El 14 de octubre de 2008 fue asesinado el defensor de derechos humanos Walberto Hoyos, líder de la comunidad de Curvaradó que con su olfato fue reconstruyendo el entramado de la estructura paramilitar en la zona. Un año después, no existe una sola acusación contra los miembros de la estructura criminal que decidió quitarle la vida.
Con todo lujo de detalles Hoyos relataba al Gobierno lo que ellos ya sabían. Refería a las reuniones de Jhon Fredy Rendón Herrera, “El Alemán”, con los empresarios bananeros y palmeros, la definición de estrategias políticas con Rubén Darío Quintero y la interacción en la criminalidad con la Brigada 17. Describía cómo las operaciones eran financiadas por el sector empresarial y los traficantes de drogas consentidos por la fuerza pública.
En septiembre de 2007 fue víctima junto con su hermano de un atentado que lo obligó a salir temporalmente de Curvaradó hasta que logró recuperarse de las heridas.
Pero justo el día de su crimen en Caño Manso ni los escoltas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) ni la policía brindaron garantías para su movilidad, información conocida por los responsables del crimen.
A la Zona Humanitaria llegaron los sicarios, sin ser requeridos en los retenes militares o policiales que usualmente se colocan desde Belén de Bajirá. Uno de los que minutos después dispararía a Walberto dialogó con los administradores de los narco-paramilitares empresarios que ocupan de mala fe el caserío de Caño Manso.
Se trata del Coronel Hugo Fenel Bernal Molano y su familiar Luis Felipe Molano, que se instalaron en el poblado del que fue desplazada la comunidad, las Haciendas Villa Alejandra I y II.
Los sicarios, luego de departir con los ocupantes de mala fe, ingresaron arbitrariamente a la Zona Humanitaria y en medio de la comunidad por la cual él luchó y le dispararon una y otra vez. Salieron e inmediatamente regresaron para rematarlo, pues no era posible dejarlo vivir.
Su asesinato tuvo lugar en el corazón de la resistencia comunitaria: los victimarios y sus beneficiarios esperaban que la comunidad huyera despavorida, pero no fue así. El cuerpo se hizo vida en la comunidad, como lo expresó Miguel Hoyos, su hermano, hoy exiliado. “A Walberto le quitaron el cuerpo, pero su espíritu sigue andando; él vive en la comunidad, su cuerpo se ha multiplicado”.
La comunidad no ha huido; se quedó. Hace pocas semanas asesinaron al patriarca Benjamín Gómez. Los responsables materiales son los mismos, que se pavonean al lado de la policía y de los militares de la Brigada 15; quieren matar a todos gota a gota para evitar el escándalo.
Desde el Gobierno Nacional se simula el desmonte de los paramilitares, capturan a Daniel Rendón Herrera “Don Mario” y semanas después a “Mateo”, pero todo sigue igual porque la institucionalidad está infestada de criminalidad. A pesar de las misiones del General Óscar Naranjo y del propio Uribe, todo es lo mismo, pues la estrategia es disimular.
Hoy, un año después, se recuperó parte del territorio ocupado con corrales para el ganado y la comunidad pudo ampliar su Zona Humanitaria. Hoy, un año después, en la esquina de la zona donde Hoyos cayó, existen un jardín y un monumento con un muro de ladrillo y cemento en el que reposa una urna de vidrio con la foto de Walberto, su fotografía y dos camisas que quedaron en la comunidad.
Walberto sabía por qué lo podían a matar y quiénes serían los asesinos: los mismos que despojaron al Curvaradó de sus territorios 13 años atrás, los mismos que gozan de la ganadería extensiva en Villa Alejandra I y Villa Alejandra II, los mismos que atentaron contra él y su hermano Miguel en el 2007; los mismos que constituyeron Asoprobeba y cometieron el crimen en agosto de Benjamín Gómez. Los que no dan con el paradero de los criminales que se pasean a la vista de todos, son las autoridades. El crimen sigue en la impunidad.
Las labores investigativas fueron asumidas el 14 de octubre de 2009 por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Apartadó, que realizó entrevistas a familiares y testigos del hecho realizando informes donde se dispersó la responsabilidad estatal y paramilitar.
Las labores preliminares de investigación fueron asignadas a fiscalías de Urabá, después remitida a la Fiscalía Especializada 28 de la Dirección de Fiscalías de Medellín radicado con el número 051726000328200880218 donde reposan papeles animados por la criminalidad. Todo es silenciado, mientras los sicarios urden nuevos crímenes y se burlan de las víctimas, que aun se pasean por Belén de Bajirá.
La investigación tampoco indaga por los beneficiarios y administradores de la usurpación de tierra en Caño Manso, no se auscultan los móviles profundos de responsabilidad ni se realizan pesquisas de cómo las motocicletas en las que se trasportaron los sicarios están aún en las carreteras con presencia de la Brigada 15 y 17 y la Policía Nacional.
A mediados de este año las investigaciones se enviaron a la Fiscalía 36, Unidad Nacional de Derechos Humanos, sin resultados concretos. Hay una simulación de investigación pero nada más… sin embargo, Walberto está en la memoria colectiva gritando desde la conciencia colectiva: No Más Impunidad.
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Bogotá, D.C. 15 de octubre de 2009
monotonos
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