano de obra barata despojada.
Según los testimonios recogidos y consignados en el informe, directamente aportados por las víctimas del confinamiento y del desplazamiento, se logra evidenciar que mediante el uso de la presión intimidatoria de grupos armados privados y en medio de patrullajes conjuntos con presencia de fuerza pública, en repetidas ocasiones, se ha querido coaccionar a los pobladores para que se pongan al servicio de las mismas empresas que ha usurpado sus tierras. En buena parte han logrado el cometido de expulsarlos y luego "engancharlos", a la fuerza.
Pero la CIDH también refleja en su informe que a pesar de las medidas cautelares emanadas de la Resolución de la Corte interamericana, el 6 de marzo de 2006, tendientes a asegurar la protección de la vida e integridad de los pobladores por parte de un estado miembro de la convención interamericana de derechos humanos, como lo es el estado colombiano, éste no ha actuado con suficiente efectividad para dar cumplimiento a todas las medidas provisionales de la resolución, a seis años de haberse declarado la emergencia.
Una de las medidas que el estado debe tomar, mas allá de la provisionalidad de las medidas emanadas de la resolución del alto tribunal de la OEA, es la de garantizar el retorno del dominio de las tierras usurpadas a manos de su poseedores naturales e históricos. Y esto no se ha hecho, más bien se ha sometido a procedimientos dilatorios en torno a los cuales han resultado beneficiados los ocupantes ilegales protegidos por ejércitos privados y por la desidia y omisión de los agentes públicos.
El gobierno se ha negado a retirarlos por la fuerza, cosa que sí haría con aquellas comunidades que se atreven a "ocupar de hecho" la propiedad hacendataria de los latifundistas, en el Cauca, por ejemplo, o en cualquier otro territorio reclamado por indígenas o negros, o por cientos de miles de campesinos, en general, en el país.
El mismo informe de la CIDH registra las consultas adelantadas con organismos gubernamentales como Ministerio del interior, Agricultura, Mindefensa, Incoder, etc, realizadas entre el 17 y el 20 de noviembre de 2008. Allí se consignan declaraciones según las cuales se ha demostrado suficientemente la obtención fraudulenta y bajo la presión armada de títulos de propiedad sobre territorios que han sido reconocidos en calidad de propiedad colectiva a los Consejos Comunitarios de la población afrodescendiente en las cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó, en aplicación de la ley 70.
Lo grave es que a pesar de tantas evidencias de atropellos a los derechos colectivos de las poblaciones confinadas en sus propios territorios y despojadas de ellos, parte de los reportes de los organismos gubernamentales se reducen a notificar ante la CIDH la reducción de los enfrentamientos armados en la zona de Carmen del Darién y territorios aledaños a los asentamientos de la población víctima del confinamiento y el desplazamiento, es decir, en sus áreas de protección, donde se encuentran presionados por la expansión de los cultivos de agrocombustibles.
En los testimonios recogidos por la CIDH se da cuenta de la reducción de los territorios de supervivencia de las comunidades negras. Las llamadas zonas de protección o de siembra, que se les denomina "zonas de biodiversidad", están siendo amenazadas como zonas de subsistencia de los 3 mil habitantes de los territorios negros de Jiguamiandó y Curvaradó.
Al igual que en la historia de los palenques se reviven las formas de resistencia ancestral ante la persecución y la amenaza de nuevos factores de etnocidio contra el territorio de una cultura que reclama acciones de paz.
Suscripción de noticias RSS para comentarios de esta entrada.