Opinión

Transcurrida casi una semana de efectuarse los comicios electorales, siguen en vilo las curules indígenas. Después del polémico pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), en donde se afirmó la posibilidad de repetir las elecciones para circunscripción indígena, por cuenta de los famosos votos en blanco, no hay una respuesta oficial del CNE. Entre tanto, Eulalia Yagarí y Jesús Piñacué, y en general los pueblos indígenas, tendrán que esperar hasta que se llevé a cabo una nueva reunión entre el CNE y las organizaciones indígenas como ASI y AICO. En esta edición un completo análisis de uno de los hechos más destacados en las ya controversiales elecciones 2006.

 

Las elecciones para Congreso de la República de este 12 de marzo dejan muchos sinsabores, sobre todo en quienes se habían hecho expectativas con la participación de los indígenas. Primero, por la suerte corrida por los líderes indígenas incluidos en la lista del Polo Democrático Alternativo y en otros partidos políticos; segundo, por la perdida de legitimidad de los partidos indígenas, que vieron como la curul por circunscripción especial para Cámara quedaba en manos de un partido distinto a los indigenistas y tercero, porque a pesar del triunfo obtenido por la Alianza Social Indígena, que lo coloca como virtual ganador de las dos curules por la circunscripción especial para senado, el hecho que resultara una mayoría absoluta de votos en blanco, automáticamente invalida el proceso electoral en esta circunscripción.

Nos preocupa la situación generada en la circunscripción especial indígena para senado, lo que no quiere decir que estemos satisfechos con lo sucedido en cámara. Lo cierto es que esta situación nos aboca a dos reflexiones: una política, que interprete las causas de la situación presentada y otra jurídica, buscando entender la situación en la perspectiva de una estrategia que permita a los movimientos indígenas salvaguardar para si una circunscripción, que viene siendo virtualmente rapada por los partidos políticos, así incluyan en sus listas algunos lideres indígenas.

Contabilizados el 94.77% de las mesas, la cifra de votos en blanco (91.549) superaba ampliamente los votos por partidos (65.733), lo que ha llevado a miembros de la Registraduría a anunciar la repetición de las elecciones para los indígenas. Al respecto, el Art. 11 de la constitución política, parágrafo 1° señala que “Deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una corporación pública, gobernador, alcalde o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, cuando los votos en blanco constituyan mayoría absoluta en relación con los votos validos. Tratándose de elecciones unipersonales no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras que en las elecciones de corporaciones publicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral”. Del parágrafo debemos precisar: Primero, que esta no es una elección unipersonal, como lo seria la elección del presidente, de un alcalde o de un gobernador. O sea que para este caso especifico no existe una inhabilidad para presentarse nuevamente a la contienda. Esto quiere decir que los miembros de las listas pueden participar en una próxima elección, ya que la norma no los excluye. Segundo, para este caso tampoco podemos aplicar los topes asignados para la obtención del umbral, pues la circunscripción especial para comunidades indígenas goza de la excepcionalidad de la que habla el artículo 108 de la constitución política, por tratarse de una circunscripción de minorías, en las cuales la personería se garantiza con la obtención de una representación en el Congreso. Aunque no es el mi interés hacer reflexiones sobre el candidato presidencial de la ASI, si es importante señalar que aun en el escenario de la repetición de elecciones, la ASI bajo ninguna circunstancia habría perdido su personería jurídica, primero, porque hay un proceso electoral inconcluso – esto desde la óptica de la registraduría-, segundo, porque su carácter de organización de los indígenas adscrita a una circunscripción especial, los libera del umbral, tercero, porque ha elegido dos congresistas con una votación que duplica con inmenso margen a su contrincante, lo cual los coloca como potenciales electores en una nueva contienda y por ultimo, porque tradicionalmente han sido importantes electores de esta circunscripción. Pero hagámonos una reflexión final sobre el tema del umbral, si es que algunos creen que aplica para este caso. Con el 95.41% de los votos por esta circunscripción, y un cuociente electoral estipulado en 78.792 votos, el umbral se estaría logrando con 23.637 votos -si es que quieren asimilar la circunscripción indígena a la circunscripción territorial-, cifra ésta que ya ha sido superada por la Alianza Social Indígena, pues con el porcentaje de mesas procesadas -la ASI tiene 44.557 votos-, casi el doble de la votación requerida. Lo otro que nos deja muchas dudas es ese referente de mayoría absoluta. Recordemos que la indígena es solo una pequeña parte dentro de un universo que se llama Senado y mal se haría en aplicar una norma a listas de un partido, sin tener en cuenta que ellos constituyen apenas un 2% del senado. Es importante esta observación, porque la lista ha obtenido más de 40 mil votos, de los cuales el senador Piñacué tiene alrededor de 24 mil, muchos más que algunos senadores electos. No existe pues razón alguna que nos haga pensar que este partido se encuentra por fuera de la dinámica política.

Estamos entonces frente a una única problemática: mayor cantidad de votos en blanco que los obtenidos por los partidos, lo cual, teóricamente, vicia el proceso. Las elecciones para elegir los representantes de los indígenas por las circunscripciones especiales, más que viciadas por una mayor cantidad de votos en blanco, esta viciada realmente por la falta de reglamentación de estas circunscripciones. Abramos un paréntesis para explicar que la circunscripción especial indígena para senado, según el texto constitucional (Art. 171), otorga a los indígenas “un número adicional de dos senadores elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas...... La circunscripción especial para la elección de senadores por las comunidades indígenas se regirá por el sistema de cuociente electoral….” O sea, la circunscripción especial está concebida como un instrumento ejercido por los indígenas, para ellos y con ellos. No se menciona en parte alguna la labor auxiliar de un electorado nacional que interfiera en su proceso.

Para la Registraduría, la diferencia la establece el origen del candidato –indígena-, pues se avala la existencia de un elector nacional. Nos inclinamos a pensar, que el constituyente en su sabiduría integraba dos elementos: la naturaleza del candidato (indígena), y la naturaleza del elector (igualmente indígena), pues mal se haría con endosar al electorado nacional -o una parte suya-, la misión de elegir a los representantes de las comunidades, cuando este ha tenido la oportunidad de elegir sus propios representantes. Para decirlo de una manera mas precisa, en la ciudad de Bogota los candidatos indígenas recibieron para las elecciones del 12 de marzo una votación de 14.179 sufragios validos, sin contar la votación en blanco. Si tenemos en cuenta que los indígenas existentes en Bogota no sobrepasan los 10 mil, de los cuales apenas si estarán en condición de sufragar unos cinco mil, y a ese número le aplicamos el porcentaje nacional de abstencionismo, tendríamos que concluir que los votos indígenas de la capital apenas si sobrepasan los dos mil. La pregunta es: ¿será legítimo que un importante sector del electorado Bogotano medie en la decisión autónoma de los indígenas para elegir sus representantes? Muy a pesar del interés de los líderes indígenas por cautivar el electorado de la capital, la verdad es que la prerrogativa de votar por estos líderes es únicamente de los indígenas.

De no ser así, estaríamos aceptando el siguiente escenario para una probable repetición de estas elecciones: postulación de candidatos indígenas por parte de todos aquellos partidos que sobrepasaron el umbral nacional (estamos hablando del Partido de la U, el Conservador, el Liberal, Cambio Radical, Polo Democrático y todos los partidos que no perdieron su personería jurídica). Es decir, todos los partidos disputándose las dos curules de los indígenas, “en la más franca lid de raponazo democrático”. ¿Y quien nos niega la posibilidad de este escenario? Lo planteamos de esa cruda manera porque, ¿como me van a negar a mi, elector de los indígenas, la posibilidad de votar en las elecciones de repetición? El escenario es real y la Registraduría difícilmente podría desconocer esta situación. La verdad es que el vacío de reglamentación de esta circunscripción crea un boquete inmenso, que no puede remediarse sino con la reglamentación, y esta no se realiza de la noche a la mañana. Pero, ¿como endosarle a la Alianza Social indígena y en general a las organizaciones indígenas el problema de la reglamentación que le compete a otras entidades? Desde esta perspectiva, donde no existe un censo electoral indígena, donde a muchos indígenas se les ha negado el derecho a ejercer su derecho al voto -toda vez que no se instalan puestos de votación en sus comunidades-, donde el estado no les ha facilitado recursos necesarios para su movilización en lugares muy distantes de los puestos de votación, donde no se ha ejercido ninguna pedagogía electoral con ellos -toda vez que no tienen acceso a los medios en los cuales el Estado centralizo su acción pedagógica-, en fin, en el marco de una discriminación aberrante para ejercer su sagrado derecho constitucional, difícil endosarle una responsabilidad que solo cabe al estado en cabeza de sus autoridades electorales.

Así las cosas y colocándonos frente a la obligatoriedad que dice la Registraduría de repetir las elecciones, nos encontramos frente a varios escenarios: 1) Unas elecciones con la participación únicamente de la Alianza Social indígenas, pues fue el único partido que superó “el umbral” que teóricamente necesitaban para mantener su personería jurídica. En este caso, seria una lista con los mismos candidatos –Piñacué y Yagari-, pues como no se trata de una elección unipersonal, no existe ningún impedimento jurídico que nos haga pensar en que seria diferente. 2) Unas elecciones con la participación de todos los partidos políticos que alcanzaron el umbral, lo que nos estaría colocando ante una situación de ambigüedad tal, que llevaría a que a los indígenas se les aplique, para unas cosas el umbral de su jurisdicción y para otras, el umbral nacional. De ser así, estaríamos patrocinando una mayor desbandada de indígenas a los partidos nacionales, como ya empieza a observarse, desnaturalizando aun mas el espíritu del constituyente al crear esta circunscripción especial y 3) entender que existió un proceso electoral viciado por causas que no generaron los indígenas, pues la masiva votación en blanco por esta circunscripción, no significa necesariamente que los electores querían castigar a los candidatos, pues no había fotos ni nombres, y el indígena, si no ve foto, no ve nada; mas bien se puede suponer que la infuncionalidad del sistema elegido, con dos elecciones en un mismo tarjetón números en vez de fotos y logotipos repetidos, confunde al elector que además se encuentra con dos opciones de voto en blanco. Como diría la abuela que pasaron en todos los noticieros, ¿si se equivocaba el doctor, que diremos de los indígenas? Como puede inferirse de esta situación, de estos tres escenarios el que mas interpretaría la realidad de lo sucedido es el escenario uno, pues la ASI fue la única organización que superó el umbral dentro de su circunscripción, lo que significa que ningún otro partido podría concursar en este proceso por no tratarse de una circunscripción nacional. En ese sentido, que razón tendría repetir unas elecciones, simplemente para refrendar la elección de los candidatos Piñacué y Yagari. Además de las razones jurídicas, creo que razones políticas y económicas hay en demasía, para no ver lo sucedido. Interpretando de la mejor manera al comediante Andrés López, todos los colombianos tendríamos que decir: “Deje así”, pues no tiene sentido repetir unas elecciones para elegir a los ya elegidos.

De imponerse la decisión de la Registraduría, sin analizar quienes depositaron esos votos en blanco por los indígenas, y sin analizar la mecánica electoral, estaríamos asistiendo a un tratamiento peor que la enfermedad que busca combatir.

Marzo 13 de 2006

 

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En el marco del primer taller de formación de formadores y formadoras indígenas, jueces y magistrados de la república, se hizo el lanzamiento del libro “Las Salinas de los Wayúu (procesos organizativos, acuerdos, conceptos, legislaciones y jurisprudencia)”, compilado por Gustavo Valvuena Wouriyu, indígena wayúu, abogado de la Universidad Nacional y experto en el tema. Actualidad Étnica habló con Valvuena quien nos comentó acerca del proceso de creación de esta importante investigación para los wayúu, los pueblos indígenas y para Colombia. Gustavo Petro, prologa el libro que se lanzó hoy en la ciudad de Bogotá.

Fue como descubrir la intimidad del proceso, dice Gustavo Valvuena Wouriyu, al recordar el tiempo dedicado a escribir el libro, “Las salinas de los Wayúu”, un tarea que se ha dado a la par de su lucha por la reivindicación por los derechos de los wayúu y en general de los pueblos indígenas de Colombia. Sin embargo, para la compilación, Valvuena tuvo que investigar, además de los hechos en los que participó de manera directa, más de 150 años de historia, desde el gobierno de Tomas Cipriano de Mosquera, cuando ya se discutía sí las salinas de Manaure debían estar en manos de quienes por derecho se lo merecían, los Wayúu.

Con la perseverancia propia de los pueblos indígenas, los wayúu, lograron lo que muchos creían imposible, que el estado les reconociera, los que ellos ya sabían: un derecho territorial y autónomo sobre las salinas de Manaure, existente antes del estado mismo.

El libro, como la historia del proceso organizativo y de reclamación de las salinas de Manaure, demuestra que las cosas que se hacen con amor y constancia finalmente se logran. El resultado de años de lucha fue el esperado: una de las experiencias más innovadoras y significativas en el manejo alternativo de los recursos naturales, un esquema empresarial con participación de los indígenas.

Con la misma paciencia de quien cosecha de la sal, Valvuena Wouriyu, nos contó acerca de su libro, su experiencia y sus sueños.

¿Cuál es el aporte de este libro a los pueblos indígenas de Colombia?

El aporte es brindar el testimonio histórico de lo que ha sido el proceso organizativo de los Wayúu de la sal, desde la organización Waya Wayúu, en su relación con los pueblos indígenas de Colombia, con la sociedad nacional y en concordancia con los retos que tenemos al participar de una actividad industrial tan importante como es la producción y comercialización de la sal en el país. Esto son nuevo esquemas de la economía que queremos mostrar, una alternativa que le sirva de ejemplo a otras comunidades, un experiencia que además Colombia y América Latina necesita vivir.

¿Cómo fue la experiencia del proceso de investigación?

Fue importante meterse en el mundo de la investigación de la información. Fue como hacer una lectura de 150 años de historia, en cual miramos a los wayúu, a las salinas de Manaure, a la sociedad nacional, a nuestra cultura, así como los aspectos jurídicos, las crisis, los comportamientos de una y otra parte dentro del conflicto. Fue una experiencia muy importante analizar cómo llegamos al también al punto de convencer y tener incidencia para que los servidores públicos entendieran este proceso.

¿Qué significa la sal y las salinas para los wayúu?

La sal tiene un especial significado para todas las culturas indígenas del mundo y en general para la humanidad. Antes el trabajo se pagaba con la sal, de allí viene la palabra salario. La sal fue un detonante común entre la revolución francesa y la revolución de los comuneros. Las sociedades han dependido de la sal, y este elemento ah estado ligado al diario vivir de las personas. Desde que uno se levanta, tiene que ver con la sal. Así que nuestro aporte, desde Manaure es muy importante por que nosotros le danos el sabor a la comida de los colombianos y eso le da mayor satisfacción a la batalla que hemos dado por lograr nuestro sueño.

Por otra parte, en la cultura wayúu existe una relación muy estrecha con la sal y las salinas. Desde que el niño nace, su formación, desarrollo y economía está relacionada con la producción y comercialización de la sal. La familia y cultura wayúu están vinculadas estrechamente con la actividad salinera, con cultura de la sal.

Desde tiempos inmemorables, el espíritu de los wayúu está presente en cada grano de las salinas de Manaure, y, eso precisamente lo que recoge Valvuena en su libro, para que las generaciones futuras sepan que ichi’i (la sal) seguirá allí por siempre.


La comunidad afrocolombiana del Valle del Cauca aún no se recupera de la tragedia ambiental sucedida el 12 de abril de 2006. Como consecuencia de fuertes aguaceros, se presentó el desbordamiento del río Dagua. A las 4.00 a.m. el caudal destruyó 61 viviendas de la vereda Bendiciones, del Municipio de Buenaventura. La emergencia invernal en el Valle del Cauca ha afectado los municipios de Cali, Buenaventura, Tulúa, Bolívar, Pueblo Nuevo y Roldanillo.

Carlos Rua Ángulo líder afrocolombiano, director de Ecotambor y miembro de la Conferencia Nacional Afrocolombiana y Red de Justicia Comunitaria, aseguró que se esta redactando una carta en nombre de la comunidad, dirigida al Alcalde y Gobernador de la región, para que se le conceda un “periodo de gracia” de tres meses a los habitantes que viven cerca de la carretera, esto con el fin de mitigar las pérdidas, “la mayoría de los afectados viven cerca de la carretera y el cierre de ésta ha generado pérdidas económicas, por esto ellos no podrán pagar sus servicios públicos”. El líder afro aseguró que el problema ya era latente y que el alto grado de pluviosidad ya se conocía por parte del gobierno, “la comunidad ya había alertado la situación con anterioridad, pero las autoridades hicieron caso omiso”.

El Valle del Cauca es el departamento colombiano con mayor número de población afrocolombiana (1´.720257), lo cual convierte la tragedia en un llamado para que los colombianos apoyen a una población minoritaria y afectada en mayores proporciones por la situación económica y de seguridad del país. Sumada a la dificultad de rescate de las víctimas se suma la presencia de guerrilla en el sector que obstaculiza aún más los operativos, ya que las Farc han arremetido en varias ocasiones contra el grupo de soldados que custodia los organismos de rescate, lo que arrojó varios militares heridos, y que las operaciones de rescate fueran suspendidas varias veces.

El Gobernador Angelino Garzón pidió que cesara cualquier enfrentamiento ante la emergencia y anunció mil millones de pesos para atender las calamidades y daños. El Gobierno Nacional informó que, durante seis meses, dará subsidios de $200.000 a cada una de las familias damnificadas. La Cámara de Comercio de Buenaventura anunció que la tragedia produjo pérdidas que ascienden a $5.000 millones.

El alcalde de Buenaventura, Saulo Quiñónez, anunció un acuerdo con la Gobernación del Valle del Cauca y el Gobierno de la Nación para iniciar la reconstrucción de la zona devastada. El municipio pondrá el terreno, el departamento los servicios públicos y la Nación aportará los estudios y los materiales de construcción, según informó Quiñónez en declaraciones a la emisora local 'RCN'. “Las casas serán construidas en los kilómetros 28 y 32 de la carretera. Este programa será adelantado en un término de seis meses”, agregó el alcalde.

El líder afro, afirmó que los acuerdos del gobierno con las grandes empresas importadoras, exportadoras y de transporte no tiene en cuenta la situación de la población víctima y herida, “El cierre de la carretera agudiza aún más el hambre y la pobreza de la población, porque a la tragedia se suma que 70% de los habitantes de la zona son desempleados”.

También hace un llamado a la comunidad afrodescendiente a movilizarse y a reclamar que el Estado asuma la responsabilidad de quienes resultaron afectados, y además alienta a la población colombiana para que apoye esta movilización, “Es una situación que afecta económicamente a todo el país, la gravedad de la circunstancias no debe ser una noticia que pase de un día para otro, los problemas de fondo deben resolverse con la solidaridad de todos”.

Última información sobre impactos y ayudas

El 18 de abril la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con su representación en Colombia, dio a conocer el último informe respecto a la emergencia invernal que se vive en el Valle del Cauca, arrojando la siguiente información:

La Intensidad de las lluvias ha aumentado originando crecientes súbitas en los ríos Cauca, Cali, la Vieja y Palo, lo que ha activado la alerta amarilla para los municipios de Buga, Yotocó, Caicedonia, Jamundi, Pance, Yumbo y Cali. En Cali en la zona de Jarillón del Río Cauca, continúa la alerta del ante el riesgo de la ruptura de un dique en el sector de Villa Mosca, lo cualñ generaría una inundación en grandes proporciones en el oriente de la ciudad.

Buenaventura: el impacto poblacional, es de 190 familias damnificadas, 30 muertos, 8 desaparecidos (Fuente Cruz Roja). Dos veredas arrasadas (Fuente CLOPAD - Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres - Buenaventura). En cuanto a la infraestructura familiar y comunitaria, afectó 61 casas, una escuela, media banca de la vía y generó 14 derrumbes (Fuente CLOPAD - Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres - Buenaventura). La pérdida económica fue de $40 millones de pesos (Fuente Alcaldía de Buenaventura).

Tulúa: hay hasta el momento 2 personas heridas. En el Corregimiento de San Lorenzo se presentó un deslizamiento y en San francisco Inundación. Y el caudal dejó 3 viviendas destruidas.

Cali: hay 1700 familias en riesgo, 200 familias reubicadas por alto riesgo, 74 familias evacuadas con subsidio de arrendamiento. Los barrios del oriente de la ciudad sufren riesgo de impacto. Se puede generar un posible impacto en planta de tratamiento de agua de Puerto Mallarino.

Roldanillo: No hay impacto físico en las personas, se estiman 5000 pequeñas parcelas afectadas.

El Gobierno Departamental a través de la Subsecretaria de Emergencias y Desastres y el Comité Regional para la Prevención y Atención de Desastres (CREPAD), viene atendiendo todas las emergencias en coordinación con las autoridades locales y el Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres (CLOPAD).

En Buenaventura el Sistema Nacional para la Atención y Prevención de Desastres (SNAPD), CREPAD y CLOPAD, vienen coordinando y apoyando las acciones de los organismos de socorro en el rescate de personas heridas, muertas y búsqueda de desaparecidos., INVIAS se comprometió para solucinar el problema de los 14 derrumbes, la evacuación hacia los albergues, y el manejo de la ayuda humanitaria, además viene construyendo un muro de contención, apoyado en la desviación del cauce del río Dagua para facilitar su construcción..

Actualmente Ocho albergues están funcionando en el centro de convenciones, escuelas y casetas comunales (Escuela José ramón Bejarano, casetas comunitarias del embajador, el carmen, el Doliente, Manio regio, Antonio Nariño, Salesiano, el Jardín, la Dignidad, Miraflores), pero con algunos problemas en términos de saneamiento básico, principalmente por un problema estructural de suministro de agua en la ciudad.

En Cali la Alcaldía y CLOPAD han elaborado un Plan de contingencia y un Plan de reubicación, que viene concertando con la Dirección Nacional del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de Desastres (SNAPD), y el Gobierno Departamental. Dichos Planes contemplan la ayuda humanitaria a la población afectada por las inundaciones, soluciones temporales para las familias en riesgo (subsidios de arriendo, albergues temporales), y soluciones de reubicación en un lote aportado por el municipio y la construcción de soluciones de vivienda en dicho lote.

En otros Municipios como Tulúa, Roldanillo y Bolívar, se han atendido directamente a través de la Subsecretaria de Emergencias y Desastres en coordinación con las autoridades locales, y los organismos de socorro.

En cuanto a la salud, la Secretaría de Salud del Valle, en coordinación con el CREPAD en cabeza del Gobernador durante el fin de semana, gestionaron medicamentos, insumos. La Secretaria de Salud de Buenaventura, en coordinación con el CLOPAD y los organismos de socorro, hicieron presencia en la vereda afectada con dos epidemiólogos y personal de saneamiento ambiental. Igualmente los técnicos de saneamiento vienen apoyando la adecuación de las escuelas para el suministro de agua potable y el uso de sanitarios.

Hasta el momento no hay reportes oficiales de personas atendidas en los albergues. La Secretaria de Salud de Buenaventura viene coordinando con el ICBF la atención nutricional y psicosocial. En Cali los equipos de Salud Pública, equipos de salud familiar y comunitaria, funcionarios de saneamiento básico de la Secretaria de salud de Cali y Hospital ESE Nivel I Carlos Holmes Trujillo, han estado en los momentos de respuesta a la inundación y de ayuda humanitaria. La Secretaria de salud de Cali viene participando en los espacios de trabajo para la reubicación de las 1.700 familias en riesgo.


Dadas las reacciones que ha suscitado el presente articulo en algunos de nuestros lectores, Actualidad Étnica lo reproduce de manera integra, aclarando que los puntos de vista emitidos, en modo alguno comprometen la opinión, ni la línea editorial del periódico.

Pasada una semana del proceso electoral para Congreso, quedan en el aire muchos aspectos a analizar. Pero antes de darle palo al Sistema, me permitiré hacer dos comentarios que pueden ser denominados "cuña para el mismo POLO". El primero: a muchos compañeros y compañeras del Polo, que por ser presidentes o presidentas de algo, o por provenir de las directivas de alguna ONG, les dio por proponerse como candidatos al congreso nacional, fragmentando procesos de unidad en torno a candidaturas más sólidas y de perfil nacional, les debe haber quedado en claro que con el caudal de votos recogidos les queda bien postularse a un edilato en una Junta Administradora Local, sin más pretensiones personalistas y siendo coherentes con que, primero es la escuela que la universidad.

Segundo comentario: En estas elecciones se vio la debilidad del proceso de unidad de las minorías étnicas. Los partidos contribuyeron a ello. El mismo Polo tuvo en sus toldos a varios candidatos indígenas que en lugar de fortalecer los candidatos de circunscripción especial, y en afanes meramente individualistas, buscaron partidos políticos para allanar el camino hacía una curul, olvidándose de sus respectivas comunidades. Lo más abominable son los candidatos y candidatas que con el discurso de las minorías se fueron a toldos uribistas. Con qué autoridad moral podría una Leonor González Mina, o una Belkis Izquierdo Torres, pregonar la defensa de las minorías étnicas, cuando en su afán por llegar al congreso incurrieron en acuerdos con los partidos que defienden un sistema que tan duro les está dando a  las comunidades indígenas y las comunidades negras.

La curul de circunscripción en Cámara para comunidades negras fue para la pesista María Isabel Urrutia, pero tengo mis reservas al respecto; no sé si en realidad ella sea cabal representante de los intereses de las comunidades negras del país, igualmente tan fragmentadas como los indígenas (27 movimientos inscritos así lo demuestran).   Tengo entendido que la ganadora de la Curul en Cámara para comunidades indígenas fue Orsinia Patricia Polanco (supuesta representante de las comunidades Wayuú), avalada por el Polo. Habrá que ver si ella se pone de acuerdo, tan siquiera, con su misma comunidad Wayuú, que contaba con otra supuesta candidata en otro toldo: Rosa Tulia Iguarán en el movimiento de la ASI.

En el caso de la elección de dos representantes de comunidades indígenas al Senado, el voto en blanco cuenta. El voto en blanco no es más que la clara manifestación de censura y rechazo a los incoherentes procedimientos de división en el seno de las comunidades indígenas y hay que tenerlo en cuenta. Con su aval al candidato presidencial Antanas Mockus, ya la ASI (Movimiento de Alianza Social Indígena), había demostrado ir en contravía de los acuerdos de unidad indígena logrados por varios consejos y movimientos indígenas que apoyan la candidatura presidencial de Carlos Gaviria, candidato del POLO. Por mí, que se queden vacías las dos curules de circunscripción especial en Senado. Que esto sea una lección para que las mismas comunidades de minoría comiencen a buscar un camino de unidad más coherente y consecuente con la defensa de sus intereses colectivos y, para que  se aparten de la idea de seguir conformando pequeñas empresas electorales, manía aprendida de un Sistema que dividiéndonos resulta vencedor, o, proyecto equívoco  que, en algunos casos,  les han vendido muchos de sus asesores políticos (sociólogos, antropólogos, indigenistas y demás).

Ahora sí, enumeremos algunos aspectos que hacen cuestionable el éxito del uribismo en las pasadas elecciones de congreso:

1. La legitimidad de las mismas elecciones, por lo polémicas; pues se presentaron aspectos atípicos en este tipo de procesos democráticos: La actuación del mismo Presidente inclinando la balanza hacía sus propios candidatos, los cuales no sólo encontraron el apoyo de la imagen presidencial sino que, de seguro, el aceite suficiente para direccionar sus maquinarias electorales gracias a las ventajas que les da el manejo burocrático en las diversas instancias del gobierno nacional y que, de ñapa, les proporciona plata para la compra y el trasteo de votos.

2. La conformación de los grupos de jurados para el proceso electoral y de escrutinios posteriores. No sólo cuestionable por que se presupone que muchos jurados eran de gran afinidad política en algunas regiones, sino porque en muchos casos no fueron lo suficientemente claros con los conteos y actas de escrutinio. Los mismos testigos electorales de cada partido han declarado el celo y los extraños procedimientos de los jurados a la hora del conteo (no los dejaron acercar,  manteniéndolos a dos metros de distancia, cosa que les impedía verificar si los votos eran realmente nulos, o si realmente correspondían para el partido y el candidato o candidata anunciado). Igualmente en Bogotá, algunos testigos han informado de presencia policiva y militar en algunas mesas, a la hora del escrutinio, limitando la acción de los testigos y manteniendo, con presencia intimidante, el margen de distancia impuesto por los jurados.    

3. La capacidad infame de algunos candidatos como Germán Vargas Lleras, y Rito Alejo del Río (que para la salud mortal del país, afortunadamente se quemó), de lanzar anatemas y señalar impunemente a los candidatos de oposición de guerrilleros y delincuentes. Germán Vargas Lleras, por un lado, no escatimó esfuerzos en ordenar, en una plaza de mercado, bajar los afiches de Gloria Cuartas, señalándola de guerrillera, manteniendo una acusación que ya había lanzado en algunos espacios académicos. De otro lado, tengo entendido que, el grupo de apoyo del general (r) Rito Alejo del Río (bastante cuestionado a nivel internacional por violación a los Derechos Humanos), lanzó públicamente una campaña de desprestigio político para algunos de los  opositores del actual gobierno. Así, a través de un video, el candidato presidencial Álvaro Leiva y la candidata al Senado Gloria Cuartas, entre otros, son relacionados directamente con la guerrilla con sendos montajes audiovisuales.

4. En Bogotá, como en otras regiones del país, la policía mantuvo una actitud aprobatoria para con los voceros y militantes de los partidos uribistas a quienes permitió hacer proselitismo hasta más allá de los límites de restricción legal, según lo dispone la ley (aún en las filas del interior de Corferias, los testigos hablan de personas induciendo a las personas a votar por tal o cual candidato o candidata); mientras que para los militantes del Polo Democrático Alternativo, se sostuvo actitud vigilante y restrictiva.

5. La intromisión de electores uribistas en la consulta popular del partido liberal, y el favoritismo de los jurados que en algunos casos ofrecían el tarjetón de la consulta liberal y negaban a los polistas el tarjetón de consulta del Polo.

6. Aún no se aclara la detención de algunas personas por compra de votos, a favor del uribismo, en algunas zonas como Ciudad Bolívar en Bogotá. Tampoco se tomaron medidas de restricción a formas directas de compra de votos como lo son el ofrecimiento de tejas, cemento, transporte gratis –con comida y mercados incluido- hasta los puestos electorales, en los que incurrieron algunos partidos afectos al uribismo.

7. El mal llamado "reconteo", o proceso de escrutinios post-electoral, llevado a cabo en las comisiones escrutadoras en diferentes registradurías del país,  presenta grandes desventajas a los testigos delegados por los diferentes partidos o movimientos. De un lado, son virtuales, no es un reconteo físico, son actas leídas por los jueces, registradores y procuradores delegados, según los resultados reportados por los jueces de mesa el día domingo al término de la jornada electoral. Como si fuera poco, muchas de las reclamaciones de los testigos son desoídas, se alegan pocos elementos de mérito para dichas reclamaciones o se amparan en un artículo de ley que plantea que si las irregularidades presentadas en el reconteo no suman el 10%, no hay lugar a objeciones. Mis abuelos decían que de grano en grano la gallina llena el buche. De voto en voto, también se puede recuperar una curul perdida. Habrá entonces que reformar la ley, porque el 10% para un candidato de maquinarías puede no ser muy relevante, pero para candidatos de oposición y de opinión es alto, pues un solo voto que le falte en una mesa de 100 sufragantes, sumado a otros tantos en otras mesas, puede representar su ingreso al Congreso. Todo lo anterior sin hablar de las irregularidades que, al parecer, se presenta en torno a los votos declarados como nulos y que habrá que definir a partir del proceso de escrutinios post electorales. Y dejó por aquí para no alargar más el cuento.

El pasado 10 de abril, en el marco de las actividades realizadas con ocasión del quinto aniversario de la masacre del Alto Naya, que se llevaban a cabo en el territorio La Laguna, municipio de Timbio, ocurrió un nuevo hecho que de acuerdo a  los indígenas, se constituye en una grave amenaza para los familiares de las víctimas de la masacre ocurrida en el 2001. Según la información suministrada por el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca), varios agentes de la Policía del municipio de Timbio irrumpieron en el lugar en donde se encontraba reunida la comunidad reubicada del Alto Naya y las organizaciones participantes, procediendo luego a tomar fotografías de los asistentes.

 

Ante estos hechos, la Guardia Indígena respaldada por la comunidad exigió a los agentes de Policía retirarse del lugar. Luego de dicha solicitud y en presencia de la comunidad borraron los registros fotográficos y procedieron a atender la petición hecha. Este hecho fue informado al General Mesa, Comandante regional del sur occidente de la Policía Nacional.

 

¿Qué pasó en el Naya?

 

El Alto Naya es una zona que se encuentra ubicada entre los departamentos de Valle y Cauca. La masacre que se recuerda por estos días ocurrió entre el 10 y el 13 de abril de 2001, cuando un  grupo de cuatrocientos (400) paramilitares incursionó  en las veredas de Patio Bonito, El Ceral, La Silvia, La Mina, El Playón, Alto Seco, Palo Grande y Río Mina e iniciaron un recorrido en el que, según los pobladores de la zona fueron asesinadas, aproximadamente 120 personas que fueron señaladas de tener vínculos con la guerrilla y que figuraban  en una lista que tenían los paramilitares. Esta acusación se originó por el arribo de guerrilleros del ELN que ingresaron a la zona con el objetivo de ocultar a las personas secuestradas en la Iglesia la María y en el kilómetro 18 de la carretera de Cali que conduce al mar. 

 

Estos hechos provocaron el desplazamiento de 1800 personas entre  indígenas, campesinos y afrocolombianos que se dirigieron hacia las localidades de La Concha y Puerto Merizalde con el objetivo de llegar hasta Buenaventura. 

 

El agravante de este dramático caso es que quince (15) días antes de ocurridos los hechos se había emitido una alerta temprana que daba cuenta de la inminencia de un ataque en contra de la población civil de éste sector. La información que motivó dicha alerta temprana, señalaba que desde hacia aproximadamente un mes,  un grupo paramilitar estaba ocupando las veredas la Alsacia, la Esperanza y la cabecera del municipio de Timba, situación que fue verificada por una comisión interinstitucional que visitó la zona durante la ultima semana del mes de marzo de ese año.

 

Adicionalmente, el 2 de abril de 2001 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había solicitado al Estado colombiano adoptar las medidas cautelares necesarias para garantizar la vida y la integridad de los integrantes de las comunidades del departamento del Cauca.

 

Durante el mes de mayo de ese mismo año, en el marco de la operación dignidad, la Armada capturo a 68 paramilitares, presuntamente involucrados en los hechos. Un año después, el  2 de mayo de 2002, la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalia dictó resolución de acusación en contra de 68 presuntos paramilitares, sindicados de participar en la masacre del Naya, bajo el cargo de homicidio agravado con fines terroristas.  Finalmente, a comienzos de este año un juez especializado condenó a  cuarenta (40) años de prisión a un grupo de setenta (70) paramilitares del Bloque Calima de las AUC, como responsables de los delitos de desplazamiento forzado, homicidio agravado y concierto para delinquir e igualmente impuso a cada uno de ellos una multa de 340 millones de pesos. Durante el proceso penal solo se pudo establecer el homicidio de 37 personas.

 

De otra parte, durante el mes de febrero de 2006 la Procuraduría General de la Nación impuso una sanción disciplinaria, consistente en 70 días de suspensión al coronel Tony Alberto Vargas Petecua, comandante del Batallón de Infantería No. 8. De acuerdo a la investigación adelantada por el organismo de control, el militar sancionado tenía conocimiento de la presencia del grupo paramilitar en la vereda la Esperanza y sin embargo, omitió su deber de adoptar las medidas necesarias para evitar la masacre.

 

La población desplazada, luego de vivir durante cerca de tres años en la plaza de toros del municipio de Santander de Quilichao fue reubicada, durante el año 2004 en la finca La Laguna,   lugar en donde se produjeron los hechos denunciados por el CRIC.  

 

En ésta oportunidad la Organización Indígena solicitó  a las autoridades civiles  y militares del nivel nacional y departamental tomar las medidas correspondientes para proteger  a las personas y comunidades de la zona, así como extremar las medidas de protección, garantías y respeto  a los territorios de los pueblos indígenas en el departamento del Cauca.


Si en la etnografía del habla y de la comunicación entendemos el lenguaje como una práctica cultural, como señala Duranti (Ibid., p. 47), se hace necesario tener claro la manera en que entendemos la cultura. Duranti (Ibid., p. 47 - 81) expone en breve las teorías de la cultura que han dominado en las ciencias sociales durante sus diversas etapas (positivista, estructuralista, postestructuralista, etc.), que se adoptan desde las diversas disciplinas (antropología, sociología) y que han utilizado los investigadores, filósofos e investigadores sociales. Básicamente el autor se refiere a seis maneras como se ha entendido la cultura: (1) como algo distinto de la naturaleza, (2) como conocimiento, (3) como comunicación, (4) como un sistema de mediación, (5) como un sistema de prácticas y (6) como un sistema de participación.

En la primera perspectiva la cultura se define como una categoría opuesta a lo que se adquiere en forma natural (como los rasgos físicos); así la cultura se aprende transmitida de padres a hijos en la interacción social cara a cara. En la segunda teoría, la cultura se define según el conocimiento compartido de un grupo. En la tercera orientación, la cultura se define como un sistema de signos en su potencialidad de representar el mundo. En la cuarta teoría, la cultura es conceptualizada como una herramienta mediadora entre el hombre y su entorno. En la quinta y sexta perspectivas, los miembros de una cultura se definen en la medida que participen, que actúen en las prácticas comunes consensuadas por el grupo.

El género se ha entendido y estudiado de distintas maneras por distintos investigadores y teóricos de las ciencias Sociales. Muñoz (Op. cit.) retoma dos concepciones del género: Es proponer el ámbito de lo imaginario como una herramienta conceptual que permite abordar la realidad psicosocial en su complejidad teniendo en cuenta sus dimensiones narrativas, histórica y sociocualtural. De éste modo, por género entendemos el producto y la producción de actividades conversacionales espontáneas y cotidianas de la gente mediante las cuales logran el entendimiento mutuo , en nuestro caso , se trata del entendimiento del hecho de ser hombres y mujeres y de las relaciones que establecen entre sí. Como conversación y producto de conversaciones humanas.

Además de lo anterior, en especial buscamos develar cómo en este proceso social de construcción y especificación imaginaria las personas emplean carácter esencial y categórico y las asumen como realidades naturales determinantes de su subjetividad de género. En esta dinámica, se vuelve invisible, el hecho de que dichas imágenes son creaciones linguisticas y conversacionales en circunstancias históricas y sociales, específicas y que, como tales son susceptibles de cambio.

Justamente esta confusión configura uno de los dispositivos pedagógicos que inciden significativamente en el proceso de subjetivación de género, dispositivo que consiste en la idealización de nuestras formas de hablar a cerca de nosotros/as mismos/as. En esa idealización quedamos atrapados/as con frecuencia y en la medida en que reporta una fuerte tendencia a establecer límites rígidos e insalvables entre lo posible y lo inaceptable a través de imágenes indicadoras de esencia, impide el reconocimiento social de diversas construcciones de género como legítimas y válidas.

¿Qué implicaciones Culturales tienen las marcas de género en la etnia wayúu? Los estudios que hasta la fecha se han realizado sobre la lengua Wayúu, adolecen de un verdadero análisis del papel que tiene el concepto de género en el proceso comunicativo de la Cultura wayúu.

El acercamiento a los trabajos de investigación hechos, después de la revisión bibliográfica realizada, se encuentra que gramaticalmente se hace énfasis en el estudio del género, pero no pasa de ser una mera alusión a lo gramatical, olvidando que la Lengua Wayúu, está enmarcada en el ser hombre o ser mujer, es decir, que trasciende lo gramatical para adentrarse en la cosmovisión masculina y la cosmovisión femenina. El sello de lo masculino, y lo femenino determina el habla del Wayúu, por que de lo contrario no se dará un proceso comunicativo claro.

Este sello es independiente de las diferencias machistas y feministas de la cultura occidental. Lo masculino y femenino, no se da para establecer diferencias discriminatorias, ni peyorativas, sino para significar el verdadero sentido de lo que se dice. Porque el habla del Wayúu siempre se mueve dentro de un contexto. No es aislado de la vida, del contexto, de la experiencia. El habla es la vida misma del Wayúu, de ahí la importancia del género.

El wayúu habla con sentido, con sentimiento; no habla por hablar. Sabe lo que implica el arte del hablar, el valor de la palabra. Piénsese en el papel de los palabreros dentro de la cultura wayúu. Es tal la importancia del género que tanto el hombre como la mujer, denotan los objetos, desde su ser masculino o femenino.

Así mismo, el género está muy ligado a los roles tanto de los hombres como de las mujeres en la comunidad. Estos roles están bien definidos y muy interiorizados que cada cual habla con mucha propiedad de su papel u oficio, también identifica el lugar dentro de la estructura social de la comunidad, el ser hombre o el ser mujer.

Desde este punto de vista la relación del género en la interacción social debe denotar y resaltar quien es el que está hablando. De ahí se fundamenta toda la diferenciación social del ser hombre o el ser mujer.

En el Wayuunaiki también se clasifican los sustantivos y los pronombres de acuerdo al género; y lo mismo que en español, se indican con el artículo definido que se agrega al final de la palabra como sufijo (y no como una palabra aparte). Además, el género masculino tiene un uso más restringido en el Wayunaiki que en español, porque se usa mayormente para referirse a cosas que son expresamente masculinas.

Sólo en ciertas ocasiones se aplica otros objetos. Siendo que en el Wayunaiki la mayoría de objetos se clasifican con un género diferentes al masculino, estamos usando el término “no masculino” para definir este género que en español exigiría uno de los dos. Esta diferenciación entre masculino y no masculino solamente ocurre en la forma singular

Singular

Plural

Masculino

Kai

Kana

No masculino

Kat

La construcción:

La construcción de los pronombre personales es la siguiente: ejemplos: Taya – Yo Jía – Ustedes

Pronombre Personales

Artículo Definido

Taya

Kai

Tayakai (Yo Hombre)

Jía

Jia (Ustedes)

En la oración, se usa con frecuencia y es obligatorio sufijar en el verbo la marca de género gramatical femenino o masculino:

O´unusu Uribiamuin

Va – (no masculino) hacia Uribia

(Ella) se fue hacia Uribia

Makatushi miichipa´a

Queda masculino en la casa

(El) se quedó en la casa

No existe para la segunda persona una forma familiar o cortés como en español.

La selección del pronombre personal no sólo depende del género y número de la persona o grupo de personas, sino que está determinado por la manera como el hablante considera a esa persona o a ese grupo de personas.

Ayalajushii naya ekuulu

Compran – Plural ellos comida

Ellos están comprando comida

(Considerados como plural: “personas”)

El artículo definido:

Aunque el artículo definido se puede usar con los pronombres personales, no es muy común. Se usa solamente con el fin de dar claridad al contexto o cuando se desea dar énfasis al pronombre, ej:

¿Niakai? Makatushi miichipa´a

Él – el (art.def.) queda – masc. En la casa

¿Él? Se quedó en la casa.

El artículo definido siempre va de acuerdo al género y número del pronombre:

Niakai “el”

Tayakat “Yo” (no masculino)

La forma singular no masculina del artículo definido Kat se puede variar a Kot; esta última se da con sustantivos en los cuales la vocal final es posterior (u/o):

Wayuu Persona Indígena

Wayuukot “La persona, la mujer”

Puchon “Tu hijo, tu hija”

Puchonkot “Es tu hija”

Cuando un verbo va en el tiempo general en la forma sin prefijo, lleva un sufijo que denota género y número. En Wayunaiki hay cuatro tipos de sufijos para indicar género y número.

Durante las últimas semanas y a raíz de varios pronunciamientos de las organizaciones indígenas y de un Foro de Derecho Internacional Humanitario organizado por la ONG “Vivamos Humanos”, se ha vuelto a abordar el tema de la reparación para los pueblos indígenas de la Sierra en el contexto de la desmovilización de los hombres comandados por “Jorge 40” y  “Hernán Giraldo”.

 

El grupo paramilitar comandado por Hernán Giraldo nació a comienzos de la década de los 80, bajo el nombre autodefensas del mamey, como una alternativa de seguridad frente a las múltiples presiones de la guerrilla de las FARC, lo cual abonó el terreno para lograr la simpatía de algunos sectores sociales y políticos. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la otra cara de sus acciones estuvo enmarcada por la protección de los cultivos de marihuana y posteriormente, de coca.

 

Contexto histórico

 

En 1997, las AUC entraron a la región con los objetivos de exterminar a la guerrilla y monopolizar los negocios del narcotráfico, el contrabando y  la seguridad de los industriales y ganaderos de la región. En ese momento, este nuevo actor confluyó con las pequeñas estructuras paramilitares que desde los años ochenta se habían establecido en la zona con el apoyo de los ganaderos, agricultores y empresarios, entre los cuales se encontraba el grupo comandado por Hernán Giraldo. Ante ese panorama, las AUC en su afán por consolidarse y tener el dominio absoluto de la Sierra, procedió a negociar la cooperación de los pequeños poderes paraestatales en función de esa nueva organización que  operaría en la zona a través del Bloque Norte de las AUC comandado inicialmente, por Salvatore Mancuso y posteriormente por “Jorge 40”. Dos de los grupos paramilitares de antaño decidieron negociar con las AUC y finalmente, llegaron a acuerdos que concluyeron con la consolidación de este último grupo.

 

En el caso de Hernán Giraldo, el asunto fue un poco más complicado, pues los desacuerdos entre las organizaciones se hicieron evidentes y la única alternativa para someter a los pararamilitares del mamey fue una ofensiva iniciada en el año 2001, motivada por el asesinato de dos agentes de la DEA. Esta estrategia debilitó los apoyos sociales y económicos del grupo de Giraldo, al tiempo que debilitó su liderazgo. Esta ofensiva concluyó a mediados del año siguiente, cuando los paramilitares del mamey tuvieron que aceptar las condiciones fijadas por los hombres de Castaño, las cuales se concretaron en un manejo compartido del negocio del narcotráfico y en el debilitamiento notable de poder militar para el grupo de Giraldo.

 

De esa manera, se produjo la consolidación del Bloque Norte como una estructura paraestatal que además de dominar a los grupos que habían detentado el control de la zona, se presentó como un gran poder que contaba con el apoyo de amplios sectores sociales y políticos de la Costa. Ese proceso de fortalecimiento estuvo determinado por el poder económico derivado del narcotráfico, el contrabando, las extorsiones y la apropiación de tierras, que junto con el incremento del poder militar incidió de manera definitiva en el establecimiento de un orden político y social que terminó coexistiendo con un aparato estatal debilitado.

 

La consolidación de las AUC también estuvo marcada por el éxito militar en tanto grupo contrainsurgente, ya que lograron bloquear y controlar los corredores utilizados por las guerrillas de las FARC y el ELN para movilizarse entre la Sierra Nevada de Santa Marta y el nudo del Paramillo. Además de ello, lograron controlar las zonas planas, creando un cordón paramilitar que obligó a los insurgentes a concentrarse en lo alto de la Sierra Nevada, menguando  así el poder insurgente que había reinado durante más de  veinte años en la zona. Este “éxito” de las autodefensas estuvo determinado, obviamente, por los ataques directos contra la población civil sospechosa de ayudar al advesario, lo cual desencadenó un proceso de victimización creciente, que se materializó en la implantación de un orden social basado en la violencia.

 

Al respecto, el programa presidencial para los Derechos Humanos ha planteado las siguientes hipótesis para describir el proceso de violencia en contra de la población civil, a partir de la ingerencia de las AUC: “1.Los grupos de autodefensas utilizaron los homicidios como una manera de compensar su inferioridad militar ante la insurgencia y de minar los supuestos apoyos de su adversario; 2. Una vez equilibrada la relación de fuerzas entre los dos grupos armados irregulares, las autodefensas implementan la violencia como una manera de crear lealtades y producir una ventaja; y 3. Una vez comprometido el dominio y el control por parte de la insurgencia en algunas zonas, ésta implementa la violencia contra los civiles como una manera de castigar  el cambio de lealtades y de compensar las desventajas en el plano militar”[i].

 

Estas hipótesis estarían planteando, entonces la permanente utilización de la población civil y de sus bienes como blancos de ataque en el desarrollo de la estrategia contrainsurgente de las autodefensas, lo cual obliga a pensar no sólo en los mecanismos para controlar los ámbitos sociales y políticos, sino también en las estrategias de financiación para la mantener la confrontación.  Dentro del grupo de víctimas de esa larga carrera contrainsurgente, se encuentran los pueblos indígenas Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo, guardianes de la Sierra Nevada, los cuales, a pesar de la permanente reivindicación de sus derechos como pueblos autónomos basados en la cultura y las tradiciones propias han sido víctimas de diversos actos de violencia, al ser considerados parte de uno u otro bando.

 

Uno de los factores que incidió en el aumento de los niveles de vulnerabilidad de estos pueblos fue el hecho de que el repliegue insurgente se produjo hacia los territorios indígenas, hecho que los catalogo como presuntos auxiliadores de la guerrilla, justificación suficiente para convertirse en víctimas de homicidios, desapariciones, desplazamientos forzados, amenazas y detenciones arbitrarias, así como de un bloqueo que involucro el control de alimentos y medicinas y la restricción de la libre movilización de los indígenas en su propio territorio. 

 

La estrategia militar condujo también a la apropiación, dominio y destrucción de sitios sagrados y de territorios indígenas, lo cual muestra que la “reforma agraria” impulsada por los paramilitares no se limitó a las grandes parcelas de tierra, pertenecientes a quienes en algún momento estuvieron protegidos por las AUC. Se trató entonces, de una forma generalizada de financiación del paramilitarismo, que afectó tanto a los grandes empresarios y hacendados, como a los pequeños campesinos y agricultores. En ese entendido, el tema de la devolución de las tierras es un de los ejes centrales de la reparación de las víctimas en el actual proceso de desmovilización.

 

¿Y de las víctimas qué?

 

Para el caso de los pueblo indígenas, concebidos como sujetos colectivos de derecho, es importante tener en cuenta que las prerrogativas que les han sido reconocidos a nivel nacional e internacional han superado la teoría occidental de los derechos individuales para darles una connotación mucho más amplia que involucra los derechos económicos, sociales y culturales soportados en la concepciones culturales propias de cada uno de los pueblos.

 

Para el caso del derecho a la tierra, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, basada en el Convenio 169 de la OIT ha reiterado que “la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe ser reconocida y comprendida como la base fundamental de su cultura, vida espiritual, integridad, supervivencia económica y su preservación y transmisión a las generaciones futuras”  y por ello  “los Estados deben tener en cuenta que los derechos territoriales  indígenas abarcan un concepto más amplio y diferente que está relacionado con el derecho colectivo a la supervivencia como pueblo organizado, con el control de su hábitat como una condición necesaria para la reproducción  de su cultura, para su propio desarrollo y para llevar a cabo sus planes de vida. La propiedad sobre la tierra garantiza que los miembros de las comunidades indígenas conserven su patrimonio cultural”[ii].

 

En el caso colombiano las agresiones en contra de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta han apuntado hacia la destrucción total de los pueblos como culturas ancestrales, atacando de manera directa los pilares sobre los que se estructuran como colectivo, esto es la tierra y las autoridades tradicionales. Esto llevaría a pensar en los pueblos indígenas como actores sociales, que si bien no lograron ser destruidos, si resultaron afectados de manera notable en el ejercicio de su autonomía y de sus derechos en el propio territorio tradicional.

 

En ese sentido, la reparación de los pueblos indígenas debe tener en cuenta las particularidades culturales de estas poblaciones y plantear la restitución de tierras desde la lógica del régimen especial de tierras, como un primer paso hacia el restablecimiento de sus derechos especiales, como sujetos colectivos, lo cual supone no solo la devolución de las tierras, sino también la creación de condiciones que permitan a los pueblos disfrutar de su derecho al territorio, el cual comprende el medio ambiente y los recursos naturales a través de los cuales es posible mantener una relación de equilibrio y armonía con la tierra.

 

En esa misma línea, el pasado 14 de marzo el pueblo Arhuaco envió una carta abierta al Alto Comisionado para la paz y al jefe de la misión de apoyo al proceso de paz de la Organización de Estados Americanos, en la que plantearon la importancia de “realizar un proceso que aborde la reparación desde una perspectiva colectiva, donde sea el pueblo arhuaco en su conjunto, el que sea reparado  por los daños y perjuicios que ha recibido”.  

 

De esa manera, el reto de Colombia como Estado Social de Derecho frente al proceso de desmonte de las estructuras paramilitares,  radica en el restablecimiento del tejido social y de los derechos de los actores sociales colectivos afectados, a partir de sus propias lógicas culturales como una forma de materializar y reivindicar los principios de la pluralidad y la diversidad. Esto propone la construcción de un proceso de verdad, justicia y reparación desde las víctimas, como un aspecto fundamental y necesario para sanar las heridas de los pueblos indígenas.



[i] Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos. “Dinámica Reciente de la confrontación armada en la Sierra Nevada de Santa Marta”. Bogotá, 2006. p.42

[ii] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Comunidad Indígena de Yakye Axa, Paraguay. Sentencia del 17 de junio de 2005.


“Salgamos o no elegidos, tiene que quedar un saldo pedagógico para la comunidad”, esa es la mayor preocupación de Fredy Romeiro Campo Chicangana, candidato a la Cámara Especial Nacional por Comunidades Indígenas, quien se disputará una curul en el congreso colombiano el próximo 12 marzo. Chicangana, indígena Yanacona, aspira a la Cámara de Representantes con el respaldo de su comunidad y el aval del Movimiento Comunal y Comunitario. Vestido con los mismos colores de la Wiphala, (bandera) símbolo de la resistencia de los pueblos amerindios, Fredy llegó la sala de redacción de Actualidad Étnica para contarnos acerca de sus propuestas, tan vívidas como el arco iris de su atuendo.

AE: ¿Hace cuatro años usted se postuló a la Cámara y no logró la votación necesaria para ser elegido, qué lo mueve a participar de nuevo en la contienda electoral?

Desde niño he visto cómo en el macizo colombiano, los partidos tradicionales han fraccionado a comunidades. Así que hace cuatro años, cuando los taitas me respaldaron para lanzarme a la cámara, sabía que debía terminar con ese círculo vicioso en donde se trafican con las necesidades de la gente para ganar votos. En aquel entonces le ganamos a los grandes partidos en 25 resguardos yanaconas, obtuvimos en total 17.800 votos. Recorrimos el país repartiendo de a 2 granitos de maíz, para enseñarles el valor de regresar a nuestras raíces, a través de la recuperación de los cultivos ancestrales. Este acto simbólico y las demás actividades de la pasada campaña se constituyeron en un aprendizaje. Así que ahora tenemos más experiencia para intentarlo de nuevo. Sin embargo, lo verdadero importante es que salgamos o no elegidos, tienen que quedar un saldo pedagógico para la comunidad. Una comunidad que empiece a reconocerse y valorar el potencial de sus costumbres, de su cultura.

AE: Sin embargo, usted se postula por un partido político que no es indígena, igual situación se ha presentado con otros candidatos. ¿A qué cree que se deba esto, existe una crisis al interior de los partidos indígenas?

Mi apuesta es por la construcción de un pensamiento andino. Nuestro continente tiene una esperanza que se encuentra en sus raíces, comunes a los indígenas y no indígenas. Así que la idea es que como indígenas veamos qué podemos ofrecer a la sociedad mestiza y que podemos tomar de ella. Tengo conocimiento de las luchas indígenas y del proceso de intercambio con la sociedad mestiza. De esa manera es que se construye verdadero pluriculturalismo y eso se ve reflejado en mi propuesta, independientemente del partido por el que me postulo. En el caso del Movimiento Comunal y Comunitario, se da una sincronía con el pensamiento indígena. El Movimiento Comunal es un partido humilde pero transparente que trabaja por la defensa de la ecología, la soberanía alimenticia de nuestros pueblos, es en resumen un partido alternativo que tiene coincidencias con nuestras propuestas.

De todas maneras, los partidos políticos indígenas, a la ASI y AICO, y en general el movimiento indígena, están en mora de generar un debate político de la participación indígena en la vida nacional. Al interior del movimiento indígena tenemos el deber de trabajar e impulsar un proyecto político. Si los movimientos nos uniéramos, ganaríamos mucho, porque la ley misma nos otorga dos espacios en el Senado y uno en la Cámara que deberíamos potenciar con una propuesta indígena que recoja todas las expresiones de nuestros pueblos.

AE: ¿Cómo ve el trabajo adelantado por los indígenas en el congreso, cree que han reivindicado los derechos de su pueblo?

El congreso es un espacio muy difícil. Algunos han hecho un gran esfuerzo, en los otros casos, las comunidades son las que deben juzgar. Pero lo cierto es que algunos hermanitos se han encaminado mal. Los indígenas debemos trabajar en propuesta con seriedad, pues la imagen que hemos logrado ha sido gracias a una lucha de muchos años y sangre derramada y eso, no se puede rifar. Por esa razón, la mía es una propuesta seria que cuenta con el respaldo de mi comunidad y que también busca el voto de opinión.

AE: ¿Y cómo busca conseguir ese voto de opinión, qué puede encontrar el electorado en sus propuestas?

Lo primero que vamos a hacer desde el congreso es generar una ley que otorgue recursos y protección para la sabiduría y el conocimiento popular. En ese sentido, propiciaremos iniciativas de apoyo al arte popular: escritores, poetas, compositores, artesanos, músicos, trabajadores por la danza, forjadores de la medicina alternativa. El arte y el saber popular tienen derecho a la dignidad y no ser sometidos a la indiferencia, al olvido o a la mendicidad.

La defensa de los recursos naturales y de lo público es una de nuestras banderas. En esa medida trabajaremos para que se las mismas comunidades sean gestoras de proyectos que le permitan hacer frente a las políticas de arrasamiento económico y robo del conocimiento de los pueblos que traerá consigo el TLC. Que los territorios indígenas y el campo en general no sean objeto de atropellos y que haya inversión social equitativa y complementaria entre el campo y la ciudad, de tal forma que cada ciudadano colombiano integre un grupo de trabajo solidario donde la creatividad guíe su economía y sea orgullo en el círculo familiar y comunitario. En este escenario es que planteamos una propuesta de seguridad alimentaria que promueva el cultivo y la comercialización de nuestros productos, como la hoja de coca.

En materia de educación lucharemos por una educación que reconozca y retome las raíces pluriculturales de la nación en donde está la fuente del saber popular, el respeto a la naturaleza, la solidaridad, la equidad, la familia y la unidad en la diferencia. Es fundamental propiciar mecanismos para la defensa de una educación más comprometida con el país, una educación que ayude a entender y orientar a la juventud para ayudar a dar solución a los conflictos que se viven en la familia, en la comunidad y en el país. Por eso vamos a proponer la cátedra “Colombia Indígena” para las niñas y niños de todas las escuelas y colegios.

Igualmente seguiremos acatando, defendiendo y promoviendo el mandato dado en el Cauca a partir de las marchas y asambleas de las Comunidades Indígenas y sus autoridades, las Guardias indígenas, las negritudes y sectores populares en donde se hace un llamado a todos los colombianos para ejercer el deber de trabajar por la liberación de la madre tierra como el ombligo fundamental de nuestra vida y la lucha de nuestros sagrados derechos como es la defensa de una alimentación sana, una educación responsable, el territorio y la construcción de un mejor futuro para las generaciones.

No nos proponemos cantidad de leyes sino la esencia y cumplimiento de las mismas. Las cinco propuestas apuntan a construir tejido social, resistencia y permanencia cultural.

AE: Usted ha liderado un proceso interesante, como gestor y fundador del Proyecto “Kokasana” te de hoja de coca. ¿Esta es una de las formas de hacer resistencia y permanencia cultural?

Una de nuestras propuestas más importantes es la defensa y revalorización de la hoja de coca como una planta ancestral que también se puede comercializar sin agredir la identidad de nuestros pueblos. En ese sentido valoramos la lucha, que desde Bolivia adelanta Evo Morales por la despenalización de la hoja de coca. Nosotros también queremos abrir caminos para la hoja sagrada en Colombia.

Y es precisamente, cuando prepara un “tinko”, un ritual en donde es escogen tres hojas de coca que representan el mundo de arriba, el del medio y el de abajo, que Fredy Romeiro Campo Chicangana, recuerda el día en que su abuelo Teofilo le dio el “poporo”, con el que hoy mambea, mientras conversamos. “Tenía siete años, cuando mi abuelo le dijo a mi madre, que me diera el poporo cuando para que no olvidara la tierra y cuando estuviera preparado”. Ahora, Chicangana, antropólogo, escritor y poeta, hace propias las palabras de sus ancestros para reconstruir el pensamiento de la casa yanacona, “la gente que se ayuda en el tiempo de la noche”.


El 17 de abril, y ante la desesperación por no saber nada de sus familiares, más de 50 Emberas Chamí, se acercaron a las oficinas de Acción Social en la ciudad de Pereira. Allí las esposas de los seis indígenas desaparecidos desde el pasado 3 de abril, solicitaron una pronta respuesta frente a estos hechos y el apoyo del estado, pues no tienen cómo alimentar a sus hijos. Lo que por algunos fue calificado como un “toma”, fue en realidad un urgente llamado de los chamí para que se les garantice el respeto a sus derechos fundamentales y a su autonomía y pervivencia como pueblo, en una región en donde sistemáticamente han sido víctimas del conflicto armado.

Al día siguiente de la presencia de los indígenas en las instalaciones de la Acción Social y tras la reunión que mantuvieron con María Consuelo Montoya, coordinadora en Risaralda de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacionales, se tomaron las medidas para atender el caso. Se les entregaron cobijas, colchonetas, kit de cocina y alimentos; recibieron atención por parte de la secretaría de salud y la personería municipal tomó las declaraciones de la comunidad y se ubicaron en la “Casa Indígena”, en la ciudad de Pereira, en donde aún continúan mientras se resuelve su situación.

En el día de ayer, representantes de la Asociación Solidaria de Indígenas Desplazados, ASID y las familias afectadas, se reunieron con delegados de la Secretaria de Gobierno del Departamento, Defensoría, Personería, Alcaldía de Pereira, la Policía y el Ejército para analizar las circunstancias en que desaparecieron los indígenas y el apoyo que se les va a brindar a la comunidad. Según Francisco Nacavera, representante legal de la ASID, en esta reunión se llegó a la conclusión de que en el de caso de los emberas chamí, existe un segundo desplazamiento masivo.

Historia de desarraigo

Alonso Wasorna (50 años), Duber Carrasco (19), Jhon Freddy Nengarabe (25), Ferney Dovigana (23), Carlos Alberto y Edilson Guasarabe (de 21 y 18 años), residentes en los sectores de Paso Nivel y La Carbonera, de Caimalito y quienes desde el pasado 3 de abril se encuentran desaparecidos, son miembros de un clan de familias de emberas chamí que han tenido que huir de la violencia desde el 2003.

En ese año llegaron a las veredas La Carbonera y Caimalito provenientes de de Puerto Rico y Mistrató, éste último considerado como un municipio “expulsor” por causa del conflicto armado y la violencia generalizada. Los indígenas desaparecidos y sus familias viven de las actividades del campo, por esa razón, cuando el 2 de abril les ofrecieron trabajar como jornaleros en unas fincas en Cartago, Valle, decidieron aceptar. Después de todo, allí se ganarían $25.000 por día, frente a los $13.000 que ganan en las haciendas cercanas.

Según los testimonios de los familiares, a las 4:00 a.m. del 3 de abril, los indígenas se fueron en un Willis Carpati color rojo, con un destino diferente al que les habían prometido inicialmente. Poco antes de partir les dijeron que el trabajo ya no sería en Cartago, sino en la Victoria, departamento del Valle. Desde esa madrugada no se ha vuelto a saber de los seis embera chamí.

Frente a las versiones de que los indígenas no están desaparecidos, sino trabajando en el Valle o como raspachines de la hoja de coca, los familiares han sido enfáticos en señalar que en el primer caso, no pasan más de ocho días sin recibir noticias de los suyos cunado están trabajando en fincas recociendo café o en otras labores de la tierra. Además, los indígenas no tienen ninguna relación, ni experiencia como raspachines, afirmó Francisco Nacavera, representante de la ASID. “

“Estamos preocupados porque en el caso de estas familias, ya han vivido situaciones similares en Mistrató, uno de los hermanos de los seis indígenas está desaparecido y otro fue asesinado, por esa razón ellos salieron de ese municipio y llegaron a Pereira”, indicó Nacavera, quien además puntualizó que para los indígenas, que se conciben como un colectivo, seis indígenas son muchos, porque ellos son muy unidos. Por esa razón si se llega al mes, y sus compañeros no aparecen, la ASID darán a conocer este caso a la opinión pública, las Naciones Unidas y a las instancias que sean necesarias.

Rubén Darío Guarasabe, presidente del Consejo Regional Indígena de Risaralda, CRIR, manifestó que están muy preocupados por la situación de los indígenas desparecidos y que por esa razón se han pronunciado. “En el caso de que ellos no estén desaparecidos hemos hecho un llamado para que se comuniquen cuanto antes con sus familiares, con la ASID o con nosotros. Pero mientras esto no suceda nuestro deber es denunciar y esto es lo que hemos hecho con la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC y ante la opinión pública. Son 24 niños que esperan a sus padres”, enfatizó Guarasabe.

Igualmente hizo un llamado para que se respete a los indígenas desplazados en Pereira, que son más 80 personas, y en general a los emberas chamí de Risaralda, quienes han sido víctimas del conflicto armado. “Nuestro derechos han sido violados, queremos recuperar la autonomía y sentido de pertenencia sobre nuestros territorios, exigimos que se nos respete nuestros derechos y procesos como indígenas y demandamos la presencia del estado a través de la inversión social”.

Por otra parte, el Comandante de la Policía de Risaralda, considera que en este caso no se puede hablar de una desaparición, porque “ellos salieron por voluntad propia, los familiares lo saben. Les ofrecieron 25 mil pesos para trabajar en Cartago y ellos se fueron en la madrugada, no es posible que los familiares no sepan a dónde y con quién se fueron a trabajar”. El comandante Poveda agregó que si los indígenas no se han reportando también puede ser debido a que se encuentran en una zona rural en donde se dificulta la comunicación.

“Hay que establecer sí esta es la primera vez que se ausentan en estas circunstancias. Estamos adelantando una investigación, pero necesitamos que nos diga la información que saben”, puntualizó Poveda.

Por ahora los embera chamí continúan desparecidos y sus familias en la Casa Indígena de Pereira. Si se quedan en esta ciudad o si regresan al sector en donde vivían, igual tienen que pagar un arriendo y alimentar a sus hijos, realidad que se ha agravado debido a la ausencia de sus padres, quienes son los proveedores del hogar.

Frente a este panorama, el Programa de Acción Social ha adelantado las acciones para que este grupo de personas reciban las ayudas que les corresponden en su situación de desplazamiento. Se espera que para el martes de la próxima semana se defina si los indígenas retornoran a Caimalito y La Carbonera.

En cualquier caso, las autoridades se comprometieron a brindar las medidas de seguridad para los familiares de los indígenas desaparecidos y para la comunidad de los emberas chamí en Pereira. Según Fracisco Nacavera, los indígenas están dispuestos a regresar a sus casas, siempre y cuando cuenten con el apoyo para pagar el arriendo y para alimentar a sus familias. En caso de regresen, lo harán colectivamente y se ubicarán en una solo lugar, la casa número 26, pues entre cada casa existe una distancia de media hora. “Quieren estar agrupados, porque así se pueden proteger más”, dijo Nacavera.

El 17 de abril, y ante la desesperación por no saber nada de sus familiares, más de 50 Emberas Chamí, se acercaron a las oficinas de Acción Social en la ciudad de Pereira. Allí las esposas de los seis indígenas desaparecidos desde el pasado 3 de abril, solicitaron una pronta respuesta frente a estos hechos y el apoyo del estado, pues no tienen cómo alimentar a sus hijos. Lo que por algunos fue calificado como un “toma”, fue en realidad un urgente llamado de los chamí para que se les garantice el respeto a sus derechos fundamentales y a su autonomía y pervivencia como pueblo, en una región en donde sistemáticamente han sido víctimas del conflicto armado.

Mientras el Consejo Nacional Electoral, CNE, se pronuncia frente al caso de las curules indígenas, diferentes sectores manifiestan su respaldo a Eulalia Yagarí y Jesús Piñacué, ganadores por la circunscripción especial al senado de la república. En esta oportunidad, los diputados de la Asamblea Departamental de Antioquia, enviaron el pasado 22 de marzo una carta a la Registraduría Nacional de Estado Civil y al CNE, solidarizándose con Eulalia Yagarí, para que “la curul sea respetada en bien de Antioquia y de las minorías en el país”.

 

Señalan en la comunicación, que el diseño del tarjetón generó confusiones en “lo que tiene que ver con el voto en blanco por tener el sufragante dos opciones”. Por lo tanto, insisten en que tanto a la exdiputada de Antioquia, Eulalia Yagarí y su formula al senado, Jesús Piñacué, se les respete sus derechos legítimamente otorgados por el pueblo.

 

Rodrigo Mesa Cadavid, diputado y compañero de Eulalia durante tres períodos en la Asamblea de Antioquia, dijo que los responsables del embrollo jurídico en las que se encuentran las curules indígenas, es la Registraduría. “No hubo realmente una pedagogía en el manejo del tarjetón. Sí a la gente no se le enseñó, o se le enseñó mal, no podían votar de otra manera”. Agregó que la voluntad de los electores no fue la de votar en blanco.

 

Alfonso Tobón, integrante de la Asamblea, afirmó que la corporación aprobó en pleno la “Proposición” presentada por el diputado Jairo Velásquez Espinosa. Pues al igual que él, consideran que éstas son unas elecciones legitimas. “Además este pronunciamiento es un reconocimiento a más de 11 años de trabajo de Eulalia en la lucha por los derechos étnicos y especialmente de los indígenas en Antioquia”, puntualizó.

 

Eulalia Yagaría ha sido diputada del departamento Antioquia por cuatro periodos consecutivos. En el mes de febrero renunció a esta corporación para poder lanzarse al senado de la república. Sus compañeros de la Asamblea de Antioquia la califican como una mujer juiciosa, cumplidora del deber, polémica y defensora del presupuesto de los indígenas. “Eulialia, es una persona con un gran sentido de superación, excelente amiga y compañera. Su trabajo ha sido reconocido al ser escogida como senadora. Por esa razón, en el caso de que se repitan las elecciones y no podamos volver a votar por ella, igualmente escribiremos su nombre en el tarjetón, Eulalia Yagarí.


La muerte de María Paula Bolaños, una niña de 21 meses de edad, perteneciente a la comunidad indígena Wayúu, es aún una incógnita para sus familiares. La niña que vivía en el municipio de Uribia en el norte de la Guajira, se desapareció en cuestión de segundos de la mirada de su padre.

Orsinia Polanco Jusayú, primera mujer indígena que llega al Congreso, es tía de la pequeña, y afirmó que la niña se desapareció el jueves Santo 13 de abril, a las 5:00 p.m. y encontraron su cuerpo a unas cuantas cuadras de su casa, el domingo 16 del mismo mes, a las 4:30 p.m. “Fue en cuestión de minutos, ella estaba con su padre y de un momento a otro ya no la encontraba, ella es muy pequeña para haber corrido tan rápido”.

La familia de María asegura que fue un asesinato, y no está de acuerdo con las declaraciones que hasta ahora ha dado medicina legal. Una funcionaria pública de la seccional Maicao-Guajira, de Medicina Legal, que se reserva su nombre, declaró extraoficialmente que el dictamen del médico legista estableció que la niña murió accidentalmente, cayó al agua muriendo por inmersión y que se descarta la extracción de órganos.

Sin embargo, Orsinia Polanco aseguró que ayer 19 de abril habló con el médico encargado del caso, y él mencionó que éste hecho era bastante confuso ya que la niña al parecer no había muerto por inmersión, debido a que presentaba sólo un poco de agua en uno de sus pulmones, lo cual es signo de que no murió ahogada.

Sumado a esto la congresista afirma que la víctima no presentaba algunos de sus órganos: “La bebé apareció sin sus ojitos, sin su lengua y no tenía estómago ni intestinos, lo más escabroso de la situación es que no presentaba heridas, ni golpes, y nos han dicho que esto fue obra de chulos u otros animales, pero los animales no discriminan entre los párpados y los ojos, y ella tenía su cara sin rasguños”.

Algunos medios han registrado que su familia ha denunciado que la niña fue desaparecida para traficar sus órganos, pero ellos lo desmienten, “En ningún momento hemos afirmado que la niña fue asesinada para traficar sus órganos, para nosotros es un misterio su muerte, pero sí sabemos que fue un asesinato”, afirmó Polanco.

“Esta es una violación a los derechos humanos, al de la vida y un asesinato no puede quedar impune, no vamos a tapar la muerte de la niña y de un crimen tan espantoso, por eso hacemos un llamado a las comisiones de derechos humanos para que abran una investigación frente al caso”, aseveró su tía. María Paula fue enterrada el martes 18 de abril en la Ranchería Petsuapa.

Actualidad Étnica se comunicó con la seccional de la Fiscalía en la Guajira, para conocer la respuesta por parte del Fiscal encargado del caso frente a este extraño suceso. Una funcionaria de esta entidad afirmó que los resultados del caso son parte de la reserva del sumario, por lo cual se abstienen de pronunciarse. Señalaron que esta información será sólo entregada a la familia de María Paula y a las entidades competentes en el caso.

Su búsqueda se inició en el mismo momento en que se desapareció ya que su padre conformó una brigada con los indígenas de la zona para buscarla, “En Uribia nunca se pierde un niño, es un pueblo muy pequeño y calmado, todo el mundo se conoce y si ella se hubiera perdido alguien la hubiera devuelto”. Los habitantes de este municipio están consternados con esta muerte ya que es la primera vez que le pasa algo a un niño del pueblo. Finalmente la familia espera que el dictamen oficial de Medicina Legal ayude a que otros niños no sufran la muerte de María Paula y que no este caso no quede impune.


Se acerca las celebraciones del Día del Idioma, que para muchos es aquel que un día llegó del Reino de Castilla. Sin embargo en Colombia, país cuya principal riqueza es su diversidad étnica y cultural, esta debe correr por cuenta de las 64 lenguas indígenas, 2 de los pueblos afrodescendientes, y el romanés de los gitanos, grupos étnicos que habitan nuestro país.

Desde el archipiélago de San Andrés y Providencia, en donde se habla caribeño “creole”; pasando por Palenque de San Basilio, cuya lengua, el “palenquero”, es una particular mezcla entre kikongo, español y portugués; hasta llegar a las profundidades de la selva, en donde el complejo “huitoto” es el idioma del chamán y del yagé, el día del idioma es más que el día del castellano, debe ser el día de todas las lenguas.

La constitución de 1886, contemplaba “Un solo dios, una sola lengua, una sola nación”, pero en el 1991 con la nueva carta magna reconoce a Colombia como una nación pluriétnica y multicultural, principio que pasa por el reconocimiento y la promoción de las muchas lenguas que habitan nuestro pueblo.

En un abrebocas al día del idioma, o mejor, a la fiesta de todas las lenguas, queremos presentar diferentes textos en las lenguas de nuestros grupos étnicos. Por esa razón hoy los dejamos con apartes del himno nacional de Colombia en la lengua Wayunaiki, cuya traducción estuvo a cargo de la lingüista y actual representante electa por las comunidades indígenas, Orsinia Patricia Polanco Jusayu, indígena Wayúu, docente de esta lengua en las universidades Nacional y Javeriana.

Himno Nacional de la República de Colombia

Letra: Rafael Núñez. Música: Oreste Sindici

Coro

¡Oh gloria inmarcesible!

¡Oh júbilo inmortal!

¡En surcos de dolores

El bien germina ya.


Primera estrofa

Cesó la horrible noche

La libertad sublime

Derrama las auroras

De su invencible luz.


La humanidad entera,

Que entre cadenas gime,

Comprende las palabras

Del que murió en la cruz

Himno Nacional de la República de Colombia en Wayunaiki

Coro

Tü talata pülaskamain

Tü talata matujuinka ajatta

Sulú tu asiparaaiska ajuitüsü

Tü anaska akuaipa (bis)


Primera estrofa

Ajalajasü tü ai mojuskat main

Antüshi tashi pülaskamain

Kenas tü jayuirkat

Mayokujaisatsuwarrala

Kottushii naa wayukana wanepia

Tüntusü nain sakanapüna kalena

Natujoulu tü nunuikikat chi

Outakai sau kurrusu

La búsqueda de una celebración que remarcara constantemente los valores, cualidades y virtudes de los afrocolombianos, es el sueño de J. Santiago Mauer, un profesor afroestadounidense que realiza la práctica de su doctorado en la Universidad del Pacífico como docente e investigador de la Diáspora Africana. Desde el 8 de enero se sentó con algunos estudiantes afrocolombianos de varias instituciones de educación superior, entre ellas la Universidad del Pacífico y la Universidad del Quindío, con el anhelo de realizar una celebración perenne y de gran valor para cada afrodescendiente. Una tarea no muy fácil, pero con la gran ambición de realizar en el mes de febrero, antes de partir a su país natal.

 

Hablar con ‘Raimundo y todo el mundo’, para  lograr los permisos,  recursos necesarios y llegar a consumarlo el 17 de febrero de 2006, fue una tarea maratónica. ¿Con quién contar? El apoyo de la Universidad del Pacífico, en cabeza de su Rector Dr. Omar Barona Murillo, la Dra. Carmela Quiñónez, Secretaria General de la universidad, el Dr. Libardo Córdoba, Director del Departamento de Bienestar y de la Dra. Juana Francisca Álvarez, Coordinadora de Cultura, era esencial. Una celebración para destacar los valores étnicos de la región, no podía pasar desapercibida para una Universidad de principios étnicos como la Unipacífico, cuyo apoyo fue fundamental para la consolidación de este festejo.

 

Junto con ellos, trabajaron en la logística varios estudiantes de la universidad, Diana Landázury, Viviana Taborda, Ivonne Tatiana Perea, José Luis Rodríguez, Marilen Bonilla, entre otros, coordinados por la trabajadora social, Judith Ángulo, coordinadora de desarrollo humano, y la sicóloga, María de Jesús Caicedo, lograron concretar en forma física la publicidad, afiches conmemorativos, grupos de presentación, asistentes y sobre todo, el escenario, el Club de Puertos en el barrio Ciudadela de Buenaventura.

 

¿Qué mostrar? Artesanías, música, danzas, folclore, costumbres de los ancestros, legados en una herencia imborrable para los afrodescendientes. ¡Que rollo!, en papel se veía sencillo, pero no era tan fácil como se creía. Un mes era un tiempo muy corto para congregar a las diversas organizaciones del pacífico a participar masivamente como se deseaba; sin embargo, el llamado fue atendido por todos los invitados a la fiesta.

 

Pero, ¿Quiénes son los afrodescendientes? Históricamente hablando, podríamos decir que son todas aquellas personas que mantienen algún rasgo genético de los afros (ancestros africanos), llámese pigmentación, cabello, labios, en fin; pero, ¿cuántos no sienten alegría y disfrutan con cada una de las tradiciones de los afrodescendientes, bailando el currulao, comiendo cocadas, bebiendo o embriagándose con viche, arrechón o tomaseca?

 

¿Quiénes asistieron? Afros, negros, mulatos, indios, mestizos, cimarrones, blancos, ¿acaso importaba el color de la piel? Todos iban al encuentro de los valores de una etnia que nos han permitido la convivencia de una manera armónica en el pacífico colombiano.

 

Los primeros invitados en disfrutar todo el ámbito de festejo cultural, fueron los niños de los colegios: José María Cabal, Héroes del Saber, San Vicente, Liceo de Occidente, Centro Educativo Mi Pequeño Genio y Santa Rosa, Antonio Nariño, entre otros, que se hicieron presentes desde las horas de la mañana; ni la lluvia, ni la poca difusión del evento, opacaron la alegría y el deseo de los asistentes para disfrutar de su día del Amor Afro.

 

Llegaron a la cita de los organizadores que no esperaban su masiva asistencia y participación en los actos culturales programados para ese día. Ellos interactuaron junto con J. Santiago Mauer en la explicación de los símbolos Adinkra que adornaban cada una de las paredes del Club de Puertos, y del significado del “Día del Amor Afro”. Sin quedarse sólo con la historia, chicos y adultos a ritmo de currulao, escucharon  y participaron atentamente con el maestro Baudilio Cuama, de uno de los símbolos tradicionales de los afrocolombianos del pacífico, “la marimba”, instrumento musical y patrimonio cultural de la música afrodescendiente.

 

Algunos grupos de colegios deseosos de participar de la alegría que contagiaba a los presentes,  decidieron presentarse también interpretando algunos temas del grupo Socavón, revelando las cualidades artísticas de sus voces, armonizadas a través del grupo de marimba del maestro Baudilio.

 

Una fiesta, un punto de encuentro donde la familia afrodescendiente se reencontrara con los valores y tradiciones transmitidas de generación en generación, era uno de los puntos de partida para la celebración de este día. Y llegó la hora de la familia, pero no solo la que se conforma a través de una madre, un padre, sus hijos, nietos o abuelos, sino aquella familia que se forja a través de los lazos de hermandad, sin importar edad, parentesco o (región de vivienda); aquella fue la familia unida, congregada con el deseo de revivir aquellos valores olvidados a través de los años, y olvidados quizás por las variaciones de tiempo y espacio, o tal ves por la modernidad.

 

Las preguntas de cómo eran tratados los acontecimientos en distintas épocas, cómo se enamoraba antes a las chicas o lo que los chicos hacían par encantar a una mujer, cómo se forjaba una familia y la forma como se mantenían vivas las tradiciones, fueron parte de la conversación que se entablaron en el encuentro generacional. Los niños con pasos recién adquiridos en su temprana edad, bailaron para los adultos mayores que se deleitaron con la finura y armonía que implementaban los pequeños con alegría para homenajear las vidas de aquellas personas que con sus recomendaciones ayudaban a perfeccionar la elegancia de sus danzas. Un encuentro que extasió a los presentes, enalteciendo con aplausos la alegría de sus rostros.

 

Las representaciones artísticas se mantenían a flor de piel durante toda la festividad con la exposición de trabajos de los estudiantes de arquitectura de la Universidad del Pacífico; dentro de la participación de esta alma máter, los asistentes disfrutaron de la presentación de la orquesta de la Universidad interpretando temas autóctonos y baladas; el grupo de Danzas, ganador el año pasado del Festival Nacional de Danzas, hizo su aparición con: Canalete, Rosería, Currulao, enalteciendo el orgullo que músicos y bailarines imprimen en el escenario; asimismo, la orquesta interpretó varios temas de litoral, resaltando las expresiones dancísticas y musicales legados por los africanos.

 

¡Y se prendió la rumba!, podríamos decir; a ritmo de hip hop y reguetón, continuaron los festejos a través de grupos como Soporte Klan, de Villa Rica (Cauca), con una fusión teatro-musical destacaron las marcas históricas de los ancestros africanos en su música; pero eso no fue todo, los artistas locales también se hicieron presentes con su alegría y talento de improvisación como Shalón, que a través de los presentes rapearon las cualidades de los estudiantes de cada carrera en la Universidad.  La emoción era total.

 

Junior Jein, con sus exuberantes bailarinas, calentaron los ánimos de los asistentes que se volcaron hacia el escenario con el ánimo de no quedarse sin ver los pasos de reguetón en la música del artista bonaverense, que llegó con todo, su DJ Piru, su cantante femenina, y la exhibición de las dos bailarinas. Una hora que esperaban se volviera eterna.

 

Fueron 15 horas de celebración para este día, “El Día del Amor Afro” con su lema: porque hay que amar lo nuestro. Recordando a todos los asistentes que los afrodescendientes son un grupo étnico con cualidades y virtudes, valores, que no deben olvidarse, sino por el contrario, remarcarse para no borrar de la memoria la esencia de lo que son. El 17 de febrero de 2006, pasará a la historia de los afrodescendientes de la costa pacífica, como el inicio de un reconocimiento cultural – ancestral, que se espera no se mantenga únicamente en esta región del país, sino también trascienda las fronteras departamentales y se manifieste masivamente a toda la nación para recordar a todos los afrocolombianos que también hay que amar lo nuestro.

 

 

En el 2003  la Corte Constitucional,  mediante la sentencia SU-383 ordenó a las entidades estatales adelantar  procesos de consulta con los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana en lo referido al Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos. El proceso de consulta  culminó el 14 de noviembre de 2003 con la suscripción de un acta de acuerdo entre las autoridades y organizaciones de los pueblos indígenas de la amazonía colombiana y el gobierno nacional representado, por Juan Carlos Vives Mennoti, Ministro de Justicia y del Interior (E) y  María Inés Restrepo Cañón, directora del Programa Presidencial Plan Nacional de Desarrollo Alternativo.

 

En el mencionado documento se acordó que la erradicación de cultivos ilícitos en los territorios indígenas se realizaría de manera concertada, incluyendo mecanismos de verificación, así como la definición de un programa de sustitución y desarrollo alternativo adecuado a las particularidades culturales de los pueblos indígenas. Además de ello, también se incluyó el compromiso de dar continuidad a las acciones de erradicación manual de cultivos ilícitos en el marco del Acuerdo Mutuo y la Mesa Permanente del Pueblo Kofan.

 

Teniendo en cuenta la existencia de acuerdos previos en materia de erradicación de cultivos ilícitos, se acordó hacer una evaluación de los programas "Acuerdo Mutuo para la sustitución de cultivos de uso ilícito de coca en el departamento del Putumayo" "Plan Integral Raíz por Raíz por la pervivencia de los pueblos indígenas" y "Mesa Permanente del Pueblo Cofan", por parte de las entidades estatales y los representantes de los pueblos indígenas firmantes.

 

El acuerdo mutuo fue suscrito el 26 de julio de 2001 por el  gobierno nacional y los pueblos indígenas del Putumayo. Se trató de un Plan Integral para la pervivencia de los pueblos indígenas, en el cual se plantearon alternativas para  atacar el problema de los cultivos de coca con fines ilícitos. Al mismo tiempo también se incluyeron estrategias para reivindicar el uso ceremonial de la hoja de coca.  En ese sentido y a partir del reconocimiento de la diferencia,  uno de los objetivos del acuerdo fue construir una base productiva lícita,   en consonancia con las perspectivas culturales y de conservación de la cultura ancestral  de los pueblos indígenas.

 

El principal compromiso de dicho acuerdo fue la sustitución voluntaria y manual de los cultivos ilícitos, a partir de “un proceso de reconversión de la economía y del fortalecimiento de la organización social”.  En esa línea de acción, la sustitución estaría acompañada por el gobierno,  a través de acciones concretas para apoyar los planes de vida, los procesos organizativos, los proyectos productivos a corto, mediano y largo plazo, los proyectos de seguridad alimentaría, la titulación de tierra y la  recuperación de  la memoria colectiva.

 

Al amparo del Acuerdo Mutuo, se ejecutó el Programa Raíz por Raíz o Programa de seguridad Alimentaría, cuya finalidad fue “contribuir a la reconstrucción de la economía comunitaria  con énfasis en el autoconsumo, y generando excedentes para el intercambio, fortaleciendo la territorialidad, el gobierno y la cultura, y mejorar la infraestructura social comunitaria. En contraprestación las comunidades y los cabildos se comprometieron a sustituir los cultivos ilícitos de coca de sus territorios y a no establecer nuevos cultivos”[i].

 

La principal apuesta del programa fue aportar al fortalecimiento organizativo de las comunidades, en ejercicio de su derecho al autogobierno, con el objeto de que ellas mismas gestionaran, mantuvieran y fortalecieran su propio proceso.

 

A pesar de estos acuerdos,  durante el año 2002, se reanudaron las fumigaciones aéreas con glifosato sobre los territorios que hacían parte de la sustitución manual de cultivos ilícitos, afectando con ello los cultivos de pancoger, así como los proyectos productivos que se estaban ejecutando como parte del programa Raíz por Raíz.  El incumplimiento de los acuerdos suscritos por parte del gobierno y los hechos denunciados por los pueblos indígenas del Putumayo fueron verificados por la Defensoría del Pueblo. Dicha entidad,  a través de la Resolución  Defensorial No. 26 del 9 de octubre de 2002, instó a las entidades estatales involucradas en la política de erradicación de cultivos a evaluar las acciones adelantadas y dar cumplimiento a los compromisos asumidos con los pueblos indígenas durante el 2001.

 

Luego de esto, la OPIAC (Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana) instauró una acción de tutela en contra de la Presidencia de la República y otras entidades públicas, para efectos de proteger los derechos fundamentales  de los pueblos indígenas de ésta parte del país que venían siendo vulnerados como consecuencia de la fumigación de cultivos ilícitos. Este caso fue revisado por la Corte Constitucional y su sentencia determinó la suscripción del acuerdo del  14 de noviembre de 2003, referido a la concertación de los mecanismos de erradicación con los pueblos indígenas.

 

El pasado 22 de marzo, en el Putumayo se hizo la presentación de la segunda fase del Plan Colombia, denominado Áreas de Desarrollo Alternativo Municipal (ADAM).  Se trata de un programa financiado por ARD, USAID y FUPAD, cuyos recursos serán manejados a través de acción social.  El programa pretende generar opciones en materia de desarrollo productivo y de fortalecimiento de los gobiernos locales, en noventa municipios con graves problemas de cultivos ilícitos. 

 

Para evitar las dificultades que se han presentado en los últimos años con la erradicación de cultivos, el gobierno anunció que se han venido implementando mecanismos para trabajar de manera conjunta con las alcaldías, gobernaciones y líderes comunales. La intención de esta segunda fase del Plan Colombia es dinamizar las economías locales a partir del fomento de cultivos alternativos enfocados en la producción y comercialización regionales.

 

Ante esta nueva fase del Plan Colombia, los Pueblos Awa y Embera, a través de sus representantes presentaron,  un derecho de petición al Ministro del Interior  y de Justicia, así como al Alto Consejero Presidencial para la Acción Social, en el que manifestaron  algunos desacuerdos en relación con el programa ADAM. 

 

Los pueblos indígenas del Putumayo manifiestan que, luego de dos años de la firma del último acuerdo el gobierno no ha cumplido con la evaluación del Acuerdo Mutuo firmado en el 2001, ni con su ejecución que debe hacerse de manera concertada.  De otra parte, expresan que esta segunda fase del Plan Colombia esta formulada en términos generales para toda la población, sin contemplar ningún tipo de proceso que tenga en cuenta la diversidad étnica y cultural de los indígenas. 

 

De otra parte, los dirigentes señalan que  el programa de erradicación de cultivos en el marco del Acuerdo Mutuo y del programa Raíz por Raíz, no produjo el resultado esperado que era acabar con todos los cultivos de coca en el Putumayo.  La primera fase,  que era el proyecto de asistencia alimentaría funcionó bien y en ella se empezaron a ejecutar varios proyectos productivos formulados desde la perspectiva diferencial de los pueblos indígenas. Sin embargo, los líderes señalan que el programa Raíz por Raíz se acabó y con ello se acabaron también los recursos para las fases posteriores del proceso. Esto paralizó los proyectos productivos debido a que los indígenas no contaban con la asesoría técnica para poder continuar.

 

Además de este fracaso, es importante señalar que la inexistencia de la infraestructura necesaria para comercializar los productos lícitos ha impulsado a indígenas y campesinos  a hacer una resiembra de la hoja desde comienzo de año. Actualmente, esta parece ser la única alternativa económica en el departamento.

 

En ese sentido, los Awa y Embera del Putumayo afirman que no es posible la ejecución del programa ADAM en los territorios indígenas hasta tanto no se evalué y ejecute el último acuerdo, que hasta el momento viene siendo incumplido por el gobierno nacional. Ello implica de manera necesaria habilitar espacios efectivos de participación y dialogó con las comunidades, para lo cual solicitaron al gobierno programar una reunión de evaluación sobre los avances en la sustitución de cultivos de coca con fines comerciales en territorios indígenas, en la que participarían la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior y de Justicia y las comunidades indígenas.



[i] OZIP, CECOIN, CORFAS. “Desarrollo indígena y sustitución de cultivos ilícitos de coca. Experiencia del Programa Raíz por Raíz”. Bogotá, febrero de 2003. p.30


Si usted quiere aprender una lengua milenaria y que hoy por hoy es hablada por un importante porcentaje de habitantes de América Latina, tiene la oportunidad a la distancia de un clic. Se trata Runasiminet (http://www.pucp.edu.pe/estudios/cursos/quechua/) un proyecto de multimedia para el aprendizaje del idioma Quechua. Esta iniciativa, liderada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha recibido importantes reconocimientos internacionales como el Premio de Apoyo a la Investigación 2004, otorgado por la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL). Wasi (casa), llaqta (ciudad) y hatun yachana wasi (universidad), son las palabras con las que se inicia la primera unidad de este curso que busca resistir a la excoriación y marginación del idioma y sus hablantes. Estos exóticos vocablos son parte de nuestras raíces y su aprendizaje potencia la riqueza étnica cultural de los pueblos.

Antropólogos, lingüistas, expertos en la informática y un grupo interdisciplinario de la PUCP, trabajaron arduamente en este proyecto especialmente diseñado para personas del ámbito urbano interesados en aprender el idioma y la cultura quechua. Sin embargo, “nos dirigimos especialmente a aquellos hispanohablantes que por motivos laborales o de estudio tendrán ocasión de trabajar y convivir con quechuahablantes”, afirman en su portal, los creadores de Runasiminet.

Los objetivos de este importante proyecto son: desarrollar un curso interactivo que permita a profesionales y estudiantes hispanohablantes y al público en general aprender a comunicarse eficientemente en quechua oral y escrito; hacer uso de software libre y espacios colaborativos en el desarrollo del curso, sus herramienta multimedia y la página Web que lo contiene; mostrar los mundos culturales y sociales de las poblaciones urbanas quechuahablantes contemporáneas; propiciar el desarrollo de una red de estudiantes, cultores e investigadores que colaboran en el estudio y disfrute de la lengua, cultura y mundos socioculturales quechuas y resistir a la excoriación y marginación del idioma y sus hablantes. Por esa razón, el curso cuenta con herramientas interactivas y materiales informativos en un lenguaje ágil y atractivo que permiten una fácil navegación que hace más ameno el aprendizaje.

Runasiminet también está abierto a los que ya hablan el quechua, quienes además pueden convertirse en parte de una “red de cultores y estudiosos del quechua”, pues como los mismos gestores lo afirman, este es un proyecto en construcción en donde hay cabida para todos.

Colombia y el quechua

La experiencia peruana de la promoción del quechua, es un ejemplo a seguir en Colombia, país en donde existen 82 pueblos y 64 lenguas indígenas, además de dialectos propios de los raizales y afrodescendientes. En nuestro país algunas comunidades indígenas que hablan el quechua y que según el lugar, se denomina como Inga, Quichua o Sinchi.

Según Francisco Salazar, antropólogo de la Fundación Hemera y estudioso del tema, estos son variantes dialectales de una misma lengua. Incluso en Bogotá, capital de Colombia, existen resguardos en donde se adelantan procesos de recuperación de esta lengua y esta cultura.

Sin embargo aún falta mucho por hacer en materia del reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de nuestro país. “Experiencias como las del Perú, deberían emularse en Colombia, pues las lenguas de nuestros aborígenes tienen una riqueza fonética, fonológica, sintáctica, gramatical, semántica y ortográfica que no tienen nada que envidiarle a las lenguas occidentales. En nuestro país no existen verdaderas políticas públicas de defensa de las lenguas colombianas”.

Sostiene Salazar, que en Colombia, habitan más de 38 grupos étnicos –que no existen en ninguna otra parte del mundo, con menos de 1.000 hablantes. Esto significa que por lo menos este número de lenguas están a punto de desaparecer en una o dos generaciones. “En el Vaupés, departamento al sur del país, pervive un sistema multilingüe en donde un niño habla hasta 8 lenguas distintas, pero en la escuela pública, tarda mucho más en iniciar los procesos de aprendizaje, pues la enseñanza es en una lengua desconocida, el español”. Una verdadera pérdida, enfatiza el Salazar, pues ese caudal de las comunidades es el que deben retomarse en las escuelas o en proyectos como el del aprendizaje del quechua en línea.

El idioma quechua[1]

El quechua o runasimi —es decir, la lengua de los hombres— es, por su demografía, la lengua indígena más importante del continente americano. Se habla actualmente en territorios de Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Argentina y Chile y el total de sus hablantes suma, según algunos estimados, 10 millones. El mayor número de hablantes se encuentra en los tres países andinos centrales: Ecuador (al menos 2.200.000 hablantes), Perú (4.400.000) y Bolivia (1.500. 000). Como toda lengua hablada en territorios extensos, el quechua tiene varios dialectos, divididos en tres grupos principales. El Quechua Norteño agrupa a las variedades del norte del Perú (departamentos de Lambayeque, Cajamarca, San Martín, Amazonas e Iquitos), y a las del Ecuador, Colombia y Brasil. El Quechua Central congrega a los dialectos de la sierra central del Perú (departamentos de Lima, Áncash, Huánuco, Cerro de Pasco y Junín), que ahora son considerados por los lingüistas los más antiguos. El Quechua Sureño, el grupo más importante y prestigioso en la actualidad, agrupa a los dialectos de la sierra sur del Perú (departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Cuzco, Apurímac, Arequipa y Puno), de Bolivia, de Argentina y de Chile.



[1] Tomado de la página Runasiminet (http://www.pucp.edu.pe/estudios/cursos/quechua/)