Reunidos en el Parque Central de Santander de Quilichao, al norte del departamento del Cauca, convocados por las comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianos que vivieron la tragedia del 11 de abril del 2001, por la solidaridad de las organizaciones sociales y de derechos humanos que acompañaron la jornada de apoyo realizada entre el 5 y 10 de los presentes, con un recorrido por la región del Naya, y atendiendo el llamado del Defensor del Pueblo, la ONIC y la ACIN, entre otros, el Consejo Regional Indígena del Cauca manifiesta.

.....Que se cumplen dos años de un hecho triste, marcado por el horror y la violencia de los sectores de poder en Colombia y el apoyo de intereses internacionales macroeconómicos

.....Que según las intervenciones de las organizaciones sociales y de las comisiones de investigación se encontró responsabilidad del Estado en la tragedia, primero por la desatención en que el Estado ha mantenido la región y dos por la negligencia asumida por las instituciones ante las diferentes denuncias convirtiendo este acontecimiento en una masacre anunciada

......Que a pesar de las exigencias de los organismos de control del Estado, principalmente de la Defensoría del Pueblo, así como de los requerimientos y denuncias de las organizaciones de Derechos Humanos y de las propuestas de las organizaciones, Autoridades tradicionales y pueblo indígena de la región, el Estado colombiano no ha dado cabal cumplimiento a la defensa de los derechos de las comunidades afectadas por la masacre, ni ha posibilitado recursos o políticas claras para el restablecimiento cultural y económico de las comunidades afrodescendientes, campesinas e indígenas del Naya.

......Que las comunidades afrocolombianas, campesinas e indígenas han venido trabajando en forma organizada y han presentado a las instituciones propuestas tendientes a la recomposición cultural, económica y territorial, iniciativas que hasta el momento carecen de apoyo y de respuestas por parte del gobierno nacional.

.....Que los presentes compartimos los resultados de las investigaciones realizadas por los organismos de Derechos Humanos, así como los términos de la Resolución Defensorial y de las iniciativas sociales surgidas en este evento.

Concluimos y compartimos

· Que entendemos como compromiso del Gobierno Nacional el trabajar hacia el saneamiento y legalización de la propiedad colectiva de la tierra para las comunidades afrocolombianas, campesinas e indígenas en un corto plazo, así:

· Creación del resguardo indígena del Alto Naya

· Cumplimiento de los compromisos gubernamentales sobre asignación de tierras, saneamiento y legalización de resguardos

· Titulación colectiva de las tierras habitadas por comunidades negras

· Dar estricto cumplimiento a la Resolución Defensorial 9 del 2002 y del informe sobre la situación de los Derechos Humanos de las comunidades indígenas del Cauca, así como de las recomendaciones de solidaridad con comunidades y región del Naya

· Condena judicial ejecutiva a los autores materiales e intelectuales de la masacre del Naya

· Acompañar el proceso de retorno de las comunidades desplazadas en condiciones dignas y seguras de la población ubicada en Santander de Quilichao y Tóez Caloto

· Garantizar la gestión de la Mesa Permanente interistitucional de trabajo por el retorno al territorio del Naya.

Santander de Quilichao, abril del 2003.

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