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Una dura posición contra el Director de Etnias del Ministerio del Interior, Jesús Ramírez Cano, expresaron esta semana los Cabildos Mayores del Resguardo Emberá Katío del Alto Sinú, tras las declaraciones concedidas por el funcionario al periódico El Meridiano el pasado día 28 de abril y que giran en torno a la vinculación de indígenas a los grupos armados y el impacto ocasionado por la entrega de dineros a los Emberá Katíos en la pervivencia de sus culturas, como resultado de un fallo de la corte Constitucional.

En un comunicado con fecha del 30 de abril, los cabildos mayores rechazan lo dicho por Ramírez Cano en relación con la vinculación de miembros de los indígenas en distintas partes del país con grupos armados ilegales. De acuerdo con las autoridades tradicionales, las afirmaciones del funcionario colocan en grave peligro al pueblo (emberá katío), a los líderes y al cabildo frente a los grupos de autodefensa e insurgentes.

“Hemos manifestado públicamente y ante los representantes del Estado colombiano que, en uso de la autonomía reconocida por la constitución y la leyes colombianas, no aceptamos ninguna incorporación, vinculación o colaboración con grupos armados, sean estos estatales, para-estatales o contra-estatales”, indican los cabildos. 

En la misma declaración, Ramírez Cano también se refirió a las consecuencias negativas que las indemnización provocan al interior de los pueblos indígenas tras la puesta en marcha de megaproyectos. Sobre el particular, el funcionario destacó la manera como “el dinero que se entrega pervierten la cultura de los pueblos, sus formas de vida y la posibilidad de generar condiciones de existencia que los alejan cada día más de sus derechos a vivir de acuerdo a sus costumbres ancestrales”.

La Empresa Urrá SA intervino en la polémica a través de su gerente técnico ambiental, Rafael Piedrahita, quien manifestó que esas consecuencias las tenía prevista desde un comienzo la empresa, en una alusión por salvar su responsabilidad frente al proceso de desmembración del pueblo Emberá Katío, endilgándole la responsabilidad de lo acontecido al Fallo de la Corte constitucional que fue quien “emitió la orden de pago”, lo que le ha permitido a las comunidades percibir una sumas cercana a los 11 mil 300 millones de pesos. Esta posición fue avalada en una posterior editorial del periódico El Meridiano, publicado el día 29 de abril, quien coincide en establecer la responsabilidad a la Corte Constitucional por haber garantizado los derechos de las comunidades. 

Al respecto, los cabildos mayores recuerdan que, para el caso de los Emberá Katíos, “la entrega de esos dineros es una consecuencia de los numerosos impactos negativos de la construcción del megaproyecto Urrá I. La perversión y degradación cultural, la fragmentación organizativa, política y social, la ruptura del sistema tradicional de valores de nuestro pueblo se inicia desde la misma construcción de la hidroeléctrica de Urrá, suerte a la que están condenados los demás pueblos indígenas y minorías étnicas en cuyos territorios existen o se piensen hacer este tipo de megaproyectos”, omitiendo, según el parecer de los cabildos mayores, “la histórica y vergonzosa marginación y desatención en la que el Estado colombiano continúa teniendo sumidos a los pueblos indígenas en materia de salud, educación, saneamiento básico, nutrición, adecuación y construcción de infraestructura”.  

Los cabildos consideran, entonces, que la editorial “se encuentra intencionalmente muy distante del rigor y la veracidad periodística, y aún más de la seriedad investigativa a la que al menos éticamente estaría obligado”, toda vez que los cabildos no olvidan como el proceso de llenado de la represa se inició sin la concertación del pueblo emberá katío y “en flagrante violación de las mínimas garantías que la constitución nacional establece para los pueblos indígenas, pisoteando los acuerdos internacionales incorporados a la legislación interna colombiana como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que obliga a la previa concertación con los pueblos indígenas para construcciones que vulneren y afecten sus territorios, sus recursos , sus formas de vida y su cultura”. 

Para una mayor ilustración de nuestros lectores, publicamos las diferentes posiciones sobre el tema de debate.

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