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Publicado: 30 Noviembre 1999

Hace dos semanas Actualidad Étnica lanzó una alerta temprana sobre el inminente riesgo que corrían las comunidades indígenas y negras de los departamentos de Cauca y Nariño asentados en la costa. Hoy las comunidades viven una dramática situación humanitaria tras los intensos combates que se desataron desde el día jueves.

Luego de las alertas tempranas emitidas por las organizaciones sociales de la costa pacífica nariñense y caucana a través de Actualidad Étnica, las poblaciones indígenas y negras se encuentran en medio de los fuertes combates que protagonizan las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), guerrilleros de las FARC EP y el Ejército Nacional. Aunque se desconoce el número de personas muertas, los combates han producido un desplazamiento masivo de las comunidades ubicadas en la costa, con un sinnúmero de lanchas que transitan por los ríos Timbiquí y Saija. Actualidad Étnica efectuó un sondeo con las organizaciones sobre las dos zonas más críticas, y el panorama es el siguiente:

Puerto Saija, Cauca

Cientos de campesinos huyen en embarcaciones por los ríos Saija y Timbiquí, en la costa pacífica caucana. La pequeña población está quedando desolada ante la incursión de las AUC y de las FARC EP, quienes se enfrentan con tropas del Ejército Nacional. Las acciones dejan una cifra parcial de dos campesinos y un paramilitar muertos, y varios capturados por las fuerzas militares. En estos momentos, tropas de la Armada Nacional han recuperado el control militar de Puerto Saija.

El personero de Timbiquí, Mario Hurtado Valencia, sostuvo que la tranquilidad que reinaba en la zona se acabó, y denunció que las amenazas contra la población civil tienen su origen en la disputa que tienen insurgentes y paramilitares por el control de los cultivos ilícitos.

La Tola, Nariño

En el municipio de La Tola, departamento de Nariño, también se registran fuertes combates, dejan un saldo parcial de dos civiles muertos y cuatro heridos, entre ellos dos policías heridos. La incursión guerrillera es protagonizada por el Frente 29.

Según informes de la Armada Nacional, la acción de las tropas de la II Brigada de Infantería de Marina, con apoyo de la Fuerza Aérea y helicópteros de la Aviación Naval, permitieron retomar el control del casco urbano del municipio, luego de que los insurgentes intentaran destruir la población. La acción bélica dejó como víctimas fatales a un recién nacido de apenas dos meses y a Gaspar Guerrero, de 40 años de edad.

Fuentes de la Armada Nacional agregaron que los insurgentes lanzaron contra las casas de la población por lo menos 40 cilindros de gas cargados con explosivos y metralla, registrándose cuatro personas heridas con esquirlas y tiros de fusil.

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Publicado: 30 Noviembre 1999

En la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 se rompieron muchos paradigmas de la sociedad colombiana en materia de participación política; uno de ellos fue el posibilitar a los indígenas una representación en dicho espacio de decisiones futuras.

Con la elección de dos constituyentes indígenas, Lorenzo Muelas (20.083 votos) y Francisco Rojas Birry (25.880 votos) se empezó a reconocer una realidad que hasta entonces había sido invisible para nuestro país: su evidente carácter multiétnico y pluricultural. La fuerza y el empuje de estos dos constituyentes fue evidente y marcó avances significativos en la Constitución de 1991. Su influencia fue notoria en tres aspectos que deben señalarse: 1. el ordenamiento territorial; 2. la apertura de espacios políticos y sociales de participación para los indígenas y los demás grupos étnicos, en especial la circunscripción especial indígena para el Senado y la circunscripción especial para los grupos étnicos; 3. El reconocimiento del carácter multiétnico y pluricultural de nuestro país y la garantía a derechos territoriales y culturales de los indígenas en la nueva Constitución.

CIRCUNSCRIPCION INDIGENA PARA EL SENADO

El espacio abierto a la participación indígena por la Constituyente, la consagración constitucional de la circunscripción especial indígena y el desarrollo de la circunscripción especial étnica para la Cámara han incidido e incidirán en los avances electorales de movimientos políticos de carácter étnico.

Si bien es cierto que al interior de las organizaciones de base indígenas, entre ellas la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, se presentó el debate referido a quiénes debían liderar las propuestas políticas, el movimiento indígena optó por diferenciar el trabajo organizativo con las comunidades y el trabajo político indígena. Surgen en este decenio tres grupos destacados por su trabajo político: el Movimiento de Autoridades Indígenas, liderado por Lorenzo Muelas (guambiano), el Movimiento Alianza Social Indígena, liderado por Francisco Rojas Birry (embera-wanuna) y el Movimiento Indígena Colombiano (de corta duración), coordinado por Gabriel Muyuy (inga).

La circunscripción especial indígena para el Senado ha sido un elemento facilitador de los procesos políticos para los indígenas puesto que sólo requiere haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad o haber sido líder de una organización indígena, calidad que acreditan mediante certificado de la respectiva organización, refrendado por el Ministerio del Interior.

ELECCIONES PARA SENADO Y CAMARA

Según cifras de la Registraduría, en las elecciones para Congreso realizadas en este decenio han llegado al Senado, y en ocasiones a la Cámara, los siguientes indígenas:

1. Elecciones de 1991. Gabriel Muyuy y Anatolio Quirá (circunscripción especial indígena para Senado.

2. Elecciones de 1994. Lorenzo Muelas y Gabriel Muyuy (circunscripción especial indígena para Senado).

3. Elecciones del 8 de marzo de 1998. Los indígenas ampliaron su representación en el Senado y en la Cámara. En el Senado obtienen curul por circunscripción electoral Martín Emilio Tenganá (Autoridades indígenas), con 18.224 votos; luego fue anulada su elección por carecer de la edad que la Constitución exige para ocupar dicho cargo; también es elegido Francisco Rojas Birry (movimiento Alianza Social Indígena) con 29.236 votos. Para el Senado se presentó por la circunscripción nacional ordinaria el indígena Jesús Emilio Piñacué, quien obtuvo una curul (coalición entre el movimiento Alianza Social Indígena y el Conservatismo). En la cámara fueron elegidos por circunscripción territorial y representando al movimiento Alianza Social Indígena Jhony Aparicio Ramírez del Guanía (1683 votos) y Leonardo Caicedo P. del Vaupés (1420 votos).

DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

Si los resultados en el Congreso son sorprendentes, aún más interesante es observar la dinámica local en la cual estos movimientos han logrado avances significativos en las elecciones para concejos, asambleas, gobernaciones y alcaldías. En las elecciones de 1994 la Alianza Social Indígena inscribió diez listas para concejos del país, de las cuales fueron elegidas ocho; para asambleas sólo inscribieron una lista en el Cauca y lograron representación. En las elecciones para corporaciones y alcaldías del 26 de octubre de 1997 se observan ya más claramente los resultados del trabajo político de los movimientos indígenas. En esta elección fueron elegidos 152 concejales en representación de movimientos indígenas (37 por el Movimiento de Autoridades Indígenas y 115 por el movimiento Alianza Social Indígena); se eligieron ocho diputados de estas listas (siete por el movimiento de Alianza Social Indígena y uno por el movimiento de Autoridades Indígenas) y se eligieron 13 alcaldes (cinco del Movimiento de Autoridades Indígenas y ocho del Movimiento Alianza Social Indígena).

En las elecciones del 29 de octubre de 2000 se reconocen los avances logrados por pequeños movimientos, entre ellos los liderados por indígenas. Merece mencionarse en este proceso que la Alianza Social Indígena avaló a dos candidatos de gran importancia: Antanas Mokus en Bogotá, quien resultó elegido, y Sergio Fajardo en Medellín (quien obtuvo 60.000 votos), y que la unión de los dos movimientos (Autoridades Indígenas y Alianza Social Indígena) logró por primera vez la Gobernación de un departamento para los indígenas.

Dicho triunfo electoral se presentó en el Cauca con la elección de Floro Tunubalá Paja para la Gobernación, respaldada por una votación muy significativa (149.083 votos) y la elección de diputados indígenas que integran una cuarta parte de los miembros de la Asamblea Departamental (Segundo Tombé Almendra, Luis Alberto Fiscue Ipia, Arquimedes Vitonas Noscue y Marcos Aníbal Avirama Avirama).

Si examinamos geográficamente los datos de las elecciones de 94, 97 y del 2000 encontramos que el Departamento del Cauca es un fenómeno político muy interesante en materia electoral, pues no sólo ha logrado tener un gobernador indígena, sino que sus resultados electores para concejos y asambleas son notorios, seguidos de Nariño y Antioquia.

Fuente: Revista Credencial Historia.
(Bogotá - Colombia). Edición 146
Febrero de 2002

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Publicado: 30 Noviembre 1999

1. Es difícil imaginar una sociedad humana que pueda existir y desarrollarse sin que cada uno de sus miembros tenga reconocido y garantizado el derecho fundamental a permanecer, y a permanecer con su dignidad humana inherente e intacta.

2. Difícilmente hay dignidad humana sin seguridad de las personas. Esta seguridad debe ser, al mismo tiempo, fáctica y jurídica.

1. La seguridad fáctica está integrada por un conjunto de circunstancias objetivas que dan a cada ser humano la capacidad de actuar libremente, pero sin dañar a otros.
2. La seguridad jurídica, en su sentido positivo, se da cuando existen normas reguladoras de la conducta humana, siempre y cuando éstas sean públicas, previas, claras, manifiestas, y se apliquen a todos por igual, por instituciones independientes que hagan parte de una estructura democrática.

3. Entre la seguridad y la libertad de la persona se da un vínculo inseparable. Es difícil pensar en seguridad sin libertad, y también difícil imaginarse una libertad sin seguridad para uno mismo y para los demás.

4. El concepto de seguridad democrática puede ser definido de diferentes maneras. Para nosotros está claro que se opone al concepto de seguridad autoritaria, o de seguridad totalitaria o de seguridad dictatorial. Pero, más positivamente, ¿qué significa? La seguridad puede llamarse democrática cuando incluye en una sociedad a todos por igual. Además, debe buscarse y lograrse a través de medios que respeten la dignidad de la persona. Y, por ende, que no causen vulneración o amenaza en la autonomía o inviolabilidad del ser humano.

5. La seguridad y los derechos humanos no son ni conceptos ni realidades incompatibles. Más bien, el derecho a la seguridad forma parte de la normativa de los derechos humanos y, sin el respeto a varios de los derechos humanos tampoco se puede ver realizado el derecho de la persona a estar segura. Este derecho está expresamente reconocido por el artículo tercero de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por el Artículo noveno, 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y por el artículo séptimo, 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todos éstos, instrumentos que Colombia ha asumido, en ejercicio de su soberanía.

6. Ahora bien, ¿cuál es la relación entre la seguridad de la persona y lo que se llama, en el artículo 29.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos? ¿Las justas exigencias del orden público en una sociedad democrática? Una primera respuesta es que no hay, o no debe haber, contradicción entre el orden público y la seguridad de la persona. Del orden público democrático hace parte la seguridad pública, entendida como el estado de circunstancias dentro de las cuales la población de un territorio nacional se encuentra libre de riesgos o daños provenientes del abuso del poder estatal, de la ruptura de la convivencia pacífica por parte de los grupos armados al margen de la ley, o de la acción de cualquier tipo de criminalidad.

7. La obligación de Colombia de proteger y garantizar los derechos humanos también se aplica en las circunstancias difíciles en que de facto se encuentra el país por el conflicto armado interno. Conforme a este deber, que se encuentra señalado en el artículo segundo,1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo primero, 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las autoridades nacionales tienen la obligación de tomar todas las medidas necesarias, dentro de los mismos parámetros de los derechos humanos, para proteger la seguridad de los habitantes del territorio frente a eventuales agresiones originadas en acciones de grupos armados al margen de la ley, o en la criminalidad común.

8. Hay que subrayar que es legítima y necesaria la actividad adelantada por el Estado para prevenir y llevar a la justicia las conductas ilegales, de diferente índole, que atentan contra la seguridad pública.

9. Vale detenernos por un momento en la cuestión del terrorismo. En el Estado de Derecho las exigencias de la juridicidad demandan que el empleo de las palabras "terrorismo" y "terrorista" no sea indiscriminado ni propagandístico, sino lo más preciso posible. Debe recordarse que tanto en el derecho internacional de los derechos humanos como en el derecho internacional de los conflictos armados ha habido dificultades para definir lo que es terrorismo. Sin embargo, desde 1994 la Asamblea General de las Naciones Unidas define como terroristas "los actos criminales con fines políticos y concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en personas determinadas" (Resolución Número 49/60 del 9 de diciembre de 1994). Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja señala que constituyen una forma particular de terrorismo, prohibida en el artículo 13 del Protocolo II, "los actos o las amenazas de violencia cuya finalidad sea aterrorizar a la población civil" (Comentario del Protocolo II párrafo 4538).

10. En aquellos casos extremos en que las actividades delictivas contra la seguridad pública llegan a poner en peligro la vida de la Nación, los artículos cuarto,1, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y 27,1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos autorizan al Estado para ejercer el llamado derecho de excepción. Éste, sin embargo, ha de ponerse en práctica respetando los principios internacionales de legalidad, temporalidad, proporcionalidad y necesidad, y sin afectar los derechos humanos que tienen, según las dos normas internacionales ya citadas, carácter intangible.

En otras palabras, las medidas del Estado contra el terrorismo nunca pueden desviarse de ciertos principios básicos del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y del derecho penal. Esto independientemente de cómo se manifiesta la gravedad de las acciones terroristas. Por ende, entre otras cosas,

1. El Estado tiene la obligación de observar a cabalidad los principios y las normas adoptados por la comunidad internacional en materia de respeto a la vida y a la integridad personal, de privación de la libertad, de trato humano de los detenidos y de seguridad jurídica de las personas.
2. El Estado no puede limitar o suspender el derecho de hábeas corpus (derecho a solicitar y a obtener el control judicial de la legalidad de la privación de la libertad), el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a un tribunal independiente e imparcial y el derecho a las garantías judiciales.

Además, independientemente de los métodos crueles, pérfidos y cobardes que puedan usarse en actos terroristas, el Estado tampoco puede ignorar o desconocer los principios de taxatividad, tipicidad, legalidad y no retroactividad. Esto significa, entre otras cosas, que la definición de las conductas punibles debe ser inequívoca, expresa y clara.

Tampoco está permitido prohibir el ejercicio de ciertas libertades públicas, como la libertad de conciencia, de pensamiento y de religión, la libertad de opinión, la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de reunión pacífica y los derechos políticos.

Al enfrentarse a actos terroristas, el Estado debe respetar los principios internacionales sobre independencia e imparcialidad de la justicia. En ninguna circunstancia la necesaria lucha antiterrorista debe implicar la confusión de poderes entre los órganos ejecutivo y judicial, ni el establecimiento de sistemas procesales que permitan el juzgamiento de civiles por autoridades militares o por entidades no jurisdiccionales.

Una política de seguridad democrática tampoco debe expresarse en disposiciones o prácticas mediante las cuales se den o impongan a los miembros de la población civil funciones o tareas que, al hacerlos participar de modo directo y activo en las hostilidades, los priven de la protección a ellos conferida por la normativa internacional humanitaria. El Estado debe siempre respetar el principio humanitario de distinción. En ningún caso, la cooperación de los ciudadanos con las autoridades encargadas de la defensa nacional, de la protección del orden público, o de la administración de justicia debe asumir formas de acción que involucren a los civiles en el conflicto armado.

La Corte Constitucional de Colombia dijo en su sentencia C-251 del 11 de abril de 2002: "Si el Estado se fundamenta en la dignidad y derechos de la persona, entonces la preservación del orden público no es una finalidad en sí misma, sino que constituye un valor subordinado al respeto a la dignidad humana, por lo que la preservación del orden público lograda mediante la supresión de las libertades públicas no es (...) compatible con el ideal democrático. (...) Y de otro lado, si el Estado está al servicio de la comunidad y de las personas entonces corresponde obviamente a las autoridades del Estado proteger y ser garantes de la seguridad de las personas, y no a las personas proteger y ser garantes de la seguridad del Estado."

11. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido en su sentencia del 30 de mayo de 1999: "Está más allá de toda duda que el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad. Tampoco puede discutirse que toda la sociedad padece por las infracciones a su orden jurídico. Pero por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan resultar los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral. Existe un amplio reconocimiento de la primacía de los derechos humanos que el Estado no puede desconocer sin violentar."

12. Para concluir: la seguridad democrática tiene mucho que ver con la normativa de los derechos humanos. Es más: la seguridad democrática se inscribe y forma parte de los mismos derechos humanos. Este es el valor de esa normativa. El Estado democrático y de derecho se defiende, tanto a corto, o mediano como a largo plazo, a través de métodos que respeten el principio de la identidad del valor de los mismos derechos humanos. De esta manera, el Estado de Derecho se está defendiendo con métodos que aseguren su sostenibilidad, para el bien de todos los miembros de la nación.

* Director, Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

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Publicado: 30 Noviembre 1999

Las incursiones de los diferentes grupos armados sobre la población a través de las tomas a los pueblos, las masacres, las muertes selectivas, la desaparición forzosa, los señalamientos y amenazas a líderes sociales, alcaldes, concejales, funcionarios, los desplazamientos, además de los efectos de la confrontación armada de estos grupos en los territorios, deja secuelas e inminentes transgresiones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario causando zozobra e incertidumbre en la población ajena al conflicto armado

El presente informe es una mirada realizada desde la sistematización de las notas de la prensa local, los comunicados de las organizaciones y de algunos datos aportados por la Red de Solidaridad Social; así mismo, del trabajo y experiencia particular en comunidades indígenas. Esta mirada, aunque opacada por la cruda realidad, conserva la esperanza de que las cosas cambien; que los campos nuevamente se tiñan de verde y no de sangre; “que las manos que empuñan armas, empuñen trabajo”; que el respeto a la vida prime por encima de todo; que exista un mejor mañana para nuestros hijos.

Una mirada al Cauca

De acuerdo con los datos del DANE, en el departamento del Cauca el total de población indígena es de aproximadamente 180.000 personas, que representan el 13,93% de la población total del departamento, establecidos en 26 de los 39 municipios del Cauca. Su ubicación ancestral se da a lo largo y ancho de la geografía caucana, distribuidos en siete pueblos indígenas (paeces, guambianos, yanaconas, coconucos, ingas, eperaras-siapidaras y en proceso de reconocimiento étnico los ambalueños) Esta característica hace que en el Cauca exista una fuerte riqueza étnica y cultural.

Territorios de los pueblos indígenas del Cauca

“Morir por la resistencia no es morir, porque uno muere por su derecho,

por sus derechos, por su tierra. Eso no es morir”

Leonardo Paví, comunero de Toribío, Cauca

Al intentar hoy acercarse a la realidad que viven las comunidades indígenas en materia de derechos humanos, es sensibilizarse en su lucha por la resistencia frente al conflicto armado como frente a las diferentes formas de discriminación a que han sido sometidos los pueblos indígenas.

La resistencia ancestral, amenazada por los diferentes actores en conflicto y agudizando desde el año 2000, queda plasmada en un comunicado emitido por los consejeros del CRIC y publicado por el periódico El Liberal en enero del presente año: “La problemática en las comunidades indígenas está llegando a una fase critica, como consecuencia de la pugna por el control de los territorios por parte de los grupos armados, que desencadenaron durante este año una arremetida sin antecedentes contra ellos en departamentos como el Cauca, Choco, Magdalena, Norte de Santander, Risaralda y regiones como La Sierra Nevada de Santa Marta, entre otros. En la mayoría de los casos a los hostigamientos, siguieron las masacres, torturas y por último desplazamiento forzado hacia cascos urbanos y poblaciones vecinas”

Y es que en el último período la crisis social en estos territorios es cada vez más grave. Por ejemplo, en las comunidades indígenas del norte del Cauca se ha incrementado el conflicto social, la presencia de inversionistas atraídos por las concesiones de la ley de páez, los grupos armados de izquierda y de derecha que luchan por el control y manejo de los territorios, conduciendo a que en los últimos tiempos se agudice la violencia indiscriminada que conlleva a masacres, desapariciones de lideres y desplazamientos masivos tanto de población campesina como indígena. El incremento de los cultivos de coca y marihuana también han contribuido a la generación de nuevos conflictos sociales.

Como parte de las acciones bélicas de los grupos armados, la población indígena ha estado en medio del conflicto, irrespetando con ello todas las normas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Enfrentamientos como los de hace dos semanas (a inicios de julio del año en curso) en el municipio de Toribio entre las FARC y las FFMM ó los enfrentamientos sostenidos entre las AUC y las FARC en los municipios de Corinto y Miranda a inicios del presente año han ocasionando graves perjuicios a las comunidades, atentando contra la autoridad y autonomía en sus territorios.

El asesinato sistemático de líderes indígenas como Cristóbal Secué Tombé (Junio del 2001), Samuel Fernández (Marzo de 2002), inciden coyunturalmente en la comunidad. Masacres como las del Naya y Corinto (Enero de 2002), las incursiones armadas en poblaciones como Corinto, Miranda, Caldono, Puracé, Coconuco, el secuestro de guardias cívicos del resguardo de Jambaló a comienzos de este año, las amenazas directas a líderes por parte de los diferentes grupos armados ponen en zozobra e incertidumbre la vida de las comunidades indígenas.

Por otra parte, los índices de desplazamiento son desoladores, La Masacre del Naya en el 2001 después de un año de ocurrido el hecho es de 122 familias, de las cuales 46 se encuentran “refugiadas en el Resguardo de Tóez, Municipio de Caloto, y 56 ubicados en la plaza de Toros de Santander de Quilichao en condiciones infrahumanas.

La confrontación bélica entre las FARC y las AUC en los municipios de Miranda y Corinto en enero del año en curso trajeron como consecuencia el desplazamiento de más o menos 2000 personas que abandonaron sus hogares y buscaron refugio en la cabecera municipal quienes después de una semana retornaron con miedo a sus tierras.

Cabe anotar que sobre el desplazamiento en comunidades indígenas no existen en las instituciones cifras concretas pues el problema del desplazamiento es analizado desde una óptica general sin distingo de grupo o etnia, lo que trae consecuencias negativas pues no se da una atención a esta población acorde a las realidades particulares e incide sobre la decisión de retorno o reubicación de las mismas.

A pesar del crudo panorama y la vulnerabilidad de las comunidades indígenas en cuanto a los derechos humanos concierne, la capacidad de estas de resistencia es ejemplar, ante la muerte de sus líderes o desaparición de los mismo se levantan rápidamente y actúan, ante la incursión en sus territorios proponen la resistencia indígena (civil) basados en la razón y la defensa de sus territorios. Resistencia que ha sido modelo en otras regiones del país.

Para finalizar este breve contexto, es importante mencionar que las comunidades indígenas del Departamento del Cauca se han caracterizado en el ámbito nacional por su capacidad organizativa, de unidad y de reivindicación de sus derechos que han conllevado a la realización de convenios y pactos con el gobierno en lo referente a sus necesidades, sin embargo, el cumplimiento y celeridad de estos por parte de las entidades gubernamentales no ha sido total. Es el caso del decreto 982, resultado de la declaratoria de emergencia social, cultural y económica de los pueblos indígenas del Cauca en el año 1999. Han transcurrido cuatro años y el avance de los acuerdos de los mismos no llega ni al 50%.

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Publicado: 30 Noviembre 1999

INtentar realizar un acercamiento sobre la percepción individual de la violación de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en comunidades indígenas, campesinas, afrocolombianas o urbanas, es caer en la grave situación de conflicto social y armado que estamos viviendo en nuestro país.

Las incursiones de los diferentes grupos armados sobre la población a través de las tomas a los pueblos, las masacres, las muertes selectivas, la desaparición forzosa, los señalamientos y amenazas a líderes sociales, alcaldes, concejales, funcionarios, los desplazamientos, además de los efectos de la confrontación armada de estos grupos en los territorios, deja secuelas e inminentes transgresiones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario causando zozobra e incertidumbre en la población ajena al conflicto armado

El presente informe es una mirada realizada desde la sistematización de las notas de la prensa local, los comunicados de las organizaciones y de algunos datos aportados por la Red de Solidaridad Social; así mismo, del trabajo y experiencia particular en comunidades indígenas. Esta mirada, aunque opacada por la cruda realidad, conserva la esperanza de que las cosas cambien; que los campos nuevamente se tiñan de verde y no de sangre; “que las manos que empuñan armas, empuñen trabajo”; que el respeto a la vida prime por encima de todo; que exista un mejor mañana para nuestros hijos.

Una mirada al Cauca

De acuerdo con los datos del DANE, en el departamento del Cauca el total de población indígena es de aproximadamente 180.000 personas, que representan el 13,93% de la población total del departamento, establecidos en 26 de los 39 municipios del Cauca. Su ubicación ancestral se da a lo largo y ancho de la geografía caucana, distribuidos en siete pueblos indígenas (paeces, guambianos, yanaconas, coconucos, ingas, eperaras-siapidaras y en proceso de reconocimiento étnico los ambalueños) Esta característica hace que en el Cauca exista una fuerte riqueza étnica y cultural.

Territorios de los pueblos indígenas del Cauca

“Morir por la resistencia no es morir, porque uno muere por su derecho,

por sus derechos, por su tierra. Eso no es morir”

Leonardo Paví, comunero de Toribío, Cauca

Al intentar hoy acercarse a la realidad que viven las comunidades indígenas en materia de derechos humanos, es sensibilizarse en su lucha por la resistencia frente al conflicto armado como frente a las diferentes formas de discriminación a que han sido sometidos los pueblos indígenas.

La resistencia ancestral, amenazada por los diferentes actores en conflicto y agudizando desde el año 2000, queda plasmada en un comunicado emitido por los consejeros del CRIC y publicado por el periódico El Liberal en enero del presente año: “La problemática en las comunidades indígenas está llegando a una fase critica, como consecuencia de la pugna por el control de los territorios por parte de los grupos armados, que desencadenaron durante este año una arremetida sin antecedentes contra ellos en departamentos como el Cauca, Choco, Magdalena, Norte de Santander, Risaralda y regiones como La Sierra Nevada de Santa Marta, entre otros. En la mayoría de los casos a los hostigamientos, siguieron las masacres, torturas y por último desplazamiento forzado hacia cascos urbanos y poblaciones vecinas”

Y es que en el último período la crisis social en estos territorios es cada vez más grave. Por ejemplo, en las comunidades indígenas del norte del Cauca se ha incrementado el conflicto social, la presencia de inversionistas atraídos por las concesiones de la ley de páez, los grupos armados de izquierda y de derecha que luchan por el control y manejo de los territorios, conduciendo a que en los últimos tiempos se agudice la violencia indiscriminada que conlleva a masacres, desapariciones de lideres y desplazamientos masivos tanto de población campesina como indígena. El incremento de los cultivos de coca y marihuana también han contribuido a la generación de nuevos conflictos sociales.

Como parte de las acciones bélicas de los grupos armados, la población indígena ha estado en medio del conflicto, irrespetando con ello todas las normas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Enfrentamientos como los de hace dos semanas (a inicios de julio del año en curso) en el municipio de Toribio entre las FARC y las FFMM ó los enfrentamientos sostenidos entre las AUC y las FARC en los municipios de Corinto y Miranda a inicios del presente año han ocasionando graves perjuicios a las comunidades, atentando contra la autoridad y autonomía en sus territorios.

El asesinato sistemático de líderes indígenas como Cristóbal Secué Tombé (Junio del 2001), Samuel Fernández (Marzo de 2002), inciden coyunturalmente en la comunidad. Masacres como las del Naya y Corinto (Enero de 2002), las incursiones armadas en poblaciones como Corinto, Miranda, Caldono, Puracé, Coconuco, el secuestro de guardias cívicos del resguardo de Jambaló a comienzos de este año, las amenazas directas a líderes por parte de los diferentes grupos armados ponen en zozobra e incertidumbre la vida de las comunidades indígenas.

Por otra parte, los índices de desplazamiento son desoladores, La Masacre del Naya en el 2001 después de un año de ocurrido el hecho es de 122 familias, de las cuales 46 se encuentran “refugiadas en el Resguardo de Tóez, Municipio de Caloto, y 56 ubicados en la plaza de Toros de Santander de Quilichao en condiciones infrahumanas.

La confrontación bélica entre las FARC y las AUC en los municipios de Miranda y Corinto en enero del año en curso trajeron como consecuencia el desplazamiento de más o menos 2000 personas que abandonaron sus hogares y buscaron refugio en la cabecera municipal quienes después de una semana retornaron con miedo a sus tierras.

Cabe anotar que sobre el desplazamiento en comunidades indígenas no existen en las instituciones cifras concretas pues el problema del desplazamiento es analizado desde una óptica general sin distingo de grupo o etnia, lo que trae consecuencias negativas pues no se da una atención a esta población acorde a las realidades particulares e incide sobre la decisión de retorno o reubicación de las mismas.

A pesar del crudo panorama y la vulnerabilidad de las comunidades indígenas en cuanto a los derechos humanos concierne, la capacidad de estas de resistencia es ejemplar, ante la muerte de sus líderes o desaparición de los mismo se levantan rápidamente y actúan, ante la incursión en sus territorios proponen la resistencia indígena (civil) basados en la razón y la defensa de sus territorios. Resistencia que ha sido modelo en otras regiones del país.

Para finalizar este breve contexto, es importante mencionar que las comunidades indígenas del Departamento del Cauca se han caracterizado en el ámbito nacional por su capacidad organizativa, de unidad y de reivindicación de sus derechos que han conllevado a la realización de convenios y pactos con el gobierno en lo referente a sus necesidades, sin embargo, el cumplimiento y celeridad de estos por parte de las entidades gubernamentales no ha sido total. Es el caso del decreto 982, resultado de la declaratoria de emergencia social, cultural y económica de los pueblos indígenas del Cauca en el año 1999. Han transcurrido cuatro años y el avance de los acuerdos de los mismos no llega ni al 50%.

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Publicado: 30 Noviembre 1999

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Publicado: 30 Noviembre 1999

El jueves 11 de julio a las 1:10 p.m. comenzó en Toribio Cauca la toma guerrillera del sexto frente de las FARC. Una toma como tantas que a diario se registran en el país, que afectó el puesto de policía, las casas de un ex alcalde y de personas de la población y el Banco Agrario. Para mí fue una experiencia vivida con pánico y en superlativo porque mi hijo de 7 años jugaba fútbol en el CECIDIC a 15 minutos de la plaza central del pueblo con otros tantos niños paeces en el momento en que todo se desencadenó.

Catorce policías en la estación resistieron 20 horas de combate con armas no convencionales, el fuego de los fusiles, la ráfaga desde los helicópteros y el avión fantasma de las fuerzas armadas de nuestro país.

En algún momento entre el jueves y el viernes, cuando una buena porción de la población estaba congregada empezaron las ráfagas, la gente corría de un lado a otro y ante el ofrecimiento del padre Ezio Roattino de protegerse en la iglesia, todos decían "olvídelo padre, acuérdese de Bojayá". Una casita quedó atrapada entre el fuego que venía de la montaña y el puesto de policía, la gente atrincherada se protegía de las balas; sin embargo, un niño de diez años, Wilson, se dejó tentar por la curiosidad y fue alcanzado por los impactos salidos de cualquiera de los actores en la toma.

Nadie en la casa podía superar el miedo para llevar al pequeño a un lugar seguro, sólo un posible apoyo de la guerrilla se atrevió a tomar la iniciativa y ayudó a que fuera llevado a un centro asistencial. En otra parte, uno de la comunidad discutía con los guerrilleros y desató su furia, un impacto fue lanzado hacia los pies y las esquirlas alcanzaron en el brazo a una mujer que le acompañaba.

Se vivieron muchas horas de confusión hasta que los policías se rindieron. Fueron entregados a la comunidad porque ningún organismo humanitario había podido acudir a la zona. Todos temían por sus vidas, así que no querían recibir este cuerpo de catorce policías exhaustos física y moralmente por el embate; era incierta su salida del casco urbano por los ataques guerrilleros y los retenes a lo largo del camino. Mi hijo entretanto dormía cansado de lo mucho que jugó durante el día con Santi, José, Andrés y Luís, niños de la comunidad.

Mientras los medios de comunicación hablaban del mayor operativo de las fuerzas armadas en mucho tiempo, por los caminos polvorientos de las afueras de Toribio, caminaba una pareja de guerrilleros, con paso lento, tomados de la mano como si salieran de una función de vespertina. Las montañas aledañas estaban rodeadas por la guerrilla y en la plaza central después de la toma, la gente movía con curiosidad los cilindros sin estallar que quedaban en los escombros.

Cuando todo parecía haber terminado ya el sábado, empezó a llegar el ejército en helicópteros y volvieron las ráfagas y el miedo infinito. El ejército y la guerrilla empezaron el combate y la única alternativa era tratar de salir lo antes posible del pueblo.

Desde Bogotá seguí los acontecimientos con la mayor angustia de toda mi vida. Devoré los noticieros radiales, las escasas noticias en la televisión, insistí a amigos y familiares en Cali que indagaran por la suerte de la población, del padre de mi hijo y de mi pequeño David. Finalmente recibí noticias de ellos; David reportaba 13 partidos de fútbol jugados y una cajita con casquetes vacíos de los fusiles que servían para llevar de recuerdo; Javier reportaba, toda una vida de angustia en dos días con la gente, temiendo por su vida, la de su hijo y la de sus alumnos en un trabajo de extensión universitaria. Ganó la comunidad, el proyecto Nasa, Premio Nacional de Paz en 1999 que conservó, de algún modo, la integridad de su proyecto y el derecho a seguir reafirmando su ser de comunidades indígenas libres del Norte del Cauca.

Para mí, todo análisis académico de la violencia perdió sentido, sólo encontré calma la tarde del sábado cuando nos encontramos y en la mesa de un restaurante comprobamos el milagro de estar vivos y libres y pudimos reafirmar intacta la esperanza y el espíritu fortalecido, para el Cauca es un proceso que no termina y para los paeces es su lucha diaria por mantener la dignidad y la libertad

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Categoría: Columnistas

Publicado: 30 Noviembre 1999

Asisto a este esperado evento no con optimismo pero sí con esperanza. Celebro la oportunidad de compartir con ustedes la energía espiritual que permita alimentar la voluntad política necesaria para poner un alto a la irracional voracidad que está terminando con las vidas del planeta.

El Secretario General de las Naciones Unidas nos ha invitado a centrar la atención de esta Cumbre en cinco asuntos claves: el agua, la energía, la agricultura, la salud y la biodiversidad, y el presidente Mbeki nos ha convocado a hacerlo pensando en la prosperidad de la gente y el planeta.

Quiero en mis primeras palabras relevar la importancia de haber organizado esta mesa redonda sobre un tema que para mí resume y precisa los objetivos de esta Cumbre: “la diversidad natural y la diversidad cultural”: para mi no son cosas interrelacionadas, son la misma cosa.

En nuestra cosmovisión maya, cada pueblo, cada cultura es el espejo del mundo natural en el que vive. Nadie puede imaginar a un oso polar en la amazonía como es difícil imaginar que al pueblo Masai viviendo en Groenlandia. La diversidad cultural es el espejo de la diversidad natural. La obra de la Creación es la unidad de la diversidad, donde coexisten todas las vidas en un equilibrio armónico. Cada vez que se arrasa un bosque, se violenta una forma de vida, se pierde una lengua, se corta una forma de civilización, se comete un genocidio.

Por milenios, los pueblos indígenas hemos aprendido de la naturaleza a vivir en armonía con todos sus elementos constitutivos. La tierra no nos pertenece, somos parte de ella y de los equilibrios que hacen posible la vida en su seno.

Por siglos, los pueblos indígenas hemos vivido manteniendo esos equilibrios y aquellos otros que nos relacionan con todo el universo y que nos hacen corresponsables del acontecer del inframundo y el supramundo, como en el árbol de la vida que heredamos de nuestros abuelos, donde el follaje no se puede entender sin conocer las raíces, el tallo y las ramas.

Estas relaciones, vastas y complejas, encierran para nosotros la más profunda sabiduría y espiritualidad y por eso son inviolables. Así lo han entendido nuestros pueblos a través de los siglos y así pareció entenderlo la comunidad de naciones hace 10 años en Río, al reconocer la interconexión y dependencia recíproca de todos los elementos que hacen posible la sostenibilidad del desarrollo y la vida.

El arsenal teórico y normativo emergente de Río constituye el más significativo avance intelectual y político que el cambiante debate sobre el desarrollo ha producido en la historia contemporánea. Río marcó un punto de inflexión definitivo en los conceptos dándole al desarrollo un enfoque englobante, estableciendo la interrelación entre las dimensiones económica, social, ambiental y cultural en los instrumentos vinculantes y en la Agenda 21. Sus insuficiencias mayores fueron, acaso, las dimensiones institucional y financiera, que han dejado este proceso a librado a la voluntad política de gobiernos, empresas y organismos relacionados.

Sin embargo, Río fue diferente por la impresionante irrupción de los movimientos sociales, de las organizaciones civiles, de la intelectualidad humanista y la academia comprometida. En Río se globalizó la esperanza. La participación de estos actores selló su legitimidad y abrió una nueva era para que “Nosotros los pueblos...” seamos realmente los protagonistas en la definición de las políticas globales que nos afectan.

La Cumbre de Río fue un pacto ético y político para redistribuir el poder, los recursos y las oportunidades entre los países y al interior de ellos pero, ante los datos de la realidad, es difícil no perder la paciencia. Hace 10 años se hizo un pacto por el desarrollo y la equidad. Hoy, el concepto de seguridad parece haber sustituido a éstos y a todos los demás valores que inspiraron los pactos de Río, colocando a la diversidad como su principal amenaza.

El libre comercio y la mano cada vez más visible de un mercado abierto para unos y cerrado para la mayoría no pueden continuar destruyendo las economías. Los escandalosos fraudes contables de las más grandes corporaciones del mundo han demostrado que la mano invisible del mercado ha destruido de un golpe la credibilidad de los ciudadanos no sólo en dichas empresas sino en los mecanismos estatales creados para fiscalizarlas. La seguridad no puede continuar siendo el pretexto para la agresión, ni la guerra puede continuar siendo la locomotora de la economía y el conocimiento. El orden mundial del siglo veintiuno no puede ser el hambre y la desesperación de las cuatro quintas partes de la población mundial soportando la opulencia y el derroche que caracterizan el modelo de vida, producción y consumo de la quinta parte restante.

Hay que convertir el pacto de Río en un Código de Ética que garantice la convivencia pacífica y la salvación del planeta. No podemos volver a empezar de cero en cada Cumbre. No podemos seguir adoptando acuerdos de papel sin cronogramas, sin metas verificables, sin mecanismos fiables de rendición de cuentas. Los actores sociales no podemos continuar confinados en los eventos paralelos. Tenemos obligaciones, queremos también ejercer nuestros derechos.

Hace unos minutos, tuve la honra de hacer público -en nombre de seis Premios Nobel de la Paz- un llamamiento a los gobernantes del mundo, a los líderes políticos, sociales y empresariales, demandando hacer causa común con este clamor. Aprovecho la oportunidad para entregar a Ud. señor Presidente, una copia de este manifiesto para que sea compartido aquí con todos sus colegas.

En el marco de esta Cumbre también, hemos suscrito y promovido una demanda impostergable por la reforma profunda de las estructuras del sistema internacional. El mundo de la post guerra fría no puede regirse por el mismo orden emergente de la segunda guerra mundial. Es necesario un nuevo sentido de corresponsabilidad que nos comprometa a todos. La masiva participación social que abrió en Río el cauce del protagonismo de la sociedad civil en las decisiones del sistema de las Naciones Unidas, debe consumar la institucionalización de mecanismos de incidencia y corresponsabilidad que en cabida a la diversidad de nuevos actores que se han construido en los últimos años en la militancia por la vida, debe ser la tónica que garantice el reencauzamiento de la lucha por la justicia y la paz.

Los Estados no pueden continuar asumiendo la responsabilidad exclusiva de las decisiones. De hecho no la tienen. Tampoco pueden continuar siendo correas de transmisión y legitimación de los intereses de los poderosos. La globalización no significa el fin de las soberanías ni las responsabilidades particulares de los Estados. Ellas se están modificando, complementando y fortaleciendo con el protagonismo emergente de los actores sociales e institucionales globales y locales.

Los pueblos indígenas exigimos el reconocimiento de nuestras culturas diversas y de nuestro derecho a la libre determinación, en los mismos términos que los pactos internacionales de derechos humanos lo reconocen a todos los pueblos del mundo. Exigimos que nuestra contribución relevante a la preservación de las vidas del planeta así como el de nuestras formas de desarrollo sostenible sean reconocidas y valoradas en esta Cumbre. Ello implica reconocernos el derecho a disfrutar de nuestros territorios inalienables, los recursos que hemos conservado y utilizado ancestralmente así como los derechos colectivos que tenemos sobre los conocimientos de sus propiedades, como establece el Artículo 8-j del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

No aceptaremos ninguna restricción a los estándares internacionales vigentes, en particular, a la obligatoriedad del principio del “consentimiento previo y fundamentado” para cualquier acción que afecte nuestros recursos e intereses, así como al principio de “precaución” y al de la “responsabilidad común pero diferenciada” a nivel planetario.

No aceptamos la privatización de la naturaleza, la tierra y la vida. No aceptamos que los recursos y conocimientos que por siglos hemos desarrollado sobre su aprovechamiento benigno sean patentados a nombre de los Estados o, peor aún, de particulares. Exigimos que se nos otorgue la seguridad jurídica sobre nuestro patrimonio intelectual colectivo. Demandamos el acceso a los beneficios que pudieran derivarse de su utilización, así como el reconocimiento de la integralidad de los mismos y la ética atemporal que caracteriza nuestra relación con ellos. No aceptamos que la explotación comercial impune de nuestros “recursos genéticos” nos continúe despojando y empobreciendo.

Los valores sobre los que los pueblos indígenas hemos construido nuestros complejos sistemas se fundan en la cooperación y la reciprocidad de la vida comunitaria; en la autoridad de los ancianos y nuestra relación con los ancestros; en la comunicación y la responsabilidad intergeneracionales; en el derecho colectivo a la tierra, el territorio y los recursos; en la austeridad y la autosuficiencia de nuestras formas de producción y consumo; en la escala local y la prioridad de los recursos naturales locales en nuestro desarrollo; en la naturaleza ética, espiritual y sagrada del vínculo de nuestros pueblos con toda la obra de la creación.

Esta Cumbre debe abolir los subsidios a la producción de alimentos en los países desarrollados que ahogan nuestras economías, nos dejan sin trabajo y nos hacen dependientes; debe garantizar la defensa de nuestros sistemas productivos tradicionales de la contaminación de elementos genéticamente modificados, así como de los abusos que los amenazan en los acuerdos comerciales globales.

Estas palabras no pueden ser interpretadas como un reclamo quejumbroso. La nuestra es una invitación a vivir con la mirada puesta en el futuro común de nuestra humanidad. Buscamos defender los derechos de nuestros hijos y los suyos para que mañana continúe habiendo un mundo para todos. Los compromisos por el desarrollo hoy definirán la vida del mañana, la sordera de hoy será el camino de la autodestrucción a la que no queremos resignarnos. En esta empresa por la dignidad y el compromiso con la vida y el futuro, nadie sale sobrando. Demandamos de ustedes –gobiernos, organismos internacionales, empresas, movimientos sociales y organizaciones civiles- menos retórica, menos eufemismos, menos papeles y más acción, más resultados tangibles, más corresponsabilidad, más multilateralismo para tomar decisiones y hacerlas respetar, y más respeto por los que no tienen dinero para hacer oír su voz.

Muchas gracias.

Johannesburgo, 3 de septiembre de 2002

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Publicado: 30 Noviembre 1999

El debate sobre las fumigaciones a cultivos ilícitos se encuentra en su momento más álgido, en momentos en que la Corte Constitucional estudia una acción de tutela, interpuesta por la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), cuyo fallo podría desbarajustar la política antidrogas. Actualidad Étnica conversó con un dirigente de la OPIAC, quien aclara que para los 56 pueblos indígenas que habitan la región, la coca, bien utilizada, representa vida, esperanza y paz.

Sentado en una silla de mimbre el dirigente, cuyo nombre solicita omitir, explica con parsimonia lo que la coca representa para unas culturas que milenariamente han convivido con ella. De paso ratifica que la organización está en contra del flagelo del narcotráfico y de los actores armados al margen de la ley que se aprovechan de las comunidades indígenas y campesinas para la explotación industrial, corroborando el deseo de los pueblos por contribuir en la construcción de un país que le apueste a la paz, mediante alternativas diferentes a la guerra.

Un primer elemento que llama la atención, es la manera como la coca es satanizada socialmente, cerrando todas las posibilidades para dar una discusión abierta y ajustada a los referentes culturales de los pueblos indígenas. En ese sentido, ¿qué significa la coca para los pueblos amazónicos?

La coca es una planta muy antigua. La mitología dice que ella puede traer paz para quien la pueda manejar y orientar. Para nosotros la coca es la coca de la vida, de la esperanza, es la coca dulce. La coca somos nosotros, lo humano. Es la materialización del conocimiento, de la palabra.

¿Pero esa representación no es la misma para el hombre occidental?

Porque también existe otra representación de la coca, la cual los pueblos denominamos coca de candela, coca de producción, coca de envidia, coca de corrupción, coca de muerte. Eso fue rechazado hace mucho tiempo por los pueblos. La coca es una planta que sabiéndola utilizar, conociendo sus orígenes, trae bienestar, pero aquel que abusa de ella, como lo hacen los occidentales, violan la ley de origen, y la coca se convierte en destrucción, guerra y sangre. Esa coca ya no es vida. El problema es humano, y nosotros lo estamos diciendo. El blanco se enamoró de esa mujer que no conocía, y por eso el problema, la guerra y la contaminación de la madre tierra.

Ustedes han expresado su deseo de poder asumir la gobernabilidad del Amazonas ¿por qué?

La gobernabilidad del amazonas la tenemos nosotros, la amazonía somos nosotros los indios, porque actualmente no hay gobernabilidad en la amazonía, solamente en las cabeceras municipales de Mitú, Puerto Inírida, Leticia. Ahí se concentra la politiquería y la Fuerza Pública, pero en el resto de la amazonía estamos nosotros, y deseamos que nos entreguen la gobernabilidad a nosotros; nosotros manejamos la educación, la salud, nuestros procesos a través de los Planes de Vida y los Planes de Desarrollo. Ahí tenemos un trabajo largo, y estamos soñando con una futura entidad territorial, porque nosotros tenemos más de 24 millones de hectáreas representadas en resguardos. Actualmente allí no hay cultivos de coca, porque la coca que se maneja la tenemos para mambear. El gobierno sostiene que hay 7 mil hectáreas cultivadas con coca y de ellas 5 mil estaban en territorio indígena; ese dato está mal porque deben haber más en toda la amazonía, porque nosotros en una sola noche, en nuestras festividades, podemos consumir hasta una hectárea de coca en el mambeo. Esto también lo tenemos que reglamentar, pero está claro que nosotros no estamos de acuerdo con la coca industrial y su comercialización porque eso destruiría nuestra cultura y nuestras leyes ancestrales. Para esto, requerimos el apoyo del Estado.

Un tema delicado es el tema de las fumigaciones ¿Cuáles son los efectos de una política que es bandera?

Las fumigaciones han afectado la seguridad alimentaria. Hay problemas en el ambiente. Nuestros ancianos saben que la coca no se puede acabar con más candela, se tiene que acabar endulzándola, refrescándola, enfriándola, por eso hay que cambiar de estrategias, mediante un compromiso serio y real entre nosotros y el Estado. Las fumigaciones en el pie de monte hacen que la gente se desplace hacia nuestros territorios. Nosotros vemos la amazonía en dos aspectos grandes: el pie de monte amazónico – Caquetá, Guaviare y Putumayo - y la parte baja – Amazonas, Vaupés y Guainía -. Si fumigan una hectárea, se abrirán paso otras tres dentro de la selva, tumbándola. En segundo lugar, la gran falencia de la política es que no ha logrado determinar el impacto real en términos ambientales. Nosotros rechazamos el narcotráfico y afirmamos que somos dueños antiguos de la coca en el amazonas; los pueblos todavía conservamos nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra lengua, nuestro territorio y los ancianos decían: “para poder encontrar el problema de algo hay que encontrar las raíces, sino se está en las ramas”.

¿Habría que cambiar la política antidrogas?

Yo considero que la política, que viene imponiendo Estados Unidos, no es la más acertada, porque desde su implementación no ha habido una reducción considerable, porque las mafias del narcotráfico tienen unas estructuras bien definidas y pueden movilizarse de un país a otro. La cadena no se puede atacar por el lado menos trascendente. No se puede relacionar al indígena con narcotraficante. ¿Por qué no atacan a los distribuidores? Sobre ellos se sustenta la mafia.

¿Cuál sería, entonces, la solución?

Para nosotros la solución no es la fumigación aérea. Nosotros miramos que debe haber otro tipo de política que le apueste a una erradicación manual, acompañada de un componente social, es decir, generando alternativas económicas, que no estén mediadas por la politiquería. Mire lo que ocurrió con el componente social del Plan Colombia, que sirvió para conformar cientos de ONG’s que no son otra cosa que intermediarios, mientras a las comunidades llegan las migajas de los recursos. Así no funciona. Hay que mirar procesos serios y de fondo. Ahora, en el caso de las fumigaciones lo primero que debe existir es un estudio serio del impacto que va a tener ese veneno en un ecosistema tan frágil como es el Amazonas. Consideramos que hay que cambiar de estrategia, y nosotros estamos dispuestos a colaborar. Nosotros pedimos, independientemente de la tutela, se conforme una mesa de concertación y coordinación de la Orinoquía Amazónica, donde los pueblos indígenas puedan plantear lo que piensan y sienten. La OPIAC, como ente de control de los 56 pueblos de la amazonía colombiana, reafirmamos que no estamos de acuerdo ni con el narcotráfico, ni con los actores al margen de la ley y queremos que nos respeten nuestra cultura. Nosotros hemos vivido milenariamente con la coca y el mambeo. Desde nuestro punto de vista, pensamos que podemos contribuir al proceso de paz en el país.

Erradicación aérea de cultivos ilícitos en el ojo del huracán

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Publicado: 30 Noviembre 1999

El jueves 11 de julio a las 1:10 p.m. comenzó en Toribio Cauca la toma guerrillera del sexto frente de las FARC. Una toma como tantas que a diario se registran en el país, que afectó el puesto de policía, las casas de un ex alcalde y de personas de la población y el Banco Agrario. Para mí fue una experiencia vivida con pánico y en superlativo porque mi hijo de 7 años jugaba fútbol en el CECIDIC a 15 minutos de la plaza central del pueblo con otros tantos niños paeces en el momento en que todo se desencadenó.

Catorce policías en la estación resistieron 20 horas de combate con armas no convencionales, el fuego de los fusiles, la ráfaga desde los helicópteros y el avión fantasma de las fuerzas armadas de nuestro país.

En algún momento entre el jueves y el viernes, cuando una buena porción de la población estaba congregada empezaron las ráfagas, la gente corría de un lado a otro y ante el ofrecimiento del padre Ezio Roattino de protegerse en la iglesia, todos decían "olvídelo padre, acuérdese de Bojayá". Una casita quedó atrapada entre el fuego que venía de la montaña y el puesto de policía, la gente atrincherada se protegía de las balas; sin embargo, un niño de diez años, Wilson, se dejó tentar por la curiosidad y fue alcanzado por los impactos salidos de cualquiera de los actores en la toma.

Nadie en la casa podía superar el miedo para llevar al pequeño a un lugar seguro, sólo un posible apoyo de la guerrilla se atrevió a tomar la iniciativa y ayudó a que fuera llevado a un centro asistencial. En otra parte, uno de la comunidad discutía con los guerrilleros y desató su furia, un impacto fue lanzado hacia los pies y las esquirlas alcanzaron en el brazo a una mujer que le acompañaba.

Se vivieron muchas horas de confusión hasta que los policías se rindieron. Fueron entregados a la comunidad porque ningún organismo humanitario había podido acudir a la zona. Todos temían por sus vidas, así que no querían recibir este cuerpo de catorce policías exhaustos física y moralmente por el embate; era incierta su salida del casco urbano por los ataques guerrilleros y los retenes a lo largo del camino. Mi hijo entretanto dormía cansado de lo mucho que jugó durante el día con Santi, José, Andrés y Luís, niños de la comunidad.

Mientras los medios de comunicación hablaban del mayor operativo de las fuerzas armadas en mucho tiempo, por los caminos polvorientos de las afueras de Toribio, caminaba una pareja de guerrilleros, con paso lento, tomados de la mano como si salieran de una función de vespertina. Las montañas aledañas estaban rodeadas por la guerrilla y en la plaza central después de la toma, la gente movía con curiosidad los cilindros sin estallar que quedaban en los escombros.

Cuando todo parecía haber terminado ya el sábado, empezó a llegar el ejército en helicópteros y volvieron las ráfagas y el miedo infinito. El ejército y la guerrilla empezaron el combate y la única alternativa era tratar de salir lo antes posible del pueblo.

Desde Bogotá seguí los acontecimientos con la mayor angustia de toda mi vida. Devoré los noticieros radiales, las escasas noticias en la televisión, insistí a amigos y familiares en Cali que indagaran por la suerte de la población, del padre de mi hijo y de mi pequeño David. Finalmente recibí noticias de ellos; David reportaba 13 partidos de fútbol jugados y una cajita con casquetes vacíos de los fusiles que servían para llevar de recuerdo; Javier reportaba, toda una vida de angustia en dos días con la gente, temiendo por su vida, la de su hijo y la de sus alumnos en un trabajo de extensión universitaria. Ganó la comunidad, el proyecto Nasa, Premio Nacional de Paz en 1999 que conservó, de algún modo, la integridad de su proyecto y el derecho a seguir reafirmando su ser de comunidades indígenas libres del Norte del Cauca.

Para mí, todo análisis académico de la violencia perdió sentido, sólo encontré calma la tarde del sábado cuando nos encontramos y en la mesa de un restaurante comprobamos el milagro de estar vivos y libres y pudimos reafirmar intacta la esperanza y el espíritu fortalecido, para el Cauca es un proceso que no termina y para los paeces es su lucha diaria por mantener la dignidad y la libertad

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Publicado: 30 Noviembre 1999

Aunque la OXY desistió de seguir con las exploraciones en la zona de Gibraltar Uno, ECOPETROL decidió continuar el trabajo realizado por la trasnacional. El pueblo indígena Uwa manifiesta que la explotación ahora entrará en una segunda fase, cuyos daños ambientales y culturales sobre la etnia son inmensos. Actualidad Étnica entrevistó a Roberto Pérez Gutiérrez, Presidente del Cabildo Mayor de la Asociación Uwa, (ASOUWA), quien puntualizó sobre esta nueva avanzada

Luego de múltiples evaluaciones, en el primer semestre del año la Occidental Petroleum Corporation (OXY) decidió no seguir con su proyecto de exploración de petróleo en el pozo Gibraltar Uno, departamento de Arauca, territorio ancestral UWA. No obstante, la Empresa Colombiana de Petróleo (ECOPETROL) determinó continuar con los trabajos adelantados por la OXY en esa zona.

El año pasado la Occidental presentó un informe sobre el hallazgo de aceite y condensado, lo que dio indicios de la presencia de petróleo en el pozo; sin embargo, la empresa estadounidense decidió retirarse del negocio hace cuatro o cinco meses, como lo confirmaron a Actualidad Étnica funcionarios de ECOPETROL.

Ante esto, la empresa estatal continuará con la exploración en la misma zona y en la misma perforación, Gibraltar Uno, para lo cual ha venido adelantado estudios geoquímicos y geofísicos, y se anunció que los trabajos de perforación se iniciaran a principios del 2003, todo con el aval que da la licencia ambiental para esta exploración, obtenida en la administración de Andrés Pastrana.

Luego de estos hechos, la Asociación de Autoridades Tradicionales Uwa de los departamentos de Casanare, Arauca, Boyacá, Santander y Norte de Santander, en comunicado a la opinión pública, denunció que el pasado 14 de octubre, fueron sorprendidos con la llegada de maquinaria pesada para continuar con el proyecto de exploración petrolera y dicen “Solo había transcurrido un día de la mal llamada día de la raza cuando la OXY quien ahora inteligentemente opera el proyecto Gibraltar con el nombre de ECOPETROL ingresa custodiada con toda la fortaleza militar que le aporto el Presidente de los Estados Unidos a Colombia, y en especial al departamento de Arauca quien afronta todas las medidas del Estado de Conmoción Interior y de la Zona de Rehabilitación con el fin de garantizar la seguridad de las operaciones petroleras”.

Los Uwa consideran que ECOPETROL es solo una la fachada de operación, y aseguran que quien realmente esta aportando los técnicos y la maquinaria es la OXY y demás asociadas, “pues el proyecto Gibraltar es solo el 0.5% del área del CONTRATO DE ASOCIACI"N SIRIRI suscrito el 16 de mayo de 2000 entre: ECOPETROL, OCCIDENTAL DE COLOMBIA INC, OCCIDENTAL ANDINA INC Y COMPAÑÍA DE PETROLEOS CORDILLERA S.A. esta última Panameña, y protocolizada mediante escritura pública No. 0963 del 27 de abril de 2000 en la Notaría 45 del Círculo de Santa Fe de Bogotá”.

Actualidad Étnica entrevistó a Roberto Pérez Gutiérrez, Presidente Cabildo Mayor de la Asociación Uwa, (ASOUWA), quien puntualizó sobre este problema coyuntural que ha taladrado por más de diez años al Estado, a los U´WA, a la OXY y al Medio Ambiente.

Actualidad Étnica: Lo último que supimos es que aparentemente la OXY no encontró petróleo, que nos puede contar al respecto?

Roberto Pérez: Como el objetivo de la compañía Occidental es lograr descubrir el petróleo, lo que es Gibraltar 1, pero no fue posible encontrar ahí, a 12 mil pies. El argumento de la Occidental es que ahí donde se determinó que había petróleo, se instalaron 3 brocas de perforación, tuvieron dificultades y decidieron no seguir explotando más. A última hora ellos analizaron las pérdidas económicas y renunciaron al proyecto. ECOPETROL manifestó que ellos continuarán la perforación en el Bloque Ciriry. Nosotros no sabemos si continuarán donde empezó la OXY o en otra parte, pero ECOPETROL está haciendo una serie de trabajos sociales con las comunidades campesinas, haciendo reuniones, para nosotros eso es engañar a los campesinos y convencerlos para que no se opongan a ese proyecto que ellos piensan explorar en esos territorios ancestrales de los Uwas.

¿Hay o no hay petróleo en esos territorios donde se estaban desarrollando las exploraciones?

El petróleo es la sangre de nuestra madre tierra y tiene que haberlo en esa zona.

¿Ustedes han escondido el petróleo?

No, nosotros no hemos escondido el petróleo.

Lo digo por que hay una leyenda donde los Wejaya, en la montaña hacían los ejercicios lúdicos, los cantos, rezaban y rezaban para que el blanco no encontrara el petróleo. ¿Es cierto eso?

Sí, nosotros hemos jugado todos los papeles, al momento de la oposición utilizamos todas las herramientas, las vías de hecho, la parte legal, y también la parte espiritual. Aquí las autoridades manejan toda la conexión con la naturaleza, es posible que las Autoridades hayan hecho eso, pero yo no puedo asegurar eso pues es trabajo de las Autoridades Tradicionales.

Cuando ustedes dicen que la Occidental renunció a la exploración, a ellos ya se les estaban venciendo los términos, la conclusión que ustedes tienen es que la OXY se fue pero quedo ECOPETROL, en el fondo lo que hay es un espacio de tiempo más o menos grande en el que no se hicieron exploraciones, entonces, ¿no será que hubo una especie de acuerdo entre la OXY y ECOPETROL para bajar un poco lo ánimos de un conflicto que era muy latente con el pueblo Uwa?

Sí, eso lo hemos analizado muy profundamente. OXY renunció porque hay una presión de nosotros, una confrontación directa, y la presión internacional frente a la explotación en nuestro territorio. Nosotros analizamos, es que hasta dónde es cierto que OXY había renunciado de la totalidad de los proyectos. Nosotros no creemos lo que dijeron los medios de comunicación, de pronto fue para decirle al pueblo colombiano que ahora va ha explorar la Empresa Colombiana de Petróleo, pero yo creo que ello tienen internamente sus acciones sus intereses económicos. Porque pienso que ECOPETROL, económicamente, así por su cuenta como Empresa, no tiene esa capacidad de recursos económicos para hacer una exploración por cuenta de ellos.

¿Qué papel pudieron haber jugado los diferentes actores armados, sobre todo la insurgencia y de alguna panera los paramilitares, auque ellos no tienen mucha fuerza en esa zona, para haber provocado, por ejemplo, esa aparente estrategia que involucra a la OXY con el gobierno colombiano?

Lo que ha dicho OXY durante su tiempo de exploración tuvo mucha confrontación, uno con el pueblo U´wa, porque no se pudo llegar a acuerdos por nuestra oposición y posición de resistencia, dos por la pérdida de maquinaria y el atentado contra la maquinaria, hechos que los llevó a renunciar al proyecto. Nosotros hemos recorrido la zona de exploración y ellos ya desmontaron el campamento, tumbaron las casas, ya se retiró la Fuerza Pública y esa zona está sola, lo poco que quedaba se lo llevó la guerrilla y, también dinamitaron la boca del túnel donde exploraban. Nosotros no hemos podido tener charlas con ECOPETROL, solo una vez citaron a una reunión en el municipio de Cubará, nosotros sacamos una propuesta y la entregamos a ellos, donde reafirmamos nuestra posición de negativa, aunque sea ECOPETROL, el efecto será el mismo, la contaminación es igual, el problema de la violencia es igual, el desplazamiento es igual y el control territorial será igual. No hay a otra cosa que se puede llegar.

Suponiendo que ahí hay petróleo y que comience un nuevo proceso, donde usted dice que el Gobierno está haciendo un trabajo muy sólido ¿ha donde llegará ese proceso? ¿los Uwa mantendrán su punto de vista, o ustedes creen que abría alguna posibilidad de negociación?

No. No hay forma de negociar. Es una contradicción muy antagónica que ni con el uno ni con el otro nos hemos podido entender cuando llevamos a cabo el diálogo en el Congreso de la República. No nos hemos podido entender, el Gobierno habla de desarrollo y nosotros hablamos del respeto a la vida, respeto al territorio, la cultura y la identidad, donde lo más grave que va a pasar es la contaminación del río Arauca que llega hasta el Orinoco. Las consecuencias de la exploración, como la ambiental, no solo afecta a las comunidades indígenas U´wa, sino para toda la región del Cararé, así como está pasando en Arauca, así va ha pasar aquí.

¿No les preocupa a ustedes que ese trabajo que está haciendo el Gobierno con los campesinos de frutos, y los campesinos abandonen esa alianza que tradicionalmente han mantenido con los indígenas?

Pues sí, si ya están convencidos. Yo estuve reunido con la Asociación de la Junta de Cubarana y también de Zamoré, conformadas por 33 Juntas de Acción Comunal, dialogamos con ellos, nosotros respetamos todo el pensamiento campesino, y tampoco nos vamos a oponer a los proyectos que presentará los campesinos, pero hicimos una recomendación de parte del Cabildo Mayor, que hay que tener mucho cuidado con eso, que nosotros advertimos que después de que haya la explotación del petróleo las consecuencias nos las vamos a llevar todos, indígenas y campesinos, la violencia también afectará a todos, vamos ha quedar en medio de la confrontación. En Arauca sucede que no hay desarrollo, hay un programa de desarrollo, que construcción de escuela, mejoramiento de vivienda, con eso se dejan convencer y se dejan comprar la conciencia. Resulta que estos programas se pueden hacer sin necesitar del petróleo, porque el petróleo que se saca de ahí, en comparación de una construcción una escuela, que valdrá máximo 10 millones, no se compara con la cantidad de recursos y dinero que se van a llevar, esos recursos que son de la comunidad no llegarán a las manos de los campesinos e indígenas. Si esto sucede serán los campesinos los responsables de su cometido, yo les dije así a los campesinos, y nosotros les pedimos que nos pasaran toda la información, cuándo, en qué momento, en qué lugar se iniciará la exploración, ese fue el diálogo que sostuve con los sectores campesinos y con el pueblo también. Si nosotros hablamos de la conservación de los recursos naturales, entonces tenemos que analizarlo bien si el petróleo es la futura generación de nuestros hijos o el petróleo es la destrucción de nuestro medio ambiente. Nuestra posición es igual y nunca contradecir hemos al movimiento campesino.

¿Cuál es la respuesta que ustedes han recibido de los campesinos frente a esa posición tan contundente de los indígenas?

En el momento ellos se quedaron pensando, dijeron –esto si está muy difícil-, la verdad yo les dije –si ustedes quieren tener mas diálogo con nosotros en cualquier reunión de ustedes que van a realizar, nos pueden invitar, y más que todo nosotros podemos dar una orientación mejor sobre qué es lo que pensamos nosotros-, ellos se quedaron pensando que la situación es muy difícil a raíz de un documento que expedimos con nuestra posición y que está en todo el mundo, en todos los países que nos han apoyado, donde muchos países están haciendo campañas internacionales, nosotros nos estamos preparando para ver que vamos hacer cuando lleguen las exploraciones, nuestra posición no está bien consolidada con la de los campesinos, pero no habrá contradicciones.

¿Cómo interpretan ustedes el que el Gobierno, a través de ECOPETROL, se haya acercado a sensibilizar a la comunidad y población campesina y los haya desconocido a ustedes durante todo este periodo, qué análisis hacen ustedes frente a eso?

ECOPETROL, por medio de la Junta de Acción Comunal, nos envió como un mensaje a nosotros, que quería hablar con nosotros, pero nosotros ya habíamos entregado ese documento con nuestra posición, y eso no les gustó, ellos querían hablar de un proyecto sobre la mendicidad de la comunidad, pero nosotros no vamos ha aceptar el proyecto porque ese proyecto es para engañar a nosotros, es para comprar la conciencia, y el objetivo de nosotros no es ese, que nos construyan escuelas, casas y demás, nuestro objetivo es hacer respetar lo que es nuestro, nuestro territorio, nosotros no estamos diciendo que no exploren otros territorios, pero sí que no exploren el nuestro, que nos respeten la vida, porque nosotros sin territorio no podemos tener vida, esa es la base fundamental, la vida, porque ahí está toda la identidad, el pensamiento milenario de nuestros ancestros indígenas, y al explorar se atenta contra la cultura, la identidad y el medio ambiente. Estamos pensando en pedir nuevamente una audiencia para hablar nuevamente con el Gobierno Nacional, que nos abran el espacio, pero nos han dicho que ya no quieren hablar con los Uwas porque no hubo un acuerdo, nosotros queremos hablar de nuestros territorios y hablar del petróleo, porque cuando se expidió una resolución, el en 99, en cabeza del vicepresidente Gustavo Bel, el Gobierno se comprometió, primero con la resolución, luego con la planeación de nuestro territorio y una recomendación internacional de la Universidad de Harbar, y esas recomendaciones y esos compromisos con el pueblo U´wa no se han cumplido, solamente quedó en la promesa. El Ministro del Medio Ambiente, Juan Mayer ahí se equivocó, nos engaño pero se equivocó, se afanó para otorgar la licencia ambiental, pensó que con darnos la resolución de ampliación de nuestro territorio nos iba a callar.

¿Esa ampliación del resguardo de 211 mil a 220 hectáreas, ya se saneó totalmente?

No, no se ha hecho nada y eso es lo que nosotros queremos hablar con el Gobierno, sobre el territorio, la ampliación solo se quedó en promesas.

¿Han tenido algún contacto con el nuevo Gobierno?

No. Pensamos pedirle una audiencia haber qué, pensamos conseguir algunos amigos congresistas algunos mediadores y hablar con el Ministerio de Minas y Energía.

¿Con el Ministerio del Medio Ambiente, últimamente qué gestiones han hecho, sobre todo a partir del levantamiento de las exploraciones?

Nosotros no hemos hecho nada, sabíamos que ese bloque va ha seguir, pero nosotros pensamos pedirle a ECOPETROL, al Ministerio de Minas y Energía la indemnización de los daños causados con esa exploración y la contaminación generada. Cuando uno llega al lugar de la exploración hay olor a gas, eso es contaminación. Nosotros estamos analizando que acciones tomar al respecto y preparándonos para lo que sea.

¿Cómo se está expresando el conflicto armado actual con relación a las comunidades U´wa?

Lo que es el municipio de Cubará, en la región del Carare, todo está militarizado, se ha aumentado el pie de fuerza, hay unidades móviles que patrullan la zona, se ha cambiado de estrategia de la fuerza Pública, ya no andan de día. Por ahora no ha habido enfrentamientos por parte de los grupos armados por el lado del municipio de Cumará y Zamoré, lo más cerca de la confrontación es el departamento de Arauca.

¿Siguen algunos actores armados interviniendo en la vida de las comunidades?

Empecemos por la fuerza pública, con los comandantes, y hasta hoy han respetado nuestros territorios, porque ellos saben si tocan a un indígena ahí mismo les va denuncia pública nacional e internacional. En cuanto a los actores armados, nosotros hemos hablado con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que respetara el territorio y que respetara nuestro resguardo, ellos han mantenido su posición de no meterce con nosotros, con las FARC yo alcance ha hablar con el comandante del Frente 45, le comente lo que nosotros pensamos de ellos, él me dijo que ellos en ningún momento han ordenado invadir nuestros territorios ni nuestras organizaciones, que es nuestro derechos defender lo que es nuestro, y me dijo que si algo pasaba por nuestros territorios que les mantengamos informados para hacer los correctivos necesarios. Lo que si ratificamos es que como pueblo indígenas vamos a mantener nuestra posición neutral, ni con uno ni con el otro, auque puedan haber indígenas en esas filas, pero ese indígena ya no tiene que ver nada con el resguardo ni con la comunidad, lo que pase con ellos es decisión propia. Nosotros hemos hablado de reclutamiento obligatorio, que a los indígenas no se los puede presionar porque somos un pueblo con identidad y con cultura. Auque a nosotros nos han respetado y no nos han reclutado, y por nuestra posición contra la OXY y la exploración petrolera, ellos no se han metido con ellos.

Artículo de análisis de Héctor Mondragón

Pueblo Uwa

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Publicado: 30 Noviembre 1999

La delicada situación de derechos humanos de las 84 etnias indígenas del país motivó a que los senadores indígena Jesús Enrique Piñacué y Gerardo Jumí Tapias, conjuntamente con el senador Carlos Gaviria Díaz, convocaran a un debate en el Congreso de la República para hacer visible los múltiples y sistemáticos atropellos que los distintos actores armados cometen contra las comunidades, como reclamar del Estado una política coherente sobre la materia. A la iniciativa adhirió el senador Francisco Rojas Birry.

Actualidad Étnica entrevistó al Senador páez por la Alianza Social Indígena, Jesús Enrique Piñacué Achicué, sobre la situación de derechos humanos de los pueblos y algunas iniciativas legislativas que afectan a las comunidades. El senad0or señaló que el debate pretende demostrar que el Estado, a través de cada uno de los gobiernos de turno, no ha hecho esfuerzo alguno y de manera sustantiva por cumplir la ley, los acuerdos y tratados en materia de política indigenista.

¿Usted cree que el incumplimiento en materia de política indigenista por parte del Estado se deba a la falta de voluntad para con los pueblos indígenas?

Quienes están en el ámbito del poder de turno, y quienes están en el ámbito del poder vía permanencia (mediante la carrera administrativa), son sujetos supremamente conservadores, son ciudadanos completamente distanciado, en su gran mayoría, de las pautas humanistas que la Constitución del 91 ofreció. Creo que es bueno advertir que los afanes, las interpretaciones que los tecnócratas ofrecen para superar cada uno de los ambientes conflictivos que atraviesan nuestras comunidades, justamente sacrifica a quienes están en condiciones de fragilidad. Las comunidades están en condiciones de fragilidad precisamente porque no pueden ser escuchados, atendidos y comprendidos. Finalmente, es bueno advertir que las posibilidades de una fuerza ciudadana, las posibilidades del poder ciudadano, no están en su nivel de maduración tal que sean capaces de pedir cuentas, de valorar resultados, por el contrario, se mueven en las conveniencias de la coyuntura de momento, de las promesas de corto instante. No hay una concepción de país de largo plazo, con ambición de futuro y esto hace que posibilidades políticas, posibilidades acordadas en términos legislativos no se apliquen. Lo anterior hace que la Constitución de 1991 sea hoy una materia de poco respeto, al punto que todo el mundo que llega a la Presidencia de la República considera que hace un buen desempeño reformando la Constitución, con la anuencia, con el consentimiento irresponsable del Congreso, de los representantes del pueblo.

¿Cuál es la situación que usted percibe en materia humanitaria y de derechos humanos, que están viviendo en la actualidad los pueblos indígenas de Colombia?

Primero, es importante advertir que el Estado, según el actual gobierno, ha convenido, ha acordado, se ha convencido, además, en que la mejor manera de superar el ambiente de conflicto, de hostilidades, de violencia que estamos viviendo, es a través del uso de la fuerza, legítima dicen ellos, del Estado para doblegar, para imponer, en todo caso las condiciones que, se considera la mayoría de los colombianos desea. En ese habiente, desde luego, la política de Orden Público es un instrumento que no corresponde, en primer lugar, a los problemas viejos que este país tiene, y en segundo lugar, no consulta, no valora el estado de riesgo en que están comunidades a parte de las indígenas, pero especialmente las indígenas en mayor riesgo. Tal riesgo se hace evidente cuando el Estado imponen tales definiciones, y con el tiempo los actores armados responden con la misma intensidad, pero, en los dos casos, la víctima sigue siendo el actor de la vida civil. De manera que yo creo que la guerra la están perdiendo los ciudadanos que consideran, en el instrumento democrático, la posibilidad de transformar, de regular lo malo que pueda existir en el Estado, ellos están perdiendo la guerra.

Con respecto a la actual política de seguridad de la administración Uribe, ¿cuál es la valoración que usted hace a esta política, desde la perspectiva de la seguridad nacional?

La valoración está tocada por ambientes de duda, de desazón, y en buena parte de impotencia, porque si hay una decisión irrestricta por utilizar el recurso de la fuerza, de la violencia para someter a los violentos, de todas maneras, insisto, los que están padeciendo los efectos de esa decisión, son las comunidades en condiciones de mayor debilidad, no solamente ahora sino hace mucho tiempo.

¿Qué efectos traería para los pueblos indígenas, la posibilidad de que los decretos de “Conmoción Interior” se constituyan en normas permanentes?

Es otra dimensión de esa política dura que el gobierno está implementado, y esa otra dimensión se refleja en la conveniencia de limitar aún más las libertades de los individuos, de los ciudadanos, y en esa medida un escenario de búsqueda de paz, un entusiasmo que busca la paz, la convivencia, no puede ser explicable en tanto, quienes padeciendo el lastre de la violencia, además tienen que renunciar a su condición de sujetos libres. La posibilidad de superar este ambiente de violencia limitando las libertades es una equivocación tremenda, porque si se hace rigorosa la persecución por medios forzados, de quienes buscan transformar el régimen y el Estado con fuerza y con violencia, al tiempo que utilizan el recurso de limitar las libertades y los derechos fundamentales, pues no lleva a concluir que no debemos cejar un instante en la afirmación que la guerra, el conflicto lo están padeciendo las poblaciones indefensas, por eso la valoración debe corresponder siempre con la actitud de defensa de las libertades, que a la larga se constituyen en patrimonio de la humanidad, en patrimonio de las civilizaciones, por tanto yo no creo que lo que esté implementando el gobierno de Uribe corresponda justamente la posibilidad de superar el lastre que estamos viviendo de guerra, violencia y de muerte.

¿Cómo han afectado las políticas de militarización, de lucha contra el narcotráfico y las fumigaciones sobre cultivos ilícitos a los pueblos indígenas, en el marco del Plan Colombia?

Lo que tiene que ver con cultivos ilícitos, hay un afán importante por parte de la OPIAC por conseguir un pronunciamiento de una de las partes del poder jurisdiccional, a favor y en consonancia con los principios autonómicos de los pueblos indígenas, y la Corte Constitucional rescata el principio de la consulta previa como una posibilidad importante. Este pronunciamiento, en ese único sentido es valioso, porque aquí la posibilidad de la consulta previa, si bien la Corte ha hecho grandes énfasis, un nuevo antecedente fortaleciendo, robusteciendo tal institución es muy importante, sin embargo no tiene posibilidades vinculantes, así que si nuestras convicciones estuvieran centradas en persistir en los cultivos ilícitos yo creo que aquí tendríamos una pelea perdida, por fortuna la cosa de los cultivos ilícitos es un asunto que, los propios pueblos indígenas y sus organizaciones cuestionan seriamente, es más, han propuesto formulas de erradicación con medios distintos a la erradicación forzada. Pero infortunadamente, la posibilidad de tener un gobierno autónomo, soberano, consultante, inquieto por los puntos de vista de los ciudadanos no existe, al contrario existe un gobierno, no solo este sino todos los gobiernos, que atiende los guiños, las pautas de quienes estando en el ámbito del poder global imponen, y esto hace nuestra lucha mucho más difícil porque nuestro interlocutor inmediato no ofrece garantías, y quien está en el ámbito de poder global no tiene interés alguno en la suerte de comunidades como las nuestras. Así que el Plan Colombia hoy está centrado exclusivamente, primero en una ficción, porque a la larga el galope del gobierno de Pastrana todavía da señales de impotencia, de incapacidad, de ineptitud, porque es gran negocio que hicieron con el gobierno de Estados Unidos no ha producido en la comunidad internacional efectos positivos, al contrario los efectos son negativos, y uno de estos aspectos negativos es la figura de la fumigación de los cultivos ilícitos como único medio para superar la tragedia por la que dice, el gobierno actual, estamos pasando. Las alternativas siempre se las ha planteado, y yo creo que la erradicación por medio manuales es una muy buena propuesta. Pero para esto hay que hacer inversión social de manera planificada, consensual, y solo entonces podremos superar la situación de necesidad que están viviendo muchos cultivadores, porque la mayoría de los colombianos dedicados a los cultivos ilícitos, son colombianos que no están asistidos por una vocación criminal, ellos están desesperadamente tratando de sobrevivir, y creo que la medida más inteligente es justamente cumplir los acuerdos planteados con la comunidad, como en el Cauca o el Putumayo, pero que no prosperan por la falta de apoyo estatal. Pero es más rentable para la politiquería oficial gastarse la plata fumigando, pagando pilotos, comprando aviones, y de vez en cuando haciendo amagues de reparo porque a la larga, cuando fumigan cultivos lícitos, cultivos de alimentación tradicional de las comunidades, dicen que van a superar esas situaciones pero no cumplen.

¿Qué futuro tendrán las comunidades indígenas ante las nuevas amenazas económicas, políticas y de colonización representadas en procesos como el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)?

No podemos pregonar a los cuatro vientos el desacuerdo con esas políticas de integración, de apertura y de intercambio comercial, porque es una dinámica poderosamente aplastante, deberíamos presentarnos con formulas alternativas ante tales ofertas para poder oponernos con alguna coherencia, con alguna responsabilidad histórica, y aquí es donde encontramos dos condiciones necesarias para que así sea. La primera es que el gobierno, que es el protagonista más cercano a nosotros de estos acuerdos internacionales, consulte con los ciudadanos tales decisiones, cosa que nunca hará porque eso no está en la cultura de los colombianos y menos de quienes tienen responsabilidades políticas, darle prioridad al deseo de los ciudadanos. La otra condición necesaria es que nosotros tengamos en nuestra condición de ciudadanos tal poder como para comprometer al gobierno nacional en las finalidades de avanzar en tales acuerdos que no pongan en riesgo los intereses nacionales. Yo creo que el ALCA es más un instrumento que facilita el monopolio de países más poderosos, eso no tiene ninguna discusión, la seguridad nacional ya es una asunto que ofrece los Estados Unidos con mucho desarrollo tecnológico, y estamos casi en la obligación de adquirir esas tecnologías, esos conocimientos, esas experiencias en el afán de, supuestamente, ganar esta guerra. Los servicios públicos son los únicos renglones rentables que estos países explotados al extremo todavía tienen, pero ese mercado hay que controlarlo y creo que el ALCA es una muy buena propuesta para controlar ese mercado, cosa que pone en debilidad enorme a los colombianos que tienen iniciativas de desarrollo, de inversión, de presencia económica, y sobre todo para comunidades como las nuestras es mucho más agresivo porque no tenemos mayores márgenes de maniobra. En todo caso, es bueno advertir que aquí, las reglas de juego de la cosa política están cambiando en tal dimensión que ya no vale la pena considerar que un Congresista, que un Gobernador de departamento pueda incidir con poder en el ámbito del poder central. Yo creo que la única posibilidad de reacción con resultados está en una sociedad civil estructurada en el deseo, en la ambición, en la aspiración, pero esas aspiraciones están muy deformes aún, entonces es más fácil que permee una propuesta como esta, la de los organismos internacionales.

¿Cuál es la situación de los pueblos indígenas en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo?

Confirmar la idea de que el Plan de Desarrollo es lo más inútil que hay para los pueblos indígenas en este momento, necesariamente tiene que pasar por la evaluación rápida de lo que el constituyente entregó como carta principal, como carta fundamental, La Constitución de 1991, este Estado a sido reconocido como Estado Social de Derechos, esto supone que el imperio de la ley es el que nosotros debemos reconocer, pero cuando la ley no resulta de una clara participación de sus representantes, hablando de los pueblos indígenas o por lo menos de sus autoridades, pues esa figura política, filosófica termina siendo un asunto poético, siendo una ilusión muy agradable, pero además es un Estado que se declara participativo, y ese principio de la participación cuando hay decisiones que afectan los destinos de un pueblo como el nuestro, refiriéndome al Plan de Desarrollo, pues sí que está distante de ser participativo, porque ni siquiera quienes en el Congreso estamos cumpliendo en representación de los pueblos indígenas sus aspiraciones, hemos sido acatados en las recomendaciones, en los planteamientos que conseguimos traer. También han dicho que este Estado es pluralista, y ocurre aquí que el pluralismo se diluye en ambiciones bastante diminutas, y todo el mundo termina votando el Plan de Desarrollo a cambio de las partidas regionales que son otra forma de auxilios parlamentarios. Lastimosamente, buena parte de nuestros propios amigos terminan haciendo tales negocios que uno termina quedándose solo en momentos decisivos de oposición. Votó negativamente Carlos Gaviria, Robledo, Jumy, Piñacue, esos son los únicos cuatro votos en la Plenaria del Senado, en oposición al Plan de Desarrollo que me conste a mí en cada uno de los debates que se dio en cada uno de los debates del Senado. Pero además, este Estado también ha dicho, como si fuese muy poco todo lo que ha concebido, que es un Estado multiétnico y pluricultural, esa figura de la pluriculturalidad es lo que más aproxima la ambición, los propósitos, los intereses de los pueblos indígenas con los intereses de la mayoría nacional, la pluriculturalidad es una puerta que permite nuestro ingreso hacia un nuevo concepto de Estado y que firmamos un acuerdo político en la Constitución de 1991, termina siendo otra oración de interés en la proclama pero de poca utilidad en la aplicación, y este Plan de Desarrollo termina imponiendo criterios de desarrollo, de bienestar, que el gobierno, acompañado de sus tecnócratas, muchos de ellos muy conservadores, muy cuadrados en su inteligencia, terminan silenciando nuestros enfoques, nuestras propuestas, terminan aplastando nuestras pretensiones, o sea que ese Plan de Desarrollo no sirve para nada, para nada y para nada, lo que hay ahí es una imposición del concepto de desarrollo que tienen, gente que ni nos conocen, ni tienen interés de conocer lo que deseamos, aspiramos y proponemos.

¿Usted considera que las comunidades indígenas deben o no firmar el Referendo propuesto por la administración Uribe?

Hay un punto que me gusta mucho en el Referendo y es el del umbral, si el umbral permite agruparnos hay que apostarle a eso. El constituyente de 1991 abrió las puertas para que sectores políticos diferentes que no habían podido llegar, diferentes al bipartidismo, pudieran llegar a los escenarios de participación y decisión. En estos diez años hemos conseguido llegar, pudo haber sido mejor nuestra ejecutoria en las posibilidades de llegar, pero bueno, lo que hay es lo que tenemos. Ahora nos toca a los independientes, arriesgarnos como si fuera la primera vez y con toda la convicción, en la tarea de construir partido, de construir una opción política real, más allá de las componendas que todos tenemos. Desde ese punto de vista este punto es muy bueno, lo demás es otra manera de resguardar la politiquería, es un Referendo que no enfrenta la corrupción, que combate la politiquería como lo había prometido, no conviene entonces que las comunidades indígenas pretendan difundir las bondades de un Referendo como este. Claro está, que tampoco somos un poder que decide electoralmente, pero sería suficiente conque nosotros tomáramos conciencia en que, en la medida que podamos actuar protagónicamente en la tarea de evitar que alcancen el quórum que requiere este referendo, va ser importante y es nuestra misión.

Tal cual como está la Reforma Política, ¿cómo quedan los indígenas como minorías?

Lo único que toca la Reforma Política en la cosa indigenista está en lo determinado en las circunscripciones especiales. Estas circunscripciones se mantienen tanto en Cámara como en Senado, en las mismas condiciones que los colombianos conocen y todos los indígenas conocemos, no hay variación alguna. Pero es bueno entender que la circunscripción especial termina siendo definitivamente un rincón del cual no podremos salir, y determinamos nuestra participación en la cosa política con mucha decisión pero nos quedamos en lo simbólico de la participación, en lo simbólico de la democracia, pero difícilmente podríamos actuar con poder de decisión, porque las circunscripciones especiales se van a quedar ahí, con sus dos curules, cualquier posibilidad de avanzar a una dimensión mayor de participación desde el que hacer indigenístas será bastante complicado a no ser que nos coaliguemos, nos confederemos con otras expresiones políticas y le demos forma a una propuesta política más allá de lo indígena, que es como lo atractivo, pero esto será más claro en la medida en que se desarrollen los comicios y se planteen estas posiciones. Pero hay que advertir que los indígenas se quedan con la circunscripción como la han tenido.

¿Qué opina usted del proyecto presentado por la Ministra de Defensa, que entre otras cosas señala la obligatoriedad de prestar el servicio militar para las comunidades indígenas? Por otro lado, ¿qué opina del reclutamiento forzado que están ejerciendo los grupos armados al margen de la ley sobre los indígenas?

Este es un tema bravo. Yo hoy no puedo guardar silencio ante la realidad, muy buena parte de los indígenas se están prestando para que el reclutamiento forzado quede impune toda vez que el temor hacen que guarden silencio ante tales fenómenos. Por fortuna, lo que tiene que ver con el Estado, tenemos una regla muy definida en el sentido de que nosotros no estamos obligados a prestar el servicio militar. Aunque las autoridades indígenas, especialmente las autoridades indígenas con la resolución de Bitongo por el año 1985, posicionaron nuestra visión política al respecto frente a los grupos armados. Pero esta es una realidad que no hemos podido superar, hay reclutamiento de lado y lado. Ya hemos tenido una primera reunión con la Ministra de Defensa sobre todo para indagar sobre el reclutamiento forzado de unos indígenas de la etnia Pasto, en el departamento de Nariño, y al decir de los propios indígenas de ese departamento, buena parte de los indígenas están reclutados de manera forzada, pero que la misma fuerza pública ha utilizado de manera bastante fraudulenta la firma de quienes está reclutados para afirmar que se han presentado de manera voluntaria. Lo importante ha resaltar es que el concepto de la voluntad, cuando se trata de la prestación del servicio militar o de algún asunto extraño a la pretensión del Movimiento Indígena, de las Autoridades indígenas, pues debe entenderse no el ámbito individual sino en el ámbito colectivo, la voluntariedad reside en la autoridad tradicional como representante de nuestra comunidad.

La otra dimensión herrada en la que se mueve el gobierno, está en que creen que quienes pertenecen a un determinado grupo étnico y terminan siendo bachilleres o universitarios con algún titulo profesional, o teniendo algún cargo público fuera del ámbito territorial indígena, fuera del escenario cultural indígena, ya no es indígena, esto desde luego es clasificar a los indígenas entre analfabetas o alfabetos, esa delimitación, esa estratificación no es buena, y tendremos que superar esta discusión.

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Publicado: 30 Noviembre 1999

Las incursiones de los diferentes grupos armados sobre la población a través de las tomas a los pueblos, las masacres, las muertes selectivas, la desaparición forzosa, los señalamientos y amenazas a líderes sociales, alcaldes, concejales, funcionarios, los desplazamientos, además de los efectos de la confrontación armada de estos grupos en los territorios, deja secuelas e inminentes transgresiones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario causando zozobra e incertidumbre en la población ajena al conflicto armado

El presente informe es una mirada realizada desde la sistematización de las notas de la prensa local, los comunicados de las organizaciones y de algunos datos aportados por la Red de Solidaridad Social; así mismo, del trabajo y experiencia particular en comunidades indígenas. Esta mirada, aunque opacada por la cruda realidad, conserva la esperanza de que las cosas cambien; que los campos nuevamente se tiñan de verde y no de sangre; “que las manos que empuñan armas, empuñen trabajo”; que el respeto a la vida prime por encima de todo; que exista un mejor mañana para nuestros hijos.

Una mirada al Cauca

De acuerdo con los datos del DANE, en el departamento del Cauca el total de población indígena es de aproximadamente 180.000 personas, que representan el 13,93% de la población total del departamento, establecidos en 26 de los 39 municipios del Cauca. Su ubicación ancestral se da a lo largo y ancho de la geografía caucana, distribuidos en siete pueblos indígenas (paeces, guambianos, yanaconas, coconucos, ingas, eperaras-siapidaras y en proceso de reconocimiento étnico los ambalueños) Esta característica hace que en el Cauca exista una fuerte riqueza étnica y cultural.

Territorios de los pueblos indígenas del Cauca

“Morir por la resistencia no es morir, porque uno muere por su derecho,

por sus derechos, por su tierra. Eso no es morir”

Leonardo Paví, comunero de Toribío, Cauca

Al intentar hoy acercarse a la realidad que viven las comunidades indígenas en materia de derechos humanos, es sensibilizarse en su lucha por la resistencia frente al conflicto armado como frente a las diferentes formas de discriminación a que han sido sometidos los pueblos indígenas.

La resistencia ancestral, amenazada por los diferentes actores en conflicto y agudizando desde el año 2000, queda plasmada en un comunicado emitido por los consejeros del CRIC y publicado por el periódico El Liberal en enero del presente año: “La problemática en las comunidades indígenas está llegando a una fase critica, como consecuencia de la pugna por el control de los territorios por parte de los grupos armados, que desencadenaron durante este año una arremetida sin antecedentes contra ellos en departamentos como el Cauca, Choco, Magdalena, Norte de Santander, Risaralda y regiones como La Sierra Nevada de Santa Marta, entre otros. En la mayoría de los casos a los hostigamientos, siguieron las masacres, torturas y por último desplazamiento forzado hacia cascos urbanos y poblaciones vecinas”

Y es que en el último período la crisis social en estos territorios es cada vez más grave. Por ejemplo, en las comunidades indígenas del norte del Cauca se ha incrementado el conflicto social, la presencia de inversionistas atraídos por las concesiones de la ley de páez, los grupos armados de izquierda y de derecha que luchan por el control y manejo de los territorios, conduciendo a que en los últimos tiempos se agudice la violencia indiscriminada que conlleva a masacres, desapariciones de lideres y desplazamientos masivos tanto de población campesina como indígena. El incremento de los cultivos de coca y marihuana también han contribuido a la generación de nuevos conflictos sociales.

Como parte de las acciones bélicas de los grupos armados, la población indígena ha estado en medio del conflicto, irrespetando con ello todas las normas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Enfrentamientos como los de hace dos semanas (a inicios de julio del año en curso) en el municipio de Toribio entre las FARC y las FFMM ó los enfrentamientos sostenidos entre las AUC y las FARC en los municipios de Corinto y Miranda a inicios del presente año han ocasionando graves perjuicios a las comunidades, atentando contra la autoridad y autonomía en sus territorios.

El asesinato sistemático de líderes indígenas como Cristóbal Secué Tombé (Junio del 2001), Samuel Fernández (Marzo de 2002), inciden coyunturalmente en la comunidad. Masacres como las del Naya y Corinto (Enero de 2002), las incursiones armadas en poblaciones como Corinto, Miranda, Caldono, Puracé, Coconuco, el secuestro de guardias cívicos del resguardo de Jambaló a comienzos de este año, las amenazas directas a líderes por parte de los diferentes grupos armados ponen en zozobra e incertidumbre la vida de las comunidades indígenas.

Por otra parte, los índices de desplazamiento son desoladores, La Masacre del Naya en el 2001 después de un año de ocurrido el hecho es de 122 familias, de las cuales 46 se encuentran “refugiadas en el Resguardo de Tóez, Municipio de Caloto, y 56 ubicados en la plaza de Toros de Santander de Quilichao en condiciones infrahumanas.

La confrontación bélica entre las FARC y las AUC en los municipios de Miranda y Corinto en enero del año en curso trajeron como consecuencia el desplazamiento de más o menos 2000 personas que abandonaron sus hogares y buscaron refugio en la cabecera municipal quienes después de una semana retornaron con miedo a sus tierras.

Cabe anotar que sobre el desplazamiento en comunidades indígenas no existen en las instituciones cifras concretas pues el problema del desplazamiento es analizado desde una óptica general sin distingo de grupo o etnia, lo que trae consecuencias negativas pues no se da una atención a esta población acorde a las realidades particulares e incide sobre la decisión de retorno o reubicación de las mismas.

A pesar del crudo panorama y la vulnerabilidad de las comunidades indígenas en cuanto a los derechos humanos concierne, la capacidad de estas de resistencia es ejemplar, ante la muerte de sus líderes o desaparición de los mismo se levantan rápidamente y actúan, ante la incursión en sus territorios proponen la resistencia indígena (civil) basados en la razón y la defensa de sus territorios. Resistencia que ha sido modelo en otras regiones del país.

Para finalizar este breve contexto, es importante mencionar que las comunidades indígenas del Departamento del Cauca se han caracterizado en el ámbito nacional por su capacidad organizativa, de unidad y de reivindicación de sus derechos que han conllevado a la realización de convenios y pactos con el gobierno en lo referente a sus necesidades, sin embargo, el cumplimiento y celeridad de estos por parte de las entidades gubernamentales no ha sido total. Es el caso del decreto 982, resultado de la declaratoria de emergencia social, cultural y económica de los pueblos indígenas del Cauca en el año 1999. Han transcurrido cuatro años y el avance de los acuerdos de los mismos no llega ni al 50%.

ENLACES
Territorios de los Pueblos Indígenas del Cauca

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Publicado: 30 Noviembre 1999

Lolofos, Gagos, Ararás, Mondongos, Bayes, Ashantis, Gorgonas, son los apelativos de algunas de las 29 tribus a las cuales pertenecieron miles de esclavos negros que fueron traídos al istmo de Panamá, en tiempos de la colonia española. Por supuesto, hace mucho tiempo ya de eso, pero muchas de las tradiciones de esos hombres y mujeres, que antes del infernal trasiego habitaban las tierras del occidente de África, aún sobreviven entre nosotros, con todo y la modernidad que nos asalta. Su permanencia como aporte a la cultura e identidad nacionales, si bien a estas alturas es clara entre nosotros, se pone de relieve con cierta vitalidad por esta época en que, al igual que en otras partes de América Latina y el Caribe, se celebra la popular fiesta del carnaval.

En Panamá, los descendientes de esos esclavos todavía hacen gala del sincretismo resultante de lo africano y la imposición hispánica, a través de danzas y cantos en las que “liberan del alma” el legado de las culturas que por siglos edificaron sus antepasados, mucho antes de que se diera la brutal irrupción de los europeos en sus tierras. Juegos Congos: es el singular nombre que reciben las jornadas festivas en los cuales, hoy día, se recrea el mundo burlesco que solían armarse los esclavos durante la época colonial, en los pocos momentos de ocio que sus dueños les permitían. Cada vez que asomaba una oportunidad, se imponía la mofa como un recurso de los oprimidos para “vengar” la indulgencia de los amos. Así se explican la bufonada, expresada a través de las incontables contorciones corporales de los danzantes, y el lenguaje enrevesado (jerigonza) empleado por estos, durante las fiestas de Congos. Todo ello era parte de un universo que ocultaba, y revelaba al mismo tiempo, el desprecio hacia el opresor y las ansias de libertad.

Aunque forman parte de la cotidianidad de los pobladores de las costas de la Provincia de Colón, durante la fiesta del carnaval, los juegos Congos pasan a integrar el orden del día en varios sitios de nuestra geografía. A través de ellos, los descendientes de esclavos abordan un amplio repertorio de temas, que van desde las puras coplas de amor, hasta la denuncia social y la sátira política, tal y como solían hacerlo sus antepasados, hace más de 500 años, cuando mujeres con collares al cuello y faldones multicolor, junto a hombres vestidos con innumerables arandelas y rostros pintados de negro hacían gala de sus destrezas con la voz, las caderas y las piernas. Desde entonces ya se advertía la policromía étnica y cultural que, mucho tiempo después, vendría a ser una de las particularidades del Estado-nación que hoy conocemos como Panamá.

Así que, ya sea en tiempos del carnaval o fuera de él, cuando usted escuche en algún paraje de nuestro país cantos y expresiones que entremezclan el español con remanentes de alguna lengua tribal africana, y se tope con un grupo de negros pintados de negro, bailando al ritmo de tambores y con un vacilón de padre y señor, no se asuste. Cuando ello ocurra, sepa usted que está en presencia de un gran teatro popular, cuyos “actores” están evocando aquellos tiempos en que sus abuelos cautivos, con peculiar ingenio, le sacaban la lengua a los señores amos, ante sus propias narices, sin que estos se percataran, nunca, de que el jolgorio era en su nombre y contra ellos. Tampoco se preocupe si a usted también le lanzan una mueca, pues, a los Congos ya se les ha tornado en costumbre gozar a costilla de los demás.

* Las opiniones expresadas son responsabilidad de su autor.

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Publicado: 30 Noviembre 1999

Rosa es una indígena Wayuú que salió de su comunidad hace muchos años y se fue a estudiar a la ciudad. Según la tradición de su etnia, ella debía volver con su gente luego de su primera menstruación, pues al hacerse mujer debía buscar marido entre los suyos. De esta manera se perpetuaba una tradición que le permite a su pueblo consolidar las alianzas entre clanes, mejorar la posición de su clan, el cual se beneficia de la dote en chivos que debe aportar el prometido, y recrear su cultura.

Llego el día en que Rosa tuvo su primera menstruación. Su madre, al enterarse, siguió la costumbre de contárselo a su hermano, el tío de Rosa, para que tomara las medidas del caso. Entonces, el tío llamó a la niña, le dijo que dejara sus estudios y regresara a la comunidad para cumplir con la tradición. Rosa cumplió el mandato y regreso, pero se sentía aburrida, no se identificaba con las costumbres de sus parientes, quería seguir estudiando y volver a la ciudad.

La familia no podía estar de acuerdo con la voluntad de Rosa. Su decisión rompía la armonía de las relaciones comunitarias y contrariaba sus principios de organización social. Por eso impuso a Rosa la decisión de que permaneciera y buscara marido, pero ella se negó y acudió ante la justicia colombiana para que tutelara su derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la educación, situación que planteó un conflicto entre la jurisdicción de la comunidades indígenas, amparadas por la constitución para ejercer funciones dentro de su territorio según sus usos y costumbres, y la jurisdicción ordinaria que ampara a todos los colombianos para el ejercicio de sus derechos individuales.

Casos como estos, donde entran en conflictos los derechos del sujeto colectivo (la comunidad) y los derechos del sujeto individual (Rosa), donde entran en contradicción las leyes y visiones de la mayoría nacional y las de las minorías étnicas a quienes se reconoce el gobierno propio y la autonomía en sus territorios, se plantean todos días en Colombia, no sólo por aspectos domésticos, sino también frente a situaciones de gran envergadura que tienen que ver con el desarrollo y la vida de los pueblos indígenas, tales como la implementación de políticas públicas o grandes proyectos, que colocan en contradicción el “interés general” (supuestamente el de la mayoría mestiza colombiana) y el “interés particular de las minorías étnicas”. Políticas y proyectos que en muchas ocasiones han tenido impactos nefastos en la realización de sus derechos humanos individuales y colectivos, protegidos por una extensa normatividad nacional e internacional, y que se han reflejado en batallas jurídicas como la adelantada por los U´was y los Embera Katíos, entre otros, con respecto de las exploraciones petroleras de la OXY y la construcción de la represa de Urrá, en el departamento de Córdoba.

Estas batallas, ganadas muchas veces en la arena jurídica, no han corrido la misma suerte en la vida real de las comunidades, pues la mayoría de las veces dichos conflictos han generado la violencia de los actores armados contra su población indefensa, desplazamiento, intimidación y control, sin que sirvan de nada las leyes de protección.

En el caso de Rosa, narrado por Ester Sánchez, antropóloga especialista en jurisdicción indígena, la Corte Constitucional Colombiana supo armonizar el derecho propio de las comunidades y el derecho positivo de la sociedad mayoritaria, al brindarle a la indígena la posibilidad de estudiar, pero exigiéndole el regreso a su comunidad para vivir según sus usos y costumbres. Sin embargo, en otros casos las buenas intenciones de nuestros juristas y sus muchas atinadas sentencias se estrellan contra la realidad de un conflicto armado interno, cuyos actores legales e ilegales no reconocen ningún tipo de derechos a estas comunidades, por lo general. desprotegidas por el Estado.

Los casos mencionados son de la zona Norte de Colombia, pero al occidente, al sur, al oriente y, muy especialmente, en la amazonía colombiana las violaciones de derechos humanos de los pueblos indígenas se suceden día a día y van desde los asesinatos individuales y colectivos, hasta las retenciones arbitrarias, el control de alimentos y medicinas, la contaminación de su medio ambiente, la intimidación, las desapariciones forzadas, las torturas, el irrespeto de su territorio y sus lugares sagrados, la afectación de sus ceremonias rituales, de su vida social, fiestas y tradiciones.

En otras zonas del país – occidente, centro, sur occidente – donde las comunidades se encuentran concentradas alrededor de centros urbanos o están cerca unas de otras, sus organizaciones y sus instituciones propias son fuertes y tienen mecanismos expeditos de comunicación y denuncia, suceden constantemente estos atropellos, pero las comunidades han podido desarrollar estrategias de resistencia, de control territorial y autonomía institucional que les permiten por lo menos mantener sus dinámicas de vida y desarrollo social como pueblos.

No ocurre igual en la Sierra Nevada de Santa Marta, ni en los llanos orientales o la amazonía colombiana, donde habitan pueblos más tradicionales o aislados, o comunidades separadas por extensas distancias y selvas; donde muchas veces no hay organizaciones fuertes que puedan interceder por sus derechos, ni medios de comunicación que faciliten su relación inmediata con el mundo exterior. Allí, los actores armados de las guerrillas de las FARC, los grupos paramilitares de las AUC, y hasta el mismo ejército, violan permanente sus derechos y extienden sobre las comunidades un manto siniestro de silencio, es decir, les niegan hasta la posibilidad de informar o contar la tragedia que viven.

Violencia y conflicto en sus territorios, un gran silencio que oculta la barbarie que somete, es el común denominador que encuentran los líderes indígenas de la amazonía colombiana, reunidos por la Agencia Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU) y la Defensoría del Pueblo, en el Curso Taller de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas “Encuentros de saberes y Experiencias”, desarrollado entre el 2 y el 6 de junio en municipio de Suesca (Cundinamarca), donde los indígenas analizaron sus realidades de derechos a la luz de la normatividad interna e internacional, de la jurisdicción indígena, de las acciones de promoción y protección del Estado y sus mecanismos de protección, con el fin discutir sus perspectivas frente al territorio, la vida y la autonomía indígena, sus estrategias de divulgación, multiplicación e intercambios de conocimientos, en el marco del conflicto armado interno y la crisis de derechos.

Pueda ser que sus deliberaciones les permitan allanar un camino que los unifique y fortalezca. Que les permita encontrarse con ese Estado ausente a la hora de protegerlos pero incisivo en la aplicación de políticas muchas veces funestas para sus pueblos, como las fumigaciones de cultivos ilícitos con glifosato en sus territorios. Que se encuentren en sus demandas con una justicia consecuente con su responsabilidad de proteger sus vidas y derechos, para que, como en el caso de Rosa, puedan tener un final feliz.