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Integración Social

Respondiendo a su compromiso de reducir la discriminación y segregación, así como las desigualdades e inequidades entre ciudadanos y ciudadanas, la Administración Distrital ha promovido la implementación de diferentes políticas públicas a través de las cuales se busca mejorar la calidad de vida y garantizar los Derechos de todas y todos.

Es así como en el año 2008 se firma el Decreto 151, primera Política Pública Étnica del D.C., a través de la cual se determinaron los lineamientos y principios para el reconocimiento de los Derechos de la Población Afrodescendiente residente en Bogotá D.C. En el mismo año el Decreto Distrital 403 de 2008 modifícó "el Decreto Distrital 151 del 21 de mayo de 2008, en relación con la orientación y coordinación del Plan Integral de Acciones Afirmativas para los Afrodescendientes residentes en Bogotá, D.C."

Así mismo, y reconociendo las necesidades y exigencias diferenciales de los grupos étnicos en el 2011 se firmaron los Decretos 543, 582 y 554.

El Decreto 543 de 2011 por el cual se adopta la Política Pública para los Pueblos Indígenas en Bogotá, D.C., tiene como objetivo "garantizar, proteger y restituir los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas en Bogotá, mediante la adecuación institucional y la generación de condiciones para el fortalecimiento de la diversidad cultural, social, política y económica y el mejoramiento de sus condiciones de vida, bajo el principio del Buen Vivir.

Por su parte, el Decreto 582 identifica la necesidad del reconocimiento de la integralidad, interdependencia y complementariedad del pueblo Romaní o Gitano, al tiempo que establece las estrategias de adecuación institucional necesarias para el cumplimiento de sus derechos.

Finalmente, el Decreto 554 reconoce las diferencias culturales, de organización política y religiosas del pueblo raizal con residencia fuera del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, determinando tanto los principios como las necesidades de adecuación institucional para garantizar los derechos de dicha población.

Tanto las políticas públicas indígena y Afrodescendiente como los lineamientos de políticas que rigen las acciones afirmativas de las comunidades Rom y Raizal, son el resultado de un proceso de exigibilidad y movilización por parte de las comunidades y los pueblos étnicos, construidas a través de un ejercicio permanente de concertación, constituyéndose en un esfuerzo del Distrito por la inclusión social y el reconocimiento de los grupos étnicos.

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