Opinión

 

 

 

El espacio de los “Martes musicales” que propende por la divulgación de las prácticas sonoras regionales en Colombia estará dedicado en esta oportunidad (lunes 26 de septiembre) a difundir algunas de las principales manifestaciones culturales y musicales que se cultivan en la ciudad de Cartagena de Indias así como en el Palenque de San Basilio (Bolívar).

 

Tendremos como expositor invitado al reconocido deejay Champeta-man, cineasta y productor musical bogotano residente en Paris (Francia) el maestro LUCAS SILVA quien durante su estadía en la ciudad desea compartir con los asistentes, algunas de sus producciones discográficas y audiovisuales. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

En primer lugar se proyectará un video durante 45 minutos titulado  de Justo Valdés y su rumba palenquera (homenaje póstumo a Paulino Salgado Batata), uno de los más recordados maestros de la percusión afrocolombiana fallecido hace un año y medio aproximadamente.  En esta producción filmada en Paris en el año 2004 por Claude Santiago apreciaremos las intervenciones musicales de Tomás Valdés lo mismo que famosos artistas africanos.

 

En segunda instancia veremos durante 30 minutos la película Los reyes criollos de la Champeta, una producción de Lucas Silva y Sergio Arria filmada en 1998, donde se destaca la presencia del Sexteto Tabalá y Viviano Torres entre otros.

 

Posteriormente durante 52 minutos observaremos el documental Los hijos de Benkos, realizado en el año 2000. Finalmente, se escucharán toques y cantos de bullerengue, chalupa, fandango, cumbia y gaita interpretados por varios de los músicos invitados como Danny Garcés, Gustavo Angulo, Johares Hernández, el grupo Kenya Tambó entre otros.

 

Estarán presentes como invitados especiales los dos pequeños hijos de BATATA III,  Edward y Julián Salgado para quienes va todo el recaudo de las contribuciones que aporten  los asistentes con el fin de colaborarles con sus estudios escolares.

 

Fecha: Lunes 26 de septiembre de 2005

Hora: 5:45 p.m.

Lugar: Universidad Santo Tomás. Carrera 9 no 51-23, Aula Sanz Tena. Bogotá- Colombia.

Modalidad: abierto a todo el público interesado en la cultura musical popular.

 

Duración aproximada de tres horas.  El valor de la entrada por persona es de $ 2.000 pesos

Estudiantes y personal administrativo de la USTA cancelarán $1.000 pesos

 

Más información en www.musicalafrolatino.com

 

 

 

 

 

Fue un verdadero encuentro de culturas e ideologías, que vivieron las más de 100 asistentes al Primer Encuentro de Verdad, Justicia y Reparación para los pueblos afros organizado por la Revista Afroamérica. El seminario tuvo lugar en el Archivo Nacional del 23 al 25 de septiembre en Bogotá.

 

La Ley de Verdad, Justicia y Paz para las víctimas Afrocolombianas del conflicto armado que vive Colombia y la construcción de una comisión que los acerque a la verdad y que les repare cada uno de los daños materiales y morales sufridos por su comunidad fueron los ejes temáticos que se abordaron en el seminario.

 

El seminario contó con la presencia de Roberto Meier representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados en Colombia ACNUR, fue muy conmovedor su discurso en el que narró la desoladora imagen que encontró en algunos territorios del Pacífico azotado por la  guerra y el abandono estatal, ofreció apoyo y políticas para nuestra etnia, anhelamos que su discurso sea materializado, más aún en el tema de reparación con políticas para nuestra comunidad.

 

También nos acompañó Carmen Rosa Villa como delegada del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos quien hizo una exposición de las estadísticas sobre desplazamiento forzado por razón del conflicto armado en Colombia. Sin embargo, en su presentación, se evidencia la ausencia de estadísticas certeras acerca de la población afro desplazada, y menos una propuesta para el desarrollo de las etnias fuertemente golpeada por el conflicto y la discriminación social.

 

Este seminario se dividió en cuatro ejes temáticos: En el primero hubo una aproximación a la ley de Justicia y Paz desde la perspectiva de la constitución de una comisión de verdad, y de una efectiva reparación a las víctimas, a sus familiares y a su comunidad. El fin de la reparación es que sea de carácter colectivo más que individual y que sea con la visión de reestablecimiento social por medio de políticas públicas, más que un reconocimiento económico indemnizatorio. Modelos como estos han sido aplicados en Brasil y algunos países del continente africano que denuncian del Estado su abandono y la discriminación en el apoyo con política de desarrollo para su etnia utilizada y explotada por tantos años de esclavitud y barbarie.

 

En el segundo panel, desarrollamos el tema de los procesos de paz con los pueblos afros, asunto bastante difícil si consideramos que aún no se ha sentado un precedente al respecto.

Los temas de procesos de paz se han organizado para los actores armados en general sin distinción racial o étnico, manifestó en su ponencia, el Doctor Leopoldo Múnera profesor de políticas públicas en la Universidad Nacional y conocedor de la experiencia de estos procesos de Planeta Paz.

 

Múnera aseguró, que en las comunidades afros ha sido muy difícil encausar una ideología organizativa para posteriores negociaciones por la división que sufren las diferentes organizaciones y más aún sus dirigentes o líderes cuando llega la coyuntura electoral, esta etapa llega como factor de estancamiento de los espacios sociales e institucionales.

 

El segundo día desarrollamos el tercer y cuarto panel, con temas como el Movimiento Social Afrocolombiano y un enfoque global, más bien mundial, del tema de las reparaciones, respectivamente. Como conclusión del tercer panel quedó sentado el análisis de la reparación sicológica, educativa y de recuperación cultural para los niños y los jóvenes de la etnia afrocolombiana, donde se encuentran altos índices de analfabetismo, pobreza y desempleo. Respecto del cuarto panel identificamos la importancia de recopilar la experiencia de países como Brasil y algunos pueblos africanos que ya ha elaborado su proyecto de reparación frente a sus Estados con el fin de ser incluidos en las políticas estructurales y organizacionales de desarrollo.

 

Comentaba tristemente una profesora del Distrito que algunos niños no quieren ser negros, tienen miedo a continuar sufriendo el rechazo de la sociedad, que estos niños no tienen una identidad cultural con nuestro pueblo y esto es muestra de la necesidad nacional y distrital de políticas de educación étnica en las aulas escolares y universitarias.

 

Cabe resaltar que no solo nosotros, los afros,  hemos sufrido con la indiferencia social y gubernamental también nuestros hermanos indígenas lo han padecido y bastó escuchar el relato de un indígena Kankuamo afectado por el conflicto para darnos cuenta de lo que pasa con las mal llamadas “minorías étnicas”.

 

Es importante hacer una reconstrucción de cada uno de estos procesos de lucha y de reivindicación que han venido adelantando nuestros líderes, crear una ideología única que impulse un movimiento social que promueva el desarrollo social, educativo y cultural de nuestras comunidades.

 

Es evidente la indiferencia, la discriminación y el ancestral olvido que los diferentes gobiernos han tenido frente a los pueblos afros y a su causa, pero también es evidente la falta de una estructura sólida y lógica de nuestro pueblo, ya que no es posible agendas de negociación con propósitos sociales en busca de un reconocimiento de especificidad sin propuestas conjuntas que reflejen las necesidades de un pueblo unitario con deseos sociales no politiqueros donde prime el interés general sobre el personal.

 

Así las cosas, el proyecto de reparación por parte del Estado hacia nuestra comunidad debe pensarse, discutirse, analizarse y proyectarse en un mesa de diálogo definitivo con el Gobierno, donde haya un compromiso de inclusión para los afros en planes de desarrollo y educación, esta forma de reparación podría ser una mengua para las miles de necesidades que tienen los pueblos afros en Colombia.

 

Sin embargo, hay que reconocer que habrán cosas que nunca nos serán reparadas, como la ruptura cultural que han sufrido los miles de desplazados, o el tiempo perdido por nuestros niños y jóvenes que en lugar de estudiar y familiarizarse con el entorno natural de su comunidad deben huir a otras tierras por miedo a ser asesinados al igual que el resto de su familia.

 

Para concluir,  deseo rescatar el espacio de trabajo, discusión, hermandad, afinidad e identidad que surgió en este encuentro. La invitación se extiende a que en próximas y prontas oportunidades podamos seguir gozando de estos espacios y crear una ideología lógica organizativa del proceso que iniciaremos.

 

 

 

 

 

 

El día 25 de septiembre de 2005 se llevó a cabo el Consejo Comunal con indígenas, convocado por el presidente Uribe, desconociendo las instituciones representativas de estos pueblos.  Este espacio que la gran mayoría de colombianos interpretó como una extrema generosidad del Presidente, no fue sino una actividad más enmarcada dentro de la campaña reeleccionista de Uribe.

 

Los participantes: salvo tres o cuatro excepciones, hermanos indígenas que por residir en la ciudad algunos, otros por estar concentrados al interior de sus localidades, otros por falta de acercamiento con las organizaciones representativas, no han tenido la posibilidad o no han tomado el tiempo para correlacionar la difícil situación que viven los pueblos indígenas con las políticas del presidente Uribe, derivadas de la imposición extranjera.

 

A lo anterior responde justamente, salvo un par de excepciones, la pobre presentación de las personas indígenas que hicieron presencia en el reality show convocado por el presidente Uribe y sus vasallos, en el cual se dejó una percepción equivocada de la problemática y la posturas de los pueblos indígenas:

 

El problema de derechos humanos de los pueblos indígenas no se puede reducir a un hermano indígena que está detenido por una riña callejera.

 

Qué desacierto, considerar que la solución para los indígenas que se encuentran desplazados en Bogotá es la destinación de unos recursos para adelantar estudios etnológicos que ni siquiera son necesarios a la luz del convenio 169 de la OIT, en virtud del autorreconocimiento. Parece que olvidamos la apremiante necesidad de iniciar un proceso de paz, que garantice realmente los derechos territoriales para que los indígenas y el resto de la población desplazada puedan retornar con tranquilidad, seguridad y en condiciones dignas para reconstruir sus comunidades.

 

La existencia de una comunidad cristiana indígena no es una situación en la que deba intervenir el gobierno nacional.  Es una cuestión que las propias comunidades deben examinar desde su autonomía y sus principios.

 

No se hizo una sustentación del derecho a la consulta previa.  Tuvo que ser un congresista no indígena el que le hizo caer en cuenta al presidente Uribe que la consulta previa es un derecho de los pueblos indígenas que ya está reconocido en tratados internacionales y en la ley colombiana.

 

No podía faltar la presentación de listas de mercado.  Aunque no desconocemos la gran cantidad de necesidades que existen en las comunidades indígenas, la experiencia demuestra que estos espacios no son los adecuados para demandar su cubrimiento.

 

Y justamente a esa fragilidad que se demostró corresponden las respuestas del presidente Uribe, las cuales se resumen en la ratificación de sus políticas de guerra que han resultado tan costosas para el grueso de la población colombiana y en particular para los pueblos indígenas de Colombia.

 

Después de ver semejante espectáculo nos seguimos preguntando ¿A qué fueron llevadas diferentes personas indígenas a ese espacio? Tal vez a escuchar de boca del propio Presidente o de sus ministros y funcionarios:

 

Que se va a continuar con la fumigación por aspersión aérea a pesar de que se esté adelantando la erradicación manual en algunas regiones como el Putumayo.

Que se va a seguir explotando los hidrocarburos

Que es urgente la aprobación de la Ley forestal

Que la consulta previa con los pueblos indígenas estorba al país

Que en materia de educación, el concurso para los docentes indígenas es obligatorio

Que si tienen problemas territoriales acudan a plantearlos a la Comisión Nacional de Territorios Indígenas.

Que el TLC representa el progreso para el país y que no va a afectar a los pueblos indígenas.

 

De todo ese montaje, rescatamos que para el propio Presidente Uribe y para el resto de asistentes y televidentes quedó claro que las instituciones representativas de los pueblos indígenas no hicieron presencia en el Consejo Comunal. No estuvieron presentes los que han tenido la iniciativa de hacer una consulta y dar un contundente NO al TLC; no estuvieron los que tienen la resistencia de marchar desde sus comunidades hasta las grandes capitales para defender la autonomía la vida y la paz; no estuvieron los que han tomado la decisión de taponar la frontera colombo ecuatoriana para exigir sus derechos como pueblo diferente; no estuvieron los que se encuentran preparando la minga embera; y por supuesto, no estuvieron presentes en el Consejo Comunal los líderes y autoridades tradicionales que han sido asesinados o desaparecidos en medio del conflicto que el presidente Uribe se niega a reconocer que existe, pero cuyo espíritu vive en las luchas de los pueblos y organizaciones que tienen la dignidad suficiente para decirle al presidente Álvaro Uribe y a sus pequeños vasallos: Gracias, pero no estamos interesados en asistir a su Consejo Comunal.

 

Esperamos que en medio de la minga que preparan los pueblos a través de sus instituciones representativas, al calor de la tulpa, el presidente Uribe se siente a conversar sobre la verdadera problemática indígena y se comprometa a la construcción de una Colombia que garantice la vida digna y la paz para los pueblos indígenas y para todos los colombianos.

 

 

 

 

 

Indígenas en las antípodas de la guerra colombiana

 

Pasados más de 500 años, la sociedad dominante aún no termina por "entender" las características del ser indígena, que en el caso de la guerra interna de Colombia pasan de lejos por las reivindicaciones, para no ser ni adversarios ni aliados.

 

La guerra ha inducido a las comunidades indígenas, especialmente en el Cauca, a desempolvar sus recursos y repertorios identitarios. Los pueblos indígenas sufren la guerra desde tiempos inmemoriales y quizás por ello son a la vez más frágiles, pero están también mejor equipados para resistirla. Incluso en el pasado reciente lograron sacar partido de ella, como lo atestigua la consagración de los derechos colectivos en la Constitución de 1991 bajo la fórmula de la plurietnicidad y multiculturalidad.

 

Las siguientes tres razones, explican la peculiaridad indígena:

 

Propósito colectivo

 

La primera es su sentido de unidad y cohesión social. La comunidad indígena es un propósito colectivo -una sociedad dentro de la sociedad-, y quiere estar al abrigo de las querellas de ésta, sin negar sus vínculos con unidades mayores. Está en su derecho: todo intento de subvertir ese orden es una trasgresión. Los indígenas han desarrollado históricamente formas propias de rebelión y de acción colectiva, difícilmente apropiables por otros sectores de la sociedad rural. Sus luchas están enraizadas en la tradición y no sólo en movimientos coyunturales de la economía o la política.

 

Se reclaman herederos de las luchas de la cacica Gaitana en los albores de la colonia, del cacique Juan Tama en el siglo XVIII, del legendario Quintín Lame en el siglo XX, del sacrificado sacerdote indígena Álvaro Ulcué, a manos de paramilitares en 1984 en Santander de Quilichao; legado que recogen las organizaciones indígenas contemporáneas: el Cric, la Onic y la Asociación de Cabildos Indígenas (Acin).

 

El horizonte indígena se define en torno a la construcción de su identidad. En estas condiciones todo actor amenazante (guerrilla, paramilitares, terratenientes, Estado), estará en relación de externalidad a las comunidades.

 

No es que no tengan contradicciones internas; las tienen y a menudo violentas, pero se dirimen desde las tradiciones y preceptos inmemoriales, y por autoridades que son las suyas. La aversión a que su neutralidad activa, garantizada hoy por la Guardia indígena, sea considerada como resistencia es una salida al paso a todo intento de instrumentalizarlos y sobredimensionarlos, tanto por parte de la insurgencia como del Estado.

 

Al fin y al cabo ha sido tradición también que el Estado en lugar de aglutinarlos los ha antagonizado y fragmentado. Más aún, en vez de ganárselos con políticas de largo plazo, algunas autoridades estatales, en particular las militares, los siguen hostilizando con aberrante miopía, por ejemplo con prácticas oprobiosas, como las detenciones masivas, fundadas en imputaciones arbitrarias de informantes de dudosa o nula credibilidad, según lo constataron fiscales de la región, hace poco.

 

En el Norte del Cauca, departamento que concentra la más organizada y alta proporción de población indígena del país, las comunidades se niegan a ser fichas o combatientes de uno u otro bando. Rechazo sin ambages a la mortífera incursión de las FARC en Toribío el pasado mes de abril; rechazo a la pretendida protección del Ejército; rechazo hoy a los intentos de desalojo violento por parte de la fuerza pública de los 2.000 comuneros y comuneras del resguardo indígena de Caloto que ocuparon pacíficamente la finca denominada "La Emperatriz", que hace parte de los terrenos que el Gobierno se vio obligado a reconocer como indemnización, según sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la matanza de indígenas en la hacienda de El Nilo; sin olvidar, por supuesto, la horrenda masacre por parte de paramilitares en la región del Naya en abril de 2001. Ni adversarios ni aliados, parece pues ser la prudente consigna de la sabiduría indígena, que no entienden ni la insurgencia ni el Estado.

 

Sentido de territorio

 

La segunda peculiaridad indígena es su sentido del territorio. El territorio dentro de la perspectiva indígena es una especie de santuario. Su papel simbólico está por encima del productivo. No es un espacio para el conflicto, no es recurso para la guerra -sentido estratégico-, sino para la vida -sentido primordial-. Dentro de tal territorio construyen su propia estructura de poder y sus formas de justicia comunitaria, que chocan, se complementan y en todo caso se diferencian de las del orden político nacional y por supuesto son ajenas a las prácticas sumarias del mundo guerrillero o a las expeditivas del orden contrainsurgente. De ahí su clamoroso reclamo en minga "que se vayan todos los actores armados".

 

Confianza en los valores

 

En tercer lugar, la fuerza de su actitud frente a la manipulación les viene de su confianza en los valores distintivos que le dan sentido a su vida en la más alta expresión: la cosmovisión que ordena la cotidianidad. Más que transformar, buscan conservar y recuperar. Su sentido del tiempo es muy distinto al mesiánico de la insurgencia. La resistencia que se les atribuye, no es estrictamente tal, ellos mismos lo dicen, es un movimiento esencialmente defensivo. Su objetivo declarado no es convertirse en parte de la guerra, sino eludirla y, llegado el caso, sobrevivirla con dignidad. Ante la brutalidad de los guerreros de todos los colores que quieren romper su sistema de autoridad, su cultura y su territorio, su cosmos y sus dioses, la sociedad entera tiene que rodearlos. Ellos ya han hecho lo suyo.

 

Hace meses, exhibiendo como única arma sus bastones, respondieron a las agresiones incluso con el ofrecimiento de la inmolación colectiva, con su alcalde, su escuela y su puesto de policía, construyendo murallas humanas heroicas e infranqueables, salvo por quienes -paras, guerrillas o a veces las mismas fuerzas del Estado- quieran emular en sus tácticas con los voraces terratenientes de siempre, o repetir el fiasco de los sandinistas con los misquitos. Que los dejen en paz, ejerciendo su legítimo derecho a la autodeterminación. Que ni los unos se reclamen sus protectores, ni los otros, alternativa revolucionaria a su miseria.

 

Tomado de: UN Periódico.



* Profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia.

 

La particular concepción del modo de gobernar del Presidente Álvaro Uribe empeñada en debilitar los  mecanismos institucionales  para la toma de decisiones como las mesas de concertación con los pueblos indígenas y  a cambio fortalecer modos informales, no reglamentados y sin control constitucional   como los llamados consejos comunitarios, en los que los ciudadanos asisten para notificarse de las decisiones que adopte el jefe de gobierno sobre las peticiones y necesidades que se le presentan,  se expresó una vez más en la  convocatoria que éste hiciera a los pueblos indígenas de Colombia el pasado 25 de septiembre.

 

Conforme a este modelo, la convocatoria a  un “Consejo Comunitario Indígena” en la ciudad de Bogotá, permitió al Presidente de la República, notificar, a los participantes que: va a continuar con la fumigación por aspersión aérea  tanto en la zonas de los parques nacionales naturales como en las que colindan con los resguardos indígenas, a pesar de que se esté adelantando la erradicación manual en algunas regiones como en el Putumayo, que es urgente la aprobación de la Ley forestal, que la consulta previa con los pueblos indígenas estorba al país, que en materia de educación, el concurso para los docentes indígenas es obligatorio, que si los indígenas tienen problemas territoriales deben  acudir a la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y que el  TLC representa el progreso para el país y que no va a afectar a los pueblos indígenas.

 

Semejante notificación no  equivale a  la concertación  que los pueblos indígenas a través de sus organizaciones exigen, en estos espacios no se puede discutir, presentar y sustentar propuestas  de interpretación y de acción alternativas, obtener respuestas efectivas a las demandas estructurales. Al igual que en los otros ejercicios de Consejos Comunitarios, las soluciones esperadas languidecen en el limbo de la memoria del primer mandatario y en su voluntad política personal.

 

A esta convocatoria no asistieron las instituciones representativas de los pueblos indígenas, los representantes de las  comunidades que con valor se han opuesto a  las políticas gubernamentales, Paramilitares y guerrilleros que desconocen o pretende vulnerar los derechos de nuestros pueblos, los que comprenden que esta clase de escenarios y métodos informales, además de ser violatorios de los derechos consagrados en normas de orden superior, por pretender sustituir la consulta previa, son improductivos pues en ellos no se logran resultados concretos para garantizar un mejor bienestar de esas comunidades.

 

También es claro para nosotros que otra intensión evidente por parte del Jefe del Estado y sus más cercanos asesores, fue pretender dividir a las organizaciones indígenas presentes sin lograrlo, saltándose los canales institucionales, pues nunca tuvieron en cuenta el pedido de aplazar el consejo comunal y lo único que hicieron en ese encuentro fue reiterar las ejecutorias del Gobierno, dentro de las que no se encuentran por ejemplo el incremento de recursos para la adquisición y saneamiento de tierras para la población indígena, la definición de mecanismos concertados para garantizar el derecho a la educación étnica a las  miles de personas que conforman nuestras comunidades.

 

Tampoco  escucharon los asistentes, compromisos por parte del gobierno para adoptar medidas de protección y vigencia de  los derechos humanos;  para evitar  la  agresión de los territorios por parte de todos los actores armados del conflicto, en especial de los miembros de la fuerza pública,   para  proteger  y desarrollar programas de aplicación del conocimiento tradicional y la  medicina propia, para generar espacios amplios en los que se posibilite la discusión y concertación de las propuestas sobre la concepción de desarrollo sostenible indígena en oposición al modelo de explotación  depredadora de los recursos naturales  impuesta por la multinacionales y para que los servidores públicos respeten y cumplan las disposiciones que regulan las relaciones del Estado con los pueblos indígenas.

 

“A Uribe le queda por demostrar una voluntad política cierta para sentarse a concertar con los indígenas y una política pública que garantice su supervivencia histórica”.   Los supervivientes se lo reconocerán.

 

GERARDO JUMI TAPIAS

 

Senador de la República

 

Bogotá Septiembre 27 de 2005

El 12 de octubre de 2005 encierra una profunda significación para toda América Latina y el Caribe, tanto porque recordamos el dolor de la conquista y colonialismo europeo, como porque vuelven a nuestra memoria las miles de luchas y resistencias que hemos librado por nuestra emancipación y liberación por más de cinco siglos. Coincidiendo con esta fecha hacemos público nuestro Manifiesto contra la exclusión social que se profundiza cada vez más en todo el continente americano y en el Caribe, como consecuencia directa de la política global neoliberal.

 

Nos dirigimos a todos y todas en nombre del Grito de los Excluidos Continental, que es una gran manifestación popular que cada 7 de septiembre (en Brasil) y cada 12 de octubre en el resto de América, desde hace once años, moviliza a millones de personas bajo el lema "Por Trabajo, Justicia y Vida". Somos de diferentes países, sectores sociales de base y tendencias de pensamiento, unidos para hacer escuchar nuestras voces de indignación y de esperanza, considerando que es hora de realizar acciones enérgicas para revertir la situación vergonzosa de miseria y exclusión a que está sometida la mayoría de la humanidad. Por ello, hacemos un llamado urgente para construir alternativas desde la práctica de una democracia radical, inclusiva y participativa y protagónica de los pueblos, que permita así superar la exclusión.

 

Los rostros de la exclusión

 

La concentración de riquezas tiene como consecuencia obligatoria la creación de excluidos y excluidas. El hambre padecida por millares de personas es una de las formas más insultantes que asume la exclusión. Esta realidad paradójica nos muestra el rostro de las muy pocas personas que viven en la opulencia contrastados con los millones de rostros que se debaten entre el hambre y la mendicidad. Los tres hombres más ricos del mundo, poseen una riqueza superior al Producto Nacional Bruto de los 48 países más empobrecidos del planeta, en los cuales viven 600 millones de personas.

 

Según las estadísticas oficiales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la América Latina tiene las peores desigualdades en el mundo: 10 por ciento de las clases más ricas tienen ingresos 84 veces superiores al 20 por ciento de los más pobres. Ochenta y cinco por ciento de los niños latinoamericanos viven en la pobreza, 33 por ciento sufren de malnutrición. En América Central el hambre crónica acecha la tierra: entre 1992 y 2002 el porcentaje de gente hambrienta ha aumentado un 33 por ciento, de 5 millones a 6.4 millones (los "acuerdos de paz" de Estados Unidos han agregado 1,4 millones de hambrientos), y muchos países de esta región tienen a más del 75% de su población en estado de pobreza extrema. En Argentina, que produce suficiente carne y trigo para alimentar a 350 millones de personas, casi 8 millones (más del 20% de su población) son indigentes y sufren de malnutrición. En México, cerca del 60% de la población vive en la pobreza; los trabajadores y trabajadoras mexicanos han experimentado la mayor decadencia en los salarios mínimos en América Latina. En Brasil, 52 millones de personas viven con menos de 2 dólares al día. Y estos son solo algunos ejemplos.

 

Los millones de campesinos del mundo sin acceso a la tierra productiva, los millones de hombres y mujeres sin empleo o en empleos precarios, las mujeres que padecen profundas desigualdades e injusticias en todo el planeta –pero especialmente en los países excluidos y empobrecidos-, los más de 200 millones de emigrantes que sufren la negación de todos sus derechos fundamentales, los pueblos indígenas expoliados y masacrados durante siglos, las minorías étnicas, religiosas, sexuales que son violentadas cotidianamente, los millones de jóvenes que no encuentran empleo ni tienen acceso a la educación, quedando expuestos a la violencia y las drogas. Todos y todas nos muestran los rostros múltiples que adopta la exclusión. Pero éstos, a su vez, son los rostros de la lucha y la resistencia social.

 

La exclusión social es ante todo una relación: no podemos entender al excluido sin aquél que lo excluye, la miseria absoluta sin la opulencia vergonzosa, la existencia de las barriadas miserables sin preguntarnos sobre el origen de los guetos de multimillonarios y las élites económicas de negocios. La exclusión se produce como una necesidad del sistema para auto-perpetuarse, aunque con ello se condene a miles de millones de seres humanos a una existencia fantasma, sin horizontes de vida, sin esperanzas, sin más objetivo que malvivir una vida que acabará pronto y caerá en el olvido sin dejar una huella. Y ante esta realidad: ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer?

 

Ante el poder del capital se extienden la lucha y la esperanza

 

A pesar de la brutalidad de la exclusión por toda América Latina -y en otras regiones del globo-, ante el poder del capital se extienden la lucha y la esperanza. En respuesta ante el poder de la opresión, los excluidos se han rebelado contra la violación de los derechos económicos, sociales, culturales y humanos; contra la corrupción, por la defensa de los recursos naturales y la ampliación de la democracia; han derrocado presidentes, creado movimientos autónomos, liberado territorios y tomado el manejo de las fábricas. El grito de los excluidos, gracias a su lucha, ha pasado de sufriente a combativo, de un grito liberador en la construcción de movimientos sociales y políticos alternativos.

 

La oposición al neoliberalismo se ha expresado de un modo masivo y contundente, tanto en el norte como en el sur del planeta, como herencia de la resistencia indígena, campesina y popular durante los últimos siglos y de procesos revolucionarios que conmocionaron nuestra realidad continental, especialmente la Revolución Cubana que todavía hoy resiste de forma heroica. 

  

 En época más reciente, desde que los indígenas de Chiapas  lanzaran un grito de ¡Ya basta! el 1º de enero de 1994 (el mismo día en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, Canadá y México), las luchas  se multiplicaron y se extendieron por el mundo entero.  Junto a estas acciones, se han impulsado varias campañas internacionales como el Grito do Excluidos/as, la Marcha Mundial de Mujeres, la de los campesinos por la Reforma Agraria, las movilizaciones contra la deuda externa o las privatizaciones, la Organización Mundial del Comercio y el Fondo Monetario Internacional, la lucha contra el ALCA, la Marcha de los Inmigrantes Indocumentados, la multitudinaria oposición mundial a la guerra imperialista en Irak, para mencionar solo algunas. También se han constituido espacios permanentes para compartir y reflexionar sobre la acción como el Foro Social Mundial y los regionales y temáticos derivados del mismo.

 

Mientras toda esta gama de luchas, resistencias y articulaciones ponen en evidencia que, a pesar de que los gobiernos de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), las instituciones de Bretton Woods (Banco Mundial, FMI) y la Organización Mundial del Comercio,  con la complicidad de las oligarquías de muchos de nuestros países, sustentan la opinión de que la globalización es el único modo para organizar la economía mundial y de que una mayor acumulación del capital reducirá la pobreza, la resistencia popular al modelo no solo no se ha detenido sino que se expresa de muchas formas creativas y ha crecido la capacidad de coordinación a nivel global.

  

Pero, hoy día sabemos que no es con más mercado y con menos Estado, ni con más apertura y garantías para los capitales, que se resolverán los graves problemas que sufre la mayor parte de la humanidad al comenzar el nuevo milenio. No es que la economía deba crecer para que entonces se pueda distribuir la riqueza: debemos distribuir la riqueza para que todos puedan crecer y la sociedad comience a ser verdaderamente incluyente. Esta certeza la comparten muchos movimientos, redes y organizaciones del mundo entero, las cuales con su trabajo hacen crecer la conciencia planetaria sobre la necesidad de un cambio de rumbo radical.

 

Conscientes de que hemos avanzado mucho en la última década, en términos de construir las bases de un gran movimiento popular y social global, falta muchísimo por hacer. Por un lado, todavía millones de seres humanos se encuentran apáticos, sin integrarse en las luchas sociales, creyendo que su exclusión es natural y que no hay nada que hacer. Por otro, unos pocos millones de personas en los países capitalistas centrales, siguen creyendo que su riqueza y prosperidad se debe a su superioridad genética o cultural.

 

Necesitamos por lo tanto, radicalizar nuestra opción por los excluidos y excluidas, construir una utopía y un sujeto social (o diversos sujetos sociales) capaz de portarla, de transformar la desesperanza en capacidad de movilización, acción y organización. Muchas de las formas de organización tradicionales han perdido legitimidad o eficacia para lograr este objetivo, por lo cual estamos llamados a reinventar formas  de organización colectiva y de representación democrática, que amplíen la democracia y el protagonismo de los pueblos desde la economía, la política y las formas de organización social, que nos permitan transformar el estado de cosas actual.

 

Apuntes para construir nuestra utopía

 

Ante todo, cuando hablamos de utopía no estamos hablando de una mera idealización acerca de la realidad social. Estamos hablando de una potencialidad que descansa ya en nuestro presente. ¿Cómo queremos que sean nuestras sociedades?

 

Un primer esfuerzo por responder a esto nos lleva a señalar: nuestra utopía debe incluir no solamente a los millones de seres humanos que habitamos el planeta, sino también a la naturaleza entera. A las millones de especies animales y al planeta mismo, sin los cuales nuestra existencia sería imposible o absolutamente miserable. Es urgente terminar de una vez por todas con la visión que asigna a la naturaleza el papel de fuente inagotable de recursos para el enriquecimiento voraz de la industria y la reproducción del capital.

 

Así mismo, la superación de la exclusión se impone como tarea prioritaria y permanente, para lo cual debemos desmontar los mecanismos que la generan. No bastará con crear fuentes de trabajo mientras las relaciones de poder dentro de la sociedad sigan siendo por definición asimétricas: superar la exclusión significa transformar las estructuras y el ejercicio del poder en nuestras sociedades. Por esto, es hora de pensar en el cómo; necesitamos avanzar en la formulación de un proyecto político global de las resistencias que equivale a una refundación del mundo; estamos pensando en una Constituyente global de las resistencias. Debemos ir hacia la generación de un proyecto político global de acción y de alternativas, fomentando este eje de discusión en el marco del Foro Social Mundial, así como de los Foros Continentales y/o Regionales que venimos alentando desde hace algunos años.

 

Una sociedad como la que queremos tampoco puede reducirse a los límites estrechos de cada uno de nuestros países, coto cerrado en el que las oligarquías criollas han confinado la explotación de las riquezas naturales y del trabajo humano, confinando asimismo las resistencias al nivel puramente nacional. En otras palabras, debemos avanzar hacia una globalización de la resistencia, de la solidaridad y del esfuerzo por superar la miseria que nos han dejado los varios siglos de sujeción y expoliación por parte de las grandes potencias capitalistas. Creemos que en la fase actual de las luchas vale la pena insistir en la urgencia de superar visiones sectoriales y trabajar en favor de la unidad regional, hemisférica y global, mas no una unidad mal entendida que subsuma unos movimientos en otros, sino que los articule respetando la singularidad de cada uno.

 

Este esfuerzo por globalizar la resistencia y la solidaridad, apunta a crear una sociedad mundial capaz de distribuir de forma equitativa la riqueza creada por toda la humanidad. Como hemos dicho antes, no se trata de crecer para luego distribuir, sino de distribuir como base del crecimiento y la solidaridad, para lo cual además es necesaria también la creación de una ciudadanía universal que le permita a los trabajadores y trabajadoras tener plena libertad de movimiento en la búsqueda y construcción de oportunidades para su desarrollo y el de los demás.

 

Es urgente también trabajar para la transformación de la exclusión de género y étnica. La transformación de la sociedad no solo exige cambios económicos, sino también sociales y culturales para -desde nuestro ser- poder reconocer la memoria colectiva en toda su inmensidad.

 

Finalmente, son necesarios cambios profundos en la forma en que producimos la riqueza material. Actualmente, el sistema es básicamente depredador y en pocas décadas, de seguir este camino, puede llevar al planeta a una quiebra ecológica de incalculables e inimaginables consecuencias. Debemos revisar profundamente los paradigmas dominantes y la forma en que está organizada la producción en el sistema capitalista mundial, apuntando hacia formas de producción no solo más equitativas, sino capaces de integrarse en el flujo de la naturaleza, preservándola como fuente de nuestra vida. Debemos desarrollar formas de organización de la producción y nuevas tecnologías pensadas no solo desde nuestras necesidades, sino del planeta y de la preservación de los equilibrios ecológicos a largo plazo.

 

Palabras finales

 

Partiendo de las anteriores consideraciones, en este 7 de septiembre y en este 12 de octubre, el Grito de los Excluidos Continental reafirma su vocación política de luchar por un mundo sin exclusión y sin excluidos, contribuyendo a transformar de forma estructural las profundas contradicciones que nos aquejan. Para esto, invitamos a todos nuestros hermanos y hermanas en el continente americano, y en el mundo entero, a profundizar su lucha política, sus ideales, a mejorar sus formas de organización y a alentar un debate sobre la construcción de alternativas, que nos permitan de forma colectiva alcanzar los profundos cambios que demandan, desde lo profundo de la historia, los millones de excluidos y excluidas que alientan y han alentado el largo camino de la humanidad.

 

 

Según la ONIC, la idea de realizar la Mesa de  Concertación una vez terminado el Consejo Comunal expresó el extremo del desconocimiento del gobierno a los indígenas y reflejó su “imposición”, toda vez que “oportunamente se le solicitara su aplazamiento para finales de Octubre”… "Dicho evento se debe realizar ilegítimamente porque el gobierno viola los parámetros establecidos por el decreto 1397 de 1996, cuya convocatoria debe ser concertada con las organizaciones indígenas reconocidas; lo que indica que los delegados oficiales en su totalidad no participaran", dijo Emilio Conda, Coordinador Nacional de las Autoridades Indígenas de Colombia, AICO.

 

Las organizaciones declararon que siguen abiertas al diálogo, tal como lo plantearon en su comunicación al Presidente de la República,  â€œen el marco de los espacios establecidos para la concertación de una verdadera política pública estatal, que responda a las necesidades y demandas de los pueblos indígenas. ¡Por tanto nos declaramos en Asamblea Permanente y resistencia, preparando la Minga por la dignidad de los pueblos indígenas!”

 

Sin embargo, atendiendo la invitación cursada por la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, otras entidades gubernamentales aprovecharon este espacio para el acercamiento a los Pueblos Indígenas durante los días 26 y 27 de Septiembre, en el Hotel del Parque de la ciudad de Bogotá, donde se reunieron con líderes y autoridades tradicionales indígenas de diferentes regiones del país.

 

Como a la convocatoria no acudieron la mayoría de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, por su inconformismo y la falta de coordinación entre las entidades que tenían a  su cargo la convocatoria, se acordó realizar este evento como un Taller de información y socialización de los resultados de los diagnósticos, donde se presentaron las propuestas del gobierno en temas tales como:  Proyecto de Lineamientos de Política Pública en Agua y Saneamiento para los Pueblos Indígenas de Colombia, Estrategias de Derechos Humanos y DIH para los Pueblos Indígenas, Ley 715 de 2001, Artículo 83.

 

Allí se analizaron los diferentes puntos de vista de los participantes indígenas y sus distintas necesidades y se llegó a la conclusión de la presentación de una contrapropuesta desde las cosmovisiones indígenas, ya que las propuestas del gobierno en sus objetivos, lineamientos, metodología y operatividad no estaban de acuerdo con los intereses de los pueblos indígenas.

 

A la Mesa Técnica se entregaron las conclusiones de las mesas de trabajo de los grupos por regiones, cuyos materiales serán entregados a cada uno de los participantes antes del 20 de octubre. También se definió la fecha para la Mesa Nacional de Concertación para el 28 de octubre del año en curso.

 

Los documentos entregados a las organizaciones indígenas participantes deben ser llevados a la comunidad, analizados y partiendo de ahí estar bien preparados con la contrapropuesta para el debate en la Mesa de Concertación.  Dichas  contrapropuestas deben ser enviadas a la Dirección de Etnias, para ser insertadas en las propuestas del gobierno antes de hacer un documento oficial.

 

La metodología usada fue por grupos de trabajo donde cada participante dio su punto de vista partiendo de la observación de las realidades vividas en cada región y se llegó a la conclusión de que el gobierno nunca consulta ni mucho menos concerta.

 

Es de anotar que en pleno siglo XXI los Pueblos Indígenas y el Gobierno no tienen claro en trazar políticas para ser institucionalizadas que garanticen la pervivencia de las diferentes culturas indígenas ni respeta los Convenios Internacionales, Constitucionales, Acuerdos y leyes tradicionales, para ser respetados como pueblos diferentes de la sociedad mayoritaria.

 

Se debe reflexionar en cómo lograr que los Derechos de los Pueblos Indígenas sean respetados, para crear condiciones adecuadas en convivencia pacífica y de hermandad, en la valoración del artículo 7 de la Constitución Nacional, donde se consagra la defensa y respeto de la diversidad étnica y cultural como condición de nuestra democracia de un país que expresa de esta manera su aspiración de hacerse cada vez más pluralista y participativo.

 

Es de asumir que la diversidad implica necesariamente algunas formas de concebir la nación, en esto los pueblos indígenas, requieren  de un largo trabajo político y educativo, para lograr que sus experiencias culturales desde su cosmovisión se conviertan actitud y práctica cotidiana de la población colombiana, para lograr una efectiva apropiación de la diversidad histórica y cultural.

 

 

 

“Si no llegamos a un acuerdo con el Dane, es probable que no participemos en el CENSO”, dijo el Presidente de la Organización Nacional Indígena, ONIC, Luis Evelis Andrade, en rueda de prensa cunado los periodistas le preguntaron sobre la posición de los pueblos indígenas frente al Censo General. Esto sucedió en las primeras horas de la mañana del jueves 29 de septiembre, pero en la tarde el escenario cambió.

 

Después de dos días de análisis y discusión, las organizaciones indígenas y el director de censos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, llegaron a unos acuerdos que quedaron refrendados en el documento, “Convenio Marco entre los pueblos indígenas y el DANE para la realización del Censo 2005 en las comunidades indígenas”.

 

Los representantes de las organizaciones indígenas, ONIC, AICO, OPIAC y Luis Hernando Páez, del Dane, suscribieron el convenio el pasado 29 de septiembre en la ciudad de Bogotá. Los cambios que exigieron los pueblos indígenas tenían que ver con el contenido y los aspectos operativos para censar a las comunidades.

 

Uno de los principales logros, fue lo relacionado la pregunta número cuatro. El cambio en esta pregunta es un verdadero triunfó puesto que ahora la definición de territorio abarca las parcialidades, rancherías, comunidad, y asentamiento. “El territorio no se circunscribe sólo a los resguardos. Por esta razón era muy importante aclarar este aspecto, de lo contrario muchos indígenas no quedarían dentro del censo. Uno no deja se ser colombiano por estar fuera del país. Del mismo modo un indígena no deja de serlo por estar fuera de su territorio”, afirmó el presidente de la ONIC, quien se mostró satisfecho con los resultados de la este primer ejercicio de acercamiento con el Dane.

 

Sin embargo, Andrade manifestó que aún hay mucho camino por recorrer en el reconocimiento de todas las preocupaciones de los pueblos indígenas para que éstas queden recogidas en los formularios del Censo.

 

Otras de las ganancias para los pueblos indígenas tienen que ver con la metodología para recoger la información. Para el logro de este propósito se creará una comisión nacional, regional y local para capacitar a los indígenas para que sean ellos mismos quienes encuesten a los miembros de sus comunidades. También se tendrá en cuenta las condiciones culturales, geográficas y de orden público a la hora de censar.

 

Según se indica en el Convenio, la iniciación del Censo se aplazará hasta febrero de 2006. “Sin embargo, el equipo de trabajo de los pueblos indígenas que trabajará en coordinación con el equipo del Dane, estudiará las solicitudes particulares de las comunidades”.

 

El gobierno nacional por medio del  decreto 1100 de 2005 ordenó la realización del Censo General 2005. En desarrollo de este proceso, que tomara un año entre mayo de 2005 hasta mayo de 2006, se ha desarrollado el censo étnico en la región norte del país. El DANE informa que “aunque la entidad, anteriormente, ya había tenido en cuenta a las etnias para censarlas, es la primera vez que se crea un equipo especial para trabajar con ellas. Ningún grupo humano ha tomado tanta relevancia, para el Censo General 2005, como las comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales y gitanas”.

 

Desde 1991, la diversidad étnica y cultural de la nación, consagrada en el artículo 7 constitucional, ha alterado profundamente la historia patria: Antes bajo el ideario de la constitución anterior, el ideario del colombiano era ser, blanco, católico, hablante del castellano; ahora, bajo la nueva óptica constitucional emergieron de la niebla ideológica y cultural que los invisibilizaba un número plural de etnias y pueblos, inexistentes bajo la constitución anterior. Etnias tales como indígenas, afrocolombianos, raizales y gitanos, pueblos amerindios tales como los Tule, Bari, Wayuu, Sicuani, Siona, Awa, arhuacos, kogis, kankuamos, emberas, y decenas de pueblos indígenas; iniciaron una época  de reconocimiento social y cultural.

 

Antes el término indio era  peyorativo y servía para insultar dependiendo de la región del país en donde se oyera. “¡No sea Cholo!”  “¡Este es mucho Tunebo!”  Eran expresiones racistas y de común audiencia en el Chocó o en  Arauca. Cada región del país tenía su propio matiz racista al desconocer la historia verdadera que nos entreteje con los pueblos indígenas.

 

Por eso cuando una entidad del Estado como el DANE reconoce que el censo debe realizarse de manera bilingüe en los territorios étnicos, no hace sino reconocer el principio establecido en el art. 10 constitucional que reza: “El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe".

 

El censo que se adelanta obedece pues no sólo al reconocimiento de la diversidad étnica del país, sino en términos históricos a un reconocimiento político cuyo desafío apenas comienza.  El convenio No 169 de la OIT convertido en la ley 21 de 1991 sobre poblaciones indígenas, establece derechos fundamentales especiales para pueblos indígenas y tribales, y la Corte Constitucional colombiana ha hecho extensivo tales derechos para las distintas etnias del país, valga decir, para raizales, afrocolombianos, y gitanos o Rom.

 

Tales prerrogativas fundamentales son el Derecho a la Identidad, el Derecho a la Autonomía, el Derecho al Futuro Propio, el Derecho a la Participación, y el Derecho al Territorio. Por eso el ejercicio censal debe estar conducido a afirmar tales derechos tras quinientos años de olvido y negación de la diversidad. Para que nuestros lectores sepan en que consisten  tales derechos, transcribimos las definiciones que de los mismos ha hecho la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos para Colombia:

 

Identidad: “El derecho a la identidad como pueblo indígena que involucra el derecho a la diferencia y a la no discriminación en sus relaciones con el estado y la sociedad” [1]

 

Autonomía: “El derecho a la autonomía, en las distintas esferas de la vida como pueblo: gobierno, justicia, educación, salud, reproducción social  y económica, etc., para regular su reproducción social y económica, etc. Para regular su reproducción étnica y sus cambios culturales.” [2]

 

Desarrollo propio: “El derecho al desarrollo propio en el sentido del desenvolvimiento futuro de sus grupos sociales, de su cultura, y del mejoramiento de su propia  calidad de vida  según sus sistemas culturales  y sociales, como también  de los planes de vida  que elaboren  o agencien como pueblos  en cuanto a su relación intercultural con el desarrollo nacional.” [3]

 

Participación: “El derecho a la participación  en las distintas esferas de la vida nacional, y derecho de consulta previa sobre las medidas, planes  programas y proyectos que puedan afectar  su integridad étnica, sus territorios  o los recursos naturales ubicados  en éstos.”  [4]

 

Territorio: “El derecho al territorio entendido como hábitat  y espacio suficiente  para su reproducción cultural como pueblo.” [5]

 

Este marco de derechos le da un nuevo significado al censo que se adelanta el cual debe profundizar el significado del pluralismo en términos étnicos y políticos. Debe desbordar el paradigma de una democracia cultural restringida, en la cual el “distinto” tiene derecho a meramente a existir, para ahondar en las condiciones de la reproducción étnica y cultural de cada pueblo y de cada etnia.

 

En este sentido, si hacemos una paráfrasis de la definición de la Cartilla de preguntas frecuentes e información básica del Censo 2005,[6]  diríamos que un censo  que promueva  la democracia cultural debe  no ser únicamente ser un conteo de población de las viviendas, de la distribución poblacional,  de los establecimientos dedicados a la industria, el comercio y los servicios; y de las  viviendas asociadas a una actividad agropecuaria en áreas rurales; sino un ejercicio que promueva la autonomía, el desarrollo propio, el derecho al territorio étnico,  a la participación y a la identidad de las etnias colombianas.

 

Las organizaciones étnicas y de los pueblos indígenas  tendrán que avanzar con este norte de derechos fundamentales, a fin que el CENSO 2005 arroje un nuevo horizonte histórico que deje en el pasado la idea de que existe un único desarrollo y que éste lo asume de manera legítima y unilateral el gobierno central.

 

Un balance de lo que ya ha sido el Censo Wayuu, y el Censo en la Sierra Nevada de Santa Marta en esta materia, podrá dar parámetros a otros colectivos étnicos en condiciones de máxima vulnerabilidad étnica y demográfica-. Téngase en cuenta que  de los pueblos indígenas colombianos, la mayoría se encuentran por debajo de los  10.000 habitantes y sólo tres tienen más de 50.000 personas (Wayú, Paez, Embera).

 

¿Será que el Censo 2005 apunta al fortalecimiento étnico y cultural de pueblos indígenas tan pequeños como los totoró, barasano, desano, wanano, piratapuyo, achagua, andoke, bará, bora, cabiyarí, carapana, carijona, chimila, cocama, hitnu, macuna, cacua, nukak, hupda, yuhup, miraña, muinane, nonuya, ocaina, pisamira, siona, siriano, tanimuka, tariano, tatuyo, tinigua, tuyuca, yucuna, yurutí,  que tienen menos de mil  habitantes?

 

¿Será que el Censo 2005 fortalecerá a pueblos en grave peligro de desaparición como los u'wa, cubeo, camsá, wiwa, barí, cofán, cuiba, coreguaje, sáliba, guayabero, yagua, o los cuaiquer o awá, kogui, waunana, puinave, wuitoto, curripaco, piapoco?

 

Los pueblos y las organizaciones indígenas tienen ahora la palabra.

 



[1] Oficina en Colombia del Alto Comisionado De Las Naciones Unidas  Para Los Derechos Humanos “ Derechos De Los Pueblos Indígenas” BOGOTA Agosto de 2002  Pág.205.

[2] Ibíd

[3] Ibíd.

[4] Ibíd.

[5] Ibíd.

[6] “El Censo General es el conteo de la población del país y sus características sociales, económicas, el número y las condiciones de las viviendas, cómo se distribuyen las personas en el país; los establecimientos dedicados a la industria, el comercio y los servicios; y el número de viviendas asociadas a una actividad agropecuaria en áreas rurales.” (Cartilla de preguntas frecuentes e información básica del Censo 2005) DANE BOGOTA 2005.

Así lo afirman los Cabildos Mayores de los Ríos Sinú y Verde al denunciar dos nuevos hechos de violencia: uno el  22 de septiembre a las 3 de la tarde en la comunidad de Beguidó a orillas del Embalse Urrá, cuando el jóven Luis Javier Domicó de 15 años pisó accidentalmente una mina antipersonal que le produjo graves quemaduras en una pierna y otro el pasado 30 de agosto cuando tres hombres armados, al parecer pertenecientes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC EP), asesinaron al indígena Honorio Domicó, quien pertenecía a la comunidad de Kiparadó, en el resguardo Embera Katío del Alto Sinú, municipio de Tierralta, Córdoba.

 

Las razones de este homicidio hasta el momento no se han esclarecido, pero no es la primera, ni han sido pocas las veces que los actores armados han ejercido violencia contra los miembros de esta comunidad sin que el Estado tome verdaderas medidas para ponerle fin a tan inhumana situación.

 

La comunidad Embera Katío ha reiterado continuamente y ante diversas medias sus posiciones autónomas frente al conflicto y su deseo de que ningún grupo armado interfiera en sus vidas ya que consideran que la verdadera salida a la guerra que sufre el país es el díálogo. Los Katíos afirman con mucha razón que en vez de más enfrentamientos armados, lo que los colombianos necesitamos es  la atención efectiva del Estado a las necesidades económicas, sociales y culturales que llevan décadas sin ser atendidas.

 

Pero a pesar de lo dicho y aún más, por eso, el asesinato y desaparición de Líderes indígenas ha sido una práctica continua contra esta comunidad:  entre el 2001 y 2005 han sufrido la pérdida de 3 líderes entre ellos  Kimy Pernía Domicó, quien  el dos de junio fue desaparecido por las AUC y que guió a su pueblo en la reclamación por las consecuencias en la construcción de la Represa de Urrá I; José Ángel Domicó asesinado el mismo año por las AUC cuando se dirigía hacia el cabildo, y Augusto Lana Domicó, líder y gobernador indígena de la comunidad de Porremía asesinado en el 2003 por hombres de las FARC ante la mirada impotente de su mujer y sus 7 pequeños hijos.

 

A pesar de esta grave situación que ha generado más de una vez la movilización de la comunidad y por la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en el 2004 se tomaran medidas cautelares para la protección de esta etnia, se siguen presentando situaciones como la que denuncia la comunidad desde finales de agosto, cuando la fuerza pública entró al territorio Emberá en Tierralta sin el mínimo respeto por los pobladores, robándoles las gallinas, obligando a los jóvenes a cargarles sus remesas y utilizando los botes de la comunidad. Los soldados han acampado cerca de las casas de los pobladores y han establecido  controles a los alimentos y a la entrada y salida de dinero pasando por alto las normas del DIH y los Derechos Humanos al involucrar de esta manera a la comunidad en el conflicto.

 

Es lamentable ver a el pueblo Embera Katío en medio de esta situación en la que de un lado la guerrilla justifica su violencia contra los indígenas por tener supuestas alianzas con los paras; del otro los paras, asesinan a quienes reclaman por lo que les pertenece y por que reclamar es una actitud insurgente, y para completar este macabro cuadro, el ejército abusando de su autoridad y omitiendo el más mínimo protocolo humanitario para con quienes deben ser objeto de su protección. ¿Será que con este tipo de actuación piensa el ejército hacer frente a la situación de orden público que vive el país?.

 

 

El conflicto armado en Colombia ha tenido una expresión geográfica bien establecida: los grupos guerrilleros predominan en las partes más altas y alejadas al interior de las cordilleras o hacia las cabeceras de los ríos en las llanuras selváticas del Pacífico y de la amazonía, como también hacia las fronteras nacionales; los paramilitares se ubican cerca de bases militares o de policía, por lo tanto, cerca de centros urbanos y en cruces de caminos, donde parten las carreteras de penetración hacia los territorios de influencia guerrillera, ejerciendo desde allí el control de la entrada y salida de población, alimentos y medicinas; la fuerza pública tiene sus bases en las ciudades y poblados o muy cerca de ellos, desde donde realizan incursiones a las áreas rurales.

 

Durante el presente gobierno del presidente Uribe Vélez, la policía ha retornado a centenares de pueblos de donde había tenido que salir por presión de las guerrillas, en tanto que las fuerzas armadas han llevado a cabo una ofensiva contra las guerrillas, especialmente en el sur del país, en desarrollo del denominado Plan Patriota el cual dispone de 17.000 soldados atascados en las selvas, sufriendo los ataques de paludismo, leishmaniasis y demás incomodidades tropicales que les han causado más bajas que la misma guerrilla.

 

También es claramente distinguible una secuencia del conflicto armado que se puede sintetizar en las siguientes fases: 1ª. Dominio hegemónico de un grupo guerrillero en un territorio; 2ª. Disputa territorial basada en el ataque a la población civil, especialmente por parte de los paramilitares; 3ª. Confrontación militar entre los actores armados: fuerzas armadas del Estado y  paramilitares contra guerrilleros y también entre las fuerzas armadas contra algunos grupos paramilitares; 4ª. Confrontación armada entre grupos de narco-paramilitares, especialmente en el Valle del Cauca y los Llanos orientales; 5ª Desmovilización de los paramilitares y 6ª. Posible contraofensiva por parte de los grupos guerrilleros.  Lógicamente, no en todos los territorios se presentan todas las fases ni en el mismo orden. Algunas se presentan simultáneamente.

  

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* Este ensayo se realiza con base en una investigación sobre Indígenas desplazados en Bogotá, que el autor y Luis Carlos Osorio vienen adelantando con la Universidad Autónoma de Colombia, en el marco de un Convenio con la Fundación Hemera.

No han dejado de ‘llover’ críticas sobre el Consejo Comunal Indígena que se llevó a cabo el pasado 25 de septiembre en Bogotá y al cual no asistieron algunas de las organizaciones indígenas más importantes del país. La convocatoria, realización y desarrollo del Consejo dejan una sensación de frustración e inconformismo no sólo para quienes participaron sino también para muchos que lo siguieron por televisión. Actualidad Étnica recoge impresiones de quienes aseguran que ‘se llovió sobre mojado’ y no se avanzó en la solución de las problemáticas de los pueblos indígenas, así como de quienes hacen un balance positivo de este encuentro.

 

Mientras en la Plaza de Artesanos se celebraba el Consejo Comunal, en la sede de la Organización Indígena de Colombia, ONIC, ubicada en la Candelaria, los indígenas permanecían en Asamblea Permanente en señal de protesta por la realización de un Consejo,  que según ellos no los representaba. A pesar de la lluvia y los rayos, la jornada se transmitió desde el sábado y durante todo el domingo en la recién inaugurada emisora virtual de la ONIC, radio “Dachi bedea” (que en lengua Embera significa nuestra voz).

 

El malestar de las comunidades y de las organizaciones se resume fundamentalmente en el desconocimiento de las instancias propias de los Pueblos Indígenas, la desunión que el gobierno genera al interior del movimiento indígena con una convocatoria que no se hizo oportunamente y de manera concertada con las organizaciones indígenas.

 

Congresistas y organizaciones solicitaron que se aplazara el Consejo para elaborar una propuesta que diera cuenta de las problemáticas de los pueblos indígenas en su conjunto y que posibilitara la formulación de respuestas concretas. Sin embargo, el Consejo se llevó a cabo, y según indicaron algunos parlamentarios todo terminó en una lista de peticiones aisladas que no resuelven las necesidades fundamentales de pueblos indígenas.

 

El senador Jesús Piñacue, señaló en su intervención en el Consejo, que quienes estén en ejercicio del poder no pueden ser arbitrarios en la convocatoria a este tipo de encuentros en donde la participación de organizaciones indígenas son determinantes. “Esto no es bueno porque cualquier sociedad debe entender que las organizaciones aglutinan las necesidades, los intereses y los sueños, de los grupos sociales. En ese sentido se debió considerar el aplazamiento del Consejo.”, dijo Piñacue.

 

Agregó que como no hubo planeación, no se alcanzaron los objetivos. “Cada uno llegó con sus cartas y no fue posible reconducir el Consejo hacia los aspectos más importantes para los indígenas. Además en la ceremonia espiritual con la que se inició el Consejo, se gastaron dos horas. Disminuyendo notablemente el tiempo de participación”.

 

Gerardo Jumí, senador Embera Katio, fue enfático en este aspecto. “El consejo comunal adelantado por el Presidente Álvaro Uribe y sus ministros, no pasó de ser un encuentro folklórico, en el cual no se concertó la metodología, los temas a tratar y mucho menos los objetivos que alcanzaría el evento”.

 

Según el parlamentario, “para no abordar temas de importancia para los indígenas era lo mismo no haber hecho consejo comunal, porque se notificó por ejemplo, que las fumigaciones seguirían afectando los cultivos y a las gentes sin que nadie refutara nada”.

 

Con relación al tema de las tierras, Jumí cuestionó que los recursos no hayan aumentado. Respecto a la etnoeducación, criticó que el Presidente “delegara a la Ministra de ese despacho sin respuestas concretas para la instrucción de miles de personas que hacen parte de sus comunidades”

 

“Que el actual gobierno se comprometa a apoyar temas como el respeto a los derechos humanos de sus integrantes; la no agresión de sus territorios por los miembros de la fuerza pública y de los actores alzados en armas; el respaldo a los megaproyectos; el apoyo a la reglamentación de la etnoeducación, así como el desarrollo de programas de medicina propia y un inmediato registro poblacional realizado por el Dane” son los temas esenciales que según Jumí se quedaron entre el tintero. “A Uribe le queda por demostrar una voluntad política cierta para sentarse a concertar con los indígenas y una política pública que garantice su supervivencia histórica”, puntualizó Jumí.

 

 

Sin embargo, los dos congresistas coinciden en que esperan que el gobierno cumpla con su compromiso de adelantar otro Consejo que sea el resultado de la concertación y en el reconocimiento de los mecanismos de participación propios y en donde se planteen soluciones efectivas para los temas indígenas.

 

Optimismo moderado

 

Por su parte Luz Helena Izquierdo, Directora de la Dirección Etnias se mostró optimista con los resultados de Consejo. “Como indígena y como Directora de Etnias me parece que este primer acercamiento es positivo. Una de las más sentidas necesidades y dificultades en la relación efectiva entre el Estado y los pueblos indígenas. Considero que es una ganancia que todo el Estado se mueva alrededor de la problemática indígena, y eso fue lo que se dio en el Consejo”.

 

Izquierdo, aseguró que es necesario hacer un seguimiento y evaluación a los compromisos que quedaron del Consejo, pero sobre todo de los procesos y los avances del gobierno en el tema indígena.

 

También consideró positivo el Consejo, puesto que con la realización de este tipo de eventos se envía un mensaje de integración de las políticas macro con las realidades de las comunidades indígenas en regiones. Por esto destacó la participación de los entes territoriales, gobernadores y alcaldes de diferentes partes del país.

 

Frente a las críticas que ha recibido el Consejo, la Directora de Etnias reconoció que el tiempo de convocatoria y preparación no fue suficiente. Sin embargo insistió en que esta reunión no se agota los espacios de concertación entre el gobierno y los indígenas.

 

Contrario a los comentarios sobre la desunión, que según algunas organizaciones propicia la Dirección de Etnias, Luz Helena Izquierdo afirmó que esta entidad le apuesta al diálogo y a facilitar los procesos de interlocución.

 

El debate que generó el Consejo puso de manifiesto algunas dificultades tanto al interior de las organizaciones como en el seno del gobierno y sirve de reflexión para que cada una de las partes evalúe sus responsabilidades en este proceso.

 

¿Están unidas y fortalecidas las organizaciones indígenas? ¿La Dirección de Etnias interpreta el sentir y las necesidades de los pueblos indígenas? ¿Hasta cuando, en el ejercicio del poder, el Estado dejará de impulsar un régimen de “democracia cultural restringida” que sólo acepta la diversidad, más no promueve las condiciones del fortalecimiento étnico y cultural de los pueblos indígenas y en general de las Etnias?, ¿Es de esta manera que se inaugura una política de reconocimiento y fortalecimiento de la autotomía de los pueblos indígenas?

 

Acorde al adagio popular y a las condiciones climáticas en las que se desarrolló el Consejo, después de la tempestad viene la calma. Esperemos que la Mesa de Concertación sea un verdadero espacio en todos ganemos.

 

 

Los ancianos y conocedores de la vida no se equivocan. Una vez más queda demostrado la supremacía de la Madre Tierra, con los hechos que la ley natural manifestara el pasado 25 de septiembre cuando se realizara el cuestionado consejo comunal indígena. Un ‘tremendo aguacero’ empapó las intenciones del presidente Uribe. Si él pretendía bajarle la intensidad del inconformismo de las comunidades ancestrales frente a las políticas del actual gobierno que como el TLC, la Seguridad democrática, con la ausencia de organizaciones representativas, como la ONIC, no lo logró. Esta vez ‘torció la puerca el rabo’ porque la naturaleza la aguó la fiesta.

 

Los múltiples atropellos cometidos por fuerzas paraestatales en nuestros territorios originaron total desconfianza en nuestras ancestrales formas de vida, frente el desmembrado Plan Uribista. Por esa razón, Uribe pretende bajarle intensidad a nuestras democráticas propuestas con demagógicos discursos. Una de sus letales armas es ofrecerles aprovecharse de la necesidad y de algunos indígenas y potenciar la falta de compromiso de otros.

 

Su vana ilusión no le permite observar con detenimiento a su alrededor, precisamente mientras el pretendía engañarnos, la Madre Naturaleza elevaba su propio consejo hacia la Casa de Nariño, como lo ha hecho últimamente con la Casa Blanca; mediante un pertinaz aguacero y los coletazos de un imprevisto terremoto, acompañado de destellantes y vibrantes rayos en cuyos deslumbrantes y trasversales líneas venían mensajes de atención para que la clase politiquera nacional reoriente su falso proceder y reconozca sus equivocaciones.

 

Es lamentable que inocentes pierdan sus valiosos sueños por efectos propios de la Madre Tierra, y casi siempre somos los menos favorecidos, que con inundaciones, crecientes inmensa de los ríos, huracanes, temblores, etc., pagamos la inconformidad de la Ley de Origen, por irrespetar su autonomía al aprovechándonos indebidamente de los territorios que nos fueron concedidos por el creador.

 

Nuestros mayores, Autoridades tradicionales y Políticas, vienen trasmitiendo y planteando la urgente necesidad de redireccionar mediante previas consultas de gobierno a gobierno, las políticas a seguir en el manejo de nuestros territorios; queremos presentar nuestro desacuerdo frente al desarrollo egocentrista, no por ser un capricho nuestro, sino porque lo que está en juego es la vida de todos y como si fuera poco el futuro generacional.

 

Es necesario que los estados y gobiernos se quiten la venda traicionera que los enceguece y reconozcan sus múltiples equivocaciones motivadas por sus intereses propios y pasajeros. Es inconveniente construir e imponer leyes tortuosas e ineficaces a espaldas de la realidad ancestral desconociendo las terribles y venideras consecuencias.

 

Los pueblos indígenas mantenemos nuestra ferviente voluntad de compartir nuestros saberes sobre el manejo social, político y territorial para convivir sanamente, mediante el pensamiento propio y así garantizar larga pervivencia y tardes vulnerables, como la vivida el pasado 25 de septiembre en Bogotá, como en Perú.

 

Hoy más que nunca el movimiento indígena a la cabeza de la ONIC, la OIA, el CRIC, ACIN, la CIT, el CTC y otros mantienen unificados criterios emancipadores de autonomía tendientes a garantizar la cultura, quienes equivocadamente desconocen estos lineamentos si son indígenas de verdad respetuosos de sus tradiciones saben, que tarde o temprano tendrán que rendir cuentas espirituales por su desleal proceder. Si ellos no se reconocen como verdaderos indígenas, respetuosos de sus tradiciones, fácilmente seguirán haciéndole el juego al Estado en detrimento de sus leyes ancestrales.

“Como Pueblos, hijos de la Madre  Naturaleza y de los Espíritus siempre estamos dispuestos a la construcción del canasto de la verdad, con el nudo responsable de la realidad que reflejan nuestros territorios para no solo ser contados en cifras, sino ser reconocidos desde las distintas formas de pensamientos y comportamiento en la relación hombre, naturaleza y entorno, que es la ley del equilibrio y de la armonía de la existencia”.

 

En la Constitución Política de 1991 (Artículo 7 y 13); en el Convenio 169 del marco internacional de la OIT, ratificado en la Ley 21 del 91 y en la Conferencia Mundial contra el Racismo y Discriminación Racial y Xenofobia, realizado en Durban, Sudáfrica en el 2001, se planteó que en los censos de población se tuviera en cuenta a los grupos étnicos y en particular a los Pueblos Indígenas.

 

Partiendo de lo anterior, y en respuesta a la convocatoria realizada por la ONIC en el tema del manejo del censo nacional en los Pueblos Indígenas, llevado a cabo los días 28 y 29, en las instalaciones del Hotel Dann Colonial de la ciudad de Bogotá, se hizo un acercamiento entre las Organizaciones indígenas y el director del Censo Luis Hernando Paéz.

 

La propuesta de formato presentada por el DANE no llenaba las expectativas de los requerimientos de los Pueblos Indígenas. Se llegó a un acuerdo de nombramiento de dos representantes por organización ONIC, OPIAC, AICO y CIT, para la coordinación  con el DANE, en los ajustes de las demandas y compromisos adquiridos  y cuyos resultados deberán ser enviados a las diferentes organizaciones. Los Pueblos Indígenas trabajamos en equipo, para la construcción de propuestas metodológicas, procedimentales y técnicas que permitieran  ser captados por los instrumentos censales.

 

Por otra parte y teniendo en cuenta que los Pueblos Indígenas somos integrales e interrelacionados con el territorio, la vida, la Madre Naturaleza y que conformamos un conjunto colectivo desde  nuestros Pueblos, se planteó las siguientes demandas al DANE, para ser tenidas en cuenta en el nuevo formato, tales como:

 

  1. Tierras, territorios y recursos naturales: la identidad indígena está íntimamente ligada el territorio y la tierra. El territorio y los recursos naturales son la base de la economía y son una condición necesaria para asegurar el bienestar y  la pervivencia integral de los indígenas.

 

  1. Salud, educación y saneamiento ambiental: la carencia de la salud y la alimentación y la imposibilidad de disfrutar de un medio ambiente sano son verdaderos indicadores de pobreza y necesidades, por esto se requiere de técnicas adecuadas para obtener este tipo de información.

 

  1. Economía indígena: este aspecto es el que exige mayor agudeza y responsabilidad, pues la economía no puede seguir siendo vista como una dimensión universal de las sociedades. Por el contrario, los datos sobre economía deben reflejar en si mismos la diversidad de formas de economía existentes en los Pueblos Indígenas. Los indígenas dan más importancia a los recursos productivos que a los ingresos o a los niveles de producción, su objetivo es asegurar cierto nivel de provisión de alimentos. Sin embargo, si los indígenas no tienen acceso a recursos productivos el nivel de ingreso viene a ser determinante de su nivel de pobreza.

 

  1. Vivienda y bienes de consumo: los indígenas deben disfrutar de una vivienda digna que comprende aspectos como agua, energía y combustible para cocinar y otros bienes de consumo. Estos aspectos en la mayoría de los Pueblos Indígenas deben ser abordados como componentes del hogar y el medio ambiente pues si se impone concepto de servicios, se está fraccionando la integralidad de los Pueblos Indígenas.

 

  1. Educación, identidad y cultura: la educación es clave para la eliminación de las desigualdades sociales. Para los indígenas la educación es importante para la consolidación de su identidad y el fortalecimiento de su cultura. También les proporciona la fortaleza para defenderse de las injusticias impuestas por las sociedades nacionales en las cuales viven. Un buen indicador que deben surgir de un instrumento censal es el nivel de desarrollo de la educación propia en los Pueblos Indígenas.

 

  1. Autonomía, justicia, participación política: la autonomía tiene que ver con las formas de autogobierno de los Pueblos y la organización de su vida social, económica y política; la justicia se relaciona con el efectivo acceso a la justicia consuetudinaria del Pueblo Indígena; la participación política abarca dos campos: el de reconocimiento como colectividad de en las decisiones que los afectan y el de la libre participación en espacios políticos locales y nacionales. Este marco constituye una garantía de existencia y desarrollo para las comunidades indígenas.

 

Compromiso de todos

 

Para  la construcción del canasto de la verdad con responsabilidad en la realidad los conceptos de economía, hogar, la familia, el ambiente, el territorio, la salud, la educación, el bienestar, la pobreza y gobierno, deben ser manejados desde las propias cosmovisiones indígenas.

 

Por tal razón es necesario tener espacios de acercamiento, consulta y concertación de estos conceptos propios para que los resultados de los censos permitan establecer y reafirmar el sentido multicultural de una nación llamada Colombia.

 

Así las cosas, no sólo necesitamos saber cuántos sumamos, sino cómo sumamos y para qué sumamos. En el complemento del hilo de la palabra sabiduría, la idea no es sólo cruzar hilo por hilo...sino ir anudando para estructurarnos en el gran canasto de la vida. Esa vida en la cual no estamos solos, ni solo hacemos vida. Porque los unos necesitamos de los otros y los otros necesita de uno.

 

Empecemos con la palabra, palabra de compromiso de responsabilidad no solo como ciudadanos colombianos que piden mayor atención del Estado,  sino como parte de un mundo llamado tierra... la tierra que clama para ser escuchada y atendida antes que se nos muera y lleguemos a un caos. Todo depende de cada uno de nosotros. Empecemos por nosotros mismos.