Opinión

 

 

En México la represión 

El gobierno del “cambio” decidió cobrarles la factura a los campesinos de Atenco, por impedir la construcción del aeropuerto internacional en sus tierras, las cuales defendieron con la organización, la lucha, la resistencia, los machetes, y la solidaridad nacional que llevó a la construcción del Frente por la Defensa de la Tierra, una de las organizaciones más beligerantes y solidarias en las luchas sociales del sexenio del “cambio”, y adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN, así como a la otra campaña. La misma que adelantan los zapatistas de todo México, y que a través de la participación directa de la población pretende construir mediante la acción social mundos posibles en el decir y el hacer, como lo han sido los caracoles en los municipios autónomos que se rigen por las Juntas de Buen Gobierno.

Muchísimas han sido las organizaciones y los movimientos que se han vinculado a la otra campaña zapatista; y en el México Distrito Federal, el Frente por la Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco ha sido una de las principales fuerzas que ha aquilatado el trabajo el espíritu, la moral y la fortaleza de las acciones del zapatismo en la otra campaña. En esa perspectiva de lucha política es que las fuerzas represivas del Estado mexicano realizan el cerco militar contra los campesinos de Atenco, teniendo como propósito aniquilar una de las fuerzas más ejemplares del zapatismo urbano.

Los vendedores informales de flores fueron simplemente el pretexto que el gobierno utilizó para destruir una de las bases sociales más sólidas de la otra campaña; también le permitió cobrar la factura del aeropuerto; y ahora le sirve para intensificar su campaña electoral basada en el miedo a la violencia, con el objetivo de apuntalar a candidatos electorales que ofrecen mayores niveles de “seguridad” mediante acciones represivas de mayor alcance.

Las violaciones a la Constitución, a las leyes, a los derechos humanos y a los derechos políticos de los ejidatarios de Atenco, resultaron ser una fortaleza para la otra campaña, la cual modificó su programación y sus recorridos, tomando como principal aspecto del movimiento la liberación de los presos políticos, campesinos e indígenas,  y la lucha por la justicia de las mujeres agredidas y violadas sexualmente por las fuerzas represivas del gobierno. La solidaridad internacional ha estado presente en Europa y América Latina a través de marchas y mítines en las sedes diplomáticas de México con consignas alusivas a la otra campaña y la condena a la represión en Atenco.

En México, en la mayoría de los Estados de la república, y dentro del contexto de la otra campaña, se han  incrementado las protestas, las marchas y los mítines contra la  acción gubernamental en Atenco y por la liberación de los presos políticos. El viernes 19 de mayo se presentaron movilizaciones nacionales con bloqueos de autopistas, avenidas y calles céntricas de las distintas ciudades. En la Ciudad de Toluca, capital de la entidad donde se encuentran los detenidos de Atenco, la marcha salió de la plaza de los mártires del centro de la ciudad, se dirigió a la Comisión de Derechos Humanos, y terminó en la explanada de la Procuraduría del Estado de México.

Las marchas y movilizaciones por la libertad de todos los presos políticos de Atenco continuarán en todo el país, y por lo pronto los estudiantes de varias universidades han acordado marchar el 28 de mayo y el 10 de junio de 2006. Les asiste el derecho de solidaridad con Atenco, pero se suma la protesta contra la represión que sufrieron los estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) en la semana del 8 al 12 de mayo, por exigir la libertad de varios antropólogos detenidos en Atenco, y por la deportación de un joven chileno, estudiante de antropología social de la misma ENAH, que al igual que una antropóloga de la misma nacionalidad y estudiante de cine, fueron apaleados y expulsados de México.

Para ver algunas instantáneas sobre la situación en Salvador Atenco, México, haga clic aquí.

del Estado contra los movimientos sociales pacíficos se ha incrementado exponencialmente a partir del mes de marzo del presente año, justo unos pocos meses antes de las elecciones presidenciales del 2 de julio. Las fuerzas represivas han arremetido con todo su poder y su brutalidad contra los que marcharon de manera alternativa en defensa del agua y contra la privatización del líquido en la ciudad de México; contra los campesinos e indígenas que se resisten a ser desalojados para que en sus tierras el gobierno construya la represa de la Parota en el Estado de Guerrero; con la masacre de trabajadores mineros en Sicartsa; contra las indígenas mazahuas que reclaman sus derechos a la tierra y al agua en el Estado de México; y el 4 y 5 de mayo contra los ejidatarios campesinos de San Salvador Atenco en el Estado de México.



El Encuentro de Literatura Afrocolombiana "Las estrellas son negras", que se perpetró en homenaje al novelista y poeta Arnoldo Palacios nacido en Cértegui, Chocó, finalizará hoy 2 de junio a las 8:00 p.m. Este escritor que actualmente reside en Francia, fue precursor de la novelística de reivindicación social, que surgiría con fuerza en los años sesenta, ya vinculada a fenómenos más concretos de violencia política. En 1949 publicó ”Las estrellas son negras”, novela testimonio, una de las obras colombianas más destacadas de mediados del siglo XX y considerada clásica de la literatura afro del país.

Este encuentro apoyado por el Ministerio de Cultura y el Instituto Distrital de Cultura y Turismo de Bogotá, tuvo lugar desde el 31 de mayo al 2 junio en la Biblioteca Nacional, calle 24 N° 5-60 con entrada libre para todos los interesados. Con este certamen se buscaba presentar un panorama de la actividad literaria, en los géneros de crónica, ensayo, poesía, dramaturgia, cuento y novela de autores afrocolombianos residentes en San Andrés, Cali, Popayán, Medellín, Quibdó, Cartagena y Bogotá.

A través de conversatorios y conferencias, los escritores y comentaristas invitados profundizaron en perfiles y análisis críticos sobre autores, obras y contextos históricos que inciden en el ejercicio literario. Uno de los aspectos a tratar, que registró mayor relevancia, fue el impacto que la literatura afro ha tenido en la cultura colombiana, en este sentido se programaron paneles en los que se debatieron las perspectivas y desarrollo de la literatura afro contemporánea.

Carencia de literatura: reflejo de extinción cultural

Entre los invitados, estuvo el raizal Oakley Forbes, profesor y poeta sanandresano, que presentó la conferencia “La narración afrocaribe San Andrés y Providencia”, quien expuso su preocupación por la carente situación de esta cultura que esta en extinción, y afirmó que en 1912 cuando se “colombianizó” el archipiélago y se impuso la cultura, lengua y religión del Estado, esto conllevó a la disminución económica y cultural de los raizales. “Actualmente sólo los raizales de más de 40 años saben hablar y escribir en inglés, los jóvenes no lo saben escribir, lo que les cierra las posibilidades de educarse o conseguir un buen trabajo en otro país”.

Oakley Forbes enfatizó en que antes habían más expresiones culturales, ya que los raizales producían mas obras literarias, entre ellas guiones de obras de teatro en inglés que después ellos mismos actuaban, “las reuniones culturales y académicas eran más frecuentes; hace unos años, para nosotros era más fácil económicamente salir a estudiar a Inglaterra o a Jamaica, hoy en día no nos alcanza ni siquiera para venir a estudiar a Bogotá”. Y es que varios líderes del pueblo Raizal han denunciado en varias ocasiones que la educación se da únicamente en español (se enseña algo de inglés, pero como lengua extranjera, que no lo es en el Archipiélago).

Actualmente San Andrés es tal vez la isla oceánica más densamente poblada del mundo e irónicamente los raizales se convirtieron en minoría dentro de su propio territorio. Esta excesiva densidad poblacional ha ocasionado, una irreversible degradación ambiental; el deterioro del paisaje natural con construcciones incontroladas; la agricultura y la pesca, medios tradicionales de sustento del raizal, prácticamente han dejado de serlo debido a que el Gobierno ha entregado las aguas del Archipiélago a flotas pesqueras nacionales y extranjeras, y en cuanto al territorio, los colombianos no raizales tienen el derecho de adquirir tierras del Archipiélago, inclusive sin el conocimiento de sus propietarios ancestrales raizales.

Este encuentro permitió mostrar las problemáticas de los pueblos afrocolombianos en cuanto a educación, ya que se ha disminuido la producción literaria de los mismos, por esto el evento incluyó en su agenda conferencias sobre el desarrollo de la producción literaria y la industria editorial, a través de las cuales se busca informar acerca de los procesos editoriales contemporáneos, el estímulo a la formación de empresas culturales o creativas autónomas y diversos mecanismos institucionales y estatales de apoyo a las iniciativas de creación y de formación de industrias orientadas a la promoción de la cultura.

Este certamen contó con la participación de escritores, comentaristas, periodistas, profesores, ensayistas, investigadores, compositores, poetas, cuentistas, críticos, historiadores, antropólogos, entre otros profesionales, que expusieron sus puntos de vista, o explicaron el de otros mediante conferencias, paneles, lecturas, mesas redondas, magistrales, recitales, recitales infantiles y charlas.

El poeta, periodista y ensayista Juan Manuel Roca, invitado especial para este certamen, cerró estas actividades con una conferencia llamada: “Panorama de la poesía de la diáspora”, que evoca al gran poeta afro antillano Aimé Cesaire y su influencia en la poesía de la diáspora africana en América. Roca Coordina, desde hace 17 años, uno de los talleres de poesía que ofrece la Casa Silva. En 1997 la Universidad del Valle le otorgó el título Honoris Causa en Literatura y además ha obtenido varios premios nacionales de poesía entre otros reconocimientos y trabajos.

Para mayores informes comunicarse con el Ministerio de Cultura, teléfono 3369239 – 3369240,

Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..


“El presupuesto en el 2006 para adquirir tierras en todo el país es una ofensa a las necesidades de los pueblos indígenas”, “la actuación del gobierno frente a las necesidades reales de nuestros pueblos es irresponsable”, son las dos conclusiones a las que llegaron los delegados indígenas en la comisión nacional de territorios, reunidos los días 12 y 13 de Junio del 2006, en Bogotá.

Dichas afirmaciones, son parte de una declaración conjunta de los delegados oficiales de las diferentes macros y representantes de las organizaciones indígenas Nacionales como la ONIC, CIT, OPIAC Y AICO, que hacen parte de la Comisión Nacional de Territorio, luego de escuchar la posición y/o respuesta del gobierno nacional, reunión desarrollada en el Ministerio de Agricultura, con las diferentes instituciones y ministerios con incidencia en el tema, como INCODER.

Cabe recordar que en la instalación de la comisión el presidente de la ONIC, Luis Evelis Andrade Casama, recalcó que era necesario por parte del gobierno propiciara un dialogo productivo y respuestas más coherentes con la necesidades reales de los pueblos indígenas de Colombia. Lo que no se reflejó en la reunión conjunta con el gobierno; como precedente damos a conocer la declaración conjunta, dada el 13 de junio del 2006 en la ciudad de Bogotá.

Los suscritos delegados indígenas en la comisión nacional de territorios, reunidos en Bogotá, los días 12 y 13 de junio de 2006.

Declaramos:

1. Que el presupuesto para adquirir tierras en todo el país, destinado por el gobierno colombiano para la vigencia del año 2006 se constituye en una ofensa a las necesidades de los pueblos indígenas y a esta comisión. La cifra sobre las cual se nos propone priorizar necesidades territoriales es de apenas mil millones de pesos que apenas alcanzarán para cumplir un mínimo de casos priorizados en la vigencia del 2005 y en años anteriores que no se han logrado resolver aún.

2. La actuación del gobierno frente a las necesidades reales de nuestros pueblos es irresponsable, mas cuando los funcionarios de gobierno están trasmitiendo el mensaje a los colombianos y a nuestras comunidades que los indígenas no tenemos necesidades territoriales y que es esta comisión la responsable de dotar de tierras a los indígenas.

Por lo tanto exigimos

1. Se debe rectificar con altura este tipo de información, pues la comisión si prioriza necesidades pero sobre los presupuestos asignados por el Estado. Y en segundo lugar los cuadros de información sobre tenencia de tierras de los pueblos indígenas deben ser respetuosos y mostrar que NO han sido “tierras entregadas”, sino que se debe discriminar la cantidad adquirida por el INCORA e INCODER y la cantidad que siendo de los indígenas les ha sido reconocida y titulada de predios considerados baldíos y paramos. No se puede olvidar que gran parte de los territorios indígenas son nuestros desde antes de nacer la republica de Colombia. El gobierno no ha entregado tierras, simplemente ha debido reconocer nuestros territorios ancestrales.

2. Exigimos que en el presente año se gestiones de forma urgente una adición presupuestal de por lo menos 20 mil millones de pesos para responder a las necesidades urgentes de tierras de los pueblos indígenas.

3. Durante el presente año el INOCDER debe cumplir lo programas de adquisición de tierras, constitución y ampliación de resguardos a los que se comprometió desde el año 2004. Así mismo adquirir los predios en los casos en donde los propietarios ya han aceptado la propuesta de compraventa y adelantar procesos de expropiación donde hubiere lugar o asignar tierras de extinción de demonio, ya que esta es una de las funciones que le da sentido a la existencia del

INCODER.

4. Es necesario que en el 2006 se culminen los procesos de constitución y ampliación de resguardos con tierras que ya son de propiedad de las comunidades o poseídas ancestralmente. Hay varios casos, Florida (Valle), en el Tolima, en Tarapacá (Amazonas), etc. (se anexa solicitud del delegado de la Macroregión amazonía)

5. Insistimos en reclamar se asignen los recursos necesarios para adelantar un proceso de caracterización integral de los territorios indígenas que no se limite al tema de la tenencia sino con énfasis en las necesidades, amenazas y recursos que realmente poseemos, y que se comprometa a cumplir el plan operativo resultante de este estudio. Así también para el funcionamiento de la secretaría operativa de esta comisión, la cual debe activarse de forma inmediata en cumplimiento de acuerdos pactados con la mesa nacional de concertación.

6. Exigimos seriedad y volunta política verificable en los procesos de diálogo. Consideramos que si no se avanza con resultados concretos en los procesos de concertación integral de todos nuestros temas y en particular sobre la problemática territorial, no tiene sentido seguir asistiendo a las mesas de concertación y la comisión.

LUIS EVELIS ANDRADE TOMAS ROMAN

Presidente ONIC Delegado OPIAC

DANILO VILLAFAÑE MANUEL JESUS CUASES

Delegado CIT Delegado AICO

JUAN CARLOS SALAZAR JAIME ARIAS

Delegado Macro Orinoquía Delegado Macro Norte

CARLOS SANCHEZ CESAR CULMA

Delegado Macro Occidente Delegado Centro

Oriente

FAUSTO BORRAES LORENZO MUELAS

Delegado Macro Amazonia Exconstiuyente

Indígena

GERARDO JUMI TAPIAS LORENZO ALMENDRA

SENADOR INDIGENA Representante Indígena a la Cámara

Dado en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de Junio del 2006.

COMITÉ EJECUTIVO ONIC

Contactos: presidente ONIC, 3158572295 / comunicaciones 312-6394123.


Uribe y los indígenas

Álvaro Uribe Vélez, el candidato presidente, no tiene dentro de sus propuestas de campaña una orientada específicamente a los grupos étnicos (indígenas, afro, raizales y gitanos). Como lo ha expresado en repetidas oportunidades su proyecto de gobierno, el actual, y el que piensa seguir ejerciendo durante cuatro años más en caso de ser reelegido, será un proyecto de nación que involucre a todos los ciudadanos sin ningún tipo de distinción.

En ese sentido todas las propuestas encierran al grueso de los colombianos y no hay una destinada a un grupo en especial. “En todos los retos sociales, han estado y estarán, las minorías étnicas. Programas como Familias en Acción y Familias Guardabosques así lo confirman”, informaron miembros del equipo de campaña de Uribe. Sin embargo, las minorías étnicas si esperan de las aspirantes a la presidencia, propuestas que recojan sus necesidades e intereses, dentro del marco de lo que se ha denominado “discriminación positiva”, más aún si se tiene en cuenta que históricamente han sufrido la exclusión social.

En el caso de Álvaro Uribe, para hablar de sus propuestas es necesario referirse a sus hechos de gobierno en beneficio de estas comunidades. Según un informe del 22 mayo de 2006, del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, en el actual gobierno (2002-2006), se han constituido 123 resguardos indígenas y se han entregado 1.286.117 hectáreas, beneficiando así a 11.051 familias. En una reciente entrevista que concediera al periódico El Liberal de Popayán, el candidato-presidente afirmó al tema de las tierras de los indígenas del Cauca, se ha comprado 2 mil hectáreas y se espera comprar 2 mil más. “pero sin violencia y además sin exclusión porque aquí hay un campesinado que hay que atender, hay unas comunidades afrodescendientes nobles que hay que atender y hay un empresariado que no podemos espantar, por eso tiene que ser un tejido agropecuario fraterno donde todos quepan”, dijo el Mandatario al referirse a los últimos hechos en los que los indígenas se tomaron la Vía Panamericana para exigir un respuesta del gobierno, quien según las comunidades no ha cumplido con los compromisos adquiridos con los indígenas en materia de tierras.

En la misma entrevista señaló que “hay que diferenciar la protesta social de la acción violenta, el Gobierno es respetuoso de la protesta social lo hemos sido a lo largo de los cuatro años. Lo que nunca hemos permitido es la acción violenta, una cosa es la protesta social que permitimos, otra el bloqueo de vías que impedimos. Hemos reafirmado en estos días el concepto de autoridad porque mal ejemplo le daríamos al país si por cálculos electorales hubiéremos permitido el bloqueo de las vías”.

En el discurso de cierre de campaña en Popayán, fue más vehemente en su punto de vista frente a las movilizaciones indígenas, que han tenido en el sur del Cauca, su máxima expresión, conocida como el proceso de “Liberación de la Madre Tierra”. “Que quede algo muy claro y que sirva de precedente en la reelección en Colombia: el Presidente tiene que defender los intereses superiores de la Nación. Cualquiera que sea el momento jamás pueden prevalecer coyunturas electorales, amenazas, presiones y anarquía sobre los intereses superiores del país”.

Igual posición ha asumido frente a las acciones adelantadas por los indígenas del Norte del Cauca, como la Consulta Ciudadana y Popular Frente al Tratado de Libre Comercio, que se llevó a cabo en marzo del año pasado en cinco municipios de la región. Justamente ese ha sido un punto de total desencuentro entre los indígenas y Uribe, la firma del TLC, una de las banderas del actual mandatario de los colombianos.

La política de seguridad democrática, la guerra antiterrorista, el plan Colombia, el modelo de desarrollo económico, el desconocimiento de los procesos de consulta y autonomía de los pueblos, el incumplimiento de los acuerdos y compromisos con los pueblos indígenas; son algunos de los reclamos de estas comunidades al presidente, por lo cual, casi en su totalidad están en desacuerdo con la reelección y apoyan mayoritariamente al candidato opuesto, Carlos Gaviria.

Otras de las preocupaciones de los indígenas, están relacionadas con la crisis humanitaria y la sistemática violación de los derechos humanos de sus comunidades. Según algunas organizaciones indígenas regionales y de carácter nacional, bajo el gobierno de Uribe se han incrementado el número de indígenas asesinados, desplazados y desaparecidos. En el primer semestre de 2003, fueron asesinados 44 indígenas kankuamos. Del 2003 al 2005, más de 50 líderes indígenas del pueblo wiwa fueron asesinados y 800 desplazados.

Entre septiembre del 2003 y febrero del 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han solicitado al gobierno colombiano medidas cautelares y provisionales para 4 pueblos indígenas, 2 de ellos pertenecientes a la Sierra Nevada de Santa Marta. A los pueblos kankuamo, pijao, wiwa y wayúu, se les ha otorgado estas medidas debido a que han sido víctimas de masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, detenciones arbitrarias, secuestros y desplazamientos forzados. La mayoría de estos delitos han sido perpetrados por los paramilitares, incluso, los ya desmovilizados, y según las comunidades “con la tolerancia y auspicio de la fuerza pública”.

El actual presidente y candidato a la reelección, también ha sido duramente criticado por organizaciones sociales de derechos humanos nacionales e internacionales debido al manejo que le ha dado a las movilizaciones indígenas; según ellos, han sido represivas y violatorias de los derechos de los pueblos. Sin embargo, el pasado 12 de marzo, en las elecciones al congreso de la república, el presidente Uribe contó con el respaldo de algunos indígenas que se inscribieron en las listas de partidos uribistas, como Cambio Radical. Cabe anotar que ningún de ellos logró el favor del electorado.

Serpa y las minorías étnicas

Horacio Serpa Uribe ha manifestado que su gobierno contará con la participación de los mejores de cada sector social y de los diferentes grupos étnicos. Así lo señaló en marzo de este año cuando inscribió su candidatura a la presidencia de la república por tercera vez.

Dijo que durante su mandato participarán y actuarán quienes no han tenido la posibilidad de demostrar sus calidades y capacidades. Por lo menos la mitad del gabinete y de las entidades del estado que representan el gobierno serán manejadas por mujeres. También anunció la participación de las negritudes, los indígenas y los sectores sociales que siempre han sido relegados a un segundo plano.


“En mi gabinete van a estar los mejores, las personas que tengan un compromiso con nuestro proyecto político, van a estar las mujeres, cuando menos la mitad del gabinete y la mitad del Gobierno será atendido por mujeres, pero van a estar los que nunca han estado, la provincia, los campesinos, los trabajadores, los indígenas, los negros. A todos estos sectores a los que se les ha negado que demuestren su capacidad y su competencia van a estar en mi gobierno”, agregó que va a cambiar costumbre de que sólo las élites económicas y políticas sean las que gobiernen.

Indígenas y afros opinan

Luis Evelis Andrade Casama, presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, dijo a Actualidad Étnica que no ve en ninguno de los candidatos una propuesta de que tenga en cuenta la realidad de los pueblos indígenas, que materialice sus derechos. En el programas de campaña, agregó no hay una propuesta clara frente a la extinción de muchos pueblos indígenas; el diálogo y la concertación del desarrollo para estas comunidades; la inclusión de las problemáticas de los indígenas en los políticas públicas. “No veo, insistió, cuál es su proposición y pensamiento sobre los pueblos indígenas.

Sin embargo, el presidente de la ONIC, invitó a los indígenas a que ejerzan el derecho al voto y que lo hagan por el candidato que consideren más afines a la lucha y pensamiento indígena. “Aquél con mayor nivel de compromiso con nuestras comunidades; aquel cuyas propuestas respeten el derecho de los indígenas y cuya toma decisiones no nos afecte como pueblos, como la firma de tratados como el TLC”. Invitamos a los indígenas a que respalden las iniciativas en donde primen la solución dialogada conflicto, y no militar, en donde haya mayor inclusión social, puntualizó.

Por su parte, Carlos Rua, director de Ecotambor, organización afrocolombiana de territorio y de comunicación interétnica y director de interlocución de la red de justicia comunitaria, afirmó que la agenda afrocolombiana no está plenamente reflejada y visible en el conjunto de los programas de los candidatos presidenciales. “El problema fundamental no es que no estén contenidas, explícitamente, en los programas, las reivindicaciones represadas del pueblo afrocolombiano. Sí esto fuera así, a la comunidad afro le hubiera ido excelente con el estado comunitario del presidente Uribe, porque en su programa de los 100 puntos, estaban contenidas muchas reivindicaciones de los afro; pero en el transcurso su programa de gobierno, no sólo se paralizaron, sino que se perdieron muchos de los derechos conquistados por los afro”.

El candidato-presidente, no incluye en sus propuestas los aspectos específicos de los derechos de lo afro, y poco importaría si los incluyera, porque se sabe que no está interesado en volver real y concreto las reivindicaciones afrocolombianas. Sobre la titulación de tierras para las comunidades negras, no puede mostrar mayores logros, porque esto está contemplado en la constitución, así que Uribe se lleva los créditos, en los actos públicos, de lo que otros gobiernos han desarrollado, dijo Rua.

El actual gobierno no ha establecido ningún compromiso estatal para el desarrollo de estos territorios titulados, el retorno de la población desplazada y la recomposición de su tejido social, fragmentado por efecto de la política de seguridad democrática en donde lo militar está por encima de la convivencia pacifica de las comunidades.

Frente al candidato liberal, Horacio Serpa señaló que éste es uno de los que ha expresado voluntan política para incluir en su programa de gobierno representantes de las comunidades afro en la gestión pública. “Sin lugar a equívocos esta manifestación se corresponde con esfuerzos del pasado, (salto social 94-98), en donde se dinamizó el proceso de titulación de tierras, se fortaleció la política de formación de consejos comunitarios en la cuenca del pacífico y se trazaron los lineamientos curriculares de la cátedra de estudios afrocolombianos y la iniciación de fondo de becas afrocolombianas”.

De Gaviria, candidato del Polo Democrático Alternativo, anotó que no sólo ha propuesto incluir aspectos fundamentales de la agenda afrocolombiana, sino que se ha comprometido a aunar esfuerzos con la comunidad para evitar la aplicación del Tratado de Libre Comercio, TLC, el cual tiene efectos regresivos sobre la diversidad biológica y etno-cultural en los territorios ancestrales. “Gaviria se ha comprometido a contribuir a las suspensión de las fumigaciones en todos los territorios de las comunidades afrocolombianas; a reformular la política de bosque y agua para plantearla en sintonía con las propuestas y aspiraciones con las pueblos étnicos; a concentrar los esfuerzos del nuevo gobierno en la superación del conflicto armado para garantizar el retorno de las poblaciones desplazadas y a superar la discriminación y el racismo”, puntualizó.

Finalmente del candidato del partido Visionarios, Antanas Mockus, acotó que era proclive al TLC; de extraña aparición en los grupos étnicos y parcialmente comprometido con la política de seguridad democrática. “No recoge en su agenda y antecedentes, propuestas para poner en marcha un ‘combo vital’ incluyente de las aspiraciones de los pueblos afrodescendientes, indígenas y gitanos”.

 

 

 

Hace tan solo un par de días, el gobierno boliviano a la cabeza de Evo Morales anunció su propósito de industrializar la planta sagrada de la coca, de la que se elabora un sinnúmero de productos (té, bebidas, jabón, champú) que ya tienen compradores interesados en China, India, Venezuela y Cuba. Hace tan solo un par de días, el gobierno colombiano a la cabeza de Álvaro Uribe le manifestó a George Bush su deseo de que las fumigaciones aéreas se incrementen, a raíz de que los cultivos de coca no han disminuido de manera significativa y por ende el precio de la cocaína en las calles estadounidenses se mantiene.

 

El primero dice que la coca es cultura entre los pueblos indígenas bolivianos y que el problema es de los Estados Unidos. El segundo, manifestando un profundo desconocimiento de la cultura indígena, no dice nada…..tan solo repite lo de su homólogo del norte que ha desplazado su problema a los campos y ciudades de Colombia.

 

Hace ya varios años los indígenas Nasa del departamento del Cauca venimos desarrollando un proyecto de industrializar nuestra planta sagrada que se ha materializado con la elaboración del té de coca Nasa Esh y de la bebida Coca Sek, lo que podría constituirse (en caso de masificarse nuestra propuesta) en una alternativa sana, legal y posible para los cultivadores de la hoja que no tienen otros compradores distintos a los narcotraficantes. Sabemos que el narcotráfico es el combustible que atiza la guerra fraticida en nuestro país y por eso elaboramos y presentamos esta propuesta alternativa al pueblo colombiano, sin embargo el INVIMA se ha negado una y otra vez a darnos licencia para ambos productos, incluso en su último pronunciamiento nos advierte que su comercialización será restringida a regiones indígenas. ¿Por qué?

 

La razón parece obvia: a punta de té de coca y bebidas energetizantes ni Uribe Vélez ni las empresas asesoras norteamericas (Hallbury por ejemplo, de la que hace parte el vicepresidente Dick Chayne) continuarán recibiendo suculentas sumas de dinero (Plan Colombia) con las que mantienen su statu quo. La guerra es un negocio más promisorio que la paz y por eso los guerreristas vestidos de corbata desconocen, ignoran y reprimen las iniciativas ciudadanas que propenden por la construcción de una sociedad de todos y para todos. Las fumigaciones han demostrado que ocasionan el desplazamiento de los cultivos a otras regiones lo que a su vez dispara la deforestación de nuestro patrimonio natural, no en vano nunca antes se habían ampliado las fronteras cocaleras a tantos Parque Naturales poniendo en riesgo la pervivencia de futuras generaciones. Con nuestra propuesta –consonante a la boliviana- se pretende justamente lo contrario, más aún cuando para elaborar té o bebidas no se emplean los insumos químicos necesario (made in USA) que demanda el procesamiento de la cocaína y que al  ser vertidos a las fuentes de agua, entre otros impactos, contaminan los acueductos que surten a muchas de las poblaciones y ciudades colombiana.

 

Hace tan solo unas horas la mismísima esposa del presidente Uribe dijo que la legalización de la droga es un tema debía ser discutido. Nosotros decimos que legalicemos la coca no para elaborar droga sino para procesar productos sanos y alimenticios que redundarán en el desarrollo de las comunidades rurales a partir de lo cual estaremos caminando seriamente en la tan anhelada y esquiva paz.

 

Hace tan solo un par de noches nuestros espíritus nos aseguraron que la única lucha que se pierde es la que se abandona y por, a pesar de usted, mañana será otro día, señor presidente.


El proyecto del supergasoducto sudamericano, que transportaría combustible a través de la Amazonia y otros ecosistemas, recibe una lluvia de críticas en Brasil, donde varios sectores lo dan por muerto tras la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia.

El gasoducto "nació semimuerto", sin ninguna factibilidad económica, según Wagner Victer, secretario de Energía del oriental estado brasileño de Río de Janeiro. El proyecto "es una locura", completó el ambientalista Roberto Smeraldi, director de Amigos de la Tierra/Amazonia Brasileña.

La nacionalización de la industria del petróleo y el gas en Bolivia, decretada el 1 de mayo, puede ser el tiro de gracia para el gasoducto, consideran analistas. La medida, que afecta sobre todo a la petrolera estatal Petrobras, tensó las relaciones entre ambos países y reavivó la polémica sobre la dependencia brasileña del gas boliviano.

El ambicioso gasoducto, la obra de infraestructura física más grande de América del Sur, es impulsado por los presidentes Hugo Chávez, de Venezuela, Néstor Kirchner, de Argentina, y Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil.

Tendría por lo menos 7.000 kilómetros que pueden ampliarse a más de 10.000 dependiendo de la ruta elegida, según expertos. Transportaría 150 millones de metros cúbicos diarios y su construcción podría costar 25.000 millones de dólares.

El proyecto "no tiene coherencia económica", cruza muchos ríos y bosques haciendo imposible precisar sus costos, y encarecería demasiado el gas venezolano entregado en Argentina, si no es subsidiado por Brasil, dijo Victer. "El gasoducto quintuplicaría la actual dependencia brasileña en relación a Bolivia", sentenció.

Tras el anuncio de la nacionalización boliviana, el gobierno de Lula se apresuró a definir planes con Petrobras para la autosuficiencia nacional en materia de gas natural, acelerando la producción interna y medidas para importar gas natural licuado.

Pese al nuevo panorama, no se ha abandonado la idea del gasoducto. El 7 de junio, una reunión de ministros y otras autoridades evaluará en Caracas la marcha del proyecto, confirmó el ministro venezolano de Energía, Rafael Ramírez.

Hay siete grupos de trabajo estudiando los aspectos económicos, ambientales, de ingeniería, trazado de ruta, financiamiento y regulaciones que afectan al proyecto. Se va cumpliendo así el guión definido por Chávez, Kirchner y Lula en Sao Paulo el 26 de abril. La meta es que el gasoducto esté diseñado y listo para ser propuesto a los demás gobiernos sudamericanos en septiembre.

Entretanto, arrecian las críticas de ambientalistas y expertos en energía Según Adriano Pires, director de la empresa consultora Centro Brasileño de Infraestructura, el proyecto enfrenta riesgos ambientales, económicos, políticos, financieros y tecnológicos que lo hacen inviable.

La propuesta de "tarifa postal", que divide en partes iguales los costos del transporte del gas, significa subsidiar a consumidores más lejanos --argentinos y brasileños del sur--, en desmedro de las regiones más pobres del norte y nordeste de Brasil, observó Pires.

En lo político, los gobiernos que usan la energía como instrumento estratégico, violando contratos y estableciendo precios según sus intereses políticos, promueven la "desintegración energética", opinó el experto.

Bolivia, por ejemplo, deberá sufrir "una reducción de las reservas gasíferas ante la falta de inversiones", tras la nacionalización, afectando su capacidad exportadora, señaló.

También hay problemas tecnológicos inherentes a un proyecto tan gigantesco, agravados porque el gas venezolano es asociado al petróleo, destacó Pires. Ante tantas incertidumbres, "¿qué banco financiaría --y cómo-- una obra de 25.000 millones de dólares?", preguntó.

Venezuela posee las mayores reservas sudamericanas de gas natural --cerca de 4,2 billones de metros cúbicos--, pero "90 por ciento (de ellas) están asociadas al petróleo y para extraerlas hay que producir más crudo", confirmó a Tierramérica Elie Habalián, ex gobernador venezolano ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Los planes de inversiones de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), de más de 6.000 millones de dólares hasta 2012, aseguran gas suficiente para el gasoducto, según el ministro Ramírez. La producción actual, de 176 millones de metros cúbicos, casi se duplicará en seis años, contando con yacimientos en tierra firme y en aguas del Atlántico y el Caribe.

La integración y la necesaria diversificación de la matriz energética son argumentos de quienes defienden el gasoducto. Es un proyecto a largo plazo que "exige más estudios, con transparencia", pero sería importante para una integración sudamericana positiva, sostuvo Luiz Pinguelli, ex presidente de la estatal Eletrobrás, que controla la generación y transmisión de electricidad en Brasil.

El gas natural licuado, alternativa defendida por Pires y Victer como más viable y barata que el gasoducto, también está sujeto a las turbulencias internacionales y su precio tiende a subir ante la fuerte demanda de los países industrializados y los conflictos mundiales, argumentó Pinguelli, coordinador del Postgrado en Ingeniería de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

Pero no sólo la situación creada por la nacionalización de hidrocarburos en Bolivia conspira contra el gasoducto sudamericano. Este es "inviable por su impacto socioambiental", dijo a Tierramérica Adilson Vieira, coordinador del Grupo de Trabajo Amazónico, red de 600 organizaciones y movimientos sociales.

El gasoducto tendría "efectos sociales violentos", atravesando muchas áreas indígenas en Brasil y Venezuela y exigiendo desviaciones o compensaciones "incalculables", señaló.

"Obtener licencias ambientales para atravesar la Amazonia sería una hazaña. Si todo marchase bien, sin trabas judiciales, demoraría cinco o seis años como mínimo", evaluó Smeraldi, de Amigos de la Tierra.

Además enfrentaría disputas agrarias, especialmente en el norte y centro brasileños. Es "dificilísimo que se construya el gasoducto", pero hay que seguir discutiéndolo porque "otras locuras" ya se hicieron realidad en el subcontinente, alertó.

La resistencia ambientalista también es intensa en Venezuela. La organización Amigos de la Gran Sabana (Amigransa), que defiende un hermoso parque en el sudeste fronterizo con Brasil, advirtió que el proyecto sería "el paso definitivo para la destrucción de la Amazonia, la Guayana venezolana y diversos ecosistemas de la costa caribeña y atlántica".

"El solo planteo de este faraónico proyecto, inconsulto por demás, viola convenios sobre derechos económicos, sociales y culturales", dijo a Tierramérica María Eugenia Bustamante, portavoz de Amigransa.

Por lo pronto, en respuesta a la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia, Petrobras anunció que instalará en Brasil dos plantas de regasificación para importar gas natural licuado, con capacidad de procesar entre 18 y 20 millones de metros cúbicos diarios. Serán plantas sobre embarcaciones alquiladas, manera más rápida y barata de crear condiciones para el uso de esa alternativa.

Además decidió acelerar la producción nacional de gas natural en tres cuencas marítimas del sureste, añadiendo 24,2 millones de metros cúbicos diarios a la oferta actual hasta fines de 2008.

Petrobras pretende mantener el contrato que prevé importar 30 millones de metros cúbicos diarios de gas boliviano hasta 2019, pero descartó la anteriormente prevista duplicación de ese volumen.

* El autor es corresponsal de IPS. Con aporte de Humberto Márquez (Venezuela). Este artículo fue publicado originalmente el 27 de mayo por la red latinoamericana de Tierramérica. (FIN/2006)


En el marco de la celebración del “Día Mundial del Medio Ambiente” (DMMA), que se lleva a cabo el 5 de junio de cada año, es importante resaltar la importancia que tiene la preservación del mismo para los pueblos indígenas. Las Naciones Unidas pretenden a través de esta celebración estimular la preservación del ambiente a nivel mundial, además de promover la atención y acción política.

Para los indígenas el territorio es un conjunto de poder, la madre tierra es un ser vivo, que tiene un útero donde están sembrados ombligos que sustentan los hilos embrionarios de la gente. Por eso mismo, todo aquello que se haga a la tierra tendrá más que un impacto físico.

El territorio para los pueblos indígenas es la base de su subsistencia y fuente de sacralidad. Piensan y reivindican el territorio como inseparable de su cultura y base de su reproducción, y lo visualizan como el ámbito desde el cual ejercer una posible autonomía.

A diferencia de la visión occidental, en las sociedades indígenas los hombres forman parte de la naturaleza, junto con otros seres y ésta no puede ser objeto de explotaciones y agresiones. Cada vez que se presentan desplazamientos forzados, el desarraigo de estos pueblos no es sólo territorial sino también cultural ya que sus gentes arriesgan su identidad y costumbres una vez se encuentran fuera de sus territorios.

“A la madre tierra la defendemos con la vida”

Imer Villazón Arias, indígena Kankuamo explicó qué significa la naturaleza en sus vidas: “Para nosotros el medio ambiente es el territorio, y el territorio es el conjunto de aire, agua, alimentación, fauna, flora y animales, todo ellos intactos. El territorio para nosotros es más importante que los seres humanos, es el complemento de la madre tierra, y por eso lo hemos defendido a costo de la vida”.

En cuanto a la admiración que le rinden a la madre tierra, Villazón Arias aseguró que hacen rituales que pueden consistir en 4 noches de trasnocho, alimentación totalmente natural, sin sal, acompañamiento del poporo y escuchando al guía espiritual, todo ellos para tener una mayor conexión espiritual y demostrar el amor que sienten por ella.

Los kankuamos hacen un llamado a todos los colombianos y al mundo en general, para que aprendan a percibir a la naturaleza como un elemento vital, “nosotros le pedimos a la sociedad un cambio de actitud y de pensamiento, y que aprendan a entender que el desarrollo no es hacia el futuro, es hacia el pasado como vivieron nuestros ancestros. Los seres humanos debemos reconocer que no somos nada, lo más importante es lo que nos soporta, es decir la madre tierra y sin ella no podríamos vivir. Por eso nosotros no celebramos un solo día, para nosotros nuestra vida es la madre tierra”.

En cuanto al sistema de producción al ser considerada la tierra como la "madre", ella brinda los productos que alimenta a sus hijos (hombres). Este pueblo posee una gran carga espiritual, por ello para esta etnia que habita la sierra Nevada de Santa Marta, los picos nevados son considerados el centro del mundo. El mundo se concibe como dos pirámides sostenidas por una misma base. Internamente, lo conforman nueve mundos, cada uno con su propia tierra y sus propios habitantes. La tierra esta ubicada en el quinto piso. Hacia arriba los mundos están emparentados con la luz y hacia abajo están emparentados con la oscuridad.

La sierra es considerada como un cuerpo humano, donde los picos nevados representan la cabeza; las lagunas de los páramos el corazón; los ríos y las quebradas las venas; las capas de tierra los músculos; y los pajonales el cabello. Con esa base, toda la geografía de la sierra es un espacio sagrado.

Los Pijaos, otro pueblo indígena colombiano que habita en el departamento del Tolima, principalmente en los municipios de Ortega, Chaparral, Coyaima y Natagaima también poseen una estrecha relación con la naturaleza. Mauricio Chilatra, indígena Pijao aseguró que la relación de todos los pueblos indígenas con la naturaleza es muy similar y de gran importancia.

“Para los pueblos indígenas la naturaleza es nuestra madre, y por ello debemos tener una relación armónica con ella porque de eso depende nuestra supervivencia, ella nos da todos los componentes necesarios para vivir, por eso nosotros manejamos muchas relaciones con plantas, y animales”, asegura el indígena tolimense.

Los indígenas aseguran que al ser la madre tierra un ser vivo responde mal si la tratan mal, “es por ese irrespeto y maltrato a la madre tierra que estamos viviendo tantos desastres naturales, enfermedades y escasez de alimentación”.

Y es que incluso la percepción del origen del hombre para la mayoría de pueblos indígenas tiene una estrecha relación con la naturaleza, para los Pijaos, el primer hombre de su pueblo surge de una laguna, este mito de “la gran laguna”, afirma que como ésta se estaba secando un hombre nació de ella como una flor, con el único fin de preservarla y conservar su territorio.

Estas referencias en mitos y leyendas son comunes en todos los pueblos indígenas, de los cuales en su mayoría se han recopilado relatos que prueban su veneración al sol, a la luna los cuales consideran seres vivos, y que para ellos están íntimamente relacionados con su propio origen, es el caso de varios de ellos como el mito arhuaco “Cómo nacieron el sol y la luna”. Este relato cuenta que una india de este pueblo tuvo dos niños luminosos, que posteriormente fueron perseguidos por los mismos pobladores debido a su rareza, y para escaparse volaron al cielo convirtiéndose en el sol y la luna.

Los tiempos modernos en detrimento de la naturaleza

Actualmente varios factores afectan a la madre tierra de estos pueblos, entre ellos la violencia y la explotación de sus lugares sagrados sin consulta alguna; estos factores han dejado heridos, desaparecidos y muertos durante años. Ha sido una lucha que no ha cesado por defender sus territorios a cualquier costo incluso su propia vida ya que para ellos sin territorio no hay vida.

La violencia ha generado una amenaza constante al patrimonio inmateriales el caso del gran flagelo que han causado los grupos ilegales que han dejado minas antipersonal en gran parte del territorio colombiano, generando un ambiente poco apto  para  el desarrollo cultural de los indígenas. En el caso concreto de las minas antipersonal están siendo sembradas en los sitios de especial relevancia cultural como es el caso de lagunas, valles, piedras, cementerios, etc., lo cual se traduce en una amenaza permanente a sus territorios sagrados y como consecuencia a su patrimonio inmaterial, afectando sus vidas en todos los ámbitos que la componen: social, cultural, político, ambiental, entre otros.

Según datos del Observatorio de Minas, se realizó un sondeo entre el 23 y el 31 de enero de 2006, a voceros de 9 organizaciones indígenas, el cual arrojó porcentajes respecto a la distribución de minas antipersonal en territorio indígena: en los caminos se encontró el 38% de las minas, en los sitios sagrados el 25%, En las viviendas el 13%, y en los cultivos, zonas de casa y pesca, y fuentes de agua 6% respectivamente.

En cuanto a leyes de explotación de territorios, la ley forestal y la explotación de petróleo en territorios indígenas son una pequeña muestra de la situación que viven estos pueblos por preservar sus territorios. Para ellos esta explotación de los recursos naturales ha obedecido a una lógica cimentada en criterios economicistas de beneficio particular, por encima de criterios sociales, culturales y ecológicos.

Es por todo esto que los pueblos indígenas han defendido milenariamente su posición respecto a la visión que tienen de la madre tierra, porque para estos pueblos ella esta sobre todos nosotros, y cruza la vida en todos los ámbitos, lo cual significa que si la madre tierra es maltratada nosotros seremos los primeros perjudicados, teniendo en cuenta que todo es un ciclo y cada mala acción sobre la naturaleza repercutirá en nuestro detrimento.

Fuentes: ONU, Observatorio de Minas Antipersonal del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, www.etniasdecolombia.org.

 

 

La primera pregunta es el porque del enorme desarrollo de las plantaciones de la palma africana en el mundo actual, en los tres continentes del Sur, América Latina, Africa y Asia. La segunda cuestión es de conocer las condiciones dentro de las cuales se realiza esta extensión, condiciones ecológicas en primer lugar, porque remplazan en muchos casos cultivos o bosques existentes, y condiciones sociales, tanto para las poblaciones existentes que para los trabajadores del sector.

 

La intención de un estudio de este tipo es de alertar la opinión pública mundial y los líderes políticos sobre este desafío mayor, todavía poco conocido. La atención sobre el problema fue llamada en particular por la situación de varias regiones de Colombia, donde la extensión de la palma significó graves daños ecológicos y dramáticos incidentes sociales, implicando la intervención de paramilitares autores de masacres.

 

Por eso, una colaboración se inició entre la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz de Colombia y el Centro Tricontinental de Lovaina-la-Nueva, la primera concentrando su atención sobre la situación colombiana y el Cetri estudiando el aspecto internacional.

 

1.    La importancia estratégica de la palma africana

 

El consumo general mundial aumentara presupuestamente de 60 % entre 2002 y 2030 (J. Michel Bezat, 2006), lo que significa una necesidad enorme de energía nueva. Las fuentes principales actuales, el carbón, el petróleo, el gas, no solamente disminuyen, sino que son la fuente principal de la degradación del clima.

 

La seguridad energética es una preocupación mayor de los principales polos económicos del planeta. Ya no existe esta seguridad en caso de ruptura de la cadena del petróleo. La energía nuclear cubrirá según las previsiones, solamente el 4 % del consumo mundial en 2030 y provoca muchas objeciones por su peligroso potencial y por el grave problema de los deshechos (Pierre Eyben, 2006, 11-13) al mismo tiempo que de ser vulnerable técnicamente.

 

La energías solares, aeromotores, geotérmicas, marinas, conocen un desarrollo importante, pero son incapaces en un futuro previsible de satisfacer la demanda mundial en electricidad, estimada a 26 018 mil millones de Kw en 2025 (14 767,75 en 2000), sin hablar de la necesidad de disminuir la producción eléctrica gravemente contaminante (carbón, petróleo) que en 2004 representaba todavía más del 60 % (J.M. Bezat, 2006).

 

Un problema similar se plantea para lo medios de transporte que contribuyen por una parte importante a la producción de CO² en la atmósfera y que, a pesar de la disminución del consumo de los motores, padecen también del aumento del precio del petróleo (Stephane Lauer, 2006ª). Se calcula que el día que los Chinos compren tantos vehículos como los Europeos, su consumo de energía será equivalente a mil millones de toneladas equivalentes-petróleo (Stéphane Lauer, 2006b).

 

Todo eso hacer prever que estamos saliendo de la era del petróleo y que el carbón, todavía abundante, no será una solución adecuada inmediata por el costo que representa de su utilización con menos producción de CO².

 

Es así que se abre el camino a la utilización de la biomasa, es decir, la energía producida a partir de la madera, de los deshechos vegetales o también de la caña de azúcar, del maíz, del trigo, del colza, de la remolacha. Esta fuente de energía representa por el momento 14 % de la producción energética mundial (30 % en los países en desarrollo).

 

El director de la fundación Zeri en Ginebra, el Doctor G. Pauli, afirma que la palma africana produce 200 millones de toneladas de biomasa por año, de la cual se utiliza sólo el 10 %. Una parte importante está incinerada, lo que produce más CO². Se estima que cada hectárea produce 25 toneladas de deshechos vegetales (G. Pauli, 1999), que pueden ser utilizadas para producir energía a partir de la biomasa.

 

La producción de metanol de origen vegetal tiene varias aplicaciones. La más conocida es su transformación en biocarburante (petróleo verde o fresco). Se prevee que en 2010, esta fuente representará el 5,75 % del consumo europeo. Para eso se estima que 17 millones de hectáreas, sobre los 97 millones existentes, tendrán que ser utilizados a este fin (Dominique Gallois, 2006). Ya en 2005, el "fiul flexible" (alcohol incorporado a la gasolina) está utilizado por más de 300 000 vehículos en Brasil.

 

La otra aplicación es la utilización del hidrógeno, con la pila a hidrógeno, no contaminante y produciendo sólo agua y calor. La primera generación utiliza hidrógeno extraído del metanol proviniendo del carbón y del gas natural. La segunda generación utiliza el mismo gas extraído de la biomasa (electricidad que permite electrolizar agua y producir hydrógeno). Se trata del hydrógeno verde.

 

Jérémy Rifkin, presidente de la Foundation on Economic Trend, habla de una nueva era energética y de una tercera revolución industrial (J. Rifkin, 2006). La aplicación será una realidad desde 2007 para las computadoras y otros instrumentos de comunicación y, según el mismo autor, en 2010-12, para vehículos, buses y camiones, como para redes eléctricas. Aunque esta posición aparezca para muchos demasiada optimista, indica bien la dinámica del futuro.

 

Frente a esta situación se plantean estrategias de control económico de la escala mundial y también problemas geopolíticos tanto inmediatos como a medio y largo plazo. Es en este contexto que aparece la extensión del cultivo de la palma africana.

 

2.    La extensión del cultivo de la palma africana

 

La palma africana (elaeis guineensis) proviene de Africa y fue utilizada desde millares de años para obtener el aceite. Representa casi el 25 % de la producción de aceites vegetales en el mundo.

 

Africa central fue el productor principal, el Congo en particular antes de su independencia, y ahora el Nigeria (64 % en los años 60). Desde los años 80, es Malasia que superó, pues dominó el mercado. Sin embargo, con la crisis asiática de 1997, la tendencia fue de invertir en otras áreas del trópico. En América Latina, después de un ensayo poco exitoso en el principio del siglo 20, se retornó al cultivo de forma extensiva desde el fin de los años 80.

 

El trabajo que empezamos, consistirá a estudiar la extensión del cultivo en los varios continentes del Sur, para saber como se extiende este tipo de cultivo y en la medida de lo posible cual es el uso de los productos de las palmeras.

 

Por el momento, el uso alimentario de aceites vegetales queda predominante, aún para la palma africana, pero se prevé que su papel en la producción de energías renovables aumentará rápidamente.

 

La palma africana produce dos tipos de aceite, proveniente respectivamente del fruto y de la semilla. Los arboles dan frutos después de 4 a 5 años y se encuentran al máximo de la producción a los 20 a 30 años. El aceite alimentario se comercializa en aceite comestible, margarina, cremas, etc. El aceite industrial se utiliza en la fabricación de cosméticos, jabón, detergentes, velas, lubrificantes, etc.

 

En 1997, sobre 6,5 millones de hectáreas, 17,5 toneladas eran del fruto de la palma y 2,1 toneladas de la semilla. La estabilidad de la demanda, debida en parte a las tendencias de interrelación con otros tipos de aceites y el incremento desproporcionado de la producción, además de otros factores, han provocado que en los últimos años el precio disminuya de manera constante. Es el caso de todos los productos agrícolas.

 


El 25 de mayo se realizó en Bogotá una reunión entre las entidades estatales y el pueblo wiwa para evaluar el proceso de implementación de las medidas cautelares decretadas durante el mes de febrero de 2005 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esta oportunidad el coordinador de Derechos Humanos de la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tairona, Pedro Loperena hizo énfasis en la petición de la comisión, respecto a la necesidad de adoptar las medidas pertinentes para “preservar la vida y la integridad personal de los miembros del pueblo wiwa de la Sierra Nevada, respetando su identidad cultural”. De acuerdo a ello los wiwa han manifestado en los diversas reuniones con el gobierno que la formulación e implementación de las medidas cautelares debe hacerse de acuerdo a sus usos, costumbres, creencias y tradiciones.

En ese sentido, el pueblo wiwa ha manifestado que las medidas cautelares deben incluir la compra por parte del Estado de todos las tierras que se encuentran en la línea negra y que en este momento están en manos de colonos, para que de esta manera los indígenas puedan cancelar a la madre naturaleza sus tributos espirituales. Otro de los aspectos que debe contemplar la implementación de las medidas es que el Estado suministre los medios necesarios para que además de los trabajos espirituales colectivos, también sea posible la realización de los trabajos individuales o personales con los mamos y que esto se complemente con el fortalecimiento organizativo del pueblo wiwa, mediante la consolidación del gobierno propio. De esta manera, la adecuación sociocultural de las medidas de protección radica fundamentalmente en posibilitar la realización de los trabajos espirituales que desde tiempos inmemoriales han utilizado los wiwa para preservarse como pueblo.

Esta es la cuarta reunión que se realiza en el marco de la concertación de las medidas cautelares y en los próximos días se realizará un nuevo encuentro con los representantes de las entidades públicas que tendrá lugar en la Sierra Nevada de Santa Marta. El objetivo de dicha reunión es concretar al Estado en la asunción de compromisos que permitan la implementación de las medidas de protección propias que han venido siendo discutidas por el pueblo wiwa en reuniones de carácter interno.

A la par del avance del proceso de concertación de las medidas cautelares, la situación del pueblo wiwa continua siendo crítica. Como consecuencia del asesinato de Marcelino Pacheco Malo a manos de presuntos paramilitares el pasado 12 de mayo, 21 indígenas se desplazaron hacia Riohacha. De otra parte, parece ser que muy cerca de la finca Torcoroma, en el corregimiento de Mingueo, lugar en donde fue asesinado Marcelino desaparecieron dos wiwa, que al parecer y según versiones preliminares de algunos familiares, fueron descuartizados y luego sepultados. Aunque aun no hay claridad sobre los hechos, lo único cierto es que el sector esta operando un grupo armado que hacia parte de la estructura paramilitar comandada por Jorge 40 y que no hizo parte del reciente proceso de desmovilización.


Hace aproximadamente siete meses, 50 hombres vestidos de camuflado y con los rostros cubiertos arribaron a la comunidad wayúu de Cucurumana, en el municipio de Manaure y se llevaron a un indígena del clan Uriana que en el momento se encuentra desparecido. De otra parte, en las comunidades de Puerto Nuevo (Uribia) y Carraipa (Maicao) se han venido presentando enfrentamientos entre un grupo de indígenas wayúu y el Frente Contrainsurgencia Wayúu, que hacía parte del bloque Norte de las AUC. Según informaron líderes indígenas estos enfrentamientos se vienen presentando desde el momento en que fue capturado Chema Bala, presunto responsable de la masacre de Bahía Portete ocurrida en el mes de abril de 2004.

Al parecer el grupo paramilitar, pretende apropiarse de Puerto Nuevo, territorio indígena al cual los wayúu no están dispuestos a renunciar, pues se trata de un elemento fundamental a partir del cual construyen y recrean su cultura como pueblo indígena. En éste caso, al igual que en el de Bahía Portete la intención de los paramilitares es despojar al pueblo wayúu de sus territorios ancestrales con el objeto de mantener el control absoluto del puerto y así controlar el tráfico de drogas, armas y combustible.

De otra parte, hace dos años 74 indígenas wayúu que habitaban en el municipio de Barrancas tuvieron que desplazarse hacia Palomino en el municipio de Riohacha, luego de que miembros de la guerrilla convirtieron el territorio indígena en su campamento. Hace seis meses, cuando se reporto la desaparición forzada de un blanco habitante del lugar, la población indígena se vio obligada a desplazarse por segunda vez hacia Santa Marta.

Actualmente, son 154 los indígenas wayúu provenientes del Resguardo de la Alta y Media Guajira que se encuentran en Santa Marta, sin embargo Gloria Epinayú, líder indígena aclaró que este dato es parcial y que el número real de desplazados es mucho más alto y además señaló que otros indígenas optaron por desplazarse hacia Venezuela.

En este momento y de acuerdo a la información suministrada por una representante de la Fundación para el Desarrollo Humano Comunitario de Santa Marta, la situación que enfrentan los indígenas es sumamente crítica, ya que ni siquiera cuentan con un albergue o sitio de concentración, sino que sencillamente se han ido movilizando entre los diferentes barrios de Santa Marta y actualmente, se encuentran ubicados en el barrio Cristo Rey. Los problemas de salud no se han hecho esperar y a pesar de que han podido acceder al servicio público de salud no han podido acceder a los medicamentos. En este momento los más afectados son los ancianos y los niños, quienes presentan cuadros diarreicos.

Luego de casi cinco meses de la llegada de los indígenas a la ciudad de Santa Marta, hasta hace solo un mes fue posible que los mismos rindieran su declaración ante el Ministerio Público para ingresar al Sistema Único de Registro de Acción Social y hace solo una semana fueron beneficiarios de unos mercados entregados por dicha entidad. Al parecer, la entidad argumentó que dichas familias no eran desplazadas por el conflicto armado y que el propósito real era aprovecharse de las ayudas y los beneficios que otorga el gobierno a la población desplazada. El mismo argumento fue utilizado con los indígenas desplazados que se encuentran en la localidad de Wepiapaa, municipio de Dibulla. Lo preocupante es que aun no se sabe cual va a ser la respuesta institucinal

Aunque desde hace varios meses, diferentes organismos de derechos humanos, las comunidades indígenas y la defensoría del pueblo vienen advirtiendo acerca del mantenimiento y consolidación de los paramilitares en la Guajira. Hasta el momento, las autoridades no han adoptado las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de los indígenas wayúu de la península de la Guajira, quienes vienn siendo víctimas de un permanente proceso de despojo territorial que continua respondiendo a las lógicas de los mercados ilegales que pretenden manejar los paramilitares. Tal y como se señala en un artículo de la revista Cambio[i], el Frente Contrainsurgencia wayúu se fortaleció con el ingreso a sus filas de 80 desmovilizados del Bloque Norte, lo cual se ha venido confirmando con las permanentes denuncias que desde enero han hecho públicas las comunidades.

Y la situación se torna aún más compleja si se tiene en cuenta que en el caso de los wayúu, ya se han presentado disputas y enfrentamientos armados, que según los indígenas responden a una estrategia por la defensa de su territorio y de su pueblo, ante la poca o nula efectividad de las acciones estatales para velar por los derechos de los pueblos indígenas.



[i] “El reciclaje para”. En: Revista Cambio. http://www.cambio.com.co/html/portada/articulos/4930/



“Túpac Yupanqui explorador”. Un reciente libro del historiador José Antonio del Busto da cuenta de una hipótesis que no tiene pruebas concluyentes, pero que resulta imposible rechazar: Túpac Yupanqui fue el descubridor de Oceanía.

Durante el siglo XV, fueron los navegantes portugueses los que más habían ensanchado el mundo que conocía Occidente. A lo largo de esa centuria, los predecesores, contemporáneos y quienes siguieron el afán explorador de Enrique el Navegante o Vasco da Gama, en suma, habían tocado las costas del Brasil, bordeado prácticamente todo el litoral africano, tocado parte de las orillas de India y hecho algún escarceo por las costas de Groenlandia y América del Norte, lo que no era poca cosa.

Pero desde puertos aún ignorados por las metrópolis europeas, otros viajeros, sin contar con galeotes o instrumentos de medición tan sofisticados, iban haciendo sus propios trazos, a punta de balsas y velas, en ese vasto fresco geográfico que es el mapamundi.

Y los antiguos peruanos no fueron precisamente ajenos al antiguo y venerable arte de hacerse a la mar. Túpac Yupanqui (1440-1485) -hijo de Pachacútec, décimo inca del Cusco y segundo emperador del Tahuantinsuyo- fue no solo el responsable de la más importante expansión territorial inca, sino además el líder de una expedición marina que marcaría un hito en la historia de la navegación, al haber arribado, por primera vez, a las islas de Mangareva y Pascua, convirtiéndose ni más ni menos que en el descubridor de Oceanía.

Pero no sería esta la primera de sus aventuras oceánicas. Cuando se hallaba en pleno proceso expansionista por la costa norte del Pacífico, entre los actuales territorios de Perú y Ecuador, Yupanqui tuvo ocasión de conocer de cerca la habilidad para la navegación que tenían los lugareños y, más aun, basado en sus relatos, dedujo la posibilidad de que existieran tierras desconocidas en el centro del océano. Y no se equivocó, pues aquello que excitaba la imaginación del inca eran las Islas del Poniente.

Rumbo a las Galápagos

A 965 kilómetros de las costas de Ecuador se encuentran las islas Galápagos, un archipiélago de trece islas que distan entre 85 y 100 kilómetros entre sí. Su aspecto es volcánico, su flora pobre; pero su fauna, en conjunto, debe haber sido lo más cercano al paraíso que conoció Charles Darwin, el gran naturalista del siglo XIX.

Pero algunos siglos antes, Túpac Yupanqui habría arribado a la Isabela, la isla mayor del conjunto, identificada en el imaginario mítico como Isla de Fuego o Ninachumbi, pero el inca no habría logrado dar con el oro ni las personas mencionadas por sus informantes, información que además corroboró el nigromante Antarqui, que acompañaba al inca en todos sus viajes. La Isabela, pues, estaba deshabitada.

Yupanqui, por otro lado, tenía otras motivaciones para emprender este viaje, más allá del simple afán de riqueza. Una de ellas, acaso la más poderosa, era que en el mar del Hurín Pacha (mundo de los nacidos) moraba Kon Ticsi Huiracocha, de modo que el viaje encerraba también un propósito místico-religioso, ya que pretendía un encuentro con el Hacedor del Universo.

Lo cierto, en todo caso, es que habría estado deambulando, maravillado, entre enormes tortugas, iguanas de más de un metro de longitud e imponentes lobos marinos, para no olvidar por lo menos veinte especies de aves, como cormoranes, rabihorcados, pájaros bobo o pinzones. Pero de oro nada y de Kon Ticsi menos.

Es obvio que volver al Cusco solo con el recuerdo de una fauna extraña no correspondía a su investidura. Por eso decide proseguir su viaje, sin saber que cruzaba la línea equinoccial, para dirigirse a Auachumbi, la Isla de Afuera, que en realidad debe haber sido Terarequí, la más grande de las Islas de las Perlas, en mar panameño.

Terarequí era llamada también Isla Rica, Isla del Rey e Isla de las Flores y en su "Décadas del Nuevo Mundo", el erudito italiano Pedro Mártir de Anglería aseguraba que allí podía uno pasársela opíparamente alimentado, debido a su abundancia de frutos, peces, ciervos, conejos y otros manjares en medio de su verdísima exhuberancia tropical.

Y de esa misma isla, o tal vez de la costa panameña, debieron provenir los trofeos que exhibió el inca al retornar a la ciudad imperial: hombres de piel oscura -melanodermos, que pudo recoger también en Oceanía o en la Isla de Pascua- y cueros y restos de animales desconocidos, que algunos cronistas de Indias confundieron con un caballo.

Un muro inca en pascua

Desde las costas de Manta, en Ecuador, Yupanqui, al mando de su "armadilla", habría de recorrer unas cuatro mil millas marinas antes de avistar las islas de Polinesia oriental y llegar luego al archipiélago de las Marquesas, hecho que ha quedado registrado en la tradición oral de la isla Mangareva, que alude a Tupa, un caudillo que tocó sus costas al mando de su flota. ¿Será este Tupa de los polinesios nuestro inca? No hay forma de probarlo, pero sugerirlo no es de ningún modo aventurado, como tampoco sería aventurado decir que Yupanqui, al poner pie en Polinesia, sería el descubridor de Oceanía.

De regreso al Tawantinsuyo, Yupanqui hace una parada en la Isla de Pascua, donde encontró, para su sorpresa, que crecían allí la totora y el camote, sin que hasta hoy no se haya explicado cómo llegaron o quién las llevó hasta allí.

Más curioso todavía es que al sur de dicha isla haya unas ruinas que, a pesar de ser consideradas parte del estrato arqueológico más antiguo del lugar, tienen un asombroso parecido con una construcción incaica -en especial con el estilo de Sacsahuamán y Ollantaytambo- y estas serían obra del mismo Yupanqui.

Misterio en pie

Todo esto lo relata con mayor detalle y acierto el historiador José Antonio del Busto en su reciente Túpac Yupanqui descubridor de Oceanía (Fondo Editorial del Congreso de la República), un volumen que seguramente despertará polémicas.

Del Busto sabe perfectamente los límites de sus hipótesis sobre estos viajes descubridores y los expresa con transparencia: todos los indicios apuntan a que esto sucedió, entre otras cosas porque desde el punto de vista náutico es posible que así haya sido -los capítulos dedicados a las balsas y a la navegación en aquellos tiempos refuerzan esta idea-, pero admite que no hay prueba histórica, material y concreta, más allá de restos arquitectónicos, algunas leyendas orales -originarias de los lugares que Yupanqui habría descubierto- y textos recogidos por cronistas.

¿Estuvo Yupanqui en las Galápagos? ¿Descubrió Oceanía? ¿Mandó levantar un templete en honor al Sol al sur de Rapa Nui? Todo sugiere que sí, pero la historia, en todo caso, seguirá en deuda con nosotros. Y me temo que esa deuda será impagable, por más que los indicios quieran honrarla.

A casi una semana de que Álvaro Uribe Vélez fuera reelecto como presidente de los colombianos en la primera vuelta y con mas del 62% de la votación, representantes de los diferentes grupos étnicos del país, opinan sobre los efectos que esta decisión tendrá en sus pueblos. Luis Evelis Andrade Casama, presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC; Gerardo Jumí, congresista indígena; Carlos Rúa, líder de las comunidades afro y Ricardo Cristo Zerda del proceso organizativo del Pueblo Rom (gitano) de Colombia, PROROM, compartieron con Actualidad Étnica sus impresiones sobre la reelección de Uribe y los retos que deberá asumir en el periodo 2006-2010.

 

Héctor Mondragón, economista y conocedor de los pueblos indígenas de Colombia, en un su artículo Lucharon contra el gobierno de Uribe en las carreteras y lo derrotaron en las urnas”, analizó los resultados electorales a la luz de la votación indígena demostrando, que si bien Uribe arrasó con más 60% de la votación, dentro de este porcentaje no hubo un respaldo de los pueblos indígenas, por el contrario estas comunidades apoyaron a la opción diametralmente opuesta al actual mandatario, Carlos Gaviria, candidato del partido de izquierda, Polo Democrático Alternativo, PDA. Un claro ejemplo de ello se vio en el Cauca.

 

“En Toribío, símbolo de la resistencia indígena, Carlos Gaviria recibió 5.186 votos (80% de los votos válidos), contra 368 de Uribe. En Jambaló, municipio casi totalmente poblado por indígenas Nasa, el resultado fue Gaviria 3056, Uribe 182, otros 0. Carlos Gaviria también venció a Uribe en municipios de alto porcentaje de población indígena, como Silvia (4.432 - 1.890); Corinto (4.144 - 1.130); Caldono (4.463 - 1.600); Puracé e Inzá (por más de 1.300 votos, Gaviria ganó en 12 de los 15 puestos y en el 80 % de las mesas). Fuera del Cauca Gaviria ganó en Cumbal, Guachucal y otros de Nariño y en Tubará (Atlántico, indígenas Mocaná) donde Gaviria obtuvo 1.437, Uribe 1.234 y Serpa 1.027”. La votación de los indígenas para Mockus alcanzó en Belalcázar (Cauca) y en Calderas un número importante pero no representativo del sentir de estas comunidades.

 

Los indígenas no apoyaron al candidato presidente, dice Mondragón, “porque tienen una gran conciencia sobre los perjuicios que el TLC causa a Colombia. Porque el gobierno ha presentado proyectos de ley y reforma constitucional adversos a los indígenas, algunos de los cuales son ley. Especialmente porque han luchado y han concebido que tenían que expresar institucionalmente esa lucha y su resistencia, en las urnas.” Estas son precisamente las razones que esgrimen los representantes de los grupos étnicos al referirse sobre la reelección, al tiempo que planten cuáles serán los retos de de Uribe en el nuevo período presidencial.

 

Los retos de Uribe según los indígenas

 

“La votación indígena por Carlos Gaviria refleja un nivel de coherencia del movimiento indígena y sus organizaciones. Estos votos no hubieran podido ser para el Uribe o Serpa. Sin que hubiese definido una clara propuesta para los indígenas, Carlos Gaviria, representaba una alternativa para nuestros pueblos, una cercanía y un diálogo  claro y sincero. Los indígenas dijeron con su voto, que las políticas de Uribe nos le son favorables, y eso es un reflejo del alto número de líderes asesinados, desplazados, la violación de los derechos fundamentales de nuestras comunidades, la aprobación de medidas como la Ley Forestal y la implementación de del Tratado de Libre Comercio, TLC”, afirmó Luis Evelis Andrade, presidente de la ONIC.

 

Andrade señaló que Uribe, en su nuevo periodo como presidente, deberá definir con claridad una política pública de protección a los pueblos indígenas, a su integridad física y cultural. “A pesar del avance de los pueblos indígenas, de su reconocimiento constitucional y de que Colombia es un estado social de derecho, los pueblos indígenas se están extinguiendo por el abandono del estado, las fumigaciones y la guerra”. A pesar de que el presidente Uribe ha dicho que bajo presión no negocia, es necesario que se siente a dialogar de manera franca y directa con los indígenas, indicó Andrade, será uno de los retos más importantes que debe asumir Uribe, “ese diálogo debe estar encaminado la consolidación de una política pública que se vea en los presupuestos de estado, los planes de desarrollo y en los procesos de concertación”.

 

Frente al TLC, tratado que según Andrade afectará negativa y directamente a los pueblos indígenas de Colombia, Uribe tiene que demostrar que éste si va a favorecer a los colombianos y no sólo a algunos sectores y en consecuencia se debe desarrollar reales procesos de consulta con los pueblos indígenas en esta materia.

 

Con relación a conflicto armado, Uribe tiene la responsabilidad de demostrar al país procesos de verdad, justicia y reparación. Esclarecer los hechos en los que los paramilitares y cualquier otro grupo armado han sido partícipes. Mostrar resultados con cifras en la devolución de las tierras a los desplazados, puntualizó el presidente de la ONIC.

 

Por otra parte, Gerardo Jumí, indígena Embera Katio y senador de la república, quien tuvo una abierta confrontación con el ahora presidente reelecto por causa de su apoyo a las movilizaciones indígenas en el Cauca, dijo que el temor para los indígenas y para el estado social de derecho es que Uribe y sus representantes en el congreso menoscaben los  presentes proyectos de ley y reformas constitucionales que van cercenen los derechos ganados en la constitución del 91; que continúe la primacía del uso de la fuerza sobre el dialogo, especialmente en lo que tiene que ver con la protestas social y de los indígenas. “Cuando una persona logra un reconocimiento tan alto por una parte de la sociedad puede caer en hechos desmedidos, puede abusar del poder”, afirmó.

 

Uribe debe hacer lo contrario a lo que ha hecho en estos años con los pueblos indígenas, sostuvo Jumí. “Debe, trabajar más bien, en la real protección de los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas, concertando con esta comunidades una política pública pare lograr este propósito. Su principal reto es afrontar y solucionar fenómenos como el desplazamiento forzado, homicidios, agresiones y retenciones arbitrarias, situaciones que han sido denunciadas permanente por las organizaciones indígenas durante su mandato”, anotó el congresista, quien además lo instó a garantizar el aseguramiento territorial para los indígenas y aumentar el presupuesto para estas materias.

 

En el mismo sentido se manifestó Carlos Rúa Ángulo, representante legal de la Red de Justicia Comunitaria y Tratamiento de Conflictos, integrante del Nodo afrocolombiano de la red de justicia comunitaria y director de la organización afro, ECOTAMBOR.

 

El voto Afro

 

Rúa sostuvo que el voto afro estuvo del lado de Carlos Gaviria, pues existía un estrecho vínculo entre su programa de gobierno y el movimiento social afrocolombiano. Con Gaviria, dijo Rúa, las comunidades afroclombianas podrían avanzar en mejores condiciones en la construcción de un camino de reconocimiento de la diversidad, un camino de la lucha contra el racismo, un camino que haga posible la paz en los territorios ancestrales hoy convertidos en teatros de operaciones militares ofensivas, o las zonas de amplio asentamientos de población desplazadas. “La identidad cultural en el que hubiera sido en el gobierno de Gaviria, podría ser respetada no sólo por que se evite tomar lo negro como malo si no por que habrían políticas de transformación material y espiritual de las condiciones de desigualdad y exclusión”.

 

Según Rúa, la discriminación, es un problema que no distingue gobiernos, pero en el caso de Uribe aumentará “La discriminación  como imaginario se propone establecer una forma de racismo sociolingüístico que se encuentra presente en el inconsciente colectivo de la sociedad,  se reproduce por parejo y sólo necesita de papagayos que lo reproduzcan inconscientemente o planificadores racistas conscientes para extenderse  en los medios, en la escuela y en la sociedad, sin diferenciar a los constructores de sociedad democrática y pluralista  de los constructores de sociedad bonapartista, vertical y con fachada paternal, poncho y sombrero”.

 

“Esta reelección sin lugar a equivocarse traerá para los pueblos afrocolombianos retorno sin alternativa de muchos exiliados colombianos por razones económicas conocidos como polizones, léase hijos de la desesperanza que debieron partir desde los puertos de Buenaventura y  de Turbo con mayor angustia durante el periodo de Gobierno de Uribe y hoy no encuentran protección en las recientes políticas de atención migratoria  de Norteamérica”, agregó. Rúa, afirmó que con el TLC, se pondrán en marcha megaproyectos de expansión portuaria, explotación forestal, agua y biodiversidad, en desmedro de los bosques primarios. El conflicto armado seguirá su espiral con su punta de lanza “la seguridad democrática” y sus secuelas de  desplazamientos a los pueblos ancestrales. “En fin la reelección es para los pueblos afrocolombianos la guerra prolongado llena de tragedia y dolor”.

 

Entretanto, para el pueblo Rom de Colombia, la ratificación de Uribe como presidente no será muy beneficiosa para su comunidad.

Los gitanos y la reelección de Uribe

 

Ricardo Cristo Zerda, abogado Rom, miembro del Proceso Organizativo del Pueblo Rom (Gitano) de Colombia, PROROM e integrante de Miredes Internacional (actores migrantes, refugiados y desplazados en América), sostiene que la reelección de Álvaro Uribe afecta al pueblo Rom porque se continuará con la política de seguridad democrática. “A pesar de que la seguridad en las vías nacionales para facilitar nuestro desplazamiento y actividad comercial e itinerancia, se supone que es mejor, a la vez vemos que se fortalecería aún más el plan Colombia, las operaciones militares como el plan patriota, que lo que logran es exacerbar el conflicto armado, pues estamos seguros que las acciones de los paramilitares no van a detenerse, sino se aumentarán bajo la supuesta excusa de la contención de una arremetida guerrillera generalizada, la cual sabemos que puede ocurrir en respuesta a la propuesta que busca obtener favorabilidad en la opinión, del presidente que desea dialogar con las FARC”. 


Por otra parte, dijo que Cristo Zerda, a pesar de las buenas relaciones con Washington, Uribe no ha tenido una posición de apoyo a los colombianos frente a la Ley de Migración de EE.UU., que afecta de manera directa a los gitanos, pues muchos miembros de esta comunidad podrían ser deportados masivamente, y como es sabido habría más trabas para obtener visas hacia allá para que pudiésemos visitar a nuestras familias.

 

“Estos hechos atentan contra nuestro principio cultural de itinerancia, de unión de clanes familiares, y a pesar de la imposición del TLC, no tendríamos a cambio ese libre intercambio de personas y de mano de obra. Por todo lo anterior, el gobierno de Álvaro Uribe, aunado a que no tiene planes concretos para la inversión social que faciliten mecanismos de desarrollo alternativo que favorezca nuestra productividad económica, sino que favorece el interés del capital de los privilegiados, no era la mejor opción para nuestro pueblo Rom”, afirmó el asesor jurídico del Pueblo Rom.

 

Según Cristo Zerda, contrario a las propuestas de Uribe, Carlos Gaviria Díaz, “acogió en el seno de su campaña las propuestas de un verdadero Estado Social de Derecho pluriétnico, multicultural, tolerante, no excluyente que además generó en un amplio sector de la sociedad con voto de opinión y no de manipulación de medios ni de presiones paramilitares, una gran confianza en las políticas de inversión social, de modelo de desarrollo propio, del establecimiento de relaciones internacionales de respeto a la soberanía donde se produjera el intercambio sur-sur y no la imposición imperialista del Norte al patio trasero”.

 

Cabe anotar que los Rom no sólo apoyaron a Carlos Gaviria, sino que estuvieron vinculados activamente en su campaña. Ana Dalila Gómez Baos, mujer y líder de la comunidad gitana en Colombia, hizo parte de la lista del Polo Democrático Alternativo (PDA) al Senado de la República en marzo de este año.

 

Finalmente, el pueblo Rom ha expresado su inconformidad con el presidente Uribe. “Pese a que representantes de PROROM, en reunión celebrada en el Palacio de Nariño con Álvaro Uribe Vélez en enero de 2003, presentaron un documento para concretar el reconocimiento del pueblo Rom y avanzar en el reconocimiento de sus derechos colectivos y hubo compromisos del Gobierno Nacional al respecto, transcurridos tres años la situación sigue igual o peor para el pueblo Rom. Las promesas gubernamentales quedaron en el aire y los compromisos adquiridos no fueron cumplidos. Nada dice que cuatro años más de las mismas políticas, van a redundar en beneficio del pueblo Rom”, puntualizó Yoska Bimbay integrante de PROROM.


El departamento del Putumayo enfrenta una situación de violación sistemática de los derechos humanos que se ha visto agravada por la expansión de los cultivos de coca y la política de erradicación de cultivos a través de las fumigaciones aéreas. Durante mucho tiempo, los cultivos de coca han sido la única alternativa económica de las comunidades del Putumayo y aunque recientemente se han adelantado programas orientados a la sustitución manual de los cultivos, el incumplimiento reiterado por parte del gobierno ha hecho que las comunidades identifiquen como única opción la resiembra de cultivos ilícitos.

En ese contexto las denuncias de las comunidades del departamento han sido reiterativas al señalar que las fumigaciones aéreas han causado de manera paulatina daños en los suelos, las fuentes de agua y los cultivos lícitos, causando así una verdadera situación de inseguridad alimentaría que pone en riesgo la vida y la salud de los indígenas y campesinos. Aunque la Corte Constitucional se ha pronunciado en varias oportunidades reiterando la obligación del Estado de cumplir con los compromisos adquiridos con las comunidades y de adelantar los procesos de consulta previa, lo cierto es que hasta el momento se ha hecho caso omiso de dichos pronunciamientos judiciales.

Además de ello y en el marco del Programa de Áreas de Desarrollo Alternativo Municipal (Fase II del Plan Colombia) se han venido adelantando labores en torno a la implementación de monocultivos que atentan y afectan la cultura y los modos de vida tradicionales de las comunidades indígenas. El pasado 12 de abril los pueblos Embera y Awa presentaron un derecho de petición solicitando al gobierno dar continuidad a los programas acordados con las comunidades en el marco del Acuerdo Mutuo, sin embargo hasta ahora no han recibido ningún tipo de respuesta

De otra parte, el Consorcio Colombia Energy integrado por las empresas Petrotesting Colombia S.A., Southeast Investment Corporation y Holsan Oil S.A, viene adelantando desde hace tres años una explotación petrolera en el municipio de Puerto Asís. Según las comunidades esta explotación se hizo sin el consentimiento de las comunidades y hasta el momento no les ha reportado ningún beneficio e incluso señalan que la Dirección de Etnias expidió certificaciones, mediante las cuales negó la existencia de las comunidades indígenas de la zona.

La actividad petrolera en el departamento se remonta a los años 50, cuando las empresas estadounidenses Texas Petroleum Company y Gulf Oil Company lograron a través de un contrato de concesión la explotación de petróleo por un período de 30 años. “El Putumayo llegó a producir el 30% del total nacional de petróleo, generando empleo para aproximadamente unas 10.000 personas, la mayoría de ellos colonos de otros lugares del país. "Pero también creó desintegración familiar, social y ambiental y agudizó los problemas de prostitución, pobreza y abandono. Fueron 30 años de regalías destinadas a fines particulares de gente foránea, dejando al pueblo sin energía, servicios públicos, estancando su desarrollo", según el Obispo del Vicariato de Sibundoy”[i].

Actualmente, en el municipio de Puerto Asís los proyectos petroleros son el Bloque Alea a cargo de Repsol y ECOPETROL que afecta al pueblo Embera Chamí del resguardo La Italia y al Cabildo Siona de las Minas; el Bloque Área Nororiente B2 que afecta al cabildo Nasa de El Águila; el Bloque Área Suroriente que afecta a los cabildos nasa de Alto Lorenzo, La Libertad, Las Delicias y el Palmar. El movimiento indígena ha sido sumamente crítico respecto a la implementación y ejecución de la política petrolera en los territorios indígenas, pues los mismos han generado graves situaciones que han puesto en jaque el bienestar y la pervivencia de dichas comunidades. Entre los impactos se cuentan la pérdida de identidad cultural y de territorios, desequilibrio cultural, el incremento del conflicto social, el debilitamiento organizativo, la transformación completa de los sistemas productivos, inseguridad alimentaría, extinción de especies de fauna y flora y la contaminación de los recursos hídricos debido a la explotación petrolera y a la voladura de tramos del oleoducto por cuenta de los actores armados ilegales.

De acuerdo a la información suministrada por líderes indígenas del departamento, la estrategia que se ha implementado para adelantar las labores de exploración y explotación petrolera ha sido la llegada directa de las empresas a los territorios y comunidades indígenas, sin haber mediado la realización de la consulta previa. Lo único que hacen de manera posterior para tratar de solventar este requisito es convocar a las comunidades a reuniones, en donde se presentan los beneficios de los proyectos y con las firma de los documentos presentados se hace validar un supuesto proceso de consulta. Algunos indígenas señalan que este tipo de procedimientos han sido avalados por la dirección de etnias y lo único que han provocado son divisiones al interior de las comunidades que han contribuido a la fractura de los procesos organizativos de los pueblos indígenas.

Situación de derechos humanos

En materia de derechos humanos, los líderes señalan que en los últimos dos años se han registrado 40 asesinatos en el departamento que han estado acompañados de amenazas permanentes en contra de los líderes y del continuo señalamiento por parte de los miembros del Batallón Energético y Vial No. 11, en contra de indígenas y campesinos señalándolos de ser guerrilleros. El caso más reciente ocurrió hace dos semanas, cuando miembros del Ejército Nacional llegaron a la casa de un indígena Awa en el corregimiento de Teteyé, Puerto Asís y se lo llevaron con rumbo desconocido. Días después fue encontrado en una fosa común y según las declaraciones de los representantes del Ejército Nacional se trataba de un guerrillero que había muerto en combate.

El 25 de mayo el Mayor Erazo, perteneciente al Batallón Energético y Vial No. 11 señalo de terroristas a las comunidades indígenas y campesinas, cuando estos retiraron algunos tablones de madera del Puente ubicado sobre el caño Huitoto en la Vereda la Carmelita para efectos de evitar posibles accidentes. Ese mismo día, a través de la emisora Latina Stereo se dio a conocer una información falsa, según la cual el objeto de la manifestación era evitar la celebración de los comicios electorales del 28 de mayo.

De otra parte la constante presión de los actores armados y en particular de un grupo paramilitar integrado por 400 hombres que viene operando en Puerto Asís desde hace dos meses, provocó el desplazamiento de una familia y se teme que en próximos días se genere una oleada migratoria por cuenta de las presiones y amenazas de este grupo armado.

Para efectos de exigir respuestas concretas a la grave situación que viven las comunidades del Putumayo, indígenas, campesinos y afrocolombianos decidieron hacer desde el pasado 24 de mayo una movilización pacífica en la vía Puerto Vega – Teteyé, en el municipio de Puerto Asís en la cual participaron el Resguardo kiwnas Cxhab, los Cabildos Nasa Fiw, Kiwe Nxusxa, Sat Tama, del pueblo Nasa, Inga el Palmar del pueblo Inga, el Resguardo la Italia del pueblo Embera y setenta y tres (73) veredas agrupada en cinco (5) corregimientos: Puerto Vega, Alto Cuembí, la Carmelita, Perla amazónica y Teteye.

A través de esa protesta pacífica, las comunidades reclamaron la afirmación y efectividad de los derechos de los pueblos indígenas, así como la titulación de los territorios y el saneamiento y ampliación de los resguardos. Igualmente reclamaron su derecho a la verdad, la justicia y la reparación frente a los hechos violatorios de los derechos humanos, en donde juega un papel fundamental la memoria histórica de lo ocurrido y que tal y como lo señala la comisión interamericana de derechos humanos en su informe más reciente, este ha sido uno de los aspectos que se ha marginado dentro de la ley de justicia y paz.

Para efectos de resolver la problemática, las comunidades indígenas y campesinas presentaron una propuesta al Gobierno y el Consorcio Colombia Energy, en el que solicitaron garantizar la vida, seguridad, libertad y tranquilidad de quienes hacen parte de la manifestación; el cese de la guerra psicológica y del censo que adelantan miembros del Ejército Nacional; respetar el derecho de las comunidades indígenas a la consulta previa e indemnizarlas por el desconocimiento del mismo; diseñar y materializar planes, programas y proyectos de erradicación manual de cultivos ilícitos; crear un Fondo Comunitario para adelantar diversos proyectos sociales en beneficio de las comunidades; titulación de tierras a campesinos y legalización, saneamiento y ampliación de los Resguardos; la reparación de las víctimas.

Acercamiento y diálogo con las autoridades

Desde que se inicio la manifestación, se realizaron tres encuentros con las autoridades locales. El primer encuentro tuvo lugar con el alcalde de Puerto Asís, a quien se le solicitó desplazarse a la zona de concentración para verificar la situación de los manifestantes y conociera de manera directa sus planteamientos. El 26 de mayo, una comisión integrada por las autoridades locales arribaron a la zona de la movilización, en donde varios líderes dieron a conocer las causas y objetivos de la manifestación. En dicha reunión, el gobernador del Putumayo se comprometió a facilitar una mesa de diálogo. El 31 de mayo, se realizó la tercera reunión en la cual los manifestantes insistieron en la necesidad de convocar a una mesa de diálogo, mientras que las autoridades locales condicionaron dicho diálogo al levantamiento de la manifestación.

El pasado 10 de junio se realizó una misión humanitaria en la zona de la concentración, cuyo objetivo era avanzar en los posibles mecanismos y metodologías de concertación con el gobierno para resolver la problemática planteada por las comunidades. Finalmente, el jueves 15 de mayo y luego de una reunión sostenida con el Gobernador del Putumayo y el Alcalde de Puerto Asís se acordó conformar tres mesas de trabajo para abordar los temas de derechos humanos, explotación petrolera e inversión de recursos en el departamento, cuyos diálogos iniciaran el próximo 10 de julio. Luego de este acuerdo las casi 400 personas que estaban concentradas en la Carmelita decidieron levantar la manifestación a la espera de que el gobierno cumpla con los compromisos adquiridos.



[i] “Putumayo: el estratégico Sur”. En: Actualidad Colombiana. Diciembre 15 de 1999. http://www.actcol.ibiblio.org/doc/putumayo99.html#actividad


El miércoles 21 de junio a las 10 de la mañana, cuarenta soldados de Batallón Matamoros llegaron a la comunidad Siapana de Uribia en la Alta Guajira, en donde detuvieron a Bonifacio Cohe, líder wayúu de la comunidad y a otros dos indígenas, los cuales fueron trasladados al Batallón en Uribia, en donde los uniformados se negaron a entregar cualquier tipo de información a los familiares. Solo hasta la noche del jueves y luego de la intervención de la Defensoría del Pueblo, dos de los indígenas fueron puestos a disposición de la Fiscalia en Riohacha. Sin embargo aun se encuentran incomunicados.

El pasado 7 de abril, Rafael Cohe, hermano de Bonifacio fue asesinado por un grupo de paramilitares en la comunidad de Puerto López, en la Alta Guajira. Al parecer Bonifacio había sido amenazado de muerte por los paramilitares en el mes de marzo y ese día fueron a buscarlo, pero al no encontraron asesinaron a su hermano.

El jueves 22 de junio en horas de la tarde otros cuatro indígenas wayúu fueron capturados por miembros del Batallón Cartagena en las comunidades de Castillete y Guarapa. Se trata de Juan Carlos Barroso, Josué Fernández y Alex, aun no se tiene precisión acerca de la identidad del otro indígena. Al parecer, los detenidos fueron trasladados a Riohacha, sin embargo el Ejército aun no ha admitido que los tiene en su poder y actualmente los indígenas se encuentran incomunicados. Según líderes wayúu los indígenas detenidos son solo pescadores. En este momento los líderes wayúu están solicitando, al igual que en el caso de Bonifacio la intervención de la Defensoría del Pueblo para que los indígenas sean entregados a las autoridades judiciales. Como consecuencia de esta detención, se produjo el desplazamiento de ocho familias wayúu hacia Venezuela.

Estos hechos resultan preocupantes para el pueblo wayúu, pues se trata de la continuidad de una serie de agresiones que vienen acentuándose desde que ocurrió la masacre en Bahía Portete y que no ha tenido una respuesta eficaz por parte del gobierno nacional, a pesar de la militarización de la región. A estos hechos se han sumado las amenazas de muerte en contra de Débora Barros, por parte de los paramilitares y de las cuales fueron testigos las personas que participaron en el segundo aniversario de la masacre, así como el permanente seguimiento e intimidaciones en contra de los familiares de las víctimas.

Este año han sido reiteradas las denuncias públicas que han hecho tanto los organismos de derechos humanos, como los propios indígenas en relación con la connivencia entre los militares y el Frente Contrainsurgencia Wayúu. Las capturas ilegales realizadas por los miembros del Ejército Nacional, demuestran de manera clara, según los indígenas, dicha relación. Incluso han llegado ha pensar que las agresiones por parte de la Fuerza Pública hacen parte de una estrategia para limpiar el territorio y dejarlo a disposición de los paramilitares. El pueblo wayúu no entiende, como es posible que el Ejército en vez de perseguir, capturar e impedir el accionar del grupo paramilitar comandado por alías “Walter” se dedique a capturar a indígenas inocentes.

Actualmente, la situación humanitaria del pueblo wayúu se ha ido invisibilizando, pues los paramilitares han acudido a los asesinatos selectivos y algunos indígenas, sobre todo los desplazados han sido presionados, incluso por funcionarios públicos para que no hagan las denuncias correspondientes bajo el argumento de que los paramilitares pueden tener acceso a dicha información y tomar represalias. Al parecer esta ha sido la manera en que las autoridades locales han pretendido ocultar la verdadera crisis humanitaria que viven el pueblo wayúu.

Lo preocupante es que todas estas situaciones, sumadas al creciente desinterés de las autoridades públicas y las agresiones por parte del Ejército coadyuvan proceso de desarraigo de todo un pueblo indígena en función de la consolidación del paramilitarismo.

Debido a estos hechos los wayúu hacen un llamado urgente para se respeten los derechos humanos del su pueblo, se garantice la vida y la integridad física de los indígenas capturados por el Ejército, así como de los líderes indígenas. Así mismo están exigiendo a la OEA y al gobierno nacional abordar el tema del paramilitarismo en la Guajira, e incluso están solicitando la desmilitarización del territorio, pues “lo único que han hecho los militares es destruir las pocas casas que quedaban para decir que en Bahía Portete nunca vivieron los Wayúu”, afirmo Débora Barros.