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Publicado: 30 Noviembre 1999

Tras las amenazas recibidas entre el 20 de mayo y el 7 de junio de este año, diferentes organismos que velan por el respeto de los derechos humanos, organizaciones por la libertad de prensa, y en general la comunidad internacional, han manifestado su preocupación por las amenazas de que han sido objeto las organizaciones sociales y los medios de comunicación en Colombia. Estos hechos atentan contra los derechos fundamentales, como la libertad de pensamiento y expresión (ver aquí documento completo), contemplada en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Desde Italia, la Asociación A Sud y diversas voces de la sociedad civil se han solidarizado con las organizaciones colombianas, entre ellas el Sistema de Información Etnias de Colombia y el Periódico Actualidad Étnica.

En el pronunciamiento, “Amenazas e intimidaciones contra las organizaciones indígenas y sociales colombianas”, la Asociación A Sud, Ecologia e cooperazione ONLUS, denunció las amenazas dirigidas a las organizaciones sociales e indígenas y a los medios de comunicación.

Señaló que los principales afectados siguen siendo aquellos “que luchan en favor de la defensa de los derechos humanos en las zonas críticas del país, allí donde los intereses económicos de las multinacionales en la explotación de los recursos naturales encuentran el apoyo de las fuerzas paramilitares y de su aparato al servicio de intereses militares”.

“En la lista negra figuran también algunos medios de comunicación alternativos como el Sistema de información Etnias de Colombia. Al cual pertenece también el periódico virtual Actualidad Étnica iniciativa bandera de la Fundación Hemera, una organización que lucha por la defensa de los derechos de las poblaciones indígenas, y que, junto con la Asociación A Sud esta realizando en Colombia un proyecto de asistencia legal en defensa de los derechos de las poblaciones nativas”.

La Asociación A Sud manifestó su apoyo “a todas las organizaciones indígenas y fuerzas sociales que tanto en Colombia como en otras partes del mundo, arriesgan su vida y continúan luchando para construir un mundo mejor”.

Por su parte, el “Coordinamento Lombardo Nord / Sud del Mondo, gruppo commercio equo solidale zona 8”, con sede en Milán, Italia, se sumó a los mucos mensajes que llegaron desde este país europeo. “Siamo solidali con le associazioni indigene e locali impegnate nella difesa dei diritti umani che in Colombia ricevono minacce e intimidazioni”, maifestaron en su comunicación.

Los mensajes (ver aquí documento completo) que han motivado especialmente a Actualidad Étnica, son aquellos provenientes de ciudadanos comunes y corrientes, que desde el viejo continente se han sensibilizado frente a la difícil situación por la que atraviesan los indígenas, defensores de los derechos humanos y comunicadores en Colombia. Periodistas, ecologistas, académicos, estudiantes, jóvenes, amas de casa, han enviado a la sala la redacción de Actualidad Étnica, voces de apoyo que han alentado al equipo de profesionales de este medio de comunicación para continuar con su oficio de informar sobre de la realidad y los sueños de los pueblos indígenas y los grupos étnicos del país.

“A pesar, más de la mitad de mi vida me la he pasado estudiando todo lo posible sobre las culturas indígenas de Latinoamérica y todo lo que en el bien y en el mal las afecta. Después de tanto tiempo es como si hicieran parte de mí; al principio, me disculparán la brutalidad, fue como estudiar a unos bichitos en su jaula amazónica o andina que fuera, pero a medida que estudiaba, me daba cuenta que iba aprendiendo algo de mí, de la humanidad a la cual toditos pertenecemos, tan igual y a la vez distinta y tan maravillosa en sus miles de formas y de culturas, y hoy puedo afirmar que yo no sería la persona que soy, si no hubieran entrado en mi alma y en mi mundo”, afirma en su correo, Sandra, una lectora de Actualidad Étnica y activista de las luchas de los pueblos indígenas.

“(…) mi solidaridad, no viene de algo simplemente emocional, sino más profundo y lleno de gratitud, por haberle regalado a mi vida, mucho más de lo que yo pueda regalarles a ustedes con mis palabras. De toda forma, quiero decirles que sí apoyo la batalla para los derechos de los pueblos indígenas y los derechos humanos en general. (…) sé que la historia se desarrolla muy lentamente y que cuando se necesita, un cambio se lo necesita rápido. También sé que muchos no llegarán a ver el fruto de sus esfuerzos, pero, para los que no estén en los momentos gratos de la evidencia de algún cambio, queda la certidumbre que su sacrificio no habrá sido en vano, quizás parezca poco, pero darle un sentido a la vida, yo creo que es mucho. Cuídense todo lo que puedan, les envío un abrazo fuerte y algo de mi corazón”.

Otros pronunciamientos

En el mismo sentido también se han pronunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH; el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos; y la organización Reporteros sin Fronteras, cuando el pasado 7 de junio 20 (ver aquí documento completo) organizaciones, incluyendo el Sistema de información Etnias de Colombia-Periódico Actualidad Étnica, recibieran un mensaje intimidatorio en donde se les señalaba de “revolucionarios disfrazados de ongs, supuestos líderes, abogaduchos y comunicadores camuflados en la civilidad, escondidos detrás de sus columnas, como si allí no los encontráramos” y en donde se les declaraba “objetivo militar”.

“Frente a este panorama y al incremento del riesgo que representa para la vida y la integridad física de los miembros de estas organizaciones, la Comisión Interamericana enfatiza su preocupación sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en la República de Colombia y su interés en darle especial seguimiento. Asimismo, llama al Estado a redoblar sus esfuerzos orientados a la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos y las organizaciones a las que pertenecen, a asegurar que cuenten con las garantías necesarias para continuar con su actividad en defensa de los derechos humanos y a remover los factores de riesgo, en particular, mediante el esclarecimiento judicial de estos hechos”, solicitó la CIDH en un comunicado que hizo público el pasado 16 de junio.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), solicitó una intervención urgente ante la situación que se presentó con motivo de la amenaza contra las organizaciones defensoras de la libertad de prensa y de los Derechos Humanos en Colombia.

Destacó el hecho de que “(…) el periodo electoral fue uno de los factores influyentes en el aumento de las violaciones a la libertad de prensa en Colombia, especialmente de las amenazas contra los periodistas independientes y/o comprometidos con la denuncia social (…)”, y manifestó (…) su seria preocupación por la situación de inseguridad frente a las permanentes amenazas contra varios periodistas comprometidos con luchas sociales en Colombia (…)”.

En su comunicado del 16 de junio, El Observatorio, solicitó, a las autoridades colombianas, entre otras acciones, se adopten las medidas para garantizar la seguridad e integridad física y sicológica de los miembros de las organizaciones amenazadas, en especial a la corporación Medios para la Paz; se adelanten las investigaciones del caso, para identificar a los culpables de estos hechos; y se asegure la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998.

Por su parte, Reporteros sin Fronteras, organismo para la defensa y lucha por la libertad de prensa y libertad de expresión, expresó su preocupación por “las amenazas que el 7 de junio de 2006 recibieron, por correo electrónico, 19 asociaciones de defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa, y entre ellas nuestra asociación colaboradora, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). La carta está firmada por el Frente Democrático Colombia Libre, una organización paramilitar que acusa a las organizaciones de servir a los intereses de las guerrillas, y que ha declarado “objetivo militar” al conjunto de estas organizaciones”.

“Les pedimos que examinen el origen de los correos electrónicos y que efectúen una investigación exhaustiva. Por otra parte, insistimos en la necesidad de adoptar medidas para garantizar la seguridad de las asociaciones señaladas, a las que manifestamos todo nuestro apoyo”, declaró Reporteros sin Fronteras en un comunicado del 13 de junio pasado.

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Publicado: 30 Noviembre 1999

Como parte del proceso de resistencia del pueblo indígena Kankuamo y en el marco del mandato del tercer congreso realizado en el año 2005 y del documento de autoprotección colectiva  se volvió a integrar desde el mes de marzo de este año la mesa de acompañamiento y solidaridad con el pueblo Kankuamo. Dicho espacio agrupa a una serie de organizaciones sociales y de derechos humanos que vienen acompañando y aportando a la materialización de la estrategia de autoprotección de los Kankuamos.

Los objetivos de la mesa son: visibilizar la situación del pueblo indígena Kankuamo, impulsar el fortalecimiento organizativo  y de formación política del pueblo indígena Kankuamo, obtener el retorno digno de los desplazados, recuperar el territorio ancestral, consolidar el pueblo indígena Kankuamo en la Sierra Nevada de Santa Marta y coordinar este trabajo con el Consejo Territorial de Cabildos de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Dentro de las actividades de apoyo al proceso de resistencia se realizará la segunda misión de acompañamiento en el territorio Kankuamo con el objeto de hacer el seguimiento a los compromisos adquiridos por las autoridades locales en el mes de noviembre de 2005, durante la primera visita de acompañamiento al pueblo Kankuamo. Además de esta labor de seguimiento se tiene previsto dar comienzo al proceso de formación política y jurídica en cuatro de las doce comunidades, abordando temáticas referidas a los derechos humanos, políticas públicas y desarrollo, con miras a contribuir al proceso de fortalecimiento organizativo  de los Kankuamos en su territorio ancestral.

La iniciativa de aglutinar a diversas organizaciones en torno a la consolidación del proceso de resistencia hace parte de la respuesta que desde el ejercicio de la autonomía y lo propio han formulado los Kankuamos frente al conflicto social y armado que desde hace varios años ha puesto en evidencia el lento y a veces silencioso proceso de desarraigo, que pone en riesgo la pervivencia de una cultura indígena.  Esta situación ha sido evidenciada no solo por los organismos nacionales, sino también por los organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, quienes no solo se han pronunciado frente a la situación de los Kankuamos, sino que también se han visto obligados a intervenir a favor de la protección de sus derechos, ante la poca efectividad del accionar estatal.

Es así como la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus informes correspondientes al año 2005, coincidieron al señalar la continuidad de las acciones violentas en contra de los pueblos indígenas y como uno de los mas afectados durante el año anterior resulto ser el pueblo Kankuamo.  En ese sentido, la Comisión expresó su preocupación respecto al impacto que ha tenido el conflicto armado en el ejercicio de los derechos humanos particularmente, al interior de los pueblos indígenas, pues señala que en ese contexto se encuentran en riesgo “no sólo la vida e integridad personal de sus miembros sino también su existencia como pueblos”.  

Estos pronunciamientos continúan efectuándose a pesar de que tanto la Comisión como la Corte Interamericanas de Derechos Humanos durante los años 2003 y 2004, respectivamente solicitaron al Estado colombiano la adopción de  medidas cautelares y provisionales para preservar la vida e integridad de los indígenas Kankuamo, en el marco de procesos de concertación respetuosos de su identidad cultural. Aunque ya se han implementado algunas acciones como la formulación de un plan de acción, la presencia permanente de un defensor comunitario en  la Sierra y la realización de cuatro visitas a la zona, existen otros aspectos como la investigación y juzgamiento por los crímenes cometidos respecto a los cuales aun no se registran avances importantes, pues hasta el momento no existe ninguna condena penal.

De otra parte, cabe mencionar que entre los días 20 y 21 de junio una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó la ciudad de Valledupar y “pudo comprobar que existe temor generalizado en los miembros del pueblo Kankuamo y que muchas veces éste lleva a las víctimas  de actos de violencia y a los familiares de las víctimas fatales a mantener silencio y no denunciar”. Aunque podría pensarse en una mejoría de la situación humanitaria de los indígenas luego del proceso de desmovilización del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia y del grupo paramilitar comandado por Hernán Giraldo, la situación no ha cambiado, pues recientemente  varios indígenas, habitantes del resguardo han sido amenazados por desmovilizados. A  esto se suma el fenómeno de la reintegración o conformación de nuevos grupos paramilitares que como en el caso de la Guajira y el sector de San Jorge en la Sierra Nevada de Santa Marta continúan intimidando a la población.

Adicionalmente, los señalamientos por parte de los efectivos de la fuerza pública en el sentido de considerar y acusar a los indígenas de hacer parte o de apoyar a los grupos subversivos ha venido justificando una serie de detenciones arbitrarias, sin que medien pruebas al respecto. Esta situación la pudieron constatar los participantes de la primera misión de acompañamiento  al pueblo Kankuamo.

De esta manera, la iniciativa de resistencia desde lo cultural formulada por el pueblo Kankuamo y apoyada por las organizaciones que integran la Mesa de Solidaridad y Acompañamiento aparece como un proceso a largo plazo que puede contribuir a la consolidación de  los procesos organizativos en el territorio ancestral, de manera que sea posible reivindicar desde lo cultural los derechos individuales y colectivos de los Kankuamos.

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Publicado: 30 Noviembre 1999

Hace mes y medio el Noticiero Indígena fue sacado de la programación de Vive TV, canal del Estado Venezolano. La razón de la suspensión según Vive TV del estado de Zulia fue por reubicación del espacio en la programación del canal, cosa que posteriormente no ha acontecido. Aun así la pauta publicitaria del espacio en el canal sigue siendo propagada como parte de la programación regular

Días después se les comunicó verbalmente y no de manera escrita y formal a las Realizadoras del programa Yanilu Ojeda Periodista y Documentalista y Leiqui Uriana Documentalista Indígena Wayuu, que el programa adoptaría la figura de producción independiente, esto sin previa consulta a las realizadoras del Noticiero Indígena.

Dicho noticiero tiene una vigencia desde hace mas de ano y medio y ha sido desarrollado con pocos recursos y a su vez con mucha dedicación, respeto y humildad, la programación les demandaba la edición para una media hora quincenal de programación, incluyendo la traducción y subtitulación de las noticias. Al parecer esta decisión no fue hecha tomando en cuenta el impacto y calidad del programa y que no se ve a quien se perjudica es precisamente a los indígenas que nunca antes habían tenido un espacio permanente en la televisión nacional.

La existencia de este noticiero es vital para las comunidades indígenas y todo lo que tenga que ver con la permanencia de sus asuntos cosmogónicos y la expansión de esos conocimientos por todos los medios posibles. Un testimonio muy importante de la efectividad y la importancia que reviste este noticiero para las comunidades es el caso de la Consecución de la Unidad Educativa Nacional “La Ciénega”, dicha estructuras estaban destinadas a la formación educativa de los niños que trabajan en el relleno sanitario de la ciudad de Maracaibo, quienes en su mayoría son indígenas, siguiendo en numero los mestizos y por ultimo inmigrantes.

Ya para el momento de la finalización de su construcción otros “entes y entidades” querían apropiarse de esa edificación para sus intereses propios. Una vez suscitada la situación, El Noticiero Indígena hizo registros fotográficos y audiovisuales de ese hecho para transmitirlo a la opinión pública. La reacción de los televidentes no se hizo esperar y apoyaron la determinación de los niños indígenas del relleno sanitario de la ciudad de Maracaibo, y la necesidad de la perpetuación de las lenguas indígenas con la educación intercultural bilingüe o etnoeducacion como se le conoce en otras partes de Latinoamérica, a partir de esa realidad, es innegable y tácito el alcance y eficacia del Noticiero Indígena.

Por otro lado el noticiero tiene en su haber la realización de documentales con indígenas Warao(Amazonas), Ayaman (Lara), Bari(Zulia), Wayuú(Zulia), Yukpa(Zulia), trabajos de documentación sobre todo los concerniente a asuntos indigenas dentro del marco del Foro Social Mundial 2006 y para CONIVE Consejo Nacional Indio de Venezuela. Otra característica de este programa es que es el único en Venezuela permanente para la proyección, que contempla dentro de sus políticas la incetivación de otros indígenas de diferentes etnias a prepararse como fotógrafos, camarógrafos, documentalistas, para facilitar los momentos duros de los procesos aculturativos, y la plena incersión de los indígenas y otros que no lo son, en otras actividades donde puedan manifestar la calidad de sus trabajos, donde es probada la versatilidad de estas comunidades de ver los horizontes de otros, pero siempre con ojos de indígenas.

Cabe destacar que El Noticiero Indígena sirve como modelo y ejemplo para otras etnias de diferentes partes, bajo la premisa de ser un modelo piloto.

Se hace saber de igual manera que de no solventarse el regreso al aire del Noticiero Indígena, se estaría violando un derecho de los pueblos indígenas contemplado en La Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI), que refiere en su articulo 80 del Capitulo: “De la preservación, fortalecimiento y difusión de las culturas” lo siguiente: “A fin de preservar, fortalecer y promover

en el ámbito nacional e internacional las culturas de los pueblos, El Estado creara los espacios para el desarrollo artístico, fomentara la investigación y el intercambio entre los creadores o artistas indígenas y el resto de la sociedad venezolana e impulsara la difusión y promoción de estas culturas a nivel nacional e internacional”.

El Noticiero Indígena sirviéndose de Vive TV como plataforma, ha sido ente canalizador en el ámbito comunicacional del proyecto político del gobierno nacional, cumpliendo así este artículo estipulado en la LOPCI, y afirmando el compromiso con este grupo de hermanos indígenas que son ciudadanos venezolanos e incluyen a aquellos quienes en un ayer no tenían participación alguna. Por otra parte, la misma ley refiere en su capitulo dedicado al Ámbito de aplicación de los idiomas indígenas en su articulo 87, que el estado garantizara el uso de los idiomas indígenas en el numeral 6: “… La edición y publicación de materiales bibliográficos y audiovisuales en cada uno de los idiomas indígenas dirigidos al conocimiento, esparcimiento y disfrute de los indígenas”; mediante el Noticiero Indígena proyectado al colectivo nacional para su reconocimiento se logra parte de esta premisa y se sustenta en el numeral 9 del mismo capitulo, cuando establece que igualmente se aplicara en “Todos los casos en los que se considere necesario” Para aquellos quienes quieran apoyar el espacio del Noticiero Indígena, bien sea organizaciones, cooperativas, instituciones, particulares, entre otros.

Por favor sírvanse en enviar sus respectivas cartas dirigidas a la Presidenta del Canal Vive TV Blanca Ekcout, manifestando su solidaridad con el Noticiero Indígena: Blanca Ekcout Presidenta, Canal Vive TV Final Av. Panteón, Foro Libertador, Edf. Biblioteca Nacional, AP-4, Altagracia, Caracas Venezuela; Teléfono: (0212) 505 - 1611 + 58 212 505-1611 e-mails: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.; Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.; Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.;

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*David Hernández Palmar; Indígena Wayuú; Clan IIPUANA Fotógrafo/Documentalista Etnográfico.

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Publicado: 30 Noviembre 1999

La Constitución Política de Colombia del año 1991 marcó un hito fundamental en el reconocimiento de los derechos de los pueblos étnicos en Latinoamérica. Después de 15 años, intentar hacer un balance sería un ejercicio de contraste entre los desarrollos normativos y los hechos de la vida cotidiana.

Colombia es una nación pluriétnica y multicultural, dice la carta. Tanto los pueblos indígenas como los afrocolombianos hicieron parte del proyecto de reconocimiento de la diversidad en nuestra nación, lo cual se vio plasmado en la garantía de derechos como la educación, la salud y el territorio. Sin embargo no todo funciona como se esperaba.

El artículo transitorio 55 ordenó al legislativo promulgar una ley que garantizara los derechos colectivos a las comunidades negras en Colombia. Efectivamente, con la ley 70 de 1993 se dio cumplimiento a este mandato, y se estableció que los pueblos descendientes de los africanos en los actuales territorios colombianos tendrían derecho a una posesión colectiva de territorios, para lo cual debían organizarse en Consejos Comunitarios. La ley determinó que estos territorios tenían el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables, lo que en últimas les daría el carácter colectivo y garantizaría su uso por parte de las comunidades contra algún interés individual.

Poco a poco se fueron conformando los consejos a lo largo del Litoral Pacífico, y poco a poco los insurgentes fueron apareciendo tras cada titulación. Los desplazamientos y los casos de violación de derechos humanos se intensificaron en los territorios colectivos, y las ciudades empezaron a ser receptoras de los afrodescendientes que salían de sus territorios tradicionales, y ahora se verían enfrentados a vivir en una ciudad donde el racismo y la discriminación no brillan por su ausencia sino por su forma de camuflarse.

El litoral pacífico no sólo fue escenario de titulaciones colectivas y desplazamientos forzados. Además es el foco de los ojos de las empresas que se dedican a la explotación de los recursos naturales. Los pescadores de las ensenadas pescan a la sombra de las grandes flotas pesqueras y las camaroneras. Los bosques son el hábitat de los aserríos y más recientemente las selvas y los mismos territorios colectivos son el lugar codiciado para sembrar palma africana. Todo ello favorecido con una intención de política forestal encaminada a privatizar los bosques y sus recursos.

Caso similar ocurre con los territorios indígenas, donde yacen los recursos naturales objeto del interés multinacional. La explotación de petróleo, la construcción de hidroeléctricas y represas, cultivos de coca, entre otros, son los proyectos “de moda”, donde los pueblos indígenas se convierten en un obstáculo al que hay que “quitar” para llevar a cabo los proyectos.

De manera tal, que si bien existe un cuerpo legislativo que ampara y promueve la garantía de los derechos colectivos de los grupos étnicos, las políticas no funcionan acorde con ello. Mientras por un lado se citan y vuelven a citar los derechos de los pueblos étnicos, por el otro se promueven proyectos y demás acciones que afectan directa e indirectamente el bienestar de las etnias.

Sin embargo, vale la pena destacar que los derechos no están simplemente escritos. Indígenas y afrocolombianos promueven acciones y movilizaciones a favor de la defensa de sus derechos y solicitando la reparación por los daños causados por diferentes actores. Las tomas pacíficas de las entidades públicas, las marchas de una ciudad a otra, las protestas no son más que la prueba de que algo falla.

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Publicado: 30 Noviembre 1999

Dos hombres afrocolombianos distanciados por la geografía colombiana, uno del Valle del Cauca y otro del Cesar, pero unidos a kilómetros de distancia por el mismo drama: son víctimas de crímenes de estado, hoy se encuentran y se conocen en la III Asamblea del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.

Geyser Manyoma, un líder juvenil afrocolombiano de Buenaventura, vino con un propósito claro a Bogotá: denunciar que a la juventud de su tierra la están torturando y asesinando, como resultado de ser juzgados y tratados como guerrilleros por parte de la Fuerza Pública.  Por su parte José Gregorio Rumbo, un campesino afrocolombiano del Cesar, afirma que su labor en este encuentro, es poner en común su caso, ya que para él, este espacio, brinda la oportunidad de dar a conocer los miles de crímenes que recuperan la memoria histórica del país, “Quiero decirle al Estado, y quiero poner en conocimiento el asesinato de mi padre, que sucedió  el 12 de enero de 1997, en el departamento del Cesar, en manos del paramilitarismo”.

El joven Manyoma relató uno de los muchos casos que se viven en Buenaventura: “El año pasado, alrededor de 25 jóvenes fueron convocados con el pretexto de que iban a jugar un torneo de fútbol que tendría como premio 200mil pesos, ellos en su precaria situación acudieron al llamado sin saber que allí encontrarían la muerte. Fueron amarrados vivos con alambres de púas, les sacaron los ojos y les propinaron un tiro de gracia a cada uno. ¿Quieren matar a todos los jóvenes de Buenaventura, y el gobierno va a dejar esto en la impunidad?”.

Este joven que es candidato al Consejo Municipal de Buenaventura, ha vivido en carne propia el sufrimiento de la muerte; a su prima de tan sólo 17 años y con 5 meses de embarazo la asesinaron en sus brazos, y su padre fue víctima de desaparición forzada ya hace más de 8 años, además sin contar a varios compañeros suyos asesinados y amenazados.

“Yo no he denunciado los casos de mi prima y mi padre, porque uno denuncia y el gobierno lo manda a matar a uno en vez de escucharlo. Siempre se van por el tipo de color de piel, como uno es afro no le ponen cuidado”,  afirmó el joven, quien describió la situación que vive su comunidad como “pesada”, porque muchos líderes están amenazados, entre ellos él, quien asegura que cualquier joven perteneciente a un grupo que vele por los derechos humanos de su comunidad es denominado como enemigo del gobierno.

“Yo estoy desplazado, me tocó venirme a Bogotá por un tiempo, porque los del frente 30 de las FARC me han ido a buscar a mi casa en dos ocasiones, gracias a Dios no me encontraron. Hace 8 días llegué de Buenaventura, pero de todas maneras yo voy a volver, voy a seguir con el proceso juvenil, arriesgando mi vida, pero si me muero me voy feliz porque me muero haciendo algo que a mi me gusta, me muero buscando que la juventud y la niñez de Buenaventura salgan adelante”.

José Gregorio, un hombre mayor al líder juvenil, pero igualmente desplazado por la violencia, relató que es un común denominador mencionar que muchas de las víctimas son tachadas de paramilitares o guerrilleros, cuando finalmente no tienen nada que ver con ninguno de los dos grupos, “Mi papá era campesino, nunca perteneció a ninguna organización, solamente en el pueblo lo juzgaban de pertenecer a un grupo al margen de la ley, y por eso fue vilmente asesinado, el simplemente era un campesino trabajador, que buscaba su sustento”.

Actualmente este afrocolombiano vive en Cartagena, ya que las circunstancias de amenazas constantes y de violencia no le permitieron segur viviendo en su tierra: Becerril, corregimiento del Cesar, la cual recuerda con dolor pero con mucho amor, “Todas las víctimas de terrorismo de Estado, estamos tratando de organizarnos, para sacar adelante el proceso, fortaleciéndonos en todas las regiones, unificándonos para llevar estas denuncias a los tribunales superiores, para que finalmente a cada quien nos aclaren la situación, y por cada muerto que hemos puesto se llegue a una conclusión, para poder vivir tranquilos, y para que finalmente se haga justicia”.

Y para estas víctimas en muchas ocasiones es muy difícil continuar, porque sienten que no tienen una figura a la que pueda recurrir para obtener una respuesta concreta de lo que le sucedió a sus familiares, ya que fueron víctimas del propio Estado, “Para mi es un solo equipo: gobierno, ejército, policía y paramilitarismo, todos son uno solo, todos son unos cretinos que no les conviene que las cosas se clarifiquen, por lo tanto, si nosotros seguimos insistiendo, tenga la plena seguridad que también nos fichan y nos envían al hueco; pero nosotros estamos dispuestos a llevar esto hasta el fin, no queremos mas impunidad, queremos justicia y que se juzguen a los responsables de estos hechos”.

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Publicado: 30 Noviembre 1999

Siempre y cuando se cumpla con los estudios, planes, licencias y permisos ambientales previstos en la ley, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado le dio vía libre al Gobierno para poner en marcha el proyecto petrolero que, con pública oposición de varias organizaciones indígenas, se ha pretendido impulsar desde hace 14 años en el territorio del resguardo U’wa, entre los departamentos de Arauca, Boyacá y Norte de Santander.

En respuesta a una consulta del ministro del Interior Sabas Pretelt de la Vega, sobre la base de que las actividades exploratorias de Ecopetrol en el área ofrecen optimistas posibilidades sobre el hallazgo de hidrocarburos y que para el país es urgente encontrar petróleo antes de 2010 a riesgo de empezar a importarlo, el Consejo de Estado dejó en claro que la falta de un acuerdo entre el Ejecutivo y las comunidades indígenas no afecta la legalidad del proyecto petrolero.

En la consulta, el ministro Pretelt planteó que desde el año 2002 se han adelantado actividades exploratorias en el área denominada Sirirí, y según los geólogos, puede haber importantes acumulaciones de hidrocarburos (petróleo y gas) en el subsuelo. Sin embargo, para asegurarse de que la información sea fidedigna, los expertos necesitan realizar trabajos adicionales en la zona denominada Catleya. Ambas áreas están localizadas en territorio U’wa.

Según un informe aportado por el Ministerio de Minas y Energía, el Estado colombiano tiene la imperiosa necesidad de adicionar nuevas reservas de hidrocarburos para satisfacer el consumo nacional y, en forma determinante, contribuir a la estabilidad económica del país. Sin embargo, desde 1995, cuando la compañía Occidental obtuvo licencia ambiental para desarrollar el proyecto petrolero, el pueblo U’wa se ha opuesto abiertamente, argumentando la defensa de su cultura y tradiciones.

Ante tal disyuntiva, y después de innumerables litigios judiciales y consultas a todo nivel, que han involucrado a los últimos cuatro gobiernos, la administración Uribe Vélez decidió tomar cartas en el asunto preguntándole al Consejo de Estado si puede emprender la exploración en el territorio de los U’wa, y qué debe hacer si esa comunidad indígena se opone, en momentos en que existe una seria amenaza de desabastecimiento de hidrocarburos en Colombia.

La respuesta

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Luis Fernando Álvarez Jaramillo, recordó inicialmente que, de conformidad con el artículo 330 de la Constitución, la explotación de recursos naturales en territorios indígenas, puede hacerse siempre y cuando participen en las decisiones las comunidades afectadas. Esta norma está desarrollada en la Ley 21 de 1991 y el decreto 1320 de 1998.

Según consta en la documentación aportada ante el contencioso administrativo, este trámite se ha venido cumpliendo a lo largo de la última década, y en distintos estudios, consultas y respuestas judiciales, le ha significado al Estado una inversión aproximada de $3 mil millones. No obstante, las asociaciones que representan los intereses del pueblo U’wa se han negado sistemáticamente a la realización del proyecto y no han querido participar en el proceso de consulta previa que exige la ley.

En su defecto, el asunto derivó en un interminable conflicto con múltiples actores y estrados judiciales. Por ejemplo, en su momento, la Defensoría del Pueblo interpuso una tutela contra la licencia ambiental otorgada a la OXY, en tanto que la comunidad U’wa demandó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El tema ha pasado por el Congreso de E.U, por la OEA, y ahora, de nuevo, regresa a las instancias nacionales.

La Sala del Consulta del Consejo de Estado, en un concepto que no obliga al Gobierno, pero seguramente revivirá la polémica ambiental y económica, concluyó que, de acuerdo con la extensa documentación aportada por el Ejecutivo, salvo que el Ministerio del Interior considere justificada la inasistencia de la comunidad U’wa a las reuniones de consultas previas, el Estado ya cumplió con los trámites legales y puede iniciar el proyecto petrolero.

Eso sí, aclaró la corporación judicial, que la exploración sísmica de interés general promovida en las áreas de los resguardos indígenas, podrá hacerse siempre y cuando “se acaten los estudios ambientales y, definitivamente, teniendo en cuenta las objeciones y observaciones formuladas por los pueblos indígenas en defensa de sus derechos constitucionales a la integridad étnica, social, cultural y económica”.

Además, el Consejo de Estado manifestó que la ausencia de un acuerdo entre el Gobierno y las comunidades U’wa o, incluso, “la renuencia injustificada de éstas a participar en el proceso de consulta previa, no afecta la legalidad de la iniciación del proyecto petrolero, siempre y cuando, su análisis ambiental se ajuste teniendo en cuenta, en cuanto sean razonables, las observaciones y objeciones formuladas por las comunidades afectadas”.

Así las cosas, Ecopetrol quedó habilitado para empezar trabajos sísmicos en un área de 186 mil hectáreas que recibió de la Occidental, luego de que esta empresa perforara el pozo Gibraltar I. Por su propia cuenta y con sus recursos, Ecopetrol perforó un segundo pozo, y después de intensas actividades, en enero de 2004 reportó un diagnóstico positivo. Ahora podría consolidar la búsqueda en Sirirí-Catleya, en la región conocida como Sarare.

Según fuentes consultadas en el Gobierno, el Consejo de Estado es impreciso cuando afirma que las comunidades U’wa no han acudido a la consulta previa. Sí lo han hecho, pero para reiterar su negativa absoluta al proyecto petrolero. Con la decisión del Consejo de Estado, el Ejecutivo espera sortear un azar económico a la vista: el desabastecimiento de petróleo que tendría críticos efectos en las finanzas públicas de la Nación.

Sin embargo, se sabe de antemano que el pueblo U’wa, en defensa de su autonomía política y administrativa, rechazará la medida. Sus voceros han manifestado que su territorio no será objeto de negociación, y que las experiencias de otras consultas previas han sido negativas y sólo están encaminadas a admitir el proyecto petrolero y desmayar en las pretensiones de la comunidad de preservar su territorio sagrado, en el cual el petróleo es considerado la “sangre de la tierra”.

El concepto de 27 folios emitido por la Sala de Consulta y conocido por El Espectador evalúa todas las acciones del Estado y la comunidad U’wa y el conflicto desatado entre los derechos de los indígenas y la obligación del Gobierno para atender el interés general, concluyendo que con todos los controles ambientales del caso, el proyecto petrolero Sirirí-Catleya, entre Boyacá, Arauca y Norte de Santander, puede ponerse en marcha.

Cronología

1992-1995: La OXY inicia un proceso de consulta previa para la exploración de petróleo en el territorio del pueblo U’wa, en los departamentos de Arauca, Boyacá y Norte de Santander. La comunidad rechaza la exploración.

1995: La Defensoría del Pueblo, representando los intereses del pueblo U’wa, instaura una tutela por violación del derecho de la comunidad a ser consultada.

1997: La Corte Constitucional falla en favor de los U’was y ordena detener las exploraciones.

1997: El Consejo de Estado falla a favor de la legalidad de la OXY para explorar en el territorio de los U’was y tumba la tutela de la Corte Constitucional.

1999: La OXY desarrolla un estudio de impacto ambiental y el Ministerio del Medio Ambiente le otorga licencia para perforar el pozo Gibraltar I.

2002: La OXY le cede a Ecopetrol los derechos sobre estos terrenos.

2003: Ecopetrol inicia la perforación de los pozos Gibraltar I y Gibraltar II, por fuera del territorio de la comunidad U’wa.

2004-2005: Se lleva a cabo el proceso de consulta previa por parte del Gobierno con las autoridades U’was. La comunidad no acepta el desarrollo de actividades extractivas en su resguardo indígena.

2006: El Consejo de Estado falla que el Gobierno cumplió todos los trámites legales para efectuar el proceso de consulta previa con el pueblo U’wa y que, pese a la negativa de los indígenas, puede iniciarse la exploración sísmica en las áreas de resguardos indígenas.

Mayo de 2006: Un total de 57 ONG de Estados Unidos y Europa dirigen una comunicación al presidente Uribe y al presidente de Ecopetrol en la que les solicitan suspender definitivamente cualquier proyecto petrolero en el territorio del pueblo U’wa.

Visión de los U’was

“El territorio es sagrado, la tierra es nuestra madre y sin ella no hay vida. El petróleo es la sangre de la tierra, que da vida a los animales, a las plantas y a toda la humanidad. Por eso a los U’was nos toca cuidar el territorio sagrado para mantener el equilibrio de la Madre Tierra”.

“Nuestro conocimiento tradicional nos dio el poder espiritual para controlar la naturaleza en sus desequilibrios. Con el trabajo del petróleo en nuestro territorio sagrado se acaba nuestra cultura. No queremos una segunda invasión y colonización”.

“Tenemos una cultura que puede curar enfermedades propias que siempre hemos conocido. Por eso no queremos que nos traigan otras enfermedades con la llegada de otras personas a nuestro territorio”. “Nuestro territorio no está en venta ni será objeto de negociación”.

“Antes de la llegada de los españoles esta tierra era de nosotros. Siempre hemos tenido nuestra ley. Nuestra riqueza nos la da la madre naturaleza”.

“Somos un pueblo con un asentamiento histórico y milenario que es patrimonio de la Nación. Todo esto nos da la legitimidad para ejercer el pleno derecho de la autoridad indígena en la administración del territorio sagrado, el cual no es negociable”.

“Los U’was no aceptamos la consulta del Gobierno, porque las experiencias de consultas previas hechas en otras regiones indígenas han demostrado que lo que se busca es legitimar la presencia del Gobierno en territorio indígena, y no que sean respetadas las decisiones autónomas de nuestros pueblos al momento de decidir si aceptan o no el desarrollo de estos proyectos”.

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Publicado: 30 Noviembre 1999

De acuerdo a la denuncia formulada por AICO (Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia), el pasado 26 de junio a las 4 de la tarde fueron asesinados los comerciantes Jorge David (50 años) y Hugo Tique (40 años), indígenas Pijao del resguardo Zaragoza Tamarindo, municipio de Coyaima.  Los hechos ocurrieron cuando dos hombres vestidos de civil  que portaban armas llegaron a la plaza de mercado del resguardo Totarco Dinde y acribillaron a los dos indígenas en una casa cercana.

Cada uno de las víctimas recibió cinco impactos de bala de una pistola 9 milímetros en diferentes partes del cuerpo, una de las cuales presentaba un mapa de pólvora. De acuerdo a la información suministrada por el Comando de la Policía de Coyaima, los autores del crimen hacen parte del Frente 21 de las FARC que opera en la región, quienes al parecer estaban exigiendo a los hermanos Tique el pago de una vacuna, que estos se negaron a cancelar.

Estos crímenes estuvieron precedidos por otro incidente en el que se puso en riesgo la vida e integridad personal de al menos 1000 indígenas pijao. Los hechos se registraron el 19 de junio (ocho días antes del los homicidios) en la plaza de mercado del resguardo Totarco Dinde, cuando 20 hombres vestidos de civil, que portaban armas automáticas hicieron disparos al aire durante aproximadamente 15 minutos. Según voceros de la Policía, los vehículos que transportaban a estas personas eran oficiales y al parecer se trataba de miembros del Ejército Nacional.

Con ocasión de este hecho, las autoridades indígenas se reunieron con el Viceministro de Defensa y le manifestaron el temor que reina entre las comunidades indígenas para hacer las denuncias correspondientes, pues no existen garantías para su vida e integridad personal. Aunque las autoridades tuvieron conocimiento de lo sucedido, las mismas no adelantaron ningún tipo de acción para evitar la ocurrencia de nuevos hechos violentos. Actualmente la crisis y el temor entre los indígenas se agudizan, ya que además de la guerrilla de las FARC viene operando un grupo paramilitar.  Sin embargo, el Frente 21 de las FARC ha mantenido el control total del sur del Tolima, mediante el desarrollo de acciones armadas en el Cañón de las Hermosas, Río Davis, Natagaima, Ortega, Rioblanco, Chaparral, Coyaima, Roncesvalles, Rovira y Cajamarca.

Ante estos hechos el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia exigió al gobierno nacional adelantar las investigaciones necesarias para identificar y sancionar a los autores de los hechos violentos perpetrados en contra del pueblo Pijao, así como garantizar el derecho de los pueblos indígenas a permanecer en sus territorios.

El pueblo pijao se encuentra ubicado en el sur del departamento del Tolima, en los municipios de Coyaima, Natagaima, Ortega, Chaparral, Planadas, Río Blanco y San Antonio y cuenta con una población aproximada de 24.000 personas. El principal problema del pueblo pijao ha estado relacionado con la presencia y el accionar de distintos actores armados en el departamento, ya que se trata de una zona estratégica que ha sido utilizada por la guerrilla de las FARC para establecer zonas de repliegue y corredores hacia los departamentos de Valle, Quindío, Risaralda, Caldas, Cundinamarca, Huila, Meta y Caquetá.   Las ventajas estratégicas desde el punto de vista militar y de la economía ilegal en esta zona del país, coinciden con los territorios indígenas, en donde permanentemente se libran combates entre el Ejército y los grupos subversivos, poniendo en peligro la vida e integridad de este sector de la población.

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Publicado: 30 Noviembre 1999

Yaneiris Baiter Ruiz, una afrocolombiana desplazada del Cesar, es una de los cientos de asistentes a la III Asamblea del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Esta mujer que actualmente vive en Cartagena debido a las amenazas que sufrió en la Jagua de Ibirico (Cesar), por grupos paramilitares, ya tiene tres de sus familiares muertos.

“Nosotros tenemos 3 familiares asesinados por los paramilitares en diferentes fechas, nos hicieron amenazas directas porque realizamos un trabajo político organizativo, nos enviaron las cartas que ellos saben mandar, y no hay más opción sino la de salir”, relata esta mujer que a pesar de el dolor de llevar 3 muertos en su pasado, continúa luchando por defender los derechos humanos de quienes lo han perdido todo debido a la guerra que vive el país.

Además de tener cómo expectativa la de conocer otras experiencias de víctimas, también tiene la firme convicción de continuar consolidando el trabajo que viene realizando en su comunidad, “En el cesar trabajamos con mujeres, realizamos un trabajo social comunitario de generación de procesos, para que la gente reclame sus derechos, porque somos convencidos de que en este país algún día se debe acabar con la impunidad”.

Y es que en su caso, todos los crímenes que vivió su familia han quedado en la impunidad, porque a pesar de que los han denunciado en diferentes instancias, hasta el momento no han recibido ni verdad, ni justicia, ni reparación, ni ningún tipo de explicación.

“Estos encuentros han logrado cimentar las bases de nuestra organización, nuestra meta es seguir fortaleciendo el proceso, se deben seguir haciendo denuncias, se debe consolidar ese gran numero de víctimas por la defensa de los derechos y por el rescate de la verdad, de la justicia y la reparación integral para todas las víctimas colombianas”, afirma Yaneiris.

Ella junto a un gran número de personas, pertenecen a la organización de desplazados ANDAS (Asociación Nacional de Ayuda Solidaria), una ONG de carácter nacional con su sede central en Bogotá, y con 13 seccionales oficialmente constituidas en Bucaramanga, Medellín, Cartagena, Cali, Itsmina, Neiva, Carmen de Bolívar, Cúcuta, Buga, Tulúa, Popayán, Barranquilla y Pasto. Esta organización promueve la defensa de los desplazados y víctimas de la violencia política en Colombia.

Indígenas son víctimas del olvido del Estado

Por otra parte Arturo Valencia, líder indígena Embera Katío del Chocó colombiano, alza su voz para hacer un llamado no sólo por las comunidades indígenas sino también por los afrocolombianos que viven en esa zona “Somos una comunidad abandonada donde más de 700 indígenas hoy sufrimos la misma consecuencias, que el resto de víctimas de todo el país. Las Fuerzas armadas han acusado a nuestro pueblo de ser colaborador de la guerrilla y nosotros sólo queremos vivir en paz”, asegura el líder indígena.

Este embera katío, es desplazado, y lleva 15 años trabajando en el departamento del Quindío, “Nosotros los líderes tenemos que ser persistentes, sin embargo es muy triste que ni siquiera se presenta la Defensoría del Pueblo en nuestra comunidad, mientras se mueren los niños por enfermedades ya que nuestra zona esta totalmente olvidada.

Arturo Valencia asegura que este año capturaron a 5 indígenas, después de ser acusados de ser colaboradores de la guerrilla y la Fiscalía tiene analista de 45 más en espera de ser capturados. “Necesitamos más presencia de la Defensoría del Pueblo, porque el tiempo es muy corto, y mientras ellos no están las Fuerzas armadas acribillan a los indígenas, y después de muertos les ponen los uniformes y un fusil para decir que son guerrilleros, yo pienso que la guerra no es ni con los indígenas ni con las negritudes ni con los campesinos”.

Para este líder indígena este encuentro debe arrojar conclusiones contundentes, que no se dejen estos casos en la impunidad, y que se solidaricen mucho más todas las personas que han sido víctimas, para que se generen procesos más concretos de ayuda no sólo con las comunidades indígenas sino también con las negritudes del Chocó.

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Publicado: 30 Noviembre 1999

Al finalizar la II misión de acompañamiento al Pueblo Kankuamo, Titta Vadala, delegada oficial del Partido Verde italiano, compartió con Actualidad Étnica sus primeras impresiones de la visita al resguardo indígena. Desde Roma, los Verdes calificaron a los kankuamo como un “símbolo de la resistencia civil de los pueblos frente a la guerra y la devastación del medio ambiente”. En un comunicado oficial, Massimo Fundaró, coordinador nacional del Partido Verde en este país, expresó su solidaridad y apoyo a estas comunidades en “la lucha civil por la defensa de la naturaleza y una solución del conflicto social y armado”.

Como miembro del partido ecologista europeo, los megaproyectos que se quieren adelantar en esta zona, llamaron especialmente su atención. La construcción de la represa de Los Besotes, lugar sagrado para los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, ubicado en el río Guatapurí, Valledupar (Colombia), se constituiría, dijo Vadala, en un atentado no sólo contra Colombia, sino contra la humanidad.

De allí que uno de los compromisos resultantes de esta acción, será el hacer un permanente seguimiento a este tema, más aún cuando el desarrollo de cualquier proyecto afecta de manera directa a los pueblos indígenas, los ecologistas por antonomasia, pues ellos, al contrario que muchos de los habitantes del mundo “civilizado”, no requieren de mediaciones para relacionarse con la naturaleza, su compresión con la madre tierra es personal, intuitiva.

Otras de las preocupaciones, tiene que ver con la situación jurídica de los 24 kankuamo  detenidos, en su mayoría por el cargo de rebelión, y quienes según su comunidad han sido víctimas de detenciones arbitrarias y señalamientos injustos, pues no existen pruebas que los vinculen con los grupos insurgentes.

Las detenciones, han fragmentado el tejido familiar de estas comunidades. A los hogares infantiles de Atanquez, Chemesquemena, Guatapurí y La Mina, asisten un gran número de niños, quienes por cuenta del conflicto armado han perdido a sus padres, o no los ven desde hace más de un año, porque éstos se encuentran privados de su libertad. Por esa razón se adelantarán proyectos para fortalecer la figura de las madres comunitarias respetando los usos y costumbres indígenas de los kankuamo. Del mismo modo es viable la realización de micro-proyectos para el cultivo, producción y comercialización de alimentos orgánicos propios de estas comunidades.

Actualidad Étnica: ¿Cuál es su primer balance de la misión?

Muy positivo porque el pueblo kankuamo nos abrió las sus puertas de sus comunidades; nos hablaron, nos contaron todo lo que queríamos escuchar, y nos brindaron una información muy importante sobre cada unos de los casos, especialmente sobre el tema de los presos políticos, a quienes los detuvieron de manera violenta y contra la ley. La situación de derechos humanos sigue siendo igual o peor que antes y los compromisos adquiridos por las autoridades locales en la primera misión aún no se han cumplido.

La cosa que más me impactó es la absoluta falta de derecho. En Colombia existen las leyes pero se quedan en el papel. Por eso se puede apreciar que no se respeta la constitución y la   fuerza pública hace presencia al interior de las comunidades, lo cual afecta a las comunidades en lo relacionado con el conflicto armado y alimenta la cultura de la violencia en el país.

Pero por el otro lado, tras la visita se puede concluir que el resguardo del pueblo kankuamo es el paraíso de la biodiversidad. Cualquier persona que tenga un mínimo de sensibilidad ambiental estaría encantada en esta zona. Los indígenas están haciendo un trabajo muy importante de la recuperación de su cultura tradicional, y este esfuerzo no es sólo para ellos, los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta y de Colombia, sino para todo el mundo.

La elaboración del ordenamiento ancestral del territorio, basado en lo que ellos llaman la Ley de Origen, debe transformase una realidad, en algo práctico y que se constituya en una verdadera institucionalidad. Creo que esta sería una experiencia muy importante. Si se pone en práctica los que estos pueblos piden, sería una innovación. Entonces hoy Colombia tiene la oportunidad de recoger esa sabiduría ancestral y crear un precedente a nivel internacional.

AE: ¿A qué se compromete el partido Verde en el desarrollo de este proceso?

Continuaremos monitoreando y haciendo presión sobre las instituciones colombianas para que se resuelvan estos problemas. Seguiremos no sólo verificando el avance en materia de derechos humanos, sino en la salvaguardia del medio ambiente. Nos preocupa especialmente el tema de los megaproyectos, como la construcción de la represa de Los Besotes.

Para los Verdes, hacer un monitoreo, significa fortalecer su relaciones con todas las organizaciones indígenas del país, no sólo con los kankuamo, y financiar proyectos a través de las organizaciones no gubernamentales para brindar un apoyo económico al pueblo kankuamo, que les permita mejorar sus condiciones de vida. En ese sentido por ahora apoyaremos de forma directa a las madres comunitarias y es posible desarrollar algunos microproyectos de agricultura orgánica para después comercializar estos productos en el mercado del comercio solidario.

AE: ¿Qué opinión le merece el proceso del pueblo kankuamo?

Los kankuamo están haciendo una labor extraordinaria, porque recuperar la dimensión de la cultural ancestral en una situación de violencia y de conflicto es un esfuerzo encomiable. Nos hemos dado cuenta que existen una dificultades al interior de la comunidad y que hay una división en el voto político, lo cual se pudo apreciar en las últimas elecciones, sin embargo estamos seguros que es justamente la recuperación cultura la base par adelantar cualquier tipo de proceso y de trabajo en el territorio.

AE: ¿Qué aprendizajes le ha dejado esta experiencia con los indígenas kankuamos?

En mi primer viaje en Colombia participé en una ceremonia muisca en el municipio de Cota cerca de Bogotá y ahora lo he hecho con los kankuamo en la Sierra. Para mí esta es una experiencia extraordinaria porque como europea la conciencia ambiental es un problema ideológico e histórico. He apreciado que para los pueblos indígenas es absolutamente diferente. Es algo personal, una relación directa entre el hombre y la naturaleza.

Entender la naturaleza inmediatamente, sin ningún tipo de mediación, es increíble. Esto marca la diferencia entre alguien como yo, una mujer europea y la población indígena. Confrontarse con la diversas antropologías es un dato extraordinario; algo  que te enriquece, que te hace comprender cuán importante es la defensa de la biodiversidad, no tanto por la cuestión económica sino porque es el fundamento de una nueva civilización.

Los europeos hemos perdido la relación directa con la naturaleza. En la ceremonia al interior de la kankurua, al quitarse los zapatos y sentir el contacto de los pies descalzos con la tierra, experimenté una sensación especial. Este tipo de cosas te hace usar una parte más elevada de la mente que no se utiliza casi nunca.

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Publicado: 30 Noviembre 1999

El pasado 26 de mayo Pedro Loperena comisionado de derechos humanos de la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tairona (OWYBT) se reunió en Bogotá con representantes de Cancillería, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, ONIC y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo con el objeto de determinar una línea de acción para avanzar en el proceso de concertación de las medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2005.

En el marco de dicha reunión, los asistentes acordaron realizar una nueva reunión con la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia para avanzar en la concertación de de las medidas de seguridad individual adecuadas socioculturalmente para los líderes indígenas amenazados por los diferentes actores armados. A pesar de dicho acuerdo, los representantes del gobierno no asistieron a la reunión, lo cual ha sido interpretado como una muestra del poco interés del gobierno nacional para garantizar la vida e integridad de los indígenas wiwa. Lo más grave del asunto es que se trata de la segunda reunión en la que las entidades gubernamentales “brillaron por su ausencia”, afirmaron las autoridades indígenas.

Este incidente es otro de los eslabones de una larga cadena de permanentes incumplimientos por parte del Estado frente a los compromisos asumidos con los indígenas. A pesar de esta situación que definitivamente no contribuye a la resolución de la problemática de derechos humanos que enfrentan los wiwa, los representantes de la OWYBT señalaron que continuaran trabajando y dinamizando los espacios que sean necesarios para que las medidas cautelares o “propias”, como las han denominado, se hagan realidad y se puedan poner en práctica en los territorios indígenas.

Cabe recordar que las medidas cautelares fueron decretadas luego del asesinato de dos líderes indígenas durante el mes de enero de 2005 y de que la Comisión Interamericana puedo constatar que entre los años 2003 y 2004 cincuenta lideres indígenas habían sido asesinados y otros 800 se encontraban en situación de desplazamiento. A raíz de esta situación el organismo interamericano insto al Estado Colombiano adoptar las medidas necesarias para “proteger la vida e integridad personal de los miembros del Pueblo wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta, respetando su identidad cultural y protegiendo la especial relación que tienen con su territorio, conforme a las obligaciones contraídas por el Estado; brindar atención humanitaria a las víctimas de desplazamiento y de la crisis alimentaría, en particular a las niñas y niños del pueblo indígena; concertar las medidas de protección colectiva, incluyendo la presencia de un defensor comunitario, con los beneficiarios, a través de sus organizaciones representativas Wiwa Yugumaiun Bukuanarrúa Tayrona (OBYBT) y la Organización Gonawindua Tayrona y los peticionarios y adoptar las medidas necesarias a fin de poner término a los hechos de violencia y las amenazas proferidas en contra de la comunidad beneficiaria”.

Aunque el reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que las medidas cautelares son un mecanismo a través del cual se busca evitar daños irreparables a las personas en el contexto de situaciones de gravedad y urgencia, parece ser que para el actual gobierno la permanente y continuada situación de violencia en contra de los indígenas wiwa no reviste la importancia que le ha otorgado la Comisión. Ha transcurrido más de un año desde el decreto de las medidas y desde entonces, los indígenas han reclamado en varias oportunidades espacios de diálogo con el gobierno para ponerlos al tanto de la continuidad de las acciones violentas en contra de su pueblo y para acordar la definición e implementación de unas medidas de protección adecuadas socioculturalmente.

Hasta el momento estos esfuerzos y reclamaciones públicas no han servido para avanzar en la protección y la defensa de los derechos de todo un pueblo. Si a esto se suman las permanentes agresiones de las cuales son víctimas, puede pensarse en la repetición de una historia de desarraigo tan grave como la del pueblo kankuamo.

En ese contexto la Organización Wiwa hizo pública la detención del indígena Jaider Nieves Loperena, de la comunidad de Ulago, por parte de efectivos del Batallón Rondón de Buenavista. Los hechos ocurrieron el martes 28 de junio en San Juan del Cesar, cuando el indígena se dirigía al casco urbano del municipio para atender una invitación del alcalde. Al parecer el indígena fue señalado por los militares de hacer parte de la guerrilla. Actualmente se encuentran detenidos 17 indígenas wiwa, 16 de ellos bajo el cargo de rebelión, mientras que en el caso restante los cargos son fabricación, tráfico y porte de armas y municiones.

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Publicado: 30 Noviembre 1999

Entre el 7 y el 9 de julio, se llevará cabo el taller de capacitación sobre política petrolera en el Putumayo, departamento al sur de Colombia. El seminario que tendrá lugar en las instalaciones de la casa campesina en el municipio de Puerto Asís, Bajo Putumayo, es convocado por la mesa del pueblo cofán; la asociación de cabildos del pueblo embera; la asociación del pueblo awa del putumayo; la asociación de cabildos del pueblo nasa; y las comunidades indígenas y campesinas del corregimiento de Carmelita. La actividad es financiada por Sintraminercol y la Asociación para la Promoción Social Alternativa, Minga.

Al taller asistirán integrantes de los diversos pueblos indígenas del Putumayo, como los cofán, inga, pastos, awa y campesinos de la región, quienes recientemente protagonizaron las movilizaciones en contra del consorcio Colombia Energy. El 24 de mayo pasado se iniciaron las marchas que se prologaron por 21 días. Los indígenas protestaban por “las acciones de injusticia, desigualdad y miseria social que vive esta zona, ante el abandono por parte del estado colombiano y la empresa petrolera CONSORCIO COLOMBIA ENERGY que opera en la zona desde hace aproximadamente 3 años”.

Precisamente por esta razón, en el taller se abordarán diferentes temas relacionados con los efectos de la exploración y explotación petrolera en la región, como la situación de derechos humanos, el proceso de consulta previa, la inversión social y las regalías.

Amaury Padilla, investigador de Minga, dijo que el objetivo del taller es identificar cuál es el mapa de explotaciones petroleras en la región y nivel de conflicto que éstas generan en las comunidades. “La idea es hacer un diagnóstico sobre la situación, para así trazar un ruta que permita dar respuesta a las problemáticas que aquejan a los habitantes de la zona”.

Padilla afirmó que en el Putumayo hacen presencia los consorcios Petrotesting Colombia y Colombia Energy, y que en la región del Bajo Putumayo, existen por lo menos 4 pozos de explotación petrolera. Según fuentes de la Empresa Colombiana de Petróleos, ECOPETROL, en el Putumayo existen cerca de 20 pozos y la producción alcanza los 10 mil barriles.

Sin embargo, Padilla señaló que el aumento de exploraciones en el Bajo Putumayo ascenderá a 175. “Frente a este panorama, resulta muy preocupante la falta de información de las comunidades indígenas y su vulnerabilidad ante la explotación petrolera; el desconocimiento de los procesos de consulta previa y militarización de los territorios”, puntualizó.

José Antonio Jajoy Pai, dirigente de la asociación de los cabildos del pueblo awa y becario del programa de derechos humanos de las Naciones Unidas, manifestó su intranquilidad por la situación a la que se ven abocados los pueblos indígenas de la región, por cuenta de la exploración y explotación petrolera. “No se puede seguir desconociendo el impacto que genera la explotación sobre los territorios ancestrales. Por eso este taller es muy importante, pues allí analizaremos estrategias de negociación y nos aproximaremos a una idea sobre las multinacionales que están detrás de estos consorcios”.

Según Jajoy, el lunes 10 de julio se llevará a cabo, en el municipio de Puerto Asís, una mesa de trabajo para analizar la situación de derechos humanos en la región como consecuencia de la explotación petrolera. La gobernación del Putumayo convoca la reunión, a la que asistirán funcionarios del alto gobierno. En ese mismo día, pero en la ciudad de Bogotá, una comisión de campesinos e indígenas de la región se reunirán en la Presidencia de la República para discutir la segunda fase del Plan Colombia en Putumayo.

Diversidad étnica en el Putumayo

El departamento del Putumayo se localiza en el sur del país y hace parte de la región Amazónica. Su territorio es hábitat de convivencia de diferentes grupos étnicos. Por una parte se encuentran familias pertenecientes a las etnias Inga, Kametsa, Kofán, Siona, etc. pero además, con el pasar de los años la migración de población afrodescendiente generó el establecimiento de comunidades que se identifica como Afroputumayenses, quienes en la actualidad comprenden un 27% de la población total del departamento y están asentados principalmente en el Medio y el Bajo Putumayo. De igual forma, junto a los indígenas y afroputumayenses, se encuentra un importante segmento de población campesina que habita las zonas rurales del departamento.

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Publicado: 30 Noviembre 1999

El pasado lunes 17 de julio los representantes del pueblo Wiwa sostuvieron una reunión con los indígenas kankuamos y las organizaciones sociales y de derechos humanos que hicieron parte de la II Misión de Acompañamiento. El objetivo de dicho encuentro fue el de presentar en términos generales la actual situación de derechos humanos del pueblo wiwa, así como manifestar las expectativas y las posibles estrategias de acción para resolver la problemática.

El documento presentado por los líderes wiwa da cuenta de la historia de despojo y desarraigo que ha vivido desde 1492, así como de  los impactos de dichas arremetidas sobre la cultura y la pervivencia misma del pueblo wiwa. En ese encuentro los líderes wiwa llamaron la atención sobre tres  temas que inciden de manera necesaria en la protección y respeto de los derechos de los pueblos indígenas.

En primer lugar recordaron que en el año 2005, luego del asesinato de dos líderes indígenas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado Colombiano la adopción de medidas cautelares para proteger la vida e integridad de los wiwa. A pesar de ese llamado urgente desde la comunidad internacional, hasta el momento lo único que se ha presentado es la ausencia injustificada de los representantes del Estado en los diferentes espacios de concertación.

Mientras continua dilatándose el proceso de concertación e implementación de las medidas de protección los indígenas denuncian que las amenazas de los actores armados de la zona en contra de las autoridades tradicionales y líderes indígenas continúan presentándose de manera reiterada. De tal manera que “los Wiwa cuando se encuentran en las partes bajas son considerados por la fuerza pública como milicianos o miembros de los grupos guerrilleros, en tanto que los Wiwa que regresan a sus comunidades después de hacer diversas gestiones en los cascos urbanos localizados en las partes planas de la Sierra Nevada de Santa Marta son vistos por la guerrilla como integrantes de la red de cooperantes e informantes de la fuerza pública”.

Otra de las preocupaciones de los indígenas radica en la proyección y construcción de megaproyectos en la Sierra Nevada de Santa Marta. Al respecto, son dos las consideraciones que se han planteado: la primera, tiene que ver con la ausencia de procesos de consulta previa, como esta ocurriendo con la construcción de la represa del Río Ranchería, ya que se trata de un derecho fundamental reconocido en los tratados internacionales y en la legislación nacional que actualmente se esta pasando por alto.

El segundo punto tiene que ver con los desequilibrios ecológicos que provocaría la construcción de megaproyectos y la explotación a gran escala de los recursos naturales y minerales, como se tiene previsto en los planes de desarrollo. En ese sentido, y al considerar a la Sierra Nevada de Santa Marta, como el corazón del mundo (asimilándola a la composición de un ser humano), los indígenas señalan que los atentados y las actividades de explotación indiscriminada terminaran afectando no solo a los cuatro pueblos de la Sierra, sino a toda la especie humana.

En ese sentido afirman que “Para nuestras autoridades tradicionales, las violaciones que se han cometido contra los pueblos Kággaba (Kogui) y Wiwa, van más allá del asesinato de sus miembros; es también la violación a la naturaleza, a la Madre Tierra, la cual esta cada día más amenazada por los megaproyectos que buscan extraerle los órganos internos de la Sierra Nevada de Santa Marta para comercializarlos, lo que atenta contra la vida de la flora y fauna de nuestra Madre”.

El tercer punto crítico se encuentra relacionado con el fenómeno del desplazamiento forzado, pues denuncian que a pesar de que no se han vuelto a presentar desplazamientos forzados masivos, los indígenas y sus familias continúan desplazándose de manera silenciosa, lo cual quiere decir que las condiciones de seguridad en el territorio wiwa continúan siendo críticas y aparecen como  factores de riesgo que de manera inevitable afectan a las comunidades.

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Publicado: 30 Noviembre 1999

El 4 de Julio de 2006, se cumplieron 15 años de vigencia de la Constitución Política de Colombia de 1991. La Constitución fue expedida por una Asamblea Nacional Constituyente, integrada por 70 ciudadanos, elegidos por voto popular el 9 de diciembre de 1990. En la Asamblea tuvieron representación distintos sectores políticos y sociales, minorías étnicas, grupos de excombatientes, empresarios, sindicalistas, jóvenes y mujeres de distintas regiones del país.

La Constitución significó un importante avance institucional y se instauró con el fin de dar una salida democrática a la crisis que vivía el país en aquel entonces, y por otra parte para fortalecer los derechos humanos, el pluralismo y la convivencia pacífica. En ella se consagraron varios mecanismos de protección de los derechos, como la acción de tutela, las acciones colectivas y de cumplimiento. Sus principios fundamentales son la democracia participativa, el Estado Social de Derecho, la transparencia en la gestión pública y la paz. A pesar de ser un texto que vincule a todos los sectores de la sociedad, la realidad nacional es otra, y la violencia, la exclusión social, la inequidad, y la corrupción, persisten 15 años después.

La huella de las minorías en la Constitución

En cuanto a los grupos minoritarios, hubo avances en cuanto a participación política, la nueva Constitución permitiría a indígenas y afrocolombianos su representación segura en el Congreso de la República, “Con la elección de dos constituyentes indígenas, Lorenzo Muelas (20.083 votos) y Francisco Rojas Birry (25.880 votos) se empezó a reconocer una realidad que hasta entonces había sido invisible para nuestro país: su evidente carácter multiétnico y pluricultural”, afirma Beatriz Londoño Toro, en su escrito “La Constitución de 1991 y los indígenas”.

Según Londoño Toro la influencia de estos 2 constituyentes fue notoria en tres aspectos enfáticamente: el ordenamiento territorial; la apertura de espacios políticos y sociales de participación para los indígenas y los demás grupos étnicos, en especial la circunscripción especial indígena para el Senado y la circunscripción especial para los grupos étnicos; y por último en el reconocimiento del carácter multiétnico y pluricultural del país y la garantía a derechos territoriales y culturales de los indígenas en la nueva Constitución.

Los pueblos indígenas y afrocolombianos hoy, ya tienen el garante de su representación en el Congreso de la República; por su parte las comunidades indígenas participan en el gobierno nacional con dos representantes en el Senado de la República y un representante a la Cámara. Para el caso de las comunidades afrocolombianas, la ley 649 de 2001, reglamentario del artículo 176 de la Constitución Política, garantiza la participación de dos representantes a la Cámara.

Un balance general desde la perspectiva étnica

María Lydyalu Perea Henríquez, coordinadora nacional del Movimiento Étnico de Mujeres Negras de Colombia, afirma que la ley 70 de 1993 visibilizó a la comunidad negra como grupo étnico, permitiendo preservar su cultura desde sus propias particularidades, y además les reconoció 2 cupos directos, dentro de la Circunscripción Especial, asegurando así su participación en la Cámara de Representantes. “A pesar de que la Constitución es muy bella, sus leyes no se cumplen; actualmente el 99% de la comunidad negra vive en la pobreza absoluta y sumado a esto no hay una política de etnodesarrollo concreta para nuestras comunidades, creo que es deber de quienes ocuparán las curules próximamente, que hagan surgir una política pública que nos beneficie de manera más directa”.

En el encuentro realizado el jueves 6 de julio, en el Hotel Bacatá de Bogotá, por el cumpleaños de la Constitución, Pedro Cortés Lombana, funcionario de la Secretaría de Gobierno y de la oficina de Participación Ciudadana, aseguró que después de la Constitución se dieron varios logros para las comunidades indígenas y afrocolombianas: por ejemplo ser reconocidos como sujetos de derechos colectivos, además estableció la libertad de cultos, y la participación segura en el Senado, “A pesar de que hay muchas falencias en la ejecución de los artículos que benefician a los indígenas, el Alcalde de Bogotá Luís Eduardo Garzón, ha promovido una política conjunta que pretende fortalecer la identidad de los indígenas residentes en la capital, que no pierdan su lengua y sus costumbres, que se les garanticen los derechos de salud, y se le brinde una educación gratuita”.

Cortés Lombana también asegura que se ha trabajado mucho para erradicar la discriminación frente a las minorías como indígenas, negros y grupos de LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas). Por su parte el despacho del Alcalde propuso que para la próxima semana se haga una reunión, con líderes indígenas, para concretar el plan de acción antes de que termine este periodo de mandato del Alcalde.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), enfatiza que para los pueblos indígenas el haber participado de la redacción de la Constitución Política de 1991, fue un producto de procesos de lucha que antecedieron la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, y que el principal elemento diferenciador de la Constitución Política de Colombia fue considerar al país como una nación pluriétnica y multicultural.

La ONIC asegura que entre los logros más importantes estuvieron: el reconocimiento de los territorios indígenas como entidades territoriales con autonomía administrativa, política, cultural y jurídica; otro logro fundamental fue el derecho a la Consulta previa, pues se establece que la explotación de recursos naturales en los territorios indígenas solo son posibles si se cuenta con la aceptación expresa de los miembros de los pueblos afectados y siempre y cuando no se afecte su cultura. Esto en correspondencia con lo estipulado en el Convenio 169 de OIT, también ratificado en Colombia en 1991 mediante la ley 21.

“En este mismo sentido, la diversidad cultural trasciende al plano lingüístico. Son idiomas oficiales en los territorios indígenas las lenguas propias de cada pueblo y como segunda lengua se encuentra el idioma español. Esto debería tener toda la importancia en el plano institucional pues las políticas educativas y de formación deben partir de los universos simbólicos y de pensamiento que encierra cada idioma”, ratifican los líderes indígenas.

Pero por otra parte aseguran que lejos de haberse consolidado y recuperado sus territorios, se ha perdido la autonomía. “Hoy no se han saneado nuestros territorios, no se han titulado nuestras tierras, no se ha dotado de tierras a nuestra población que aumenta. Por el contrario se han generado procesos de desplazamiento, que tiene a nuestra población en las ciudades engrosando los cinturones de miseria, sin expectativas de mantener y desarrollar sus culturas”.

En cuanto al proceso de consulta previa, afirman que se ha constituido en una formalidad o requisito, que solo se cumple según la incidencia que tenga el respectivo pueblo indígena y no se respeta como un derecho fundamental, y que incluso en sus propios territorios, las autoridades indígenas son irrespetadas, los territorios siguen intervenidos por megaproyectos, por las políticas de seguridad del Estado, por los actores armados y finalmente todos los derechos de autodeterminación son desconocido en la cotidianidad.

Finalmente líderes de los grupos étnicos llegan a un acuerdo referente al balance que se le hace a esta Constitución, y es que se debe hacer efectiva. Todo, según ellos, esta ahí presto para funcionar, pero la corrupción y la negligencia de los funcionarios no ha permitido que se lleven a cabo todos esos planes de vida que se tenían para el desarrollo de estas comunidades, y que sumado a esto con el tiempo se han reducido los espacios de desarrollo dentro de las diferentes instancias públicas.

Por todo ello, 15 años después los grupos étnicos reconocen, que este texto fue construido colectivamente y por ello lo defienden, rechazando las modificaciones del mismo, “que instituyen los procesos de discriminación y desconocimiento de la diversidad étnica y cultural y nuestros derechos especiales”.

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Categoría: Columnistas

Publicado: 30 Noviembre 1999

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Publicado: 30 Noviembre 1999

Son días y noches que se ocupan para el regocijo espiritual, material, comunitario; agradecer, bailar con el viento, la lluvia, el cóndor, el colibrí, para dialogar con la tierra, el sol, la luna, con los espíritus de las semillas, las personas, los animales y las plantas. De esta manera se hace el homenaje a las energías de la naturaleza, Uma y Tay, los creadores. Pero también se hace para que produzca comida en abundancia para todos los seres.

Hay dos organizaciones de las aves. Las que van con el cóndor y las que van con el colibrí, los hijos del sol y la luna son aves de carroña y cuerpo grande, vuelos muy altos y largos en el espacio, fuertes y ellos son dirigidos por el cóndor. Mientras que los hijos del sol y la tierra son aves de cuerpos pequeños, de vuelos cortos y bajos pero con mucha agilidad y dirigidosa por la esmeralda.

Cuando estas dos organizaciones de aves están en pelea, los Nasas del ritual del Saakhelu desde la tierra ofrecen TAXKWE´S  UUSTXI´S  KAAMENXI carne de vaca, cabeza, costilla y anca para los cóndores. Mientras los cóndores se distraen comiendo, llegan las aves pequeñas y le arrancan el plumaje y le dejan sin posibilidades de volar. De esa manera las aves grandes no pueden venir a sembrar huevos de animales muertos en los cultivos, entonces tendremos buenas cosechas en el año.

Nuestros The Wala hacen el trabajo de equilibrar y ofrecer remedios frescos para los cóndores y ofrecen miel que gusta a los colibríes, por sus luchas, para que en el año ambos grupos pasen contentos. Dice la Palabra Mayor que si no se ofrenda al cóndor, al colibrí, al sol, a la luna, a la lluvia, al viento, al sol y a la madre tierra,

el corazón del cóndor sobrevolará la tierra y depositará muchas energías negativas en los cultivos, entonces habrá hambruna y muchos problemas sociales en la tierra. Por eso es necesario celebrar el Saakhelu.

El objetivo general es cumplir las normas espirituales del Saakhelu, desde el territorio SAXT TAMA, TEK SXAB WALA KIWE SXHIGÜI KIWE en Munchique Los Tigres. Los objetivos específicos del encuentro son generar la solidez, la reflexión, concientización en cuanto a las cuatro normas espirituales que nos proporciona la naturaleza. La primera, el refrescamiento, la segunda la apagada del fogón, la tercera, el ritual sagrado del Saakhelu, y la cuarta el ritual del CXAPUC AXTE en el mes de Noviembre. Así, con el pensamiento Nasa claro, contribuiremos en el fortalecimiento de la armonía y el equilibrio entre el Nasa y la Naturaleza.