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Publicado: 30 Noviembre 1999

Prácticamente le tomó una semana a las tropas recorrer los 26 kilómetros de distancia entre la población de El Palo y Toribío. La prensa se les adelantó varios días. La guerrilla no abandonó la zona, ha mantenido la confrontación y extendió sus ataques a Jambaló y Tacueyó.

La destrucción de tantas viviendas muestra que la toma de Toribío no tenía por objetivo solamente atacar a la policía sino castigar a la población indígena ya que ese municipio se ha constituido en emblema de la resistencia indígena contra la guerra. Fue un ataque miserable contra una comunidad inerme, utilizando armas no convencionales, destruyendo sus viviendas, poniendo en inminente peligro a la población civil y forzándola  a desplazarse. Son hechos claramente violatorios del derecho internacional humanitario, que contribuyen a deslegitimar a las Farc como actores políticos, afianzan el calificativo de terroristas y se suman al expediente que algún día podrá llegar a las cortes internacionales. Por otra parte, esos hechos evidencian el peligro de ubicar cuarteles y construir trincheras en medio de la población civil.

Los indígenas desafiaron las amenazas de las Farc realizando una marcha de mil guardias hasta Toribío y organizando refugios de paz para que la gente no abandone su territorio. Ahora las comunidades de toda la zona del norte del Cauca -y donde quiera que siga esta guerra-, quedan expuestas a resistir en medio de los combates o a desplazarse hacia los centros urbanos cuando el riesgo supere el heroísmo.

La resistencia indígena del Cauca, al igual que los territorios de paz en otras regiones del país (como San José de Apartadó y Cacarica) y otras estrategias de resistencia contra la guerra  han sido también descalificadas por el gobierno, que las sindica de aliadas de la subversión o pretende captarlas para su estrategia de seguridad. En el caso del Cauca el presidente fracasó cuando pretendió impedir la gigantesca marcha indígena hacia Cali y ganarse la resistencia indígena a favor de su política.

Las FARC trataron de amedrentar a los paeces secuestrando la dirigencia de Toribío hace un año, pero tuvieron que soltarlos cuando más de 400 guardias, armados solamente con sus bastones de mando, fueron a rescatarlos. Ahora les pasan la cuenta de cobro destruyendo a Toribío. A las FARC nadie les cree cuando plantean que el ataque a Toribío es parte de la guerra del pueblo contra el Estado.

Esta no es una guerra de los indígenas, aunque haya algunos jóvenes que,  desconociendo la política de sus autoridades y organizaciones, se dejen reclutar por uno u otro bando. Ha sido más bien, una guerra de todos los actores armados en contra no sólo de los indígenas sino de las comunidades negras y campesinas, una guerra en la que la coca reemplazó los ideales, una guerra deshonrada por crímenes atroces. Por lo menos ahora se están matando entre ellos mismos, aunque esto no es motivo de alivio ni mucho menos de alegría ya que la mayoría absoluta de combatientes son hijos de familias humildes, que no han podido brindarles mayores alternativas.

Nuevamente el norte del Cauca se convierte en escenario del terror de la guerra. Hace veinte años los indígenas fueron testigos y víctimas de los crímenes más atroces cometidos por el grupo “Ricardo Franco”, disidente de las FARC. Esa parte de la cordillera ha sido territorio de las FARC desde hace más de treinta años, de manera que ahí la guerra va para largo tiempo y seguirá extendiéndose por el suroccidente y otras regiones. Seguirán muriendo guerrilleros, paramilitares, soldados y población civil. Se seguirán consumiendo millones y millones de pesos y el país se seguirá desgastando, exponiéndose a riesgos como los que corrió el presidente en su visita a Toribío, convencido por los mandos de que la situación estaba bajo control. Los recientes ataques de las FARC incrementan las dudas sobre la solución militar del conflicto armado. 

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Publicado: 30 Noviembre 1999

Primero les llega la policía pero no a defender el pueblo sino a protegerse con el pueblo, ubicándose en el centro del caserío y construyendo trincheras en las calles. Con ello, dieron el pretexto preciso para que las FARC destruyeran las casas de los indígenas a punto de bombazos supuestamente dirigidos contra la policía. Diez días más tarde les llega el ejército el cual, al ser atacado por los guerrilleros, dice que los indios son cómplices. Entonces, empiezan las pescas milagrosas, ya no de las FARC sino de la fuerza  pública, para tener a quién acusar de su fracaso y sobre quien descargar su ira. Ya son 20 los indígenas de Jambaló arrestados sin orden judicial. Esas tácticas no dejarán sino más resentimiento ante el Estado. Por lo visto, no han aprendido la lección de Arauca!. Después, vendrán los asesinatos selectivos, para descabezar la dirigencia de la resistencia indígena, dejando la duda de cuál fue el bando asesino. Los organismos del Estado dirán que fue la guerrilla y ésta, que fue el Estado. La creciente brutalidad de las acciones bélicas y la violación de los derechos humanos no hará sino deslegitimar cada vez más la estrategia de seguridad “democrática” y la lucha armada insurgente.

Ese es el panorama que enfrentan hoy día los indígenas del Cauca y de todas las regiones donde la fuerza pública, los paramilitares y la guerrilla se disputan el control territorial. Los unos, para ofrecerle los recursos naturales en bandeja a las multinacionales, a los narcolatifundisas y a la empresa privada. Los otros, para demostrar que siguen vivos y dando la pelea, lucrándose –al igual que los paramilitares-, de las variadas modalidades de economía ilegal, principalmente del narcotráfico. En medio de este berenjenal (caos), las comunidades permanecen amenazadas de lado y lado, pues si en algo coinciden todos los actores armados es en su interés por acabar la resistencia indígena. Para la guerrilla, acostumbrada a imponer su autoritarismo en las comunidades, les resulta obviamente incómodo que una organización popular la rechace y le pida que respeten y abandonen su territorio, que los cabildos no les obedezcan y que se opongan a que recluten los jóvenes. El gobierno, por su parte, ha fracasado reiteradamente en su intento de colocar la resistencia indígena al servicio de su estrategia militarista. Los indígenas ni le agacharon la cabeza al presidente, ni le comieron cuento a sus consejos comunitarios.

A pesar de que a algunos jóvenes los reclute el ejército y a otros la guerrilla, la posición del movimiento indígena es no dejarse involucrar en la guerra. Cualquiera pensaría que la resistencia ha llegado a su límite, dado el peligro tan grande que enfrentan las comunidades. Pero lejos de doblegarse, los indígenas del Cauca reafirman su decisión y en medio de la guerra realizan asambleas masivas en las que refuerzan su Plan de Resistencia y lanzan una estrategia de convocatoria a la sociedad civil y a la comunidad internacional con tres objetivos: primero, visibilizar su problemática para que ni el Estado ni los grupos irregulares puedan cometer sus atropellos en la sombra y el silencio, correspondiéndonos a todos los colombianos apoyarlos para que su grito se escuche en el mundo; segundo, fortalecer su proceso organizativo, que constituye su principal garantía para el ejercicio de su autonomía ante los actores armados y para sobrevivir en medio del conflicto armado; y tercero,  proteger a sus dirigentes ya que cualquiera de los actores armados puede estar interesado en practicar “tiro al indio” sobre la cabeza de esos dirigentes.

En desarrollo de la mencionada estrategia, se convocó a una reunión el 12 de mayo en el Hotel Tequendama a la que asistieron más de 70 representantes de organizaciones sociales. En esta reunión se explicó la situación que están viviendo los indígenas de la zona norte desde la toma de Toribío, y el Plan de Resistencia con el que reafirman su decisión de permanecer en sus territorios aun en medio de la confrontación armada. Esa actitud de resistencia, tan característica del pueblo Nasa, se ha convertido en un símbolo de fortaleza para todas las organizaciones y personas que rechazan esta guerra por degenera y absurda.

Los indígenas piden:

Que la fuerza pública levante sus trincheras y se ubique fuera de los poblados.

Que la guerrilla abandone sus territorios y respete la autonomía de las comunidades.

Que paren la guerra y se le busque una salida política al conflicto.

Como colombianos que aspiramos a la paz, nos sumamos a estas peticiones y respaldamos la resistencia del Pueblo Nasa.

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Publicado: 30 Noviembre 1999

El avance del paramilitarismo en Colombia, sus patrocinadores y sus consecuencias, será el principal tema de la campaña electoral que el presidente Uribe inició prematuramente, a mediados de Mayo, al lanzarse contra los expresidentes del país y exalcaldes de Bogotá, cuando, refiriéndose al jefe paramilitar apodado Don Berna, pidió “que se le diga al país claramente si los gobiernos tuvieron o no complicidad con él (don Berna), para perseguir a otro grupo narcotraficante”.

La comedia alrededor de la persecución de “Don Berna” por el asesinato de un político y su reclusión en una finca recordatoria de La Catedral, cárcel cinco estrellas donde tuvieron preso a Pablo Escobar en tiempos del presidente Gaviria, es un nuevo episodio del cinismo con que los gobiernos han manejado el fenómeno del paramilitarismo y el narcotráfico en Colombia. Esta vez, los encargados de capturar a Don Berna fueron dos generales de la Policía Nacional (Jorge Daniel Castro y Alonso Arango) que hace unos años dirigieron el Comando Elite que, según la prensa, se alió con el grupo de “Los Pepes” al que pertenecía Don Berna, para acabar con Pablo Escobar.

El gobierno del presidente Uribe, después de haberle hecho trampa a la Comunidad Internacional presentando una falsa versión del proyecto de Justicia y Paz, ha continuado insistiendo en un proyecto de ley en el que aparecen nuevos “micos” a favor de los paramilitares y narcotraficantes, a la vez que desaparecen tramposamente las salvaguardias que se habían introducido para que en la negociación con los paramilitares no se colocaran los narcotraficantes. José Obdulio Gaviria, primo hermano de Pablo Escobar, es el ideólogo de palacio que construye los argumentos de que en Colombia no hay conflicto armado y que se debe acabar con la categoría jurídica del delito político, obviamente para que la guerrilla no se pueda favorecer de las garantías otorgadas a los paramilitares. Este argumento se lanza inmediatamente después de que a los paramilitares se les acababa de ascender a delincuentes políticos. Cinismo total

Uribe acusa de complicidad a los anteriores presidentes y éstos -con rabo de paja todos ellos- acusan también al presidente Uribe, iniciando una escena de “cueros al sol” en la que salen verdades que todo el país conoce, aunque el Estado se empeñe en tapar el sol con los dedos. La reciente captura de Santofimio, por el asesinato de Luis Carlos Galán hace 16 años, fue apenas un preámbulo del escenario en el que seguirán saliendo a flote las evidencias del compromiso de la clase política y la fuerza pública con el narcotráfico, el paramilitarismo, la corrupción y la violencia política. Hasta que lleguen a un acuerdo para taparse mutuamente.  

No cabe duda de que la campaña electoral empezó ya, con demasiada antelación, lo cual implica prolongar el desgaste político y de gobernabilidad que se viene sintiendo desde cuando se lanzó la propuesta de reelección. El presidente-candidato, dispuesto a pasar por encima de muchas cosas, como lo ha demostrado en ocasiones anteriores, como la del referendo, monta un escenario desventajoso para los demás candidatos y comienza a intervenir en política antes de que la ley se lo permita. Enardecido por las críticas, le imprime a la campaña un tono de agresividad irresponsable que en nada ayuda a calmar el ambiente de violencia que está viviendo el país y, por el contrario, aviva el fuego que se avecina.

Paramilitares y guerrilla se disputarán el control electoral en sus respectivas zonas de influencia que ya no son solamente rurales sino que tienden a volcase a las principales ciudades del país. El paro del transporte en Medellín contra la orden de captura de don Berna, evidencia el avance del paramilitarismo en las ciudades. Y con ellos, al igual que con las milicias guerrilleras crecerá la extorsión, el secuestro, la inseguridad y todo tipo de delincuencia común, la clientelización y corrupción de las administraciones locales, las “limpiezas sociales”, la guerra entre bandas, el terror y la superconcentración de riquezas.

Al elegir al presidente Uribe la gente le dio un fácil aval a la guerra en el campo, pero ahora vendrán las consecuencias en las ciudades y más colombianos muertos en el campo. 

El desgaste político que se avecina puede ser la coyuntura que las FARC estaban esperando para desatar su contraofensiva militar a base de acciones osadas y desafiantes, como la de la masacre de los concejales en Puerto Rico (Caquetá), para demostrar que la política militar de seguridad democrática –principal bandera del actual gobierno- no sirvió de mucho. Entre tanto, el Plan “Patriota” asesorado y financiado por los Estados Unidos avanza hacia el fondo del pantano selvático donde nuestros campesinos soldados son víctima no sólo de la guerrilla sino de las enfermedades, como la leishmaniasis, mientras que algunos asesores gringos se dedican a traficar armas y cocaína. Que ignominia!

En medio de la contienda política salpicada por acusaciones de connivencia con el paramilitarismo y el narcotráfico y en medio de la guerra que acompañará el período electoral, es muy posible que el péndulo que llevó primero a Pastrana a la Presidencia  prometiendo la paz y, luego, a Uribe anunciando guerra, se devuelva pidiendo nuevamente la paz. Será una hora buena para nuevas fuerzas políticas, que no estén manchadas de narcotráfico ni de guerra.

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Publicado: 30 Noviembre 1999

El accidente aéreo ocurrido en Providencia el 26 de marzo pasado, cuando un avión de la compañía West Caribbean se vino a pique con 14 personas a bordo, fue una tragedia anunciada. Y no tanto porque se esperara un siniestro de esta naturaleza sino porque las condiciones de la isla, paraíso natural y reserva de la Biosfera, indican un gran abandono del Estado en materia de infraestructura y servicios de salud.

El impacto del accidente para la comunidad de Providencia y Santa Catalina Islas y para los que estábamos con ellos fue tan grande, que aún no hemos logrado superar la sensación de impotencia y frustración. Esto, sin mencionar la incertidumbre por el futuro turístico.

Un grupo de valientes, hombres y mujeres del Pueblo Raizal, se encargaron de trasladar a los heridos en camionetas de platón porque la ambulancia estaba dañada. Los pocos implementos de auxilio fueron usados con inteligencia y en medio de la desesperación surgieron soluciones espontáneas, como el uso de tablas, sábanas templadas y brazos entrelazados en lugar de camillas, que tampoco había. Fue necesario recortar cajas de cartón para hacer tablillas e inmovilizar los miembros fracturados. No había oxigeno. No había rayos X. No había suficiente gasa ni los mínimos elementos. Cuando alguien de la comunidad logró conseguir dos balas de oxigeno, no había como entubar a los pacientes. El doctor Camilo Casas, miembro de la junta directiva de la Clínica del Country, que se encontraba en vacaciones en la isla y quien fue un gran apoyo en esos momentos manifestó su tristeza al tener que colocar oxigeno a través de sondas nasales por la falta de tubos apropiados. Los médicos (dos raizales y tres de afuera: el rural y dos turistas), junto con las enfermeras y otros colaboradores, hicieron hasta lo imposible por salvar todas las vidas. No fue posible porque no había con qué, aparte de suero y drogas por vía intravenosa. Los aviones para el traslado de los heridos hacia San Andrés fueron llegando por turnos y por turnos se envió a los heridos. Los más graves no pudieron esperar.      

En otras ocasiones ha ocurrido lo mismo con personas de la comunidad, casos aislados que no se denuncian justamente por eso. Traslados al hospital de San Andrés por urgencias que no se pueden atender. Dolores tras dolores.  

Trabajo con la comunidad raizal desde hace más de quince años, tiempo suficiente para conocer la situación de vulnerabilidad en que se encuentran Providencia y Santa Catalina. Pequeños paraísos amenazados por intereses económicos y políticos, por daños ambientales y problemas sociales. Población nativa que ha sido atropellada en sus derechos como grupo étnico desde la colonia y que teme por su tierra y su cultura. ¿El Estado permitirá que esta Reserva de la Biosfera sufra daños similares a los ocurridos en San Andrés Isla? ¿Después de esto, se dotará la isla para atender las emergencias? ¿La Procuraduría y otras entidades iniciarán una investigación?

NOTA:

Casos como el del uno de los mejores basketbolistas de Providencia son muy tristes: una fractura y una herida que no se atendieron a tiempo -ni como debía ser-  produjeron gangrena. Los médicos le cortaron la pierna por el afán de trancar la infección.  

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Publicado: 30 Noviembre 1999

Luego del intercambio de oficios entre la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y el Cabildo Mayor del Pueblo U´wa, se congela la posibilidad de una pronta reunión oficial entre las partes para discutir los términos de la Consulta Previa a sus comunidades, para el desarrollo del proyecto de exploración petrolera en los Bloques de Sirirí y Catleya. Por lo tanto, una próxima reunión interinstitucional sólo podrá realizarse en la primera semana del mes de septiembre, cuando los u´wa terminen sus actividades culturales de ayuno y reflexión, señala un comunicado oficial del cabildo a la Dirección de Etnias, del 11 de mayo.

Como se recordará, el pasado 2 y 3 de mayo se frustró una reunión de funcionarios oficiales con comunidades u´wa, cuya realización estaba prevista dentro del Resguardo indígena El Chuscal de Cubará. Dicha situación motivó controversias que desencadenaron en desacuerdos sobre la interpretación de los fines y alcances de dicha reunión, pues mientras el gobierno asegura que se trataba de hacer la “instalación formal del proceso de consulta”, el Presidente del Cabildo Mayor (Asociación U´wa), Roberto Afanador Cobaría, afirma que se trataba tan sólo de “un segundo evento de relacionamiento institucional en el que el pueblo u´wa pudiera decidir si aceptaba o no la consulta previa”.  Evento que la Dirección de Etnias definió como “proceso de consulta previa” y “acto de instalación del proceso, “desconociendo lo acordado en la primera reunión”, señaló Cobaría, en un comunicado dirigido a la Directora de Etnias Luz Helena Izquierdo, el pasado 12 de mayo.

Por su parte, la Directora de Etnias, en carta dirigida a las comunidades u´wa, autoridades tradicionales y Comité Ejecutivo de ASOU¨WA, el pasado 10 de mayo, tras considerar que la reunión del 2 de mayo se frustró por “razones ajenas a las partes” señaló que los u´wa “desde el día anterior habían decidido aplazar a motu propio y unilateralmente el acto de instalación. Lo cual deja en evidencia que no hubo un mínimo de voluntad política de ASOU´WA para superar los inconvenientes que se presentaron”. (...)

El aplazamiento de la reunión “hasta septiembre del año en curso... no puede interpretarse sino como una dilación injustificada del proceso”..., dijo la Dirección de Etnias, al tiempo que los invita a “hacer uso de su derecho fundamental a la consulta previa y los convoca nuevamente para el próximo 27 de mayo, a las 09:00 a.m. en las instalaciones del Concejo Municipal de Cubará, Boyacá, a la reunión formal de concertación entre las partes (gobierno, comunidades u´wa y empresa titular del proyecto –ECOPETROL S.A.) para coordinar las actividades y seguir adelante con el proceso de consulta.”

Las contradicciones entre u´was y gobierno

La carta gubernamental en mención contiene varios elementos de contradicción que destaca el pueblo u´wa y vale la pena destacar: 1) el objeto de los acercamientos interinstitucionales: el supuesto de que se está en el proceso de consulta previa; 2) los actores del proceso; 3) el escenario de los diálogos; 4) la interpretación de los acontecimientos del 2 de mayo; 5) la agenda planteada y 6) la legitimidad de una líder indígena que actúa como funcionaria de gobierno.

Al respecto, el Cabildo Mayor U´wa en su comunicación del 12 mayo, considera que las acercamientos entre las partes, llevados a cabo desde el 2004 “no deben considerarse como una relación de gobiernos centrado exclusivamente en el tema de la Consulta Previa como lo ha proyectado la Dirección de Etnias en sus oficios”.  Señala que esta nueva convocatoria es “impositiva”, porque “considera este evento como una etapa más del proceso de consulta previa, por eso, nos invitan al concertación de actividades a seguir, cuando nosotros oficialmente y por escrito no hemos tomado la decisión de aceptación o rechazo del proceso de Consulta Previa”.

Ante la ausencia de actas de las reuniones realizadas hasta el momento entre el gobierno y los u´wa, oficiales, concertadas y firmadas por las partes, que permitan establecer un punto de vista común y de interpretación sobre los hechos que rodean lo que unos llaman proceso de consulta y otros acercamientos institucionales, cabe destacar la necesaria claridad en los procedimientos que deben ser establecidos por las partes en un proceso que resulta paradigmático, de interés público e impacto global.

Seguidamente, el comunicado u´wa señala su preocupación por la estrategia del gobierno nacional de dirigir la actual convocatoria no al Cabildo Mayor U´wa, como se venía haciendo, sino también a las comunidades, a las autoridades tradicionales y Asou´wa, en lo que interpreta como una actitud “divisionista” que desconoce la jurisdicción territorial donde se ejercen el gobierno y la autoridad indígena, ya que el Cabildo Mayor “es el ente colegiado que representa los derechos individuales y colectivos de las 17 comunidades indígenas fundadoras de la Asociación U´wa, y es a este organismo a quien se le debe notificar  todas las decisiones de gobierno en el proceso de relaciones interinstitucionales”.

Con respecto al sitio de reunión, tras reiterar que su “... espacio para realizar los eventos oficiales es el territorio del Resguardo U´wa y no es el recinto del Concejo Municipal de Cubará”, señala que son las autoridades indígenas quienes haciendo uso de su fuero personal, espiritual y territorial deben decidir el sitio de la reunión, y que dicho aspecto no fue considerado por la dirección de etnias.

De la agenda del 2 de mayo, los indígenas señalan que fue unilateralmente definida por la Dirección de Etnias y que ellos no estaban esperando una reunión exclusiva con la Dirección de Etnias, pues “como es de su conocimiento, los u´wa no sólo tenemos el problema de la exploración y explotación petrolera, sino también el problema territorial (falta de saneamiento del resguardo), la educación, y la salud, entre otros. Este era un espacio muy importante porque allí estarían todas las autoridades indígenas para interlocutar con el delegado del Presidente de la República y demás funcionarios de gobierno”.

Finalmente, señala el representante indígena Roberto Cobaría, “el pueblo u´wa me ordenó dejar constancia que su designación en la Dirección de Etnias como indígena y como funcionaria del gobierno nacional defensora y garante del respeto de los derechos de los pueblos indígenas no estaba cumpliendo con su misión constitucional y legal en defensa de los derechos colectivos del pueblo u´wa, ya que usted más que nadie conoce y debe respetar los espacios espirituales y materiales en donde los indígenas desarrollan su pleno ejercicio de gobierno y autoridad, el cual se efectiviza en el territorio y no en el perímetro urbano de Cubará”.

En tal sentido, confirman que ni las autoridades, ni las comunidades, ni el Cabildo Mayor asistirán a la reunión del 27 de mayo en el Concejo Municipal de Cubará, porque estarán en la etapa de preparación de las actividades culturales; que además éste no es el espacio que ordenan la Constitución y la ley. Para los u´wa, el proceso debe guiarse por los principios de la transparencia, el diálogo compartido y la buena fe, pues no se trata de imposiciones del gobierno o de decisiones unilaterales.

La consulta previa, consagrada por las leyes nacionales e internacionales, ha sido considerada por el movimiento indígena y los especialistas en el tema como un mecanismo o instrumento importante para proteger los derechos de los pueblos indígenas, y menguar los impactos producidos por la implementación de grandes proyectos de desarrollo en sus territorios. Sin embargo, el pueblo u´wa pone hoy de presente la necesidad de hacer una revisión de la misma, por cuanto carece de instrumentos para hacer valer ante los gobierno las decisiones que toman las comunidades en desarrollo de la autonomía territorial y de gobierno también reconocidas por las leyes.

Por lo tanto, el pueblo u´wa cuestiona hoy sobre la validez misma de la consulta, en el sentido de que no garantiza los derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas. Ha dicho no “porque ACEPTAR LA CONSULTA PREVIA, es aceptar previamente la ejecución del proyecto, es consentir, es admitir y es desmayar en nuestras pretensiones...”, según documento Posición oficial del pueblo u´wa..., 02-05-05.

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Publicado: 30 Noviembre 1999

Las crecientes demandas indígenas por el respeto a sus derechos culturales y políticos, así como una mayor conciencia internacional, se vieron favorecidas a mediados de los noventa con la declaratoria de la Década Internacional de los Pueblos Indígenas 1994-2004, por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Como uno de sus resultados hay que destacar la creación del Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas, establecido en el 2000 por el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, encargado de formular recomendaciones, tanto al Consejo como a los demás organismos del Sistema de Naciones Unidas, con quienes impulsa la coordinación e integración de actividades para temas indígenas. Igualmente, ha sido de gran importancia el establecimiento del Relator Especial para los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas cuyas funciones principales son recabar y solicitar información de todas las fuentes pertinentes sobre la violación de los derechos humanos de los indígenas y formular las recomendaciones y propuestas pertinentes.

Más allá de los logros obtenidos hasta el momento, son aún enormes los desafíos que imponen, a las sociedades y gobiernos del mundo, los temas indígenas y particularmente aquellos relacionados con el desarrollo y la diversidad cultural. Así lo evidencia el Informe Mundial 2004 sobre Desarrollo Humano del PNUD, titulado La libertad cultural en el mundo diverso de hoy, el cual reconoce el continuo agravamiento en la exclusión y discriminación social, económica y política y la limitación de las libertades culturales de los grupos étnicos como una amenaza para el avance de las libertades, el desarrollo humano y la democracia.

El informe define a las libertades culturales como parte fundamental del desarrollo humano. Es decir que cada persona debe contar con la libertad  de participar en la sociedad sin tener que desprenderse de sus vínculos culturales y advierte a los gobiernos que de no abordar de manera adecuada las luchas por la identidad cultural estas podrían transformarse rápidamente en fuentes importantes de inestabilidad al interior de los Estados, desencadenando, a su vez, conflictos con consecuencias tales como el retroceso del desarrollo.

Colombia, que cuenta con 84 pueblos indígenas, no es la excepción y aunque el país ha sido destacado internacionalmente por el reconocimiento a los derechos de estos pueblos a nivel constitucional y por la declaración de cerca del 28% del territorio nacional como resguardos indígenas, son aún muchas las inquietudes e interrogantes que se plantean ante la difícil situación por la que atraviesan en la actualidad numerosos grupos étnicos.  

Las autoridades colombianas y las organizaciones indígenas deberán encontrar espacios de entendimiento para concertar soluciones a los problemas que afectan a estas comunidades, pues de no ser así el conflicto armado interno que vive el país, la crisis humanitaria y la expansión de los cultivos amenazaran, como nunca antes, los  territorios indígenas y su sobrevivencia cultural.

Entendiendo la importancia de la participación y el fortalecimiento de la sociedad civil en la construcción de la democracia, la superación del conflicto y el desarrollo humano, particularmente en el caso de los pueblos indígenas, el PNUD ha promovido, en una primera etapa, una serie de actividades especialmente con las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y del Macizo Colombiano.

El objetivo es entender mejor, a partir de un diálogo constructivo y respetuoso, las realidades que afectan su desarrollo como pueblos indígenas y su situación humanitaria, así como valorar sus mecanismos tradicionales para enfrentar los conflictos. Igualmente busca establecer espacios de coordinación entre las  agencias del Sistema de Naciones Unidas, así como puentes de comunicación y coordinación con las diferentes entidades gubernamentales y estatales que tienen a su cargo los temas indígenas para buscar soluciones culturalmente efectivas.

Los pueblos indígenas con su sabiduría milenaria han contribuido de manera significativa a procesos de paz y reconciliación en diversas regiones del mundo. Tal  ha sido el caso de Sudáfrica donde conceptos culturales tradicionales fueron claves a la hora de lograr acuerdos. En el caso colombiano la diversidad cultural es motivo de esperanza ante el gran potencial que ofrecen estas comunidades para la búsqueda de salidas pacificas al conflicto que vivimos.

Es esta diversidad cultural la que representan los indígenas colombianos, como los de Toribío y Jambaló, que en los últimos meses han sido víctimas y objetivo militar de las FARC-EP. Estas poblaciones “han decidido optar por el respeto a las culturas, el desarrollo en armonía con su entorno y la resistencia a los embates del conflicto armado sólo con el poder de la autoridad ancestral y su guardia indígena, armada únicamente de bastones de mando”.

Así lo dijimos el PNUD y la UNESCO en un comunicado a la opinión pública en donde exigimos “a los grupos armados ilegales el cese inmediato de cualquier hostilidad en contra de la población civil en los territorios paeces y en cualquier lugar de Colombia”. Hoy, ese llamado sigue teniendo plena vigencia.

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Publicado: 30 Noviembre 1999

Entre  rituales,  ferias nativas,  videos y degustaciones de caramelo y pasteles de hojas de coca se llevó a cabo El  Foro Internacional de la hoja de Coca - Semana de la Paz con la Coca  en el auditorio de San Marcos Pedro Zulen.

El evento se inauguró con una  ofrenda a la tierra - Pacha Mama en la Huaca San Marcos.  Buena elección, como protesta simbólica ante la inminente amenaza de la erradicación de esta hoja milenaria y sagrada desde épocas prehispánicas. La arqueología ha evidenciado hojas de coca  en las ofrendas funerarias, en la cerámica,  como huacos retratos Moche. En estos se representan  rostros chacchando coca - antigua práctica andina - que el imperio norteamericano pretende ignorar bajo el pretexto de combatir el narcotráfico y también, quizás,  someternos a sus  dominios, patentizando nuestra hoja,  mediante la firma del  Tratado de Libre Comercio TLC.

Entre los invitados ponentes destacaron analistas, nutricionistas, abogados, biólogos, sociólogos, antropólogos, dirigentes  indígenas,  de  los países andinos de Bolivia, Ecuador, Colombia, Noroeste de Argentina y Perú.

Las disertaciones recalcaron que la hoja de coca es bastante nutritiva, pues tiene varios componentes químicos, siendo mínimo el porcentaje de cocaína. Por ello, se  enfatizó categóricamente que la coca no es cocaína, discurso de  la política antidrogas impuesta por Estados Unidos. El científico Fernando Cabieses fue claro en sostener que este componente de cocaína solo permanece en la sangre cinco minutos, desapareciendo totalmente de ésta, por lo que el consumo es saludable y su toxicidad y adicción, una falsedad. Otra de las ponencias interesantes fue la de Katia Gibaja, de Salta (Argentina), Presidenta de la Academia de Quechua Qollasuyu, quien notificó que, en  su país, la hoja de coca está legalizada para el consumo. La autora mostró diapositivas en las que se dejan ver los carteles de los negocios ofreciendo coca junto a otros productos de consumo o de comida. No obstante, aclaró, que el consumo de coca se estaba elitizando entre los argentinos gracias a los precios bastante altos.

En su exposición titulada Tradición y Traición, la socióloga boliviana Silvia Rivera,  explicó que entre aquellos sectores privilegiados no existe una real concientización indígena inherente al chacchado de la hoja de coca.  La imagen del argentino rubio de ojos azules -que ejerce esta práctica tradicional- hace que el consumo se inserte del mismo modo entre los sectores occidentales bolivianos,  ya que la coca era hasta entonces bastante marginada. En este contexto se  habló de racismo, discriminación en  nuestros pueblos andinos, en donde la hoja de coca es parte de la identidad cultural, de la cosmovisión andina y del protocolo de amistad.  Y es que la hoja de coca se consume en ceremonias, rituales, jornadas de trabajo (faenas comunales), en donde el chacchado se vuelve algo connatural y necesario. Además del  uso médico- en ceremonias de sanación y  de adivinación,  mediante la lectura de las hojas. Pero por sobre todos estos usos la hoja de coca es un medio de sobrevivencia, sobre todo para los productores cocaleros.

Raul Crisales, miembro de la Comisión Ejecutiva y Consultiva de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Lima nos recordó que pese a todos lo tratados que el Perú ha suscrito: La constitución Política del Perú, El Comité Interamericano de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de  Derechos Civiles y Políticos, el convenio de la Organización Internacional de Trabajo, en el Perú, se viola el derecho ancestral y el respeto a las comunidades campesinas y nativas.

En el evento también se habló de la posibilidad de hacer un frente estratégico continental, que integre no solo a los directamente afectados sino a todos para demostrarle a  Estados Unidos que nuestra población indígena no es la del  “indio permitido”- concepto utilizado por  la boliviana Silvia Rivera en alusión a Estados Unidos, para referirse al indígena como ser pasivo-, dispuesto a la entrega de sus saberes solo para el turismo etnológico.

Por ello, es necesario reevaluar la política antidrogas, así como también las nociones de  tradición y modernidad; ambas son reconciliables y no dicotómicas, como se pretende ver. No obstante, la tradición no debe concebirse de naturaleza  estática u “objeto” de vitrina de museo, ni  la modernidad debe ser vista tampoco solo desde el punto de vista occidental. Tomando en cuenta que esto significa contar con tecnología de punta y progreso material.

Esta  ancestral hoja de la coca  pertenece  a  la tierra,  especialmente a nuestra tierra andina, y hay que defenderla, de lo contrario seremos cómplices de etnocidio cultural.

*Estudiante de la Universidad Mayor de San Marcos - Perú. 

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Publicado: 30 Noviembre 1999

En el mes de enero pasado, cuando la entonces candidata para Secretaria de Estado, Condolezza Rice, se presentó ante el Comité del Senado sobre Asuntos Extranjeros en el curso de sus entrevistas para ser confirmada, el tema de Colombia y del resto de los países de América Latina fue mencionada de manera pasajera. Sin embargo, al responder a una pregunta, Rice se refirió al “destacado liderazgo” del presidente de Colombia Álvaro Uribe y dijo que Colombia estaba encaminada a convertirse en “una historia de éxito”.

Rice subrayó la movilización de la sociedad colombiana impulsada por Uribe para afrontar el narcoterrorismo, agregando que los Estados Unidos quieren asociarse con Colombia para construir una “democracia vibrante” aprovechando, especialmente, los avances que se han dado  en el control del tráfico de drogas ilegales (2).

En sus breves comentarios, Rice alcanzó a expresar los elementos esenciales acerca de cómo Colombia era percibida por los oficiales en Washington, incluido en el Congreso de los Estados Unidos.

Esa percepción se debe, en parte, a los altos y continuos niveles de apoyo popular que disfruta Uribe en su país. Estos niveles son el fruto, a su turno, de notables avances en el campo de la seguridad (un aumento en el número y rapidez de operaciones militares que parecen haber puesto a los guerrilleros de las FARC a la defensiva), además de una reducción en los indicadores claves de la violencia, incluyendo homicidios, secuestros y masacres.

La economía está en plena recuperación y hasta ahora, al menos, los cultivos de la hoja de coca se han reducido de manera significativa en todo el país. Sigue habiendo un fuerte consenso acerca de las políticas fundamentales para luchar contra el terrorismo y los narcóticos. Y aunque en sus inicios estas no eran las únicas metas del Plan Colombia, la modificación de sus propósitos a la luz de los ataques contra los Estados Unidos en septiembre de 2001 y del colapso del proceso de paz con las FARC en Colombia aún recibe el apoyo de una mayoría de los políticos estadounidenses.

A pesar de que, en términos generales, la agenda de la política exterior de los Estados Unidos sigue siendo orientada por eventos que suceden lejos de Colombia –en Irak, por ejemplo, y Afganistán y el Medio Oriente– la cuestión de las drogas y el terrorismo no han dejado de ser poderosos asuntos en torno a los que se puede movilizar el apoyo de los miembros del Congreso norteamericano. En 2004, Colombia todavía producía el 90 por ciento de la cocaína que entraba a los Estados Unidos y 40 por ciento de la heroína. En los estados del noreste de USA, además, Colombia es el mayor surtidor de heroína.  El hecho de que grupos armados como las AUC y las FARC participen en el tráfico ilegal de drogas ha cimentado la fusión de las dos guerras: la guerra contra las drogas y la guerra contra el terrorismo. Además, los tres ejércitos irregulares que operan en Colombia –las AUC, las FARC y el ELN –figuran oficialmente en la lista norteamericana de Organizaciones Terroristas Extranjeras.

Este año, como muestra del clima político favorable, la administración Bush ha solicitado que continúe un alto nivel de financiación para su Iniciativa Andina antidrogas. La suma para siete países –Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil, Venezuela y Panamá – es de US $ 734.5 millones, un poco más alto que el total para el año anterior, $731 millones. Como en el pasado, la mayor parte de la asistencia andina está destinada a Colombia, que recibirá este año unos $463 millones, más que el 60 por ciento del total para la región. El Pentágono quiere añadir otros $90 millones en la forma de créditos militares.

Así, Colombia es, de lejos, el país del hemisferio occidental que mayor asistencia recibe de los Estado Unidos. Los más de 500 millones de dólares que se le entrega anualmente lo coloca como el quinto país de más cuantiosa asistencia en el mundo. Los únicos que reciben más son Irak, Israel, Egipto y Afganistán. Igualmente significativo, tal vez, es que no ha variado la proporción de esa asistencia que se dedica a los militares, la policía y al combate contra las drogas ilegales, por contraste con aspectos más “blandos”, tales como el desarrollo, la democracia y la asistencia humanitaria. La proporción sigue siendo lo que era cuando se inició el Plan Colombia; es decir, 80/20.

Lo que sugieren las cifras

El poderoso mensaje sugerido por estas cifras (a saber, el de “mantener el curso”) no significa una ausencia de debate a puerta cerrada. Dentro del ejecutivo, y también en la esfera pública del Capitolio, los diseñadores de políticas han discutido un amplio número de temas relacionados con lo sostenible –o al contrario, lo insostenible– de la política de Estados Unidos y la dirección de las iniciativas del gobierno colombiano.

Algunas de las preguntas más difíciles de contestar han surgido como respuesta a las cifras entregadas el Viernes Santo, sin mayor publicidad, por la Oficina Nacional de la Política de Control de Drogas (ONDCP) de la Casa Blanca. Dicha oficina afirmó que los cultivos de la hoja de coca en Colombia se habían reducido por más de un tercio luego de haber llegado a su punto máximo en 2001. Pero sus cifras mostraron también que el número de hectáreas dedicadas al cultivo de la coca no cambió prácticamente entre 2003 y 2004 a pesar de haber batido record en fumigación (3).

No menos significativo (aunque no mencionado, por supuesto, en el comunicado de prensa de la oficina de la Casa Blanca ) fue el hecho de que el número total de hectáreas de coca que quedaron después de la fumigación se había reducido muy poco por comparación con los niveles de 1999, época en la que inicialmente se propuso el Plan Colombia ( 4). El estancamiento de la curva de cultivos fue “muy decepcionante”, según un funcionario de la administración. Más importante aún, los datos mostraron que las metas originales del Plan Colombia – la reducción de los cultivos, el procesamiento y la distribución de drogas ilegales por un 50 por ciento para finales de 2005– ciertamente estaban destinadas al fracaso.

En la “guerra” contra las drogas, la viabilidad del control del aspecto de la oferta a largo y mediano plazo ha dado lugar a una preocupación acerca de lo sostenible o no de las políticas. ¿Cómo consolidar los avances en el campo de la seguridad por medio de robustas iniciativas del gobierno en otras áreas?

Persiste el reto crucial de establecer una permanente presencia del gobierno colombiano en el campo que atienda a los asuntos claves de gobernabilidad, además de desarrollo social y económico. Los esfuerzos dedicados a ofrecer alternativas económicas para sustituir los cultivos ilícitos, por ejemplo, no han cumplido, ni mucho menos, con su cometido.

En julio de 2004, el General Accounting Office (GAO) –una rama investigativa del congreso norteamericano- informó que los programas alternativos de desarrollo habían llegado a aproximadamente una cuarta parte de las familias necesitadas y que aquellos agricultores beneficiados tenían que afrontar el gran problema de cómo llevar sus productos alternativos a los sitios de mercadeo.

Igualmente importante, la asistencia de los Estados Unidos para grupos vulnerables, tales como los desplazados internos, no ofreció un puente sistemático entre la asistencia de emergencia y la asistencia para el desarrollo a más largo plazo. En tiempos recientes, el galopante ritmo de desplazados en áreas de conflicto en Colombia sugiere que este problema podría seguir empeorándose a pesar de que la misión de AID de los Estados Unidos en Bogotá ha hecho esfuerzos por responder a las críticas de la GAO.

El tema de los derechos humanos

La atención del Congreso de los Estados Unidos a los asuntos de derechos humanos seguirá siendo un principal tema de debate, sobre todo por su relación con el controvertido proceso de paz que el presidente Uribe adelanta con las AUC. El marco jurídico que finalmente determinará la forma de desmovilización de las AUC –y el grado de impunidad que como resultado se les ofrezca a los líderes de las autodefensas– son aspectos que tendrán poderosa resonancia en Washington. Hasta ahora, el Gobierno de los Estados Unidos se ha negado a aportar financiación al proceso de desmovilización de los paramilitares, ya que las AUC son consideradas como una organización terrorista.

En febrero de 2005, un grupo de seis senadores norteamericanos y representantes de ambos partidos, entre ellos el presidente del Comité del Senado de Relaciones Exteriores y Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara, enviaron una carta al Presidente Uribe en la que puntualizaron las condiciones, bastante exigentes, requeridas si los Estados Unidos fueran a financiar la desmovilización de combatientes paramilitares. Dichas condiciones incluyeron un “marco jurídico efectivo” para desmantelar la “estructura de soporte, las fuentes ilícitas de financiamiento y el poder económico” de la AUC. La carta especificó también que los que han cometido “atrocidades respondan por sus crímenes” (5).

Dado que la administración Bush se ha comprometido a realizar consultas con el Capitolio antes de financiar la desmovilización paramilitar, no queda claro si se procederá a dicha financiación ni en qué momento (6).

Por el momento, al menos, la preocupación política por consolidar lo que se ha logrado políticamente en los primeros cinco años del Plan Colombia pesa más que la tendencia a evaluar la política en términos de presupuesto. Sin embargo, los continuos y altos niveles de asistencia han creado un poderoso argumento a favor de la “colombianización”: es decir, que el gobierno de Colombia asuma la responsabilidad no sólo programática sino también económica.

La magnitud misma de los gastos de los Estados Unidos para la guerra en Irak y la reconstrucción de Afganistán –que son las principales razones que explican la solicitud de la administración Bush para un suplemento este año de 82 mil millones de dólares– significa que las presiones fiscales no se deben excluir como un telón de fondo para futuros debates sobre la política con respecto a Colombia.

La otra única iniciativa de importancia en cuanto a las políticas de Estados Unidos frente a Colombia –la negociación de un tratado comercial– es a la vez un asunto doméstico y un tema de política exterior. Las negociaciones han progresado al nivel regional (Colombia, Perú y Ecuador), pero todavía no se ha llegado a un acuerdo referente a una gama de productos agrícolas que típicamente se benefician de altos niveles de proteccionismo en los Estados Unidos. Tampoco se ha definido si se negocia un tratado regional o uno bilateral.

El Presidente Uribe ha sido muy exitoso –más exitoso, de hecho, que cualquier otro gobernante latinoamericano– en alinear los intereses de su país con los de los Estados Unidos. Esto, junto con sus propios logros domésticos, le ha merecido el respeto y apoyo de Washington. Para el futuro, la cuestión es hasta qué punto las otras prioridades externas y domésticas de los Estados Unidos no afectarán el constante reclamo de Colombia por una parte sustanciosa de la torta de ayuda externa. Más importante aún para Colombia es saber si el asunto de los éxitos en materia de política exterior se traducirá en logros permanentes a nivel doméstico, como poner fin al conflicto, afrontar los viejos problemas de pobreza y desigualdad y mejorar la calidad de gobernabilidad democrática.

[1]. Artículo traducido por Walter Broderick

[2). Trascripción de la audiencia para nominación de la Secretaria de Estado (designada) Condolezza Rice, 18 enero, 2005.

[3]. Véase comunicado de prensa de ONDCP, “2004 Coca and Opium Poppy Estimates for Colombia and the Andes”. ONDCP también reportó un descenso del 52% de cultivos de amapola entre el 2003 y el 2004.

[4). Según las cifras de la misma ONDCP , en el 2004 el número de hectáreas de coca que quedaron después de fumigación fue 114.000, apenas 8.000 menos que el total en 1999, que fue de 122.500. Véase Adam Isacson , “Drug Czar press release: No 2004 decline in Colombia coca-growing”, memorando, Center for Internacional Policy, Washington D.C. , 30 marzo 2005.

[5]. Carta de los senadores Patrick Leahy, Joseph S. Biden, Christopher J. Dodd y Richard G. Lugar, y los representantes Henry J. Hyde y Tom Lantos al Honorable Álvaro Uribe, 2 febrero 2005.

[6]. La asistencia de los Estados Unidos para el proceso de paz con las AUC ha sido recibida principalmente por la misión de verificación de la OEA (0EA/MAPP). El caso de los tres militares norteamericanos retenidos como rehenes por las FARC es otro asunto preocupante en materia de derechos humanos, pero no está claro hasta que punto influya en las políticas .

*Directora Adjunta del Programa Latinoamericano, Woodrow Wilson Center, Washington, D.C.

INFORME NACIONAL DE DESARROLLO HUMANO 2003 (INDH 2003)

‘El Conflicto, callejón con salida’

www.pnud.org.co/indh2003

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Publicado: 30 Noviembre 1999

“Porque nos necesitamos mutuamente para tejer la vida y caminar la palabra”, los pueblos indígenas del Norte del Cauca y de toda Colombia han tocado las puertas de todos los corazones, en un llamado urgente de solidaridad activa para acompañar su resistencia a estos malos tiempos. Sólo un gesto cósmico podrá permitirles el fortalecimiento cultural, social y espiritual que requieren sus pueblos y hacer de la reparación integral una realidad que vida y paz para sus hijos, porque como reza la canción “todas las manos, todas, todas las voces, todas, toda la sangre puede, ser canción en el viento...

Porque “las palabras sin acción son vacías, la acción sin palabras es ciega, las palabras y la acción por fuera del espíritu de la comunidad son la muerte” nos hacen un llamado urgente A LA MINGA o trabajo mancomunado por el plan de vida. Y para ello nos convocan a todos, organismos internacionales, personalidades democráticas, pueblos, organizaciones y procesos solidarios del mundo, comprometidos con la defensa de la vida, la libertad, la justicia y el derecho a la libre autodeterminación y la autonomía de los pueblos.

Así, la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca –ACIN- y el Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC- nos invitan a sumarnos a una gran Iniciativa Diplomática por la Paz que frente a la guerra en el Territorio del Gran Pueblo – Cxahb Wala Kiwe –, a ofrecer nuestros buenos oficios en representación del Plan de Vida de las Comunidades para lograr el cese al fuego en su territorio ancestral, el desarme del territorio y un proceso que conduzca a la salida negociada al conflicto. Para ello, instan a: La Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que establezca una Relatoría urgente para los pueblos indígenas de Colombia. Al Secretario General de la ONU, Señor Kofi Annan, a responder positivamente la solicitud de reconocimiento de la Guardia Indígena como Agente Internacional de Paz, en reconocimiento de la gravedad de situación que enfrentan y la indefensión que padecen .

Solicitan a la ONU, al Foro Permanente de los Pueblos Indígenas, a los gobiernos, a las agencias multilaterales y a las organizaciones, instituciones y pueblos, implementar y desarrollar las Conclusiones y Recomendaciones de la Misión a Colombia del Relator Especial sobre la Situación de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas.  En este sentido, piden al Sr. Rodolfo Stavenhagen que presione al Gobierno de Colombia y a los actores armados para que permitan la creación de zonas indígenas de paz, libres de todo tipo de operaciones militares y sujetas a la observación internacional; que exija la suspensión de las detenciones masivas y selectivas que violan sus derechos; que interceda ante el Gobierno Colombiano para suspenda las acciones cívico-militares que vinculan la población civil al conflicto armado, y permita el acceso de la ayuda humanitaria. Que establezca mecanismos de observación y vigilancia permanentes sobre el territorio del Norte del Cauca para prevenir posibles retaliaciones o acciones de guerra sucia, tales como masacres, asesinatos selectivos, desapariciones, amenazas, secuestros y desplazamiento masivo, entre otras.

A los pueblos, procesos y organizaciones solidarias del mundo, el pueblo nasa le pide movilizar sus respaldos al Plan de Resistencia, con las siguientes acciones: estrategias de comunicación, presión política a los gobiernos y acompañamiento directo, en una Campaña solidaria contra el silencio y la ceguera, que visibilice su proceso e impida que los actores de la guerra y la propaganda los desaparezcan o aniquilen. Movilización de recursos para establecer embajadas de los pueblos en Norte América y Europa para que puedan representar directamente sus intereses e iniciativa diplomática. Acompañamiento con presencia en el territorio y en la comisión encargada del funcionamiento del Tribunal Permanente de los Pueblos a partir de una Misión de Verificación de la Situación de los pueblos indígenas en Colombia, en Octubre de 2005, como parte de la Minga por la Vida de los Pueblos.

Caminando se hace la historia

Y estas peticiones a los ciudadanos del mundo traen como fundamento su historia, esa que nos refresca la memoria y extrae de los episodios de la humanidad enseñanzas de vida y dignidad, aprendizajes ancestrales que dicen que la ignominia no puede arraigarse en esta tierra. Que muestran como de semiesclavos terrazgueros los nasa (paeces) pasaron a ser un pueblo no sólo con identidad, sino con proyecto de vida propio fincado en valores comunitarios que recuperan para todos el sentido de la misión del hombre en la tierra.

Declarados en emergencia desde el  14 de Abril de 2005, cuando los combates y la militarización por parte de la Fuerza Pública y las FARC-EP en los territorios ancestrales de Toribio, San Francisco, Tacueyó y Jambaló, hizo inviable la vida, el pueblo Nasa también ha sido reconocido en Colombia y en el mundo como un ejemplo de Resistencia Civil, “por la Recuperación de su territorio, por la consolidación creciente de su Autonomía a través de procesos organizativos participativos y colectivos que promueven su Plan de Vida y por su compromiso permanente con la construcción colectiva de Alternativas para que otro mundo diverso, plural, posible y necesario se haga realidad”.

Su Cxahb Wala Kiwe, o Territorio del Gran Pueblo, fue recuperado a los terratenientes tras largos años de tomas de tierras que trajeron también las persecuciones, detenciones, masacres y asesinatos contra sus líderes y comunidades. Reestablecidos los resguardos, han logrado reorganizar su territorio y dar vida a un Gobierno propio, que impulsa la economía comunitaria definida por sus comunidades y autoridades. Hoy, “en Toribio y Jambaló, el movimiento cívico indígena y popular toma las alcaldías en las elecciones hace más de doce años y expulsa con argumentos de buen gobierno a los partidos tradicionales y su corrupción. El pueblo toma las riendas de su destino en su territorio y los gobernantes del proceso de las comunidades mandan obedeciendo”.

De allí que frente a los actores armados, el pueblo nasa exija la reafirmación de su autonomía y rechace la guerra “por no ser de los pueblos sino contra éstos y porque sabe muy bien que la guerra no puede ser ganada por ninguna de las partes...”  Y han tomado la decisión de no desplazarse, de no salir, porque “para el indígena la tierra es la madre, no se cambia ni se vende”. En consecuencia, han diseñado el Plan Minga en Resistencia para la Defensa del Territorio “que incluye estrategias de alerta ante ataques y el establecimiento y dotación de sitios de Asamblea Permanente hacia donde han de dirigirse las comunidades y permanecer juntos para apoyarse, reflexionar y defender la vida y el territorio”.

Plan para la resistencia, el fortalecimiento y la reparación integral

“Los Tejidos de Vida que componen nuestra estructura organizativa, asumen la responsabilidad de diseñar, implementar y hacerle seguimiento... con la participación y la orientación de las Asambleas y de los Cabildos, según los usos y costumbres de nuestras comunidades”. ... “Para su diseño y ejecución, el Plan se organiza en tres ejes: Político, Jurídico y de Reparación Integral. El eje Político incluye una Iniciativa Diplomática o Minga por la Vida de los Pueblos y el Proyecto de Comunicación para la Verdad y la Vida. El eje Jurídico asume las acciones desde el Derecho Propio y la Ley de Origen, a la vez que inicia procesos jurídicos y acciones legales ante instancias internacionales... y nacionales... El eje de Reparación Integral incluye la evaluación y las acciones de reconstrucción frente a los daños sufridos y la preparación frente a las agresiones futuras.

“Además de compartir nuestra experiencia y compromiso con otros pueblos y organizaciones para apoyarnos y acompañarnos mutuamente, necesitamos movilizar solidaridad oportuna y apropiada para construir, implementar y hacerle seguimiento al Plan en medio de una situación de guerra, emergencia y amenaza permanente, a la vez que para conseguir los recursos que se requieren. Nuestro llamado a la solidaridad urgente es al mismo tiempo nuestro aporte solidario a la resistencia de los pueblos”.

Documento completo ACIN – CRIC en PDF

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Publicado: 30 Noviembre 1999

Estamos encaminados a un fracaso y a una mayor polarización en la sociedad Colombiana. Muchos sectores y voces hemos afirmado que un marco jurídico serio y con mecanismos certeros para que exista verdad, justicia y reparación es la mejor oportunidad para enrutar el proceso de negociación con las AUC, el cual carece de la suficiente credibilidad y respaldo tanto en el país como por parte de la comunidad internacional.

Lo que se ha vivido desde la primera semana de febrero, ocasión en la cual el Gobierno del presidente Álvaro Uribe anunció y presento un proyecto de Ley a la mesa de coordinación y cooperación internacional es un sucesiva trama de improvisaciones, contradicciones y erráticas actuaciones que nos tienen ad-portas de la aprobación de una Ley de Justicia y Paz, que será declarada inconstitucional en la Corte constitucional y que no cumple los mínimos exigidos en el derecho internacional de los derechos humanos, de cuyos principales instrumentos el estado Colombiano es signatario.

La Ley que muy seguramente saldrá aprobada en las próximas dos semanas es un conjunto de inconsistencias e improvisaciones que no garantizaran ni verdad, ni justicia y mucho menos reparación a las treinta mil victimas y sus familias que el paramilitarismo ha producido en los últimos veinticinco años.

No habrá verdad, por que no hay voluntad de que se sepa la verdad, en esa medida no se anteponen los beneficios jurídicos, -importantes- a que los beneficiarios se vean compelidos a esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos en que han incurrido, tampoco se ha planteado el construir una verdad histórica, que nos permita comprender como nación las circunstancias y procesos en los que se configuro y desenvolvió el accionar paramilitar. Tampoco habrá justicia por que no se crean los mecanismos para investigar de manera seria, ni tampoco se dan las condiciones de seguridad para juzgar a peligrosos criminales, la justicia seguirá presa del amedrantamiento de poderes regionales amenazantes e intimidatorios y lo peor, que no dudan en recurrir a la violencia para lograr sus objetivos de impunidad y las penas, cuando las haya serán ofensas a la conciencia de las victimas y del conjunto de la sociedad por irrisorias, y no habrá justicia por que esta en entredicho los lugares de cumplimiento de penas, si serán instituciones carcelarias o remedos de estas.

Y por lo tanto al no haber verdad ni justicia, la reparación no es posible, habrá compensaciones económicas –que están por verse si se hacen efectivas- pero las heridas seguirán abiertas  y continuaremos en un estado de polarización que en nada contribuye a la consecución de la paz y la reconciliación, propósitos que siguen plenamente vigentes en la sociedad Colombiana.

A pesar de las voces de respetados parlamentarios, de sectores ciudadanos, de  la Organización de Naciones Unidas, de La Unión Europea, del Congreso de los Estados Unidos, el presidente Alvaro Uribe y las mayorías en el Congreso que se dejan orientar por el ejecutivo sin reparos ni rubor han optado por el peor de los caminos, un marco jurídico precario y falto de rigor, que en nada contribuye a un proceso serio con los paramilitares.

Amanecerá y veremos, pero lo más seguro es que los días por venir serán de mayor polarización e incredulidad, en un nuevo paso que reafirma que este puede ser un proceso parcial de desmovilización del paramilitarismo pero nunca el de su desmonte.

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Publicado: 30 Noviembre 1999

La muerte de 44 jóvenes conscriptos, entre ellos varios de origen mapuche, y un sargento de tropa en la alta cordillera de la Octava Región , ha golpeado en los últimos días no solo a sus familias. También a una sociedad que con justa razón se interroga sobre las condiciones en que miles de jóvenes año tras año realizan su Servicio Militar Obligatorio (SMO). Una tragedia que se suma a la muerte, el pasado 5 de mayo, de un conscripto del Cuartel Lo Aguirre de la Región Metropolitana , durante un ejercicio de instrucción nocturna; a la muerte el pasado 9 de mayo, de un conscripto del Regimiento Reforzado Nº9 “Arauco”, de la III División , ahogado en Bahía Mansa; a la muerte el 10 de mayo de otro conscripto del mismo regimiento, mientras se encontraba de centinela, a causa de un disparo que escapó al manipular su arma de servicio. Todos ellos tan solo en tres semanas del mes de mayo. Una cifra que entristece y nos llama a la reflexión.

La tragedia de Antuco, sin duda, volverá a impulsar un debate pendiente sobre la estructura del SMO en Chile. Esto, por parte de diversos actores sociales, principalmente aquellos involucrados en el sector de la defensa, quienes han llegado a un relativo consenso sobre la necesidad de adecuar el actual sistema de conscripción a nuevos requerimientos estratégicos y de modernización de las fuerzas armadas. Sin embargo, restringir el debate a estos aspectos meramente estructurales es equivocar el camino. Una real modificación del SMO debiera incluir otros aspectos, más profundos y en muchos casos de tipo cultural, tales como el cambio hacia una orientación más social del rol de las fuerzas armadas y una doctrina de respeto irrestricto por los derechos humanos , que es lo que resguarda entre otras cosas el negado derecho a la objeción de conciencia que desde hace al menos una década demandan organizaciones juveniles, grupos de defensa de los derechos humanos , autoridades eclesiásticas y personalidades del mundo civil.

El debate público sobre el SMO en Chile, iniciado tímidamente tras el retorno de la democracia, no ha significado en 15 años una real transformación de esta polémica institución de la defensa. A lo sumo, solo a permitido el publicitado estreno de mayores incentivos por parte de las diferentes ramas de la defensa, tales como cursos de capacitación, becas de estudio y programas de reinserción laboral, todos con el objetivo de alcanzar año tras año una mayor voluntariedad en el reclutamiento del contingente, que en Chile alcanza la cifra de 20 mil jóvenes por año. Sin embargo, diversos estudios han puesto en duda los reales efectos de dichos "incentivos", más aun cuando en ningún caso se relacionan con un aumento en las escandalosamente bajas remuneraciones ($15.437 pesos mensuales en la Región Metropolitana , sin contar los descuentos) que reciben hoy los jóvenes enrolados por la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN).

Aun así, la tendencia a la "voluntariedad" se ha vuelto creciente en los últimos años, llegando esa cifra a representar casi un 70 por ciento del total del contingente hoy acuartelado. Estos datos han sido utilizados profusamente en los últimos días por autoridades e incluso el propio General Juan Emilio Cheyre para defender, ante los ojos de una ciudadanía golpeada, la propia existencia del servicio militar. Según el Ejército, estas cifras constituirían la mejor prueba de que los incentivos otorgados por la DGMN estarían cumpliendo el objetivo de atraer a los jóvenes hacia el cumplimiento de su deber. Sin embargo, sabemos que las cifras se prestan para engaños, toda vez que no toman en cuenta factores externos que forzan el reclutamiento en Chile, tales como la alta tasa de desocupación juvenil existente y los elevados índices de pobreza que caracterizan a las familias de gran parte de los llamados conscriptos "voluntarios".

Según informaciones de prensa, gran parte de las víctimas de Antuco corresponden a jóvenes provenientes de sectores rurales de la Octava Región. Hijos de familias humildes, casi un 90% de ellos eran "voluntarios" que vieron en el SMO un puente para iniciar una carrera militar o aprender un oficio con el cual desempeñarse más tarde en el competitivo mundo civil. Ser alguien más en la vida, pareció ser la consigna de todos ellos, tal como han señalado sus acongojados familiares. Sin embargo, se encontraron con la muerte. Varios de ellos eran mapuches, lo que concuerda además con diversos estudios que han situado a los jóvenes de nuestro pueblo como la principal cantera de reclutamiento en las regiones VIII, IX y X. No existen al respecto cifras oficiales o estadísticas. Lamentablemente, la transparencia y la debida información pública no caracterizan el trabajo de las Fuerzas Armadas en esta materia.

Sin embargo, ya es un dato de la causa. Un gran porcentaje de conscriptos en la zona sur son jóvenes mapuches, provenientes de empobrecidas comunidades rurales de la IX Región , principalmente. Muchos de ellos, por cierto, enrolados voluntariamente en el primero de los dos llamados que realiza la DGMN cada año. ¿Cómo se explica esto? ¿Amor a la patria? Obedece fundamentalmente a la carencia de oportunidades académicas y laborales que existen para ellos en el mundo civil. En los hechos y en la mayoría de los casos, el ingreso de estos jóvenes al último escalafón de las Fuerzas Armadas se transforma en la única alternativa de generación de ingresos para sus familias, sumidas en la extrema pobreza tal como lo demuestran cada cierto período de años los resultados de la Encuesta CASEN. No es posible hablar entonces de voluntarios. No cuando es la miseria y la marginación social quien finalmente los obliga.

El derecho a objetar

En el caso del Pueblo Mapuche, el debate no tiene solamente relación con la voluntariedad o no del servicio. El cumplimiento del SMO en Chile obedece a una política-ideológica de estado, relacionada con la hipotética defensa del país ante una amenaza bélica exterior y con el fortalecimiento de determinados valores patrios en las nuevas generaciones que cumplen con dicha obligación cívica. Esto último quedó claramente establecido en el DL 2.306, del 2 agosto de 1978, que norma su cumplimiento y cuyo reglamento fue promulgado el 1 de marzo de 1979 por la Junta de Gobierno encabezada por el entonces dictador Augusto Pinochet. En su artículo 22, inciso 2º y 3º, la Constitución de 1980 señala expresamente: “Los chilenos tienen el deber fundamental de honrar a la patria, de defender su soberanía y de contribuir a preservar la seguridad nacional y los valores esenciales de la tradición chilena".

Se trata, a todas luces, de una visión nacionalista anacrónica y excluyente. Atentatoria, cuando menos, contra la diversidad cultural y étnica existente en Chile, así como de aquellos derechos sociales, culturales, económicos y políticos del cual son depositarios todos los pueblos y que se encuentran garantizados en diversos instrumentos internacionales, algunos de ellos ratificados por el Estado chileno y otros en eterna discusión en comisiones del Parlamento. Es este el caso del Convenio 169 de la OIT, que resguarda -entre muchos otros- el derecho de los jovenes indígenas a no ser enrolados por la fuerza en instituciones armadas que, entre muchos otros objetivos de defensa, persiguen también fortalecer procesos de asimilación forzada sobre sus respectivos pueblos y culturas, todo ello en la lógica contrainsurgente de aniquilar la hipotética amenaza de un denominado "enemigo interno".

Una cosa es cierta. A través del servicio militar se ha pretendido históricamente "chilenizar" a las nuevas generaciones de jóvenes mapuches. Quienes cumplimos en su tiempo con este denominado "deber cívico", lo sabemos perfectamente. En los regimientos, destacamentos aereos y bases navales del país, a los conscriptos mapuches se les idealiza una patria y un estado nacional que al mismo tiempo les niega su propia historia y valores culturales. En mayor o menor medida, a nuestros jóvenes se les impone lealtad y disciplina hacia símbolos como la bandera chilena, el mando militar y las autoridades, así como el respeto y orgullo hacia una historia militar plagada de oscuros pasajes y que oculta el brutal genocidio cometido en el pasado contra nuestro pueblo. Quien suponga lo contrario peca de ingenuidad. O simplemente, jamás a puesto un pie uno de estos fortificados recintos de adoctrinamiento militar colectivo.

En tiempos en que se discute a nivel parlamentario un "reconocimiento" a los pueblos indígenas en la Constitución Política , se hace urgente un debate sobre la necesidad de que el Estado chileno reconozca el derecho de objeción de conciencia al SMO para los jóvenes indígenas, a fin de ampliar la protección legal para las personas que desde la defensa de su pertenencia étnica y con argumentos basados en la pervivencia como pueblos y culturas, se nieguen a ser reclutados en el SMO, al igual como ocurre -bajo otro mecanismo- con los hijos de detenidos desaparecidos. Lo contrario, constituye una violación a nuestros derechos humanos fundamentales y un agravio que año tras año, miles de jóvenes deben soportar en los regimientos de la zona sur del país. Esto, sin considerar el peligro real que corren sus propias vidas, tal como nos lo han recordado dramáticamente en Antuco los conscriptos Miguel Aurelio Piñaleo Llaulen (19) y Silverio Amador Avendaño Huilipán (19), aun desaparecidos bajo metros de nieve.

El año 1991, Colombia se convirtió en el primer país de la región que incorporó a su Constitución derechos básicos dirigidos específicamente a los pueblos indígenas. Entre ellos, su derecho a no ser reclutados para el servicio en las fuerzas armadas, sea en tiempos de paz o de guerra, todo un hito en un país desangrado desde hace más de cuatro décadas por una cruenta guerra civil. La Constitución del Paraguay dedica el capítulo V a la consagración de los derechos y garantías básicas de los pueblos indígenas, a quienes reconoce como "anteriores a la formación y organización del propio Estado paraguayo". El artículo 67 de este capítulo establece la "exoneración a los miembros de los pueblos indígenas a prestar servicios sociales, civiles o militares". No son los únicos ejemplos. Brasil, Ecuador, Bolivia y Venezuela, también contemplan este derecho democrático en legislaciones de rango constitucional, escenario que en Chile se ha vuelto una locura siquiera pronosticar.

Una valoración de la especificidad étnica de aquellos cientos de jóvenes que año tras año son obligados a servir en las fuerzas armadas a lo largo y ancho del país, constituye un primer paso hacia el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en Chile. Garantizar el derecho de los jóvenes a no enrolarse basados en la objeción de conciencia, se impone como necesidad tras esta tragedia. Un movimiento mapuche moderno debiera también levantar como bandera este derecho, ya sea en base de nuestras particulares creencias religiosas, valores culturales o la trágica historia patria que nos enluta como pueblo. La objeción de conciencia, regulada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU (artículo 18), que Chile ratificó en 1972, constituye para los jóvenes chilenos una opción antimilitar y antiviolenta frente al Estado. En el caso mapuche, constituye además un verdadero acto de reivindicación histórica y resistencia cultural / Azkintuwe

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Publicado: 30 Noviembre 1999

En las zonas fronterizas colombianas habita el 70% de la población indígena colombiana, concentrando así, la mayor parte de la diversidad étnica y cultural del país. Además de los pueblos indígenas también existe una amplia población perteneciente a otros grupos étnicos como los afrocolombianos, gitanos y raizales.  Estas poblaciones han tenido que enfrentar las múltiples y constantes problemáticas propias de las los territorios alejados de los centros de poder y que se reflejan en los mayores índices de pobreza, analfabetismo y mortalidad.  Estas situaciones han adquirido mayores niveles de complejidad debido a  la confrontación armada y al conflicto social que se vive en el país. 

En este último escenario, las zonas de frontera se han convertido en territorios de disputa debido a su ubicación estratégica, no sólo desde el punto de vista militar, sino también en el contexto de la producción y tráfico de narcóticos, así como del tráfico de armas. Otro de los elementos que resultan atractivos para los diferentes actores armados, en su lucha por ejercer un control territorial absoluto sobre las zonas fronterizas son las riquezas naturales de estos territorios.  Estos factores han desencadenado grandes flujos migratorios hacia el interior del país, dentro de la misma zona fronteriza e incluso hacia los países vecinos, en donde se han registrado casos de xenofobia, de deportaciones ilegales y de no reconocimiento del estatus de refugiados, situaciones que se han agravado en el caso de los miembros de grupos étnicos. 

La tradicional marginalidad de las zonas de frontera y las problemáticas descritas anteriormente, han repercutido  de manera inevitable y negativa  en el bienestar y desarrollo de las poblaciones de frontera. En el caso de los grupos étnicos, los principales problemas han sido: el deterioro de la identidad cultural, la debilidad en la eficacia de los sistemas de autoridad tradicional, la expansión del narcotráfico y de las actividades mineras y petroleras y las intervenciones unilaterales para la implementación de megaproyectos en territorios indígenas, el aumento de los problemas de salud y de saneamiento básico generados por los flujos migratorios y la ausencia de una política diferencial de atención en salud a la población desplazada.

En ese contexto y ante la ausencia de una política diferencial que incluyera la problemática de los grupos étnicos ubicados en las zonas de frontera,  de cara a un fenómeno particular como es el desplazamiento forzado, el Ministerio de Protección Social decidió iniciar en el mes de noviembre de 2004 un proceso orientado hacia la formulación concertada de una política de protección social para los grupos étnicos en situación de desplazamiento y ubicados en zonas de frontera.   

La primera fase de este proceso culminó en el mes de mayo del presente año con la producción, por parte de la Fundación Hemera, de un documento titulado “Criterios e insumos para la elaboración de lineamientos de política diferencial en materia de protección social para los grupos étnicos en situación de desplazamiento y ubicados en zona de frontera”.  Este documento, junto con la publicación del Ministerio de Protección Social y la OPS “Insumos para la conceptualización y discusión de una política de protección social en salud para los grupos étnicos de Colombia”, también elaborado por Hemera, son dos esfuerzos importantes que aportan elementos valiosos para el proceso de discusión y consolidación de una política diferencial de salud para los grupos étnicos.

El actual documento consta de cuatro capítulos: en el primero, se presenta el marco jurídico del desplazamiento forzado y de la política de fronteras analizado desde la perspectiva del tratamiento diferencial a los grupos étnicos, así como los elementos conceptuales de la protección social; el segundo aparte recoge el diagnóstico de cada una de las fronteras en materia de conflicto y  desplazamiento forzado  de los grupos étnicos, así como de la situación de salud de estas poblaciones; el tercer capítulo propone una metodología para caracterizar a los grupos étnicos y,  finalmente se presentan los aspectos legales para la concertación, los criterios e insumos necesarios, los elementos que debe incluir un plan de trabajo y una matriz general de actores.

El documento señala que la situación de salud de los grupos étnicos de frontera está determinada por los siguientes aspectos: 1) las dificultades de acceso a los servicios de la medicina institucional, derivadas de la insuficiente oferta de dichos servicios, la dispersión de los asentamientos humanos y los problemas de orden público; 2) la falta de adecuación de la medicina facultativa a las particularidades culturales de los grupos étnicos; 3) la vigencia de la medicina tradicional; 4) la insistencia de los grupos étnicos por concertar modelos interculturales de salud, aunque esa concertación puede dificultarse por la debilidad de las organizaciones en las zonas fronterizas; y 5) la incidencia de problemas de salud social en los asentamientos de los grupos étnicos desplazados, tales como, drogadicción, prostitución y alcoholismo.

En el marco de la protección social, la investigación caracteriza el desplazamiento forzado como un riesgo proveniente de una fuente social de riesgos integrada por el conflicto armado interno y otros factores relacionados, como el narcotráfico y los cultivos de uso ilícito, que generan impactos negativos en los mecanismos de generación de ingresos, los procesos organizativos, la identidad cultural, la salud y la seguridad. 

Desde esa perspectiva, la investigación plantea como alternativas de solución frente a los problemas de salud la adopción de un sistema de protección social que estructure las condiciones para: 1) promover la interacción entre los sistemas institucionales de salud y las estrategias informales de los grupos étnicos para el manejo de los riesgos en salud (medicina tradicional y sus agentes); 2)diseñar  modelos interculturales de salud para grupos étnicos en situación de desplazamiento, con el objeto de reducir la discriminación frente a la población desplazada y de grupos étnicos; 3) reducir los factores determinantes de la autoexclusión, tales como el desconocimiento por parte de los grupos étnicos en situación de desplazamiento de los derechos de los cuales son titulares en materia de salud; y 4) mejorar los niveles de saneamiento básico para los grupos étnicos ubicados en las zonas fronterizas.

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Publicado: 30 Noviembre 1999

Juan Sierra Ipuana, hombre de metáforas, supone que si pudiera devolver el tiempo no estaría sentado en su rancho viendo pasar el potro ajeno, sino recorriendo los playones de la Alta Guajira al mando de su propio caballo.

Si tuviera otra vez 14 años, dice, viviría sumergido en el mar buscando ostras para vendérselas a los barcos holandeses saqueadores de perlas. Si tuviera 20 trabajaría en un alambique fabricando chirrinche, el licor casero de sus ancestros Wayuu. Y si tuviera 30 sería matarife y a esta hora de la mañana estaría vendiendo carne de chivo en su ranchería.

Sierra Ipuana se ve a sí mismo cuando tenía 50 años, manejando una tractomula repleta de piedras para proteger las charcas de sal de Manaure. También se ve a los 40 dinamitando el suelo desértico, tras la pista de nuevos pozos de agua dulce, y luego instalando molinos de viento para abastecer a la gente y a los animales.

Cuando se busca en su propia memoria no aparece sedentario como es hoy, a los 72 años, sino convertido en lo que él llama “un hombre-lluvia”, es decir, “alguien que puede caer en cualquier parte”. Los recuerdos, explica con otra metáfora, son el único recurso que le queda al hombre para bañarse de nuevo en el río que ya pasó. La nueva sentencia se entiende mejor cuando uno ve a su esposa, Arminda López Pushaina, entregada a la tarea de desarmar pieza por pieza un mantel que bordó hace medio siglo, para tejerlo otra vez desde la primera hasta la última puntada.

Sierra Ipuana reconoce que padece “el mordisco de la media noche”, o sea, la nostalgia típica de los viejos. Pero si quiere devolver el tiempo no es solamente para recuperar los bríos y los amores de la juventud, sino también para escaparse de este presente hostil que le produce pánico.

“Los alijunas nos quieren acabar”, dice.

Alijuna es la palabra Wayuu con la cual se nombra a todo el que no pertenezca a la etnia, sea blanco o sea negro. El vocablo correspondiente en castellano es “civilizado”. En la semántica nativa, explica Sierra Ipuana, el término alijuna ya no se está usando para designar al diferente sino para referirse a aquello que genera temor. Son “civilizados” los hombres que están masacrando a los indígenas en la Alta Guajira y los que enseñaron a ciertos indios a asaltar camiones de carga en las carreteras. También lo son los funcionarios del gobierno que un día llegaron a imponer sus normas en el uso del mar.

- ¡Alijuna es el televisor! – exclama Arminda, de repente -- . La frase es más sorpresiva por el hecho de que la mujer no había abierto la boca en toda la mañana. Ahora señala con dureza hacia el rancho contiguo, donde sus hijas Erica y Milagros se mueren de la risa viendo un programa de televisión.

Luego retoma su tejido de la misma manera abrupta en que lo había interrumpido, mientras su marido contempla a las gallinas que picotean en la arena.

-- ¡Ese es mucho aparato malo en la vida! – brama entonces, esta vez sin levantar la vista --.

No más sirve para que las muchachas se vuelvan flojas y malmandadas.

Los Wayuu son una de las más numerosas etnias indígenas de las tierras bajas de Suramérica. Habitan la península de la Guajira, que se extiende hasta el Mar Caribe, en el extremo norte de Colombia. Chayo Epieyuu, respetada matrona de Manaure, calcula que hay unos 150 mil “paisanos” repartidos entre Colombia y Venezuela. Se dedican básicamente al pastoreo de chivos y ovejas, a explorar el mar y a tejer.

Tienen un sentido colectivo del beneficio y del daño, encaminado a preservar la unidad de la familia. Si alguien cocina un chivo el banquete es para todos, y si se enferma, todos tienen que ayudarlo a costear la enfermedad. En grupo deben pagar, además, las faltas graves de sus miembros que pongan en peligro la convivencia del clan con el resto de la sociedad.

En el complejo sistema de compensaciones de la cultura Wayuu, uno de los rituales más conocidos es el de la dote. Es el pago que el hombre enamorado debe entregarle al padre de su pretendida, para poder fundar con ella su propio rancho. El investigador manaurero Alejo D’Luque considera que la intención de esta ceremonia no es vender a la novia sino acentuar el carácter colectivo de la familia. Que nadie coma solo ni muera solo. Que cada persona aporte lo necesario a la causa común del grupo, para que le resulte más fácil llegar vivo a la otra orilla del río. Para no indigestarse con el postre en la luna de miel, el esposo debe procurar que todos reciban la parte del festín que les corresponde. ¿Y en qué consiste el premio? La dote incluye chivos, mulas, tierras y collares de tumas (una variedad exótica de piedras preciosas). La cantidad depende de la belleza de la novia y de la posición social de su familia. Para reunir el pedido y entregarlo en el plazo establecido, el enamorado acude si es necesario a sus propios parientes, ya que ellos también esperan que el matrimonio valga la pena y los beneficie.

La Guajira es uno de los departamentos colombianos de mayor riqueza mineral. Produce 500 millones de pies cúbicos de gas natural al día y 25 millones de toneladas de carbón al año. Su volumen de sal, de acuerdo con estimativos de Alejo D’Luque, representa casi el 50 por ciento del total del país. También están los peces y la energía eólica. Hubo un tiempo en que el Wayuu disfrutaba libremente de muchos de esos recursos, como si los creyera escriturados por el viento. Pero un día llegaron los alijunas a trastornarlo todo con sus gobernantes, sus políticos, sus jueces, sus trámites, sus documentos de identidad, sus elecciones y sus masacres. Desde entonces, la vida no ha sido igual para los indígenas.

Aparte de cultivar una charca familiar en las salinas del pueblo, Juan Sierra Ipuana es palabrero. Así se designa en español a la persona conocida en lengua Wayuu con el nombre de Pütchipuu. Su función es mediar en los conflictos interfamiliares, a fin de lograr un arreglo rápido que sea justo para ambas partes y proteja el equilibrio social de la etnia.

El palabrero es elegido invariablemente por el ofendido y no debe pertenecer a ninguna de las partes enfrentadas. Cuando acepta el encargo, se dirige a la ranchería del agresor para “llevarle la palabra”. Ante el grupo reunido en pleno, El Pütchipuu aclara de entrada cuál es su misión y quiénes se la encomendaron. Después expone la gravedad del daño causado y señala el monto de la reparación exigida por los afectados. Si el jefe del clan está de acuerdo con la multa, lo que sigue es fijar la forma de pago. Si no, tiene derecho a plantear una contrapropuesta que el propio palabrero transmite a la familia que le asignó la tarea. En algunos casos se necesitan varios viajes entre un lugar y el otro. Pero casi siempre el problema se resuelve con una o dos visitas. Cuando el culpable no tiene bienes para responder por su infracción, es declarado objetivo de guerra. Se entiende que el dictamen puede hacerse efectivo contra él o contra cualquiera de sus parientes.

“Mandar la palabra” es ejecutar, a través de un ritual político, una ley vieja y feroz. El palabrero no asume el papel de juez sino el de mediador. Por tanto, se mantiene neutral todo el tiempo. Ni siquiera toma partido por la familia que lo buscó. En el proceso de concertación oye injurias, oye amenazas, pero sólo transmite lo esencial de las razones: “fulano dice que puede pagarte con una recua de mulas”. Como buen canciller, se permite introducir una promesa cordial donde minutos antes había una sarta de adjetivos incendiarios: “me dijeron que van a ver si pueden reunir lo que tú pides”.

Se trata de un acto refinado en la forma pero inapelable en el fondo. Lo que te envían no es un dardo envenenado sino una palabra, pero esa palabra es de acero, te cobra las cuentas pendientes, te enrostra las faltas cometidas y te amenaza de un modo tan sutil que no puedes evitarlo. Claro que también te ofrece una nueva oportunidad. Si usas con buen juicio el verbo que te mando, nos ganaremos ambos la gracia de librarnos de la guerra.

Ni siquiera cuando hay una muerte de por medio los dolientes pueden saltarse este ritual de conciliación para buscar la venganza directa. La compensación es proporcional al tamaño de la afrenta y a la posición social de la familia afectada. Se cobra por las calumnias, por los golpes físicos, por las imprudencias de borracho, por el hurto, por las ofensas verbales y por el homicidio. El pago se efectúa en dinero o con tierra y ganado. El palabrero no exige honorarios por su trabajo pero el grupo que lo buscó le obsequia un porcentaje de la indemnización.

Arminda López les ordena a sus hijas Erica y Milagros que apaguen el televisor y se pongan a hacer oficio. A una le pide que barra. A la otra, que traiga dos vasos de chicha de maíz. Juan Sierra Ipuana, entre tanto, ha dejado de mirar a las gallinas. Ahora pela una vara delgada con un cuchillo basto de cocina.

De pronto, ruge el desierto. La arena se levanta, el viento arrastra una alpargata guaireña descosida en el empeine. “La brisa del nordeste es una escoba loca”, dice Sierra Ipuana, sonriente, mientras recibe el vaso de chicha que le trajo su hija. Cuando la muchacha se aleja, la manta le tiembla en el cuerpo.

Sierra Ipuana añade que si no fuera por el viento, la tierra ya se habría ahogado de calor. Su madre, otra criatura de metáforas, afirmaba que en la Guajira las sequías eran tan intensas que a veces las plantas salvajes se retorcían de sed y los sapos se morían sin saber nadar.

En esta ranchería, como en todas las de Manaure, los días fluyen lentos, sin sobresaltos. Sierra Ipuana explica que el Wayuu puede vivir a su ritmo porque no tiene ninguna deuda pendiente con el cielo.

Tanto él como su mujer son hijos de Wayuu con Alijuna. Los mestizos como ellos les enseñan a sus herederos la lengua nativa, pero además los obligan a aprender castellano para que puedan entender lo que dice la gente que vive más allá del desierto. A veces los muchachos repiten en español palabras que a sus padres no les causan ninguna gracia, como “jean descaderado” y “condón”.

- ¡Apaguen ese puñetero televisor! – chilla entonces Arminda, por enésima vez.

Terminada la chicha, Sierra Ipuana pide a gritos un vaso de agua, para hacer buches y sacarse los granos de maíz que se le quedaron atrancados entre los dientes. Después dice que no se cansa de agradecer el poder transformador de la palabra. Una palabra bien dicha desarma al enemigo, acerca al que se encuentra lejos, abre las puertas clausuradas, alegra al que está triste y apaga los incendios alevosos. En cambio cuando pronuncias una palabra altanera, las palomas se vuelven halcones, los ríos se salen de madre, los mares se enfurecen y hasta el problema más inútil adquiere de repente la fuerza suficiente para destruirte.

La tradición del palabrero es explicable porque en la cultura Wayuu la palabra es ley sagrada que no se lleva el viento. Además, en una etnia quisquillosa y competidora por naturaleza, siempre es bienvenido el que sabe calmar los ánimos. Cada conciliador ostenta una autoridad indiscutible. Tiene las llaves de la vida y de la muerte.

Sierra Ipuana considera que cumple bien su trabajo porque logra que el ofendido reciba lo que se merece y el agresor no pague más de lo que debe. Así el problema muere en el acto, sin ninguna consecuencia lamentable.

Yo le digo que si nosotros, los Alijunas, pusiéramos en práctica ese ritual, con seguridad lo dañaríamos: el palabrero tendría tres secretarias y dos asistentes, los periodistas publicaríamos los insultos secretos de las partes durante el proceso de concertación y además habría que autenticar mil papeles en una notaría. Si alguna vez se lograra un arreglo no sería en menos de cinco años. Y al final la indemnización sólo alcanzaría para pagar las comisiones de los intermediarios.

Sierra Ipuana sonríe con malicia, pero casi en seguida adopta un rostro grave para reconocer que la justicia Wayuu , como todo lo que maneja el hombre, es falible. A veces la palabra se queda corta para curar las heridas y acercar a los enemigos. Entonces se arma una matazón en la que corre sangre inocente.

La esposa le dirige una mirada tan severa como la que les envió a sus hijas hace un momento, cuando tenían prendido el televisor, y dice que hay ciertos problemas de la vida que no se pueden solucionar.

- Tampoco hay quien pueda acabar con la fiebre amarilla – exclama.

Viéndolo allí, con la camisa trepidante por la brisa del nordeste, pienso que Sierra Ipuana, hombre de metáforas, no tendría cabida en un mundo civilizado como el nuestro, en el que muchos pretenden cobrar a la brava hasta lo que no se les debe pero nadie parece dispuesto a escuchar la palabra.

* Tomado de:  Cronopios. Bogotá, D.C. 10 de mayo de 2005.

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Publicado: 30 Noviembre 1999

Los indígenas Zenues del Resguardo ‘El Volao’ (Antioquia) se sienten cada vez más fuertes gracias a que se escuela se convirtió en su agente unificador. Durante 10 años la comunidad superó la situación de desplazamiento con una propuesta educativa intercultural que ha consolidado su identidad en medio del conflicto armado interno

En un domingo de marzo de 1995,  las 83 familias, los sabios y líderes se reunieron en la cancha de fútbol conmovidos por el asesinato de su líder, el Cacique José Elías Suárez, tras haber resistido como ningún otro grupo del Urabá antioqueño la presión de los enfrentamientos entre guerrilla, autodefensas y militares. La muerte del Cacique  fue un golpe tan duro que toda la comunidad se sintió obligada a ceder, abandonando el territorio.

--Como no teníamos un sitio para llegar juntos, cada uno se dispersó por donde pudo. En esas condiciones, los maestros empezamos a armar un modelo de escuela que, en ese momento,  llamamos “itinerante” porque nos íbamos hasta donde se había ido la gente. Lo hicimos de a poquitos, pero impartiendo una formación más lúdica y tradicional con quienes se habían escondido en las poblaciones antioqueñas de Arboletes, San Juan y San Pedro y en otras en Córdoba y Sucre--, relata emocionada la maestra Aída Suárez. Y con voz casi silente, se acuerda  de lo que sintieron las 400 personas de la comunidad cuando, un año después -en aquellas trescientas hectáreas de tierra quebrada, fértil y de difícil acceso, en el municipio de Necoclí- encontraron perdidos sus cultivos y cayéndose sus casas, devoradas por la manigua.

Amor a la tierra

--Nuestro afán, en ese momento, era recuperar rápidamente las semillas con las cuales producíamos nuestros alimentos”--, acota Alberto Flórez, del Banco de Semillas, la iniciativa que les ha permitido recuperar las especies vegetales tradicionales y comenzar desde cero a producir los alimentos que hoy consumen, plasmando su tradición de pueblo agrícola y renovando la condición de artesanos que trenzan con habilidad la ‘caña flecha’, fibra natural con la cual se labra el sombrero ‘vueltiao’, uno de los objetos folclóricos más representativos de la identidad colombiana y factor productivo fundamental la economía y la supervivencia de la cultura Senú.

La escuela, eje de la vida comunitaria

Bien pronto entendieron que también sería esencial mantener vigentes las tradiciones y unida a la comunidad. Cavilando juntos concluyeron que la escuela sería el espacio propicio siempre y cuando se mantuviera el empeño de educar de “manera distinta”. Y empezaron convocando a los líderes y a los sabios tradicionales a compartir conocimientos y habilidades.

En la reconstruida maloca (Construcción indígena tradicional) que les sirve de escuela, otra docente, Leydi Suárez, anuncia hoy al cuarto grado primaria la que será una jornada de recuperación cultural: el maestro artesano dará su última lección sobre elaboración de esteras; el ‘decimero’ (juglar que recita versos), con su canto inspirado en las costumbres de cocina local, enseñará a preparar ‘bollo agrio’ y ‘chica de arroz’; y el botánico tradicional dirigirá una salida de campo para identificar plantas medicinales.

Aunque el sabio recrea el conocimiento, las líneas temáticas y los contenidos se definen en el ‘micro-centro’, espacio y mecanismo de decisión comunal integrado, entre otros, por líderes del Cabildo (órgano de gobierno), docentes y representantes del Cabildo estudiantil. Durante 10 años, el micro-centro ha revisado, evaluado y adaptado el currículo convencional a las necesidades del proyecto educativo Zenú. Según Aída Suárez, la educación propia les ha garantizado acceso al conocimiento no sólo sobre el Cabildo, su estructura y sus funciones sino también sobre su historia, cultura, cosmogonía y territorio. En familia también se educa en el respeto a los mayores, la organización y el territorio. El proceso se afianza en los Cabildos estudiantiles, donde se forma a los líderes que han crecido en medio del conflicto armado, pero tutelados por la bandera de la resistencia pacífica que los ha blindado de la guerra. 

En el año 2000 comenzaron los programas de educación media y fue creada la ‘Institución Educativa Indígena José Elías Suárez’, en homenaje al Cacique asesinado, de quien heredaron la lucha por la resistencia y la unidad como pueblo indígena. Hoy, 380 estudiantes, entre niños y jóvenes, asisten a aulas convencionales y a las tradicionales malocas en el ‘Volao’, Caracolí, Vara Santa y Bocas de Palmito. Por eso, no es extraño que en tal entorno a jóvenes como Edier Mendoza Flóres, del Cabildo estudiantil, les parezca importante que la escuela rescate la tradición y les inculque el orgullo de sentirse indígenas y de “tener fortaleza de indio” para contrarrestar las acechanzas latentes de los actores del conflicto armado. 

 --Por historia somos muy dados a la vida colectiva y la hemos sabido sostener gracias a nuestras ganas de vivir y de supervivir como pueblo indígena a pesar de haber perdido nuestra lengua materna. Hoy, con orgullo, podemos demostrar que nuestra comunidad Zenú está viva porque los niños trenzan, los jóvenes trenzan… todo el mundo trenza--, afirma sonriente y esperanzada Aída Suárez, al despedirnos de ella. (Fin/cpch/ch).

Escuela integradora de la comunidad

El proceso de convertir a la escuela en el centro reflexión y concertación sobre la vida comunitaria ha permitido, entre otros logros, los siguientes:

Cobertura

Servicio educativo a 580 estudiantes -385 de ellos en Necoclí- desde preescolar hasta secundaria y un programa especial de bachillerato para adultos. De 30 docentes, 14 trabajan en la Institución Educativa José Elías Suárez de Necoclí.

Agrupación de cerca de cuatro mil tenues en 4 resguardos en Arboletes y 1 en San Juan; y en 4 comunidades en Necoclí,  4 en San Pedro y 1 en Turbo.

Micro Centro

Espacio comunal que delibera cada dos meses decidir sobre los asuntos comunitarios.

En materia educativa, el micro centro actualiza el currículo, evalúa logros, identifica problemas y plantea soluciones, evalúa a los maestros y permite a las autoridades indígenas sugerir contenidos y cómo impartirlos.

Producción Artesanal

Desde hace 10 años ha reinventado nuevas formas de utilización de la trenza zenú. El comercio artesanal es una fuente valiosa de ingresos en la economía local.

Además del sombrero vueltiao, la comunidad produce y comercializa mochilas, bolsos y manillas, entre otros objetos.

Las ferias artesanales y los encuentros escolares anuales abren un espacio de exhibición para el talento y la  innovación artesanal tenues.

Banco de Semillas

Recuperación del conocimiento biológico y agrícola zenú y de la seguridad alimentaria.

El inventario biológico del Volao –acopiado por recolectores voluntarios-  registra 27 variedades de maíz, 44 de arroz, 16 de plátano. Han sido recuperadas 32 variedades de yuca, 16 de ñame y decenas de plantas medicinales y aromáticas.

Resistencia al Desplazamiento

La comunidad ha crecido considerablemente durante los últimos diez años reafirmando la decisión de no superar la situación de desplazamiento, retornar a la tierra y trabajar por la recuperación y respeto a sus ancestrales raíces indígenas. Este año, combates entre grupos de autodefensa están sembrando de nuevo la zozobra en el Urabá antioqueño después de un período de relativa calma. El impacto de esos enfrentamientos se acerca, amenazante, a Turbo y Necoclí.

Banco de Semillas

Recuperación del conocimiento biológico y agrícola Senú a la vez que se  garantiza la seguridad alimentaria de la comunidad.

El inventario Biológico Senú del Volao, recogido por grupos de recolectores voluntarios registra 27 variedades de maíz, 44 de arroz, 16 de plátano. Además recuperaron 32 variedades de yuca, 16 de ñame y decenas de plantas medicinales y aromáticas.

Destacados

- La educación propia les ha garantizado acceso al conocimiento no sólo sobre el Cabildo, su estructura y sus funciones sino también sobre su historia, cultura, cosmogonía y territorio

- Les parece importante que la escuela rescate la tradición y les inculque el orgullo “tener fortaleza de indio” para contrarrestar las acechanzas latentes de los actores del conflicto armado. 

- Cavilando juntos concluyeron que la escuela sería el espacio propicio siempre y cuando se mantuviera el empeño de educar de “manera distinta”.

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Publicado: 30 Noviembre 1999

¿Integración de qué? ¿Para quién?

La consideración de los proyectos de integración latinoamericanos exige formularse algunas interrogantes vitales. ¿Integración para quién? ¿Para las los sectores privilegiados de estas sociedades? ¿Para que los capitales, sean nacionales o transnacionales, puedan moverse libremente en todo el continente? ¿O, por el contrario, para los pueblos, para las mayorías empobrecidas, excluidas, subordinadas?

No hay nada en la idea de integración que en sí mismo podamos considerar como favorable para el futuro de los pueblos del continente. No basta con que sea una integración latinoamericana o sudamericana para que corresponda a los intereses populares.

Todo depende del modelo de integración en cuestión. ¿Quiénes lo impulsan? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿En función de qué intereses y de que valores se diseña? Dependiendo de la respuesta a estas interrogantes, la integración puede afianzar las relaciones de dominación actualmente hegemónicas, o puede contribuir a abrir rendijas para socavarlas.

¿Un proyecto de integración orientado a abrir aún más estas economías para someterlas a los dictados de los dueños del capital? ¿O una integración defensiva que tenga como meta conquistar espacios de autonomía y soberanía para definir políticas públicas y opciones económicas propias? En otras palabras, ¿una integración que contribuya a desdibujar aún más los espacios y territorios del ejercicio de la soberanía democrática de los pueblos, o una integración orientada a recuperar lo que siglos de colonialismo y políticas imperiales le han arrebatado y continúan arrebatando a los pueblos del continente?