En un pronunciamiento oficial hecho por los representantes indígenas de cada una de las Comisiones o Mesas que los Indígenas tienen con el alto gobierno, se asevera que desde que se reiniciaron los diálogos con el gobierno nacional en octubre de 2011, siendo ministro del Interior German Vargas Lleras, el incumplimiento del gobierno ha sido el común denominador. Según los líderes indígenas, de los 96 acuerdos suscritos en el marco del Plan nacional de Desarrollo, ninguno se ha cumplido cabalmente. Con respecto a la ley de víctimas, los indígenas no han recibido realmente ningún beneficio.
Esta situación, sumada a la inacción del gobierno para el desarrollo de políticas en zonas donde el conflicto es agudo, llevó a que los indígenas del Cauca decidieran levantarse en contra de la guerra, expulsando de sus territorios a los miembros de las FARC e incluso de la fuerza pública.
En materia de tierras la situación no es más halagüeña. Las demoras para constitución, saneamiento y ampliación de resguardos es injustificada y muchas comunidades llevan hasta 5 años esperando la legalización de sus territorios.
En medio de esta compleja situación e incluso de sus propias deliberaciones, se hizo publico el fallo de la Corte Constitucional, que mediante el Auto 173 ordenó a la Escuela de Fuerzas Especiales de la Infantería de Marina la devolución en un tiempo perentorio de 6 hectáreas, propiedad del Resguardo JIW de Barranco, Guaviare.
A todas estas, señalan los indígenas, la única respuesta del gobierno ha sido una campaña de desprestigio y xenofobia generalizada, invirtiendo la condición de víctimas, como quien dice, “tras de gordos, hinchados”, al decir coloquial de un líder indígena.
El siguiente el texto integro del pronunciamiento de los indígenas:
COMUNICADO URGENTE DE LOS PUEBLOS Y ORGANIZACIONES INDIGENAS REPRESENTADAS EN LA MESA PERMANENTE DE CONCERTACION, COMISION NACIONAL DE TERRITORIOS INDIGENAS, COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, COMISION NACIONAL DE TRABAJO DE CONCERTACION DE LA EDUCACION PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS (CONTCEPI), COMISION TECNICA NACIONAL DE SALUD PARA PUEBLOS INDIGENAS (Decretos 1397 y 1396 de 1996)
Bogotá, 02 de 2012
Los miembros de la Mesa Permanente de Concertación de los pueblos y organizaciones indígenas, la comisión nacional de territorios indígenas, la comisión nacional de derechos humanos, la comisión nacional de trabajo de concertación de la educación para los pueblos indígenas (CONTCEPI), la comisión técnica nacional de salud para pueblos indígenas, las autoridades y líderes indígenas, preocupados por los últimos acontecimientos sucedidos en diferentes regiones del país y en particular en los territorios indígenas, manifestamos ante la opinión pública nacional e internacional, lo siguiente:
1. Desde el reinicio de los diálogos con el Gobierno Nacional en el mes de octubre del año 2010, cuando el entonces ministro del Interior, German Vargas Lleras, convocó a las organizaciones indígenas para el restablecimiento de los espacios de discusión y concertación con nuestros pueblos, manifestamos nuestra disposición y voluntad política para sentarnos a emprender caminos de entendimiento.
2. Posteriormente, con el correr de los días y, después de acordar temas y rutas metodológicas en algunos casos, se han presentado toda clase de incumplimientos por parte del Gobierno Nacional, los cuales se expresan en que de los 96 acuerdos suscritos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, a la fecha, ninguno ha sido cumplido a cabalidad y en relación con la Ley de Victimas, los pueblos indígenas y comunidades no hemos recibido beneficio alguno.
3. Por otro lado, los pueblos indígenas del Cauca representados en la ACIN, el CRIC y autoridades tradicionales de base, cansados de la guerra que se desarrolla en medio de sus campos y pueblos, decidieron decir NO MAS A LA GUERRA EN SUS TERRITORIOS ANCESTRALES y literalmente, sacaron de sus resguardos al Ejército Nacional y a las FARC.
4. Así mismo, los pueblos indígenas del Putumayo realizaron una movilización pacífica exigiendo el respeto y cumplimiento a sus derechos fundamentales, en especial a sus territorios ancestrales, toda vez que están padeciendo la falta de tierras que garanticen su pervivencia étnica y cultural al no tener reconocimiento legal de sus territorios ancestrales, presentándose por parte del INCODER demoras injustificadas para la constitución, saneamiento y ampliación de resguardos, con comunidades que llevan cinco o más años esperando la legalización de sus territorios con trámites estancados en los anaqueles de esa institución.
5. Y el 25 de julio del presente año, la Corte Constitucional expidió el Auto 173 conminando al Ministerio de Defensa a “la devolución del área del resguardo JIW de Barrancón-Guaviare, que actualmente ocupa la Escuela de Fuerzas Especiales e infantería de Marina, en un período no mayor a seis (6) meses.”
Ante este cuadro crítico de la situación de derechos humanos de nuestros pueblos, que al decir de la Corte Constitucional nos encontramos en un estado de cosas inconstitucional que tiene en alto riesgo de desaparición física y cultural a gran parte de nuestros pueblos indígenas, el Gobierno Nacional ha emprendido una campaña de desprestigio y xenofobia generalizada, a través de los medios de comunicación, invirtiendo la concepción de víctimas y posicionando en su lugar a uno de los actores armados, aspecto que no se compadece con la cruda realidad que día a día viven nuestros hermanos indígenas en todo el país.
Queremos dejar claro que no tenemos nada en contra de los soldados de la Patria, sabemos que son campesinos e indígenas que han sido reclutados por el Ejército Nacional y reiteramos que nuestra inconformidad es con las políticas públicas que el Gobierno Colombiano pretende implementar desconociendo nuestro legítimo derecho a existir como pueblos diferenciados y con autonomía territorial en el marco de la República unitaria consagrada en la Constitución.
Cuestionamos igualmente que el Estado Colombiano amparado en la “organización” de la OPIC, creada por el Gobierno anterior, genera y promueve en la opinión pública un sentimiento xenófobo, que en nada contribuye a la construcción de paz que desde nuestros territorios propendemos y promulgamos.
Precisamente, el día de hoy, en horas de la mañana, mientras un grupo de integrantes de la OPIC adelantan una manifestación en las calles de Popayán, un helicóptero del Ejército Nacional realiza sobrevuelos por la sede del CRIC pidiendo por altavoces a los guerrilleros que se desmovilicen y se entreguen, en una clara provocación al movimiento indígena y sus autoridades.
Reiteramos que es importante hacer claridad sobre lo sucedido por cuanto las informaciones y el sesgo que el Gobierno nacional y los medios de comunicación le han imprimido a las noticias originadas en el Cauca, Putumayo, Nariño, Sierra Nevada de Santa Marta y Chocó, entre otros, pretenden mostrar a nuestros hermanos indígenas como los causantes de todos los males que padecen estas regiones, cuando la causa se encuentra en la clase política tradicional y en el accionar del Estado en nuestros territorios que solo se hace a través de intervenciones militares, las cuales reflejan una política clara de desprestigio y desprecio por la suerte que puedan correr nuestros hermanos indígenas en estos territorios.
Frente a la OPIC, EXIGIMOS al Gobierno Nacional que por ser una organización paralela creada por el Gobierno del Ex presidente Uribe para dividir y deslegitimar las justas luchas de nuestros pueblos, se revoque la Resolución N° 0073 de 3 de Septiembre de 2009 a través de la cual la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior le dio personería jurídica.
Es necesario que el Gobierno Nacional y la fuerza pública reconozcan y respeten el ejercicio jurisdiccional de nuestros pueblos en todo el país y que en el caso del departamento del Cauca se manifiesta entre otros aspectos, en la Guardia Indígena, creada por las autoridades tradicionales de base para el control territorial y la gobernabilidad de los territorios ancestrales.
Conminamos al Gobierno Nacional a que suspenda todo señalamiento, estigmatización y victimización de nuestras autoridades indígenas, líderes y pueblos, por cuanto no es posible que nuestras organizaciones sigan dialogando con un Gobierno que insta a la sociedad a tener comportamientos xenófobos y discriminatorios contra nuestras autoridades, líderes, pueblos y culturas.
Finalmente, exigimos al Gobierno Nacional que las consultas previa se lleven a cabo de conformidad con los postulados constitucionales y legales reconocidos en los instrumentos internacionales y a su vez EXIGIMOS el cumplimiento de todos los acuerdos pactados, tanto con la Mesa Permanente de Concertación como con los diferentes pueblos en todo el país.
MESA PERMANENTE DE CONCERTACION
COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS PARA P.I.
COMISION NACIONAL DE TERRITORIOS INDIGENAS
COMISION TECNICA DE EDUCACION PARA PUEBLOS INDIGENAS
COMISION TECNICA DE SALUD PARA P.I.
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