Las irresponsables afirmaciones de Ramírez Cano, quien pese a haber trabajado con el movimiento indígena durante bastante tiempo y declararse actualmente como un abanderado en la defensa de los derechos indígenas, coloca a nuestro pueblo, sus lideres y al cabildo en una peligrosa situación de riesgo.

Con simpleza esencialista y sobre todo evadiendo la responsabilidad de otros factores, Ramírez Cano afirma que con la entrega de los dineros lo único que se ha logrado con los indígenas es: «pervertir su cultura, su forma de vida y generar condiciones de existencia que los alejan cada día más de sus derechos a vivir de acuerdo a sus costumbres ancestrales». Recordamos que la entrega de estos dineros es una consecuencia de los numerosos impactos negativos de la construcción del megaproyecto Urrá I. La perversión y degradación cultural, la fragmentación organizativa, política y social, la ruptura del sistema tradicional de valores de nuestro pueblo se inicia desde la misma construcción de la hidroeléctrica de Urrá, suerte  a la que están condenados los demás pueblos indígenas y minorías étnicas en cuyos territorios existen o se piensen hacer este tipo de megaproyectos, supuestamente de desarrollo. Tampoco habla Ramírez Cano sobre la histórica y vergonzosa marginación y desatención en la que el estado colombiano continúa teniendo sumidos a los pueblos indígenas en materia de salud, educación, saneamiento básico, nutrición, adecuación y construcción de infraestructura.  sin contar con los niveles de marginacion política.

Las declaraciones de Ramírez Cano demuestran una vez más la desidia y la escasa voluntad del estado colombiano para cumplir los compromisos asumidos con nuestro pueblo, pues precisamente con el fin de evitar este tipo de señalamientos y falsas acusaciones, el 19 de abril de 2000, entre el estado colombiano y los Cabildos Mayores de Río Verde y Sinú fueron suscritos unos acuerdos que contemplan específicamente en uno de sus puntos que los funcionarios públicos “se abstengan de hacer señalamientos, falsas imputaciones, afirmaciones descalificadoras o que estigmaticen la labor de defensa y promoción de sus derechos, contra los lideres, gobernantes y asesores del pueblo Embera Katío o que involucren a éstos y a las comunidades Embera Katío con actores armados en la región”

Por estas razones, solicitamos a los organismos de control e investigación del estado y a la Comisión Mixta iniciar lo antes posible las investigaciones necesarias sobre la conducta y las afirmaciones que hace el señor Ramírez y que nos colocan en serio peligro, para establecer sus responsabilidades y tomar las medidas disciplinarias y penales a que hubiera lugar por parte de las entidades correspondientes.

A raíz de las declaraciones de Ramírez la empresa Urrá ha aprovechado para también evadir su responsabilidad e inculpar a la Honorable Corte Constitucional que no hizo más que garantizar nuestros derechos ante el atropello y los abusos cometidos por la misma, pues hay que recordar que el proceso de llenado de la represa se inició sin nuestra concertación en flagrante violación de las mínimas garantías que la constitución nacional establece para los pueblos indígenas y pisoteando los acuerdos internacionales incorporados a la legislación interna colombiana como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que obliga a la previa concertación con los pueblos indígenas para construcciones que vulneren y afecten sus territorios, sus recursos , sus formas de vida y su cultura.

Sorprende entonces que hoy la empresa Urrá a través de su gerente técnico ambiental, Rafael Piedrahita, pretenda mostrar una falsa preocupación por nuestra suerte al afirmar que «las directivas de la hidroeléctrica eran conscientes desde un comienzo que este mecanismo de pago tendría un fuerte impacto social al interior de estas comunidades» olvidando decir que nuestra propuesta inicial de que se nos asignara un porcentaje de las ganancias producidas por la generación de la energía tendientes a continuar con proyectos productivos colectivos, fue rechazada de manera tajante y con argucias de toda calaña por parte de esas mismas directivas.

Olvida también, Piedrahita que para que Urrá cumpliera con las medidas de compensación a los daños ocasionados por la represa fueron necesarias marchas hasta Bogotá, actos masivos por el río Sinú, denuncias internacionales, ocupaciones de embajadas y del Ministerio del Medio Ambiente, proceso en el que extrañamente fueron asesinados y desaparecidos  varios de nuestros hermanos sin que hasta la fecha las autoridades estatales hayan hecho esclarecimiento alguno.

A la gravedad de lo anterior, viene a sumarse como usualmente ha sido siempre, la defensa de Urrá por parte de El Meridiano de Córdoba que en su editorial del 29 de abril recaba incluso con mayor énfasis que la misma empresa Urrá sobre el supuesto desacuerdo que ésta mostró con el pago de las indemnizaciones.

Haciendo de caja de resonancia de las declaraciones de Piedrahita, esta editorial insiste en la inocencia de la Empresa Urrá e inculpa de manera mordaz a la Corte Constitucional, semejando más un comunicado de prensa de Urrá que una editorial en la que supuestamente se debe observar el reposado análisis. De esta forma queda demostrado que este periódico en cabeza de su Director, William Salleg Taboada, se encuentra intencionalmente muy distante del rigor y la veracidad periodística y aun más de la seriedad investigativa a la que al menos éticamente estaría obligado. Sin embargo, esperar esto de un periódico que constantemente se pliega a la sombra de los intereses que más le convengan  y cuyo único afán es la defensa del poder  regional es una ilusión inalcanzable para aquellos que contrariamente sufrimos los rigores del mismo.

Expresamos también nuestro total desacuerdo y rechazo a la iniciativa gubernamental de descentralizar la política publica de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, debido a que además de ser una forma sutil de evadir la responsabilidad del gobierno central en esta materia, coloca un tema tan importante y sensible en manos de los vaivenes de los poderes locales y de los actores armados que predominen en una y otra región.

Finalmente exigimos una vez más que el gobierno nacional adelante las investigaciones al respecto de las imprudentes afirmaciones del Director de Etnias del Ministerio del Interior y advertimos a los demás pueblos indígenas y minorías étnicas sobre el verdadero talante de Ramírez Cano que además de ponernos en alto riesgo han dado pie para que la Empresa Urrá falsamente se muestre interesada y defensora de nuestros intereses en un intento de lavar el irreparable daño ocasionado a nuestro pueblo y a El Meridano de Córdoba  para que una vez más obre como altoparlante de aquellos que persistentemente nos han negado nuestros derechos.

Tierralta, abril 30 de 2004