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Alerta Temprana Por Desplazamiento Forzado, Amenazas, Despariciones, Persecuciones Y Muerte De Miembros Y Líderes Del Pueblo Indígena Eperara Siapidaara En Timbiqui Cauca

Doctor
WOLMAR ANTONIO PEREZ
DEFENSOR NACIONAL DEL PUEBLO
Ciudad

Doctor
HORACIO GUERRERO
Defensoría Delegada para los Indígenas y las Minorías Étnicas
Ciudad

REF: Situación humanitaria y de violencia en el pueblo Indígena Eperara Siapidaara en Timbiqui Cauca.

Estimado Doctor:

El presente escrito tiene como propósito ALERTAR a su Despacho, sobre las difíciles condiciones humanitarias en que se encuentran miembros del pueblo indígena Eperara Siapidaara en situación de desplazamiento forzado, así como sobre las amenazas, desapariciones, persecuciones y muerte de miembros y lideres del pueblo indígena mencionado en Timbiqui Cauca.

La información recibida indica que, desde hace seis meses las comunidades y en especial los líderes de la comunidad (gobernadores y maestros) han sufrido de constantes amenazas, persecuciones y seguimiento por parte de miembros de diferentes grupos armados. Recientemente, se han amenazado a los gobernadores: Patricio Pertiaga de la comunidad de Angostura, Armando González de Aguaclarita e Ismael Chamapura de San Francisco que hacen
parte del resguardo de Guanguí. Las amenazas las han realizado afros de la región a algunos comuneros que aluden ser parte de los procesos de comunidades negras.

A la fecha, desafortunadamente el desplazamiento forzado, el confinamiento y hacinamiento de las comunidades han dejado: cinco eperara desaparecidos, cinco mujeres viudas, seis niños muertos por falta de atención médica, nueve personas con tuberculosis (cinco de ellos con tratamiento y cuatro sin ningún medicamento alguno). Además de más de 480 niños y niñas sin recibir clases adecuadamente, sin acceso a útiles escolares y material didáctico, y con una infraestructura inadecuada para recibir educación.

Por lo anterior, solicitamos se active el Sistema de Alertas Tempranas para garantizar los derechos a la vida, e integridad personal de los miembros del pueblo indígena Eperara Siapidaara. Igualmente requerimos que a través de su Despacho sean alertadas las siguientes autoridades civiles, policivas y militares: Procuraduría General de la Nación, Programa Presidencial de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior y de Justicia, Gobernador del Departamento del Cauca, Alcalde Municipal de Popayán.

ANTECEDENTES

Desde el año 2000 la guerrilla de las FARC incursiona en los territorios de la costa pacífica caucana, apareciendo cultivos ilícitos en la región y la proliferación de cultivadores y raspachines de hoja de coca. Estos cultivos implicaron el ingreso de foráneos a los corregimientos y vereda y
nuevas estructuras económicas en la zona. Se utilizó como punto estratégico la cabecera del corregimiento de Puerto Saijá dadas las facilidades de comunicación e intercambio que ofrecía con Buenaventura, Valle del Cauca. Según lo reporta el Informe de Riesgo N° 035-07 A.I. de la Defensoría delegada para la evaluación del riesgo de la población civil como consecuencia del conflicto armado de noviembre de 2007, el "empoderamiento territorial derivó en una serie de hechos violentos provenientes de los grupos armados asociados al narcotráfico y la guerrilla de las FARC y el ELN".

La llegada de la siembra de coca, ha agitado la convivencia pacifica de las comunidades negras e indígenas. Esto coincide posterior a la fumigación de los cultivos en el departamento del Putumayo, movilizándose por el pacifico, primero a Nariño, luego a la costa caucana permitiéndole la circulación por toda la región.

Este incidente ha provocado cambios rápidos, por una parte en el uso de los recursos naturales, como de la administración de la territorialidad, a tal punto se puede decir que hay un ordenamiento territorial que van desarrollando los actores en conflicto de acuerdo a sus intereses, aquí cabe decir, cuando estos actores llegan a las regiones se disputan la comercialización de la droga, pero también a la población obligándolos de una y otra manera hacer parte del conflicto hasta colocarlos a sus servicios. Esta situación es la que se debe estudiar y analizar con cuidado de parte de los defensores de derechos humanos, de la comunidad internacional y de parte del gobierno, especialmente en la aplicación de sus políticas.

Para el 2002 la guerrilla del ELN estaba también incursionando en el territorio e inició la disputa contra las FARC. En este escenario aparecen los bloques Calima y Pacífico de los paramilitares a controlar el territorio y a la población. Para diciembre de 2003, se iniciaron las desmovilizaciones de estos grupos, aunque algunas estructuras se han estado reorganizando tales como la Organización Nueva Generación, Rastrojos y Águilas Negras.

Adicionalmente, desde el 2001 en el Resguardo de Guanguí se han presentado inconvenientes con algunas familias del Consejo Comunitario del Río Jolí. Para este año, cuatro jóvenes de la comunidad de Yucal (perteneciente al Consejo comunitario) asaltaron la cooperativa de la comunidad de Angostura, hiriendo a su administrador. Este suceso fue comunicado a las autoridades tradicionales indígenas y a las autoridades del consejo comunitario, la decisión fue castigar a los responsables, sin embargo, lo jóvenes no cumplieron con el castigo y por el contrario amenazaron a las comunidades. Dos años después, estos mismos jóvenes asesinaron a tres indígenas del resguardo. Las familias de estos jóvenes amenazaron con acabar con los indígenas apoyados por las AUC.

En otras ocasiones posteriores también se han presentado inconvenientes con algunos afros del municipio, como los del río Saijá quienes han querido implementar cultivos de coca en el resguardo por el acceso del río Cupí, y a los cual las autoridades siempre se han negado.

HECHOS RECIENTES

Desde mediados de año del 2008 los Eperara Siapidaara del municipio de Timbiquí, Cauca han cohabitado con la presencia y accionar de diferentes actores armados ilegales que transitan por su territorio, que han amenazado a líderes y autoridades tradicionales provocando miedo, pánico, desplazamiento forzado y confinamiento de sus comunidades.

Desde septiembre DE 2008, las diferentes comunidades que conforman los resguardos de San Francisco de Guangüí y de San Miguel de Infí se han desplazado a sus sitios sagrados para resistir las amenazas y señalamientos de las que han sido objeto.

Estas realidades de desplazamiento forzado y confinamiento han alterado las dinámicas socio culturales de vida en estas comunidades y están vulnerado derechos humanos, territoriales y culturales. Las familias y personas desplazadas y confinadas sienten amenazadas sus vidas, integridad física, seguridad y libertades personales, territoriales y culturales.

A raíz de lo anterior en los resguardos existe una situación de amenaza manifiesta y latente y las familias y personas que allí habitan están presas de miedo, pánico y zozobra, temiendo por una irrupción violenta de actores armados ilegales a los poblados de albergue y contra los líderes y autoridades que todavía permanecen en los territorios, al igual que temen por la suerte que puedan correr en sus sitios de arribo los líderes, autoridades y docentes desarraigados.

Por el desplazamiento forzado y confinamiento que se evidencia en los resguardos, las familias han tenido que abandonar sus actividades económicas habituales y la vida familiar, comunitaria y rituales ancestrales están restringidos.

La atención humanitaria en esta emergencia ha carecido de la adecuada coordinación interinstitucional y con las autoridades indígenas a efecto de ofrecer una respuesta más efectiva, oportuna y apropiada culturalmente.

En las provisiones de mercados dadas para las familias desplazadas y confinadas no se tuvieron en cuenta los patrones culturales de consumo y esto ha sido un factor limitante en la alimentación de las personas. La atención en salud, disposición de agua, saneamiento básico y condiciones educativas, entre otros derechos han sido limitados tanto en los sitios de alberques al interior de los resguardos como también en la cabecera municipal.

En el Comité Municipal de Atención Integral a la población en situación de desplazamiento en su conjunto y en particular en la Administración municipal no existe una adecuada comprensión y análisis de la dinámica del conflicto armado en la región y del desplazamiento forzado; tampoco existe un adecuado conocimiento y apropiación de la política pública de prevención y atención al desplazamiento forzado.

La Administración Departamental no ha atendido las obligaciones de atención humanitaria de emergencia que por ley le compete, con una clara postura de desconocimiento del desplazamiento forzado y confinamiento ocurrido y de la situación humanitaria que estos fenómenos han ocasionado en los resguardos.

Desde hace seis meses las comunidades y en especial los líderes de la comunidad (gobernadores y maestros) han sufrido de constantes amenazas, persecuciones y seguimiento por parte de miembros de diferentes grupos armados. Recientemente, se han amenazado a los gobernadores: Patricio Pertiaga de la comunidad de Angostura, Armando González de Aguaclarita e Ismael Chamapura de San Francisco que hacen parte del resguardo de Guanguí. Las amenazas las han realizado afros de la región a algunos comuneros que aluden ser parte de los procesos de comunidades negras.

A la fecha, desafortunadamente el desplazamiento forzado, el confinamiento y hacinamiento de las comunidades han dejado: cinco eperara desaparecidos, cinco mujeres viudas, seis niños muertos por falta de atención médica, nueve personas con tuberculosis (cinco de ellos con tratamiento y cuatro sin ningún medicamento alguno). Además de más de 480 niños y niñas sin recibir clases adecuadamente, sin acceso a útiles escolares y material didáctico, y con una infraestructura inadecuada para recibir educación.

Finalmente, una consecuencia adicional de este conflicto armado en el que no pidieron estar los Eperara, el la ruptura de su tejido social interno pues los señalamientos han provocado desconfianzas, riñas y odios entre las familias que internamente están afectando contundentemente a la comunidad.

ALERTAMOS

Al Estado Colombiano y a la Comunidad Internacional, a organismos de derechos humanos y la opinión pública en general sobre esta situación, solicitando la adopción de medidas preventivas que eviten el desplazamiento forzado, protejan la vida, la integridad, la autonomía de los miembros del pueblo indígena Eperara Siapidaara y de sus líderes.

EXIGIMOS AL ESTADO:

Prestar atención a esta alerta temprana para garantizar la vida e integridad física y cultural de los miembros del pueblo indígena Eperara Siapidaara

Adoptar sin dilación, las medidas necesarias para que se garantice la vida, la integridad física, cultural, territorial del pueblo indígena Eperara Siapidaara.

Investigar de manera urgente seria e imparcial, los hechos denunciados en esta alerta temprana.

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