Opinión
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Pese al ejemplar valor con el que las comunidades indÃgenas han organizado sus movilizaciones de resistencia pacÃfica, la suerte de estos pueblos no deja de ser estremecedora: menos de dos meses después de la marcha y el congreso multitudinarios que protagonizaron, en los últimos dÃas asesinatos y secuestros se han descargado sobre varias etnias cuyo único pecado es vivir en medio de la guerra.
El sábado fue asesinado el mamo arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta Mariano Suárez Chaparro, en la vereda El Chinchorro, junto al rÃo Aracataca, en el Magdalena. El venerable mamo, de 70 años, era una de las autoridades más respetadas de la Sierra. Su único "delito": una vocación de trabajo por la unidad de varias comunidades indÃgenas.
Desde ese mismo dÃa, violentos combates cerca del casco urbano de ToribÃo, entre el frente 6o. de las Farc y tropas de la Tercera Brigada del Ejército, mantienen atemorizados y sin posibilidad de salir de la zona a varios miles de indÃgenas paeces. Estos han denunciado que la guerrilla se escuda en la población civil, mientras bombardeos de la Fuerza Aérea han afectado casas y bienes.
El lunes, cuatro hombres armados asesinaron al gobernador del resguardo de Frontino (Cauca), Plinio Piamba Jiménez, y a su hijo Mario Piamba Noguera. Siguen secuestrados, desde hace más de dos semanas, Efrén Pascual, gobernador del resguardo awa, Kuambà Yaslambi, de Barbacoas (Nariño), y los hermanos emberá-katÃos Marciano e Higinio Domicó, del resguardo La Esmeralda, en el Alto Sinú. La guardia indÃgena awa está intentando rescatar a su lÃder.
Tres asesinatos, tres secuestros y combates que tienen, según indican los mismos afectados, un solo protagonista: las Farc. Esta guerrilla ha dado ya reiteradas muestras de su olÃmpico desprecio por la vida. Pero hace rato no se ensañaba de tal modo con indefensos indÃgenas. Tal parece que sus procesos organizativos, su tozuda y pacÃfica resistencia sacan de casillas a los intolerantes hombres que no conocen ley distinta a la del fusil.
El mamo Mariano, al parecer, habÃa sido amenazado por el frente 19 por promover la unión con los koguis. Hay denuncias de que las Farc señalan a los arhuacos de colaborar con el Ejército y han prohibido a los koguis relacionarse con ellos. Naciones Unidas condenó el asesinato como un crimen contra "persona protegida" y exigió al secretariado de las Farc pronunciarse. Con seguridad, la respuesta será un sórdido silencio.
El gobernador Efrén y su pueblo sobreviven en una de las zonas más duras de la guerra, donde el bloque Libertadores del Sur de los paramilitares y el frente 29 de las Farc se disputan la economÃa cocalera de Nariño. Y los hermanos Domicó pertenecen a una etnia que en los últimos ocho años ha puesto más de 300 muertos y protagonizó el mes pasado una masiva marcha a Frontino (Antioquia), contra el confinamiento a que la tienen sometida paramilitares y guerrilleros en la región de Urrao y el Medio Atrato.
Todo indica que las Farc están detrás de estas recientes atrocidades, que no pueden seguir ocurriendo impunemente. Razón no les faltó, por otra parte, a los protagonistas de la multitudinaria marcha de más de 60.000 indÃgenas a Cali, a mediados de septiembre, que se declararon en oposición a la polÃtica de seguridad democrática: para ellos esta no parece haberse traducido en mayor seguridad. Como lo dijo recientemente el senador Gerardo JumÃ, es insólito que se siga asesinando a su pueblo en medio del más absoluto silencio.
Con lo enérgico que ha demostrado ser este Gobierno en ciertos temas, es realmente sorprendente que deje pasar semejante emergencia, que dura ya demasiado, sin tomar drásticas medidas. ¿Cuántos indÃgenas más tendrán que ser asesinados, secuestrados o desplazados para que la seguridad democrática se preocupe activamente por su protección?
Este es el clamor que ante los hechos terribles de estos últimos dÃas dirigen unas comunidades perseguidas sin misericordia por la guerra, de la cual -lo han dicho de todas las formas- no quieren hacer parte.
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La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llama la atención sobre el sangriento comienzo del nuevo año, ya que en los primeros 20 dÃas de enero le fueron reportadas, por lo menos, 8 muertes violentas de indÃgenas.
La Oficina rechaza el asesinato del dirigente Wiwa, Ãngel MelcÃades Loperena Montero, y de su hermano, DarÃo Rafael Loperena Montero, perpetrado el 18 de enero en el casco urbano del municipio de San Juan del Cesar, La Guajira. Según las autoridades, los responsables de este crimen -que constituye una grave infracción del derecho internacional humanitario- fueron miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, bajo el mando de alias "Jorge 40".
La Oficina insta a los dirigentes de las AUC a manifestarse en forma pública sobre estos dos asesinatos, a imponer a sus miembros el cumplimiento integral de las normas humanitarias que exigen el respeto absoluto por la población civil, y a observar plenamente el cese de hostilidades declarado.
La Oficina exhorta al Estado colombiano a que tome medidas eficaces para proteger los derechos fundamentales de los indÃgenas, y confÃa en que las autoridades competentes desarrollarán las investigaciones dirigidas a esclarecer los asesinatos cometidos contra miembros de los grupos étnicos, y a llevar a la justicia a los responsables de aquellos.
La Oficina expresa su solidaridad con las familias de las vÃctimas y con todas las comunidades indÃgenas del paÃs.
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En desarrollo de una estrategia de gobierno que busca la extensión de la protección social y concertación de una PolÃtica de Protección Social en Salud para grupos étnicos, se publicó recientemente el Documento de Trabajo No.1: Insumos para la conceptualización y discusión de una polÃtica de protección social en salud para los grupos étnicos de Colombia.
Dicho documento, elaborado por la Fundación Hemera por encargo del Ministerio de la Protección Social y la Organización Panamericana de la Salud, constituye un aporte valioso para la discusión de los conceptos que buscan la caracterización de la situación en salud de los grupos étnicos y el diagnóstico de la atención que reciben. Recoge los aportes y esfuerzos de las organizaciones sociales, del Estado y los organismos internacionales, de las organizaciones no gubernamentales y demás actores sociales interesados en garantizar el derecho a la salud de las poblaciones étnicas, en el marco de su identidad cultural e intereses colectivos.
“Es un documento que sirve de base para iniciar un proceso de reflexión con los grupos étnicos sobre sus necesidades en salud, con miras a definir cuáles son esos elementos que debe contener una polÃtica de protección social en salud. Nos permite identificar los principales elementos de discusión que debemos considerar para cumplir con nuestra función de generar polÃticas públicas en materia de protección social en salud; tener una información actualizada no sólo en materia de prestación de servicios, sino también de atención en salud para grupos étnicos, que orienten nuestras decisiones institucionales en función de las satisfacción de las necesidades de los grupos étnicosâ€, dijo Gina Carrioni, Coordinadora Grupo Equidad y Género del Ministerio de la Protección Social.
Según Luis Carlos Osorio, Director de la Fundación Hemera y Coordinador del Grupo de investigación, “con base en la revisión y análisis de la situación normativa del derecho a la salud de los grupos étnicos y los instrumentos internacionales, se hace una valoración de la forma en que dichos instrumentos han sido recogidos por la normatividad interna y la forma como ésta interactúa con el derecho propio. Luego, se plantean aspectos relacionados con la PolÃtica de la Protección Social en Salud y la etnicidad en salud, evidenciando las desventajas de los grupos étnicos frente a la población nacional, sus luchas por el reconocimiento de derechos, sus aportes en medicina tradicional, sus problemas en salud y posibles alternativas de soluciónâ€.
El documento, al tiempo que ofrece un análisis de la situación en salud de los grupos étnicos colombianos y aporta elementos para su diagnóstico, “aborda los elementos constitutivos de una PolÃtica Pública de Protección Social en salud para dichos grupos, que se espera contribuyan a facilitar la discusión y el diálogo entre los distintos actores involucrados en el procesoâ€, anotó a Actualidad Étnica el sociólogo indigenista Pedro Cortés.
“La importancia de este trabajo radica en que se logra avanzar en la incorporación de los grupos étnicos al sistema de protección social en salud. A expensas del Ministerio de la Protección Social y de la OPS, la Fundación Hemera logra hacer un trabajo importante de indagación sobre las implicaciones del sistema de protección social para los grupos étnicos, que hasta ahora nadie habÃa hecho en Colombia, expresó Margarita BolÃvar, abogada e investigadora que tuvo a su cargo el desarrollo del componente de protección social.
La necesidad de formular una polÃtica intercultural en salud desde el nuevo paradigma de la protección social se fundamenta en los principios de la Constitución PolÃtica, los derechos reconocidos en el Convenio 169/89, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y los principios adoptados en el Primer Taller Hemisférico sobre salud de los pueblos indÃgenas. Igualmente, en la inconformidad de los grupos étnicos con la Ley 100/93 y demás disposiciones, por la imposibilidad de materializar el principio de la diversidad étnica, desde el Sistema General de Seguridad Social.
Teóricamente, los planteamientos de la Protección Social responden a los requerimientos de los grupos étnicos porque: permiten involucrar a los pueblos indÃgenas en el sistema; promueven el respeto y fortalecimiento de la diversidad étnica; integran y complementan las estrategias de manejo de riesgos en salud y los actores involucrados; impulsan el diálogo social y la concertación de la polÃtica pública de protección social; reconocen que los contenidos y alcance de la salud y el bienestar dependen de los factores y construcciones sociales propios de cada grupo étnico; abren las puertas al diseño de modelos interculturales de salud y al encuentro de las medicinas tradicional e institucional.
“Por tal razón, una PolÃtica de Protección Social en Salud para grupos étnicos debe orientarse al fortalecimiento de la medicina tradicional de los grupos étnicos, como un mecanismo adecuado para el manejo de ciertos riesgos en salud, y a la generación de espacios para la articulación y complementariedad entre las medicinas tradicional e institucionalâ€, señala Jairo Hernán Ternera, Especialista en salud indÃgena, de la Fundación.
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Uno de los resultados de la polÃtica de Seguridad Democrática es la creciente militarización de las fronteras nacionales por parte de la Fuerza Pública y de los grupos ilegales, debido a las siguientes razones: el avance del Plan Patriota mediante el cual el presidente ha prometido que perseguirá a la insurgencia hasta sus escondites más profundos en la selva; el repliegue de la insurgencia, particularmente de las FARC, selva adentro, lo mismo que el desplazamiento de los cultivos ilÃcitos hacia esas mismas zonas tratando protegerse contra la aspersión aérea y por su Ãntima relación con los grupos armados; el interés de los paÃses vecinos de blindar militarmente sus fronteras para evitar que el conflicto armado colombiano y el narcotráfico se desborden sobre sus territorios. De hecho las fronteras llevan muchos años bajo la influencia de redes de tráfico ilegal de contrabando, armas y estupefacientes, por lo cual han sido de interés y disputa entre diferentes actores armados: guerrillas, paramilitares, bandas de narcotraficantes, delincuencia común, etc. Por parte del Estado, la presencia de los cuerpos de seguridad (Ejército, Marina, PolicÃa, DAS, etc.) ha sido más o menos permanente, en cumplimiento de su deber de proteger el territorio y la soberanÃa nacional.
La mencionada militarización tiende a cerrar las fronteras por parte del Estado colombiano y los gobiernos vecinos, frente a los actores ilegales. Desafortunadamente, en el marco internacional de acción contra el terrorismo y el narcotráfico, cualquier colombiano, incluyendo a las victimas del conflicto armado, es objeto de sospecha y, por tanto, de desconfianza, prevención y persecución. Muchas personas han sido vÃctimas inocentes de la modalidad oficial de “pescas milagrosas†o detenciones masivas que se llevan a cabo en Colombia como parte de la estrategia contra insurgente. En cuanto a los paÃses vecinos, crece la xenofobia y la persecución contra los colombianos.
La peor parte la llevan los desplazados, quienes no siempre son mirados como vÃctimas del conflicto armado sino como personas que, de alguna manera, podrÃan estar involucrados. A pesar de los esfuerzos de algunas entidades por la eufemÃstica “protección integral a los desplazadosâ€, es claro que el Estado no ha tenido, ni siquiera en la capital del paÃs, la capacidad de satisfacer las necesidades de los desplazados. Por ello, la Corte Constitucional conminó al gobierno del doctor Uribe a destinar recursos y presentar un plan de atención ante una situación de crisis humanitaria catalogada de inconstitucional. Qué decir de los desplazados en las cabeceras municipales de las zonas de frontera, donde las entidades del Estado son aún más débiles? Ni siquiera hay conciencia, en este momento, de la situación que están padeciendo muchas comunidades que no tienen ni la posibilidad de desplazarse ya que se lo impide cualquiera de los actores armados[1].
Quizás, la mayor desprotección la sufren las personas que cruzan las fronteras en procura de la seguridad y garantÃas que no han podido tener en nuestro paÃs. Muchos de ellos llegan como indocumentados, silenciosos, escondidos, cargados del miedo y las angustias que lo llevaron a abandonar sus tierras. Las esperanzas de obtener el estatus de refugiados son cada vez menores pues, como lo demuestran los datos, crece la brecha entre las solicitudes de refugio y los casos aprobados. En cuanto a los pueblos indÃgenas binacionales, resulta que les dicen que como también son nacionales del otro paÃs, no pueden ser certificados como refugiados. De manera que, la mayorÃa queda sin a quién apelar por sus derechos.
Tal situación requiere necesariamente de una polÃtica gubernamental orientada hacia la concreción de acuerdos o convenios binacionales y con organismos internacionales de derechos humanos. Qué está haciendo el gobierno colombiano al respecto? En qué ha quedado el desarrollo normativo de la doble nacionalidad para los pueblos indÃgenas?
“Desfronterizaciónâ€:
El panorama del cierre de las fronteras por la militarización contrasta con el de la apertura de las fronteras para los procesos de integración fronteriza y conformación de bloques de paÃses que tienden a imponerse en el marco del libre comercio. Se abre un nuevo panorama donde las fronteras pasarán de la marginalidad en que tradicionalmente han estado, a convertirse en escenarios de inversión y de negocios. Hemos visto el interés de los gobiernos de estos paÃses para la construcción de megaproyectos de infraestructura de interconexión vial, eléctrica, petrolera y de gas. El periódico El Tiempo titula hoy 25 de noviembre “TLC Exige Megaobras Inmediatas†para evitar trancotes en el comercio exterior. El Banco Mundial recomienda doblar la inversión en infraestructura durante los próximos años.
Y aquà es donde le duele al Estado saber que los recursos para dichas inversiones se los está tragando la guerra. El director del Departamento Nacional de Planeación, Santiago Montenegro afirma que “en las actuales dificultades fiscales, el gobierno no puede emprender todos los proyectos que se requierenâ€. Las consecuencias son predecibles: más impuestos para la población y ferias de contratos para los inversionistas privados pues la salida son las concesiones, lo cual implica costos más altos y que todos los colombianos tengamos que costear la construcción de condiciones para que la empresa privada tenga algún nivel de competitividad en el mercado internacional.
Qué papel van a jugar las comunidades en estos procesos de integración económica? Lógicamente, seguirán excluidos de los escenarios de decisión económica, pero no de sus efectos, como la disputa de territorios y recursos naturales, las corrientes migratorias, la violencia que casi siempre han conllevado los megaproyectos, y la manipulación de todos los agentes legales e ilegales que tratarán de utilizarlos ya que en las selvas o el desierto, las poblaciones nativas constituyen un apoyo clave para quienes lleguen a esos territorios. Y como tales territorios, en esas zonas de frontera, son los más alejados de los centros donde se concentra la institucionalidad estatal, será muy débil la protección efectiva que les pueda brindar el Estado.
Qué hacer, entonces?. Jugar a la integración en dos frentes: a) el de los pueblos indÃgenas binacionales, para lo cual se sugiere la realización de encuentros regionales por cada una de las fronteras, tendientes a la realización de un congreso internacional de pueblos de fronteras; b) la conformación de redes binacionales de derechos humanos: iglesias, magisterio, ONGs y organismos internacionales como ACNUR, Cruz Roja Internacional, Organización Internacional para las Migraciones, etc. En otras palabras, avanzar en la integración desde abajo, para tener la capacidad de expresarse como sujetos sociales, haciendo respetar su autonomÃa frente a los actores armados e ilegales y su derecho a participar y ser tenidos en cuenta en los asuntos fronterizos de sus respectivos paÃses.
[1] Afortunadamente comienza a estudiarse esta situación, como lo evidencia la presentación, hoy dÃa, de una investigación sobre Comunidades Confinadas en Colombia, por parte de la ConsejerÃa en Proyectos, PCS.
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De lo bueno no dan tanto, dice un viejo adagio popular. Y esto es válido plantear frente al tratado de libre comercio de Colombia, Ecuador y Perú, con Estados Unidos. Es obvio que el paÃs del norte quiere mediante este tratado aumentar ventajas para el comercio de sus productos en detrimento de nuestros paÃses. Por esta razón, para los colombianos que aún tenemos dignidad nacional resulta, por lo menos incomprensible, escuchar del gobierno que la firma, por parte de Colombia, de este tratado va a traer grandes ventajas para nuestra economÃa.
De igual forma, nadie se cree la mentira de que estamos negociando un tratado, porque todas las condiciones son impuestas por Estados Unidos. Desde el primer momento en Cartagena, llama la atención que el idioma que se imponga en la instalación de las “negociaciones†sea el inglés y no haya habido traducción para los asistentes, estando en un paÃs cuyo idioma oficial, mayoritariamente es el español. ¿Qué decir, entonces, del acceso a la información para los pueblos indÃgenas de Colombia, cuyo idioma madre no es el español?
Ahora, Estados Unidos se da el lujo de suspender las negociaciones de algunos temas como la propiedad intelectual, de vetar a un negociador colombiano. Y en la VI ronda de negociaciones decidió unilateralmente reducir el número de dÃas a dos, para abordar la discusión del que es sin duda uno de los temas mayormente importantes para nuestro paÃs como es la agricultura, argumentando que los negociadores colombianos no están suficientemente preparados para discutir el tema, porque nuestro paÃs está tomando medidas de protección en el campo agrÃcola, al decir de la propia Regina Vargo, jefe del equipo de negociación de los Estados Unidos.
En el campo de la propiedad intelectual, igualmente el equipo negociador de Estados Unidos ha sido bastante exigente, y es claro que la pretensión en esta materia es ampliar las ventajas que le brinda la regulación en materia de propiedad intelectual en el marco de la Organización Mundial del Comercio, la cual es ya muy lesiva para paÃses como el nuestro, más aún para los pueblos indÃgenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas. Los puntos que plantea Estados Unidos en esta materia son: el patentamiento de segundos usos, la extensión del término de la patente, la protección de datos como derecho exclusivo y la renuncia al derecho de oposición.
Junto con la agricultura y la propiedad intelectual, otro punto álgido es la cultura, porque de aprobarse tal como está la propuesta, se verÃan perjudicadas desde las expresiones de culturas más espirituales y autóctonas como son las de los pueblos indÃgenas y afrodescendientes, como las que se reflejan en la radio, la televisión y el cine. Aún asÃ, la cultura, al igual que la propiedad intelectual y la agricultura no tienen la menor posibilidad de ser excluidos de las negociaciones del TLC, según lo sostiene el gobierno colombiano.
De tal suerte que el “tratado de libre comercio†en realidad no es un acuerdo entre las naciones soberanas, sino un vulgar contrato de adhesión en el que la parte subordinada no tiene la menor posibilidad de discutir las cláusulas. Por esto nos preguntamos ¿para qué firmar un tratado en esas condiciones?
La creencia, para mi criterio errada, de que el tratado de libre comercio es inevitable y además necesario para nuestro paÃs no ayuda a consolidar una posición sólida para construir un paÃs soberano e independiente con un gobierno que vela por los intereses de sus nacionales.
Invito y reto a todos los sectores indÃgenas, negros, campesinos, comerciantes, industriales, medios de comunicación a unirse a quienes pensamos que otra integración es posible. Empecemos por la reconciliación interna en nuestro paÃs, sigamos con el fortalecimiento de la Comunidad Andina de Naciones, luego tal vez podamos pensar, de ser necesario, en una negociación en condiciones menos desventajosas como las tenemos ahora.
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Unos tres grupos de indÃgenas de la etnia Ngöbe Buglé que aún se encuentran en la barriada 20 de Diciembre en la ciudad de David, solicitan a las autoridades un transporte para trasladarse al área de Zapotal, una comunidad en San Lorenzo.
Gerardo Santos Quiroz, vocero de los desalojados, afirmó que ya no les interesa Villa del Indio, lo que necesitan ahora es ser reubicados en otra comunidad, pues en estos momentos viven a la intemperie.
Admitió que algunas familias tienen tierras en la comarca Ngöbe Buglé, pero otros perdieron sus terrenos y solo requieren trasladarse al lugar.
Por su parte, Digna RÃos, vecina del lugar, explicó que uno de los desalojados se hospedó en su casa, pero luego enfermó y tuvo que llevarlo al hospital regional donde dÃas después falleció. Se presume que el señor de 50 años, padecÃa de tuberculosis, y ahora lleva ocho dÃas de estar en la morgue sin ser reclamado por sus familiares.
Otros de los desalojados se han dedicado a pedir limosnas en la ciudad para comer. Según comenta Mélida RodrÃguez MartÃnez, quien vivÃa en Camarón Arriba, lo perdió todo y no tiene un hogar desde los 12 años.
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Un par de dÃas antes de que al norte de América se eligiera al presidente del planeta, al sur de América hubo elecciones y hubo plebiscito en un paÃs ignorado, un paÃs casi secreto, llamado Uruguay. En esas elecciones ganó la izquierda, por primera vez en la historia nacional; y en ese plebiscito, por primera vez en la historia mundial, el voto popular se opuso a la privatización del agua y confirmó que el agua es un derecho de todos.
El movimiento que encabeza Tabaré Vázquez acabó con el monopolio compartido de los dos partidos tradicionales, que venÃan gobernando el Uruguay desde el origen del universo. –Yo creÃa que habÃamos ganado los blancos, pero ganamos los colorados – se escuchaba decir, asà o a la inversa, en cada elección.
Por oportunismo, sÃ, pero también porque después de tanto cogobernar, blancos y colorados se habÃan convertido en un partido único disfrazado de dos. Harta de que le tomaran el pelo, la gente hizo uso del poco usado sentido común. Se preguntó la gente: ¿Por qué prometen cambios y otra vez nos invitan a elegir entre lo mismo y lo mismo? ¿Por qué no hicieron esos cambios si llevan una eternidad en el gobierno? El vicepresidente del paÃs llegó a la conclusión de que este pueblo preguntón no es inteligente.
Nunca se habÃa hecho tan evidente el abismo que separaba al paÃs real de los discursos cazavotos. En el paÃs real, paÃs malherido, donde sólo se multiplican los emigrantes y los mendigos, la mayorÃa optó por taparse los oÃdos ante el discurserÃo de estos marcianos compitiendo por el gobierno de Júpiter con altisonantes palabras venidas de la Luna.
Ninguno de los dueños del poder tuvo la honestidad de confesar: -Estamos jodidos todos ustedes. Hace treinta y pico de años, brotó el Frente Amplio en estas llanuras del sur. "Hermano, no te vayas", exhortaba el nuevo movimientoâ€: "Ha nacido una esperanza".
Pero la crisis fue más veloz que esa esperanza, y aceleró la hemorragia de población que ha vaciado de jóvenes al paÃs. Al fin del sueño de la Suiza de América, empezaba la pesadilla de la pobreza y la violencia. La espiral de la violencia culminó en la dictadura militar, que convirtió a Uruguay en una vasta cámara de torturas.
Después, cuando volvió la democracia, los polÃticos dominantes exterminaron lo poco que quedaba del sistema productivo y convirtieron a Uruguay en un gran banco. El banco quebró, como suele ocurrir con los bancos cuando los asaltan los banqueros, y nos quedamos llenos de deudas y vacÃos de gente. Ahora hasta los dentistas se quejan: "Poquita gente, poquitos dientes".
En todos esos años, de desastre en desastre, hemos perdido una multitud. Los jóvenes son los que más se han ido, a buscar trabajo en otros suelos, bajo otros cielos. Y para más inri, no contento con expulsar a los muchachos, este sistema esclerótico les prohÃbe votar. Uruguay es uno de los pocos paÃses donde no pueden votar los que viven en el extranjero, ni en los consulados ni por correo.
Parece inexplicable, pero tiene explicación. ¿A quién votarÃan esos votos? Los dueños del paÃs sospechan lo peor. Tienen razón.
En el acto final de su campaña, el candidato a la vicepresidencia por el Partido Colorado anunció que si la izquierda ganaba las elecciones, todos los uruguayos serÃan obligados a vestir igual, como los chinos en la China de Mao.
El fue uno más entre los muchos involuntarios agentes de publicidad de la izquierda triunfante. Ni el más sacrificado de los militantes ha hecho tanto por la victoria como los tribunos de la patria que alertaron a la población contra el inminente peligro de que la democracia cayera en manos de tiranos enemigos de la libertad y delincuentes enemigos de la democracia, terroristas, secuestradores y asesinos. Fueron denuncias de gran eficacia: cuanto más atacaban a los diablos, más votos sumaba el infierno.
En gran medida gracias a esos heraldos del apocalipsis, y a su verba tronante, la izquierda ha logrado ganar, en primera vuelta, por mayorÃa absoluta. La gente votó contra el miedo.
También el plebiscito del agua fue una victoria contra el miedo. La opinión pública uruguaya sufrió un bombardeo de extorsiones, amenazas y mentiras. Votando contra la privatización del agua, Ãbamos a sufrir la soledad y el castigo y nos Ãbamos a condenar a un porvenir de pozos negros y charcos malolientes.
Como en las elecciones, en el plebiscito ha vencido el sentido común. La gente ha votado confirmando que el agua, recurso natural escaso y perecedero, debe ser un derecho de todos y no un privilegio de quienes pueden pagarlo. Y la gente ha confirmado, también, que no se chupa el dedo y sabe que más temprano que tarde, en un mundo sediento, las reservas de agua serán tanto o más codiciadas que las reservas de petróleo. Los paÃses pobres, pero ricos en agua, tenemos que aprender a defendernos. Más de cinco siglos han pasado desde Colón. ¿Hasta cuándo seguiremos cambiando oro por espejitos? ¿No valdrÃa la pena que otros paÃses sometieran el tema del agua al voto popular? En una democracia, cuando es verdadera, ¿quién debe decidir? ¿El Banco Mundial o los ciudadanos de cada paÃs? ¿Los derechos democráticos existen de veras, o son las frutillas que decoran una torta envenenada?
Unos años antes, en 1992, también el Uruguay habÃa sido el único paÃs del mundo que habÃa sometido a plebiscito la privatización de las empresas públicas. El 72 por ciento votó en contra. ¿No serÃa democrático plebiscitar las privatizaciones en todas partes, habida cuenta de que comprometen el destino de varias generaciones?
Los latinoamericanos hemos sido educados, desde hace siglos, para la impotencia. Una pedagogÃa que viene desde los tiempos coloniales, enseñada por militares violentos, doctores pusilánimes y frailes fatalistas, nos ha metido en el alma la certeza de que la realidad es intocable y no tenemos más remedio que tragar en silencio los sapos nuestros de cada dÃa. El Uruguay de otros tiempos habÃa sido una excepción. Contra la herencia del no hay caso y del no se puede, y contra la costumbre de confundir el realismo con la obediencia y la traición, este paÃs supo tener educación laica y gratuita antes que Inglaterra, voto femenino antes que Francia, jornada de trabajo de ocho horas antes que Estados Unidos y divorcio antes que España (70 años antes que España, para ser exactos).
Ahora estamos empezando a recuperar aquella energÃa creadora, que parecÃa perdida en la larga noche de la nostalgia. Y nada mal nos vendrÃa tener muy en cuenta que aquel Uruguay de los tiempos fecundos fue hijo de la audacia, no del miedo.
Fácil no será. La implacable realidad no demorará en recordarnos la inevitable distancia que separa lo que se quiere de lo que se puede. La izquierda llega al gobierno en un paÃs roto, que en tiempos muy pasados estuvo a la vanguardia del progreso universal y hoy hace cola entre los de más atrás, un paÃs fundido, endeudado hasta los pelos y sometido a la dictadura financiera internacional, que no vota pero veta. Tenemos un reducido margen de maniobra y movimiento.
Pero lo que en soledad resulta difÃcil, y hasta imposible, puede ser imaginado, y hasta realizado, si nos juntamos con los paÃses vecinos como hemos sido capaces de juntarnos con los vecinos del barrio.
En la primera manifestación de la historia del Frente Amplio, que lanzó un rÃo de gente a las calles, alguien habÃa gritado, entre asustado y feliz, desde la multitud: -¡Apeligramos ganar! Treinta y pico de años después, se dio.
Este paÃs está irreconocible. Del fue al es, del es al será: la gente, que andaba tan descreÃda que ya ni en el nihilismo creÃa, ha vuelto a creer, y cree con ganas. Los uruguayos, melancólicos, quedados, que a primera vista parecemos argentinos con valium, andamos bailando en el aire.
Tremenda responsabilidad para los triunfadores. Para quienes fueron votados, y para quienes los votamos. Habrá que cuidar, como la hoja que cuida al fruto, este renacimiento de la fe, esta refundación de la alegrÃa. Y recordar cada dÃa cuánta razón tenÃa don Carlos Quijano, cuando decÃa que los pecados contra la esperanza son los únicos que no tienen perdón ni redención.
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Recientes estudios indican que los ingresos en diferentes partes del paÃs son marcadamente desiguales, entre 2 mil 957 balboas anuales en la provincia de Panamá en el año 2000, mientras que en la comarca Ngobe Buglé fue de 124 dólares, el más bajo. La ausencia de este medio económico agrava el hambre y la pobreza de la familia y comunidad.
El problema del hambre se vincula a otros factores determinantes: desempleo, analfabetismo, falta de recursos destinados al desarrollo de las capacidades autosostenibles de la región, oportunidad, igualdad y equidad para que los recursos lleguen a las comarcas indÃgenas.
La inadecuada distribución de la riqueza afecta a los más vulnerables de la región. Los resultados del último diagnóstico nutricional de 2000 ubica a los niños(as) indÃgenas con la mayor prevalencia de retardo severo, grave estado nutricional entre 60.1% a 71.8%. La investigación concluye que un escolar de la comarca tiene 8 veces más probabilidad de presentar retardo en talla que uno del área urbana.
Este diagnóstico y el Informe Nacional de Desarrollo Humano de 2002 coinciden al presentar que los 7 distritos de la comarca Ngobe Buglé, son los de menor logro en desarrollo humano en comparación al resto del paÃs y con alta prevalencia de retardo severo. Situación que no difiere al descrito en la Encuesta de Niveles de Vida (1997) cuando considera la comarca Ngobe Buglé como uno de los grupos más pobres.
¿Qué hacer para combatir esta pobreza? Los principales informes del paÃs aportan respuestas acertadas: reducir los altos niveles de desigualdad, proporcionar empleos de calidad, desarrollar medidas inmediatas y a largo plazo para combatir la pobreza extrema son algunas recomendaciones señaladas.
En 1993, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos afirmó que la pobreza extrema y la exclusión social constituyen un atentado contra la dignidad humana y urgÃa a los Estados a tomar medidas para comprender mejor la pobreza extrema y sus causas, en particular las relacionadas con el problema del desarrollo, a fin de promover los derechos humanos de los más pobres, poner fin a la pobreza extrema y a la exclusión social y favorecer el goce de los frutos del progreso social.
Es asà como la comunidad internacional realiza esfuerzos en concertar compromisos sociales en los que los Estados deben cumplir metas al ser partÃcipes de estos eventos. Panamá en el marco de la Declaración del Milenio tiene la obligación de realizar medidas para cumplir con los 8 objetivos propuestos, entre ellos, erradicar la pobreza extrema y el hambre para el año 2,015.
Se requiere introducir reformas, polÃticas sociales focalizadas, invertir recursos que satisfagan necesidades básicas, etc. De no hacerlo, seguiremos golpeados por un sistema que nos enfrenta cada dÃa a la miseria y muerte que a un nivel de vida digno y decente al que tenemos derecho como panameños(as) indÃgenas.
* IndÃgena de la comarca Ngobe Buglé, enfermera y abogada.
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Las zonas de confinamiento son escenarios violatorios que convierten a la población étnica en objetivo militar y buscan materializar sus usos, costumbres y conocimientos a través de la vigilancia y control de los cuerpos, reflejando la “desterritorializaciónâ€[1] de las comunidades, la cual se da paradójicamente, permaneciendo dentro de su mismo territorio.
Dentro de las nuevas dinámicas y lógicas que va adquiriendo el conflicto armado interno colombiano, a partir de las caracterÃsticas e intereses estratégicos que representan zonas determinadas a los diferentes actores armados incluyendo al Estado, han venido surgiendo estrategias militares con el objeto de controlar territorialmente y disputar el poder institucional a nivel local, situaciones en las cuales se desconoce todo principio del Derecho Internacional Humanitario.
Es asà como el confinamiento de poblaciones étnicas, objeto de análisis de esta reseña, es una estrategia militar con referentes económicos y polÃticos, a la que recurren hoy los actores armados en muchas zonas apartadas del paÃs y en la cual la población vÃctima se ve impedida a circular y desplazarse libremente. La población es vigilada, sometida y dominada, estrategia que es complementada por tácticas de coacción material impuestas a través de los retenes militares que aplican la Fuerza Pública y los grupos armados irregulares. Por esta razón, el crecimiento de las cifras de bloqueos alimentarios –incluidas las medicinas, insumos quÃmicos y la gasolina- y el cobro de impuestos, constituyen la fase previa o bien son acciones complementarias a una situación de confinamiento. La vigilancia impuesta en el confinamiento, se relaciona con los conceptos y lógicas de seguridad propia que manejen los Estados. En el caso particular colombiano, La estrategia de seguridad democrática representada en las disposiciones de los diferentes decretos y leyes existentes para regular el conflicto armado y la violencia en determinadas zonas del territorio nacional, ejemplifican la estrategia de confinamiento actual[2]. Por medio de estas prácticas restrictivas los actores armados buscan controlar zonas estratégicas para privatizar y comercializar los usos, costumbres, conocimientos, prácticas sociales, culturales y organizativas de estas comunidades procurando su maximización productiva y económica, con la explotación y extracción arbitraria.
Dado el contexto especÃfico colombiano, las situaciones de confinamiento se asocian con los estados de guerra donde el Estado pierde toda soberanÃa, y se aplican estrategias al margen del orden jurÃdico-polÃtico que la disputan conformando escenarios de hostilidad. “En los estados de guerra como ejes de pervivencia histórica, se presentan acciones bélicas y violencias múltiples (...) se configuran regiones y territorios relativamente pacÃficos que coexisten con espacios particularmente violentos. Pero, en general, lo que predomina es el animus belli(...)â€.En este sentido, el conflicto interno armado se presenta como una forma de disputa por el control del Estado en lo local, perspectiva que ha sido trabajada por diversos autores desde la ciencia polÃtica (González 2002, Rangel 1999, Restrepo 2002)[3]. La lógica de este escenario polÃtico de poder se remonta desde los inicios de la modernidad, cuando la polÃtica se transforma en bio-polÃtica: “Según Foucault, “el umbral de modernidad biológica†de una sociedad se sitúa en el punto en que la especie y el individuo, en cuanto simple cuerpo viviente, se convierten en el objetivo de sus estrategias polÃticasâ€[4]. “En términos de Hannah Arendt, la situación de las poblaciones vÃctimas del confinamiento podrÃa equiparase a la condición de apátridas (...) de ipso, de hecho; nominalmente pertenecen a la comunidad nacional y al hábeas polÃtico, pero son tratados como si fuesen extranjeros en su propia patria; como si la ley y el orden colectivo no existiesen para ellos, haciéndolos aparecer como seres incómodos, sobrantes y (...) liminales en condición de minusvalÃa social[5]. Entonces esta “politización†de la nuda vida –entendida como- la tarea metafÃsica por excelencia en la cual se decide acerca de la humanidad del ser vivo hombreâ€[6], se ve representada en esta estrategia de guerra. Este espacio de exclusión separa la condición de ciudadano de la del sujeto de derechos, reflejado en el hecho de que a la población vÃctima, aún siendo ciudadano no le son garantizados sus derechos como tal[7]. Esta “calamidad, que ha sobrevenido a un creciente número de personas, no ha consistido (...)en la pérdida de derechos especÃficos, sino en la pérdida de una comunidad que quiera y pueda cualesquiera derechos. El hombre, asÃ, puede perder todos los llamados Derechos del Hombre sin perder su cualidad esencial como hombre, su dignidad humana. Sólo la perdida de la comunidad misma –que se padece en un confinamiento dado el aislamiento e incomunicación- le arroja de la humanidadâ€[8]. Desde la Ciencia PolÃtica, posiciones teóricas como la del filósofo Michel Foucault nos permite construir un marco de comprensión más claro del confinamiento, partiendo de la MicrofÃsica del poder[9], las lógicas de dominación y sometimiento que para Foucault hacen parte de su método para analizar el poder, el cual debe analizarse desde sus formas más locales y órdenes alternativos, examinando las estrategias excluyentes que son económicamente ventajosas y polÃticamente útiles. Finalmente, esta estrategia de confinamiento resulta aún mejor caracterizada con lo que Foucault denomina poder disciplinario, y que alude a una “nueva mecánica de poder –la cual- se apoya más sobre los cuerpos y sobre los que estos hacen que sobre la tierra y sus productos(...)permite extraer de los cuerpos tiempo y trabajo más que bienes y riqueza. Es un poder que se ejerce incesantemente a través de la vigilancia y no de una forma discontinua(...)supone más una cuadriculación compacta de coacciones materiales(...)y en fin, se apoya en el principio según el cual una verdadera y especÃfica nueva economÃa del poder tiene que lograr hacer crecer constantemente las fuerzas sometidas y la fuerza y la eficacia de quien las someteâ€[10].
Por las razones hasta ahora expuestas, las situaciones de confinamiento no deben analizarse desde la lógica del desplazamiento forzado; no podemos obviar y generalizar el tratamiento del problema como una tipologÃa más del desplazamiento en Colombia, ya que las lógicas de expulsión, exclusión y desarraigo que se dan en un confinamiento son de tipo social, cultural y organizativo, diferentes a la exclusión fÃsica que se presenta en un desplazamiento. De igual forma, las comunidades que se resisten a desplazarse son confinadas, o incluso las que se desplazan también son objeto de esta estrategia al ser sitiadas en albergues temporales en el lugar a donde llegan, padeciendo el aislamiento, incomunicación y restricciones de todo tipo. En este sentido, ya que hay quienes se resisten a desplazarse y, por otro lado, a quienes se les impide su desplazamiento, el ejercicio de resistencia no debe confundirse con el confinamiento que ejercen los actores armados sobre estas poblaciones. No obstante, el confinamiento es empleado para intentar ejercer dominio sobre la población y el territorio, ya que en muchos casos la resistencia de salir del territorio impide que los actores armados deshabiten la Región y se apoderen totalmente de ella. Por esta razón, es deber del Estado reconocer, proteger e impulsar los diferentes mecanismos de resistencia que ejercen estas comunidades en muestra de su autoridad propia en los niveles de protección y seguridad, territorialidad y costumbres, formas propias de organización social, formas propias de desarrollo económico y las formas propias de educación y comunicación.
Históricamente, algunos elementos de la estrategia de confinamiento, como las restricciones a la libre movilización se empezaron a utilizar desde la década de los 80 en algunas poblaciones étnicas, como es el caso del Pueblo Nasa en el Alto Naya con el asentamiento que durante 2 ó 3 meses hizo el Frente 6 de las FARC[11], asà como en los años 90, cuando “los guerrilleros comenzaron a sancionar a los comuneros de manera que algunos solamente se podÃan mover de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, a otros les impusieron multasâ€[12], siendo aplicada masiva e individualmente, aunque generalmente es de carácter intermitente. Hoy, estas estrategias se han consolidado en esta zona altamente productiva a través del confinamiento con el objeto, entre muchos otros, de utilizar los conocimientos ancestrales y las prácticas económicas de estas poblaciones étnicas en los megaproyectos que aquà existen, asà como para el beneficio propio de los actores armados. Por esta razón, la especificidad que implica la situación de confinamiento se encuentra determinada por los intereses y la lógica armada de quienes la aplican, la cual es reflejo de la nueva táctica perfeccionada para ejercer el poder y control territorial forzando a la población a no desplazarse[13]. Es asà como el confinamiento es reflejo de la heterogeneidad de las modalidades de violencia desplegadas en medio del conflicto interno armado colombiano[14]. Para el caso particular colombiano es “impuesta además del Estado, por los para-estados en que se han erigido los grupos paramilitares y las guerrillas, y que fluctúa según sus conveniencias y decisiones entre el desplazamiento y la sedentarización forzados o confinamiento de poblaciones y gruposâ€[15]. Esta estrategia también es vista como forma de represalia por parte de los actores armados al ser la población señalada y estigmatizada de colaborar con el actor adversario.
Conlleva repercusiones negativas a largo plazo: represión, frustración, patologÃas sociales, resentimiento social y, por consiguiente, recrudecimiento de la violencia, cuyos efectos son en el corto plazo, nefastos para la “supervivencia y desarrollo[16][16]†de las comunidades indÃgenas que lo sufren, y que en el largo plazo se tornan en un factor que corroe los cimientos de la sociedad colombiana y atenta contra el mantenimiento de una Nación configurada a partir de la sostenibilidad de su diversidad étnica y cultural. Se da la violación progresiva de los DDHH y del DIH - violaciones contra el pueblo indÃgena como sujeto colectivo, se irrespeta el derecho de las comunidades de la resistencia a desplazarse y se restringe su derecho a la libre movilización dentro de su territorio- esto altera el proceso de fortalecimiento territorial, de proyectos económicos y planes de vida que hacen parte del proceso de restablecimiento autónomo, reflejándose la “renuncia o postergación de la consolidación de la territorialidadâ€[17], Se incrementa la desprotección de las comunidades y el subregistro de estas violaciones ante el aislamiento al que son sometidas, incomunicación que impide la convivencia y solidaridad étnica. Se impide la generación de condiciones de igualdad y justicia.
De otro lado, la confusión y desconocimiento del fenómeno afecta inclusive al reconocimiento e identificación del confinamiento desde el punto de vista jurÃdico; no existe un tipo penal especÃfico para este problema. En este sentido, labores de análisis y descripción del confinamiento (ver “Proyecto de Investigación sobre la situación de confinamiento en las comunidades indÃgenas del Alto Naya ubicadas entre los Departamentos Cauca y Valle, 2002-2004â€[18]) prestarÃan una contribución al avance en la judicialización de esta conducta asociada al conflicto colombiano.
Es asà como se hace urgente presentar una caracterización completa de las regiones vÃctimas del confinamiento a partir de un análisis diacrónico, lo que implica tener presente los diferentes procesos históricos, tradiciones, presencia de grupos armados, presencia de conflicto armado en la zona, etc, y a partir del cual se responda cuál es el interés de los actores armados para confinar poblaciones en esta zona, aproximándonos a establecer un tipologÃa de confinamiento. Ya que el confinamiento hace alusión a una estrategia de control territorial, los indicadores de análisis a utilizar deben ser de carácter estratégico y deben determinar el control territorial (CEDE, 2004). Retomando el estudio de caso hecho en el “Proyecto de investigación sobre la situación de confinamiento de las comunidades indÃgenas del Alto Nayaâ€, algunas de las caracterÃsticas propuestas para futuros estudios de caso de poblaciones en confinamiento son: 1. Alta productividad económica, medida por la existencia de recursos naturales y geográficos; 2. Carácter geográfico: la impenetrabilidad y difÃcil acceso a la zona; 3. Presencia de actores armados ilegales: presenta un contexto favorable para la presencia de los 2 actores armados ilegales, insurgencia y contrainsurgencia. Para explicar la presencia de guerrilla (Bejarano 1997, González 2002, Richiani 2003)[19], el Alto Naya cuenta con zonas de montaña –Municipios Suárez y Buenos Aires-, tradicionalmente de economÃa agraria basada en cultivos de coca, déficit histórico de presencia estatal y precariedad de infraestructura vial y de comunicaciones. En cuanto a la presencia de grupos paramilitares (Richiani 2003 y Vélez 2001)[20]-En el corregimiento del Timba-, también cuenta con una zona de planicie a la entrada del Alto Naya, una zona más fértil en la cual desde la década del 90 –coincide con la Ley Páez, 1995 y la llegada de paramilitares, 1997- han crecido empresas y proyectos industriales; 4. Histórico asentamiento de las comunidades étnicas en la zona, lo que las hace acreedoras de un alto conocimiento ancestral en el uso y conservación de los recursos que allà se encuentran, atrayendo el interés de los actores armados para extraer y explotar dichos conocimientos para beneficio propio. Son poblaciones con alto nivel organizativo, con una posición y liderazgo polÃtico, más que una actitud reivindicativa de derechos; 5. Es una zona con una privilegiada posición geoestratégica[21]: es una zona de paso[22] de los actores armados, lo que ha producido casos intermitentes de confinamiento que corresponden a la llegada y salida de estos actores; 6. finalmente, carácter de desplazamiento, históricamente fue una zona receptora de población desplazada proveniente de otros municipios del Norte del Cauca. Sirvió como zona tradicional de refugio pero también ha presentado una “tipologÃa territorial[23]†de desplazamiento hacia fuera.
Por último se propone al Estado que verifique la aplicación interna del DIH a partir de regulaciones adecuadas para situaciones especÃficas de confinamiento como las que exponen 10 de los Principios Rectores sobre desplazamientos internos Deng que a pesar de ser un práctica violatoria contraria al desplazamiento, ya los regula: 10) protección contra “la creación de zonas en las que se permiten los ataques a la población civil; la privación de alimentos como medio de combate; su utilización como escudos de ataques contra objetivos militares o para proteger, facilitar o impedir operaciones militaresâ€,11) protección contra “la esclavitud o cualquier forma contemporánea de esclavitud(...)â€. Derecho fundamental que también debe ser garantizado por el Estado Nacional[24],12) “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Para dar efecto a este derecho, los desplazados internos no podrán ser recluidos o confinados en campamentosâ€, 21) “Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad o sus posesiones. La propiedad y las posesiones de los desplazados internos disfrutarán de protección en toda circunstancia, en particular, contra los actos siguientes: expolio; (...)utilización como escudos de operaciones u objetos militares; actos de represalia; y destrucciones o expropiaciones como forma de castigo colectivo. Protección contra la destrucción y la apropiación, ocupación o uso arbitrarios e ilegales.†24) “No se desviará la asistencia humanitaria destinada a los desplazados internos, ni siquiera por razones polÃticas o militaresâ€. Existe asà la necesidad de examinar la legislación nacional, en especial las acciones desplegadas dentro de La Estrategia de Seguridad Democrática, que puedan atentar contra la población civil y que paradójicamente estén permitiendo el confinamiento de comunidades desde la Fuerza Pública: “Los Estados no adoptarán, apoyarán o favorecerán polÃtica alguna de asimilación artificial o forzosa, de destrucción de una cultura, o que implique posibilidad alguna de exterminio de un pueblo indÃgenaâ€[25]. Por esta razón, se deben evitar los bloqueos que la FFPP establece por medio de retenes como estrategias de seguridad de zonas estratégicas, que sumado a la creación de vÃas de comunicación en las zonas apartadas se permita la comercialización de los diferentes productos agrÃcolas como medios de subsistencia. Con relación a lo anterior, se deben reconocer las denuncias de bloqueos, cobro de impuestos y demás restricciones, dentro del Sistema de Alertas Tempranas-SAT, para prevenir el fenómeno de confinamiento[26]. Por último, es necesaria la investigación de otros estudios de caso en aras de avanzar hacia una categorización más completa del fenómeno de confinamiento, que haga más sustentable las labores de sensibilidad social para reconocer la gravedad de las situaciones expuestas.
[1] “Se presenta en diversas formas(...) como un espacio “organizado según una lógica que no corresponde a la propia...Mayor división territorial, simbólica y sociopolÃtica interna en las organizaciones regionales(...)Esto se manifiesta en el mayor distanciamiento entre las comunidades(...) Introducción de formas ajenas a la encomia propia(...)una erosión de los recursos energéticos(...)una alteración de la reciprocidad y el intercambio(...)el debilitamiento de los sistemas productivos y consecuentemente de la soberanÃa y autonomÃa alimentaria(...)â€CUARTO ENCUENTRO INTERÉTNICO DEL NAYA. Informe-Junta Directiva. Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos IndÃgenas-IWGIA y UTINAYA-Unidad Territorial Interétnica del Naya. Diciembre de 2003... P. 26 y 27.
[2] La Declaración del estado de conmoción interior (Decreto 1387 del 11 de agosto de 2002), las medidas de control del orden público y definición de las zonas de rehabilitación y consolidación (Decreto 2002 de 2002), las Zonas Especiales de Orden Público, etc. Las llamadas zonas de rehabilitación y consolidación, “constituyen expresiones de este lenguaje de espacios de seguridad basados en conceptos de seguridad preventiva...-espacios que son objeto de-protección exclusiva de intereses estratégicos como las zonas petroleras y mineras, los corredores biológicos, etcâ€. HENAO, Diego. Extraños, nómadas y confinados. En: Revista Asuntos IndÃgenas. Abril de 2004. p. 23.
[3] UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. Facultad de EconomÃa. Centro de Estudios de Desarrollo Económico. En: Documentos CEDE no. 11 (feb. 2004); p. 3.
[4] AGAMBEN, Giorgio. Ensayo: Homo Sacer: el poder soberano y la nuda vida. En: Revista de Occidente. No. 208 (Septiembre de 1998); P. 65.
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El próximo 3 y 4 de febrero se llevará a cabo en Cartagena la reunión de la Mesa de Coordinación y Cooperación Internacional para Colombia (más conocida como Mesa de Donantes) para darle continuidad al proceso iniciado en Londres el 10 de julio del 2003. Se anuncia que estarán representantes de más de 24 gobiernos, delegados de la Unión Europea, de la Comisión Europea, del Sistema de Naciones Unidas, de la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Gobierno Colombiano y unos pocos delegados de la llamada “Sociedad civilâ€.
Los resultados de Cartagena, retroceso respecto a Londres
De entrada, analicemos el final: los resultados de la cumbre de Cartagena. El presidente Uribe ha promovido un discurso reinterpretativo del conflicto colombiano con el fin de acomodar y desarrollar el modelo de sociedad y Estado propuesto, que tiene como columna vertebral la “seguridad democráticaâ€, en cuya implementación deben comprometerse todos los colombianos y colombianas.
El discurso, ahistórico, se fundamenta en la negación de la existencia de un conflicto social y armado en el paÃs y la afirmación de que nos encontramos, exclusivamente, frente a un problema de terrorismo, delincuencia y narcotráfico. El Estado es una vÃctima más, como el resto de los ciudadanos. El desarrollo de la nación y el bienestar de la población requieren prioritariamente de estrategias de seguridad. El Estado necesita hacer presencia –militar- en todo el territorio y ejercer el control social y cotidiano de toda la población. .La Constitución polÃtica es muy bondadosa en derechos y poco exigente deberes para los ciudadanos y no le da las facultades requeridas al Presidente para desarrollar sus iniciativas. Los derechos humanos y los instrumentos internacionales de protección son camisa de fuerza y cortapizas a la “soberanÃa†nacional.
La sustancia de este discurso parece que ha calado en buena parte de la comunidad internacional y sus gobernantes, en particular en la Unión Europea. Es verdad que la Unión Europea, hasta ahora, no ha tenido una estrategia polÃtica y de cooperación integral y sostenible para Colombia, que se compadezca con las exigencias y gravedad de la situación. Su actuación ha estado condicionada por coyunturas polÃticas locales o supeditada a la existencia o no de negociaciones entre el Gobierno colombiano y los actores armados. Sin embargo, el respaldo a la acción de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos y al Enviado Especial del Secretario General de la ONU para las gestiones de paz en Colombia, asà como los informes y recomendaciones, emanados por las distintas instancias de las Naciones Unidas hacia el Estado Colombiano, (ratificadas por los gobiernos participantes en la reunión de Londres) asà como la posición de no apoyar el componente militar del Plan Colombia, se convertÃan en cierta garantÃa de que la Cooperación Internacional Europea se desenvolverÃa en le marco de reglas de juego claras relacionadas con el respeto y cumplimiento de los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, de mantenimiento del estado de derecho y de la ampliación de la democracia.
Lo que ha ocurrido desde Londres hasta aquà y el texto borrador de lo que será la “Declaración de Cartagena†(aunque Uribe se ha opuesto a que haya una declaración) evidencia, una tendencia de la Unión Europea y los gobiernos participantes en la cumbre, a compartir la reinterpretación del conflicto en clave antiterrorista, quiere decir, a compartir el enfoque sustancial de las propuestas del presidente Uribe.
Si en la declaración de Londres, los principios conductores (casi como condiciones) fueron: el cumplimiento de las recomendaciones de Naciones Unidas en materia de derechos humanos por parte del Gobierno de Colombia; la necesidad de la salida polÃtica negociada al conflicto armado y una polÃtica estatal de paz; la concertación con las organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos, asà como plenas garantÃas para el desarrollo de sus labores; la necesidad de tomar medidas eficaces contra la impunidad; y, el diseño de una estrategia coordinada y coherente de cooperación, entre otros; en la declaración de Cartagena los representantes gubernamentales respaldarán al presidente Uribe en su polÃtica de seguridad democrática, en sus esfuerzos por fortalecer la lucha contra el terrorismo y las drogas ilÃcitas; reconocerán y manifestarán el apoyo al proceso de desmovilización y reinserción con los grupos paramilitares, recomendando la importancia de que exista un marco jurÃdico que considere los principios de verdad, justicia y reparación; resaltarán los avances del gobierno en el cumplimiento de las recomendaciones y lo animarán a continuar los esfuerzos; incentivarán al gobierno a reforzar las medidas existentes de protección a lÃderes sociales, sindicalistas, defensores de derechos humanos y comunicadores… y seguramente, estarán de acuerdo que las prioridades de la cooperación internacional son los seis bloques temáticos bajo el enfoque que el gobierno colombiano logró imponer en este proceso pos Londres: bosques, reincorporación a la civilidad, desarrollo productivo y alternativo, fortalecimiento del Estado de derecho y derechos humanos, programas regionales de desarrollo y paz, desplazamiento forzado y asistencia humanitaria.
Los representantes gubernamentales dejarán constancia que se escucho a la sociedad civil y el gobierno de Colombia corregirá el párrafo pues considera que no sólo se ha escuchado, sino que todo se ha concertado y dialogado con al “sociedad civilâ€. Asà las cosas la reunión de Cartagena dejará muchos más interrogantes que la de Londres y muchos debates que se prefieren dejar de lado. Señalemos algunos:
§ ¿Se conoce, de manera seria y responsable, lo que de verdad está sucediendo en el paÃs? Puede aceptarse que en Colombia no hay un conflicto armado y que sólo hay terrorismo?
- ¿Puede reconocerse y validarse el proceso con los paramilitares como un proceso de negociación y como una polÃtica de paz? Se puede dejar pasar la impunidad que cobijará sus crÃmenes? Puede aceptarse que en “cese de hostilidades†cometan 1887 nuevos crÃmenes?. Aunque algunos militares “enjuiciados†destapan cada vez más la estrecha relación y connivencia de los agentes estatales con los paramilitares en la comisión de crÃmenes de lesa humanidad y en la protección que se le ha brindado y que se está brindando a los paramilitares y criminales, nadie toma acciones y esto pasa desapercibido.
- ¿Por qué las Naciones Unidas y la comunidad internacional ha sido tolerante con las descalificaciones del gobierno de Colombia hacia importantes instancias de la Unión Europea, de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales de derechos humanos? ¿Por qué se aceptó el veto del gobierno al Asesor Especial de Paz de las Naciones Unidas, James Lemoyne?. ¿Por qué se aceptó que el gobierno cambiara, a su criterio, aspectos sustanciales del Plan de Acción Humanitaria, tales como: “crisis humanitaria por situación humanitaria, conflicto armado por violencia, vÃctimas del conflicto por vÃctimas de la violenciaâ€, que el sistema de Naciones Unidas elaboró?
- Puede creerse que las reformas a la justicia, las reformas constitucionales y la reformas tributaria y pensional que se han aplicado, fortalecen de verdad el estado social de derecho o por el contrario no será más bien que se está acabando con ese estado de derecho?
- Puede considerarse que las medidas actuales de protección a lÃderes sociales y de derechos humanos son eficaces y que de lo que se trata es de “reforzarlasâ€?. Instancias del mismo gobierno reconocen que han sido asesinados lÃderes sociales que se encontraban bajo su “esquema de protecciónâ€.
- La Unión Europea ha realizado una evaluación serÃa sobre los avances y resultados de los laboratorios de paz?. Conoce la Unión Europea lo que está sucediendo en materia de violaciones a los derechos humanos y al DIH, de implantación de megaproyectos, de ocupación de militares y paramilitares, hacia las comunidades y territorios donde están desarrollándose los laboratorios de paz?.
- Puede aceptarse que hay diálogo y concertación entre el gobierno y la sociedad civil después de conocer las reiteradas descalificaciones de los más altos funcionarios del gobierno contra las ONG de derechos humanos, las organizaciones sociales y la oposición polÃtica?
Hemos escuchado decir, en estos dÃas, que la reunión de Cartagena, más que una mesa de donantes, será un espacio de debate polÃtico entre la cooperación internacional y el gobierno colombiano. A decir por el borrador de declaración, que ha circulado, el llamado “debate polÃtico†quedará como un saludo a la bandera.
El proceso entre Londres y Cartagena
A pesar del compromiso adquirido por el gobierno de Colombia en Londres, este consideró que la “declaración de Londres†constituÃa una camisa de fuerza y obstaculizaba el desarrollo de sus estrategias y polÃticas y, por lo tanto, se propuso eludir los compromisos. Por la presión de las organizaciones sociales colombianas, las agencias de cooperación internacional, la Comisión de derechos humanos de Naciones Unidas y el Grupo de los 24 paÃses (G24) que estuvieron en Londres, el gobierno aceptó algunos espacios de discusión sobre su estrategia de cooperación internacional, y en ese marco el seguimiento a la declaración de Londres y al cumplimiento de las recomendaciones de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos.
Respecto al seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, el proceso estuvo signado por varias reuniones evaluatorias. Del resultado de estas reuniones puede decirse que se evidencia el incumplimiento de la mayorÃa de las recomendaciones por parte del Estado y el gobierno; pocos y limitados avances en algunas de ellas y la persistencia de polÃticas y programas gubernamentales que van claramente en contra de muchas de las recomendaciones.
El gobierno no mostró acciones concretas para prevenir violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, asà como para investigar, procesar y sancionar a los responsables. Al contrario, continuó promoviendo polÃticas dirigidas a involucrar cada vez más a la población civil en el conflicto, reformas normativas que buscan desmantelar instituciones que han jugado papel fundamental en la protección de derechos; continúa negando el conflicto armado, el principio de distinción e inclusive la crisis humanitaria.
El gobierno ve las recomendaciones como un obstáculo y no como una herramienta para fortalecer las instituciones estatales, el estado social de derecho y la democracia. (A este propósito puede consultarse el documento “Seguimiento a recomendaciones de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, elaborado por la Alianza de organizaciones sociales y afines por una cooperación internacional para la paz y la democracia en Colombia y la Coordinación Colombia-Europa, Estados Unidos, diciembre de 2004)
Otras tantas reuniones se tuvieron con las mesas temáticas o bloques de acción prioritaria que constituyen la Estrategia de cooperación Internacional. Las organizaciones de la sociedad civil que participaron en estas mesas concluyen que la estrategia de cooperación que presenta el gobierno no responde a los lineamientos de la declaración de Londres, que esta estrategia se orienta más por los contenidos y postulados de la polÃtica de seguridad democrática; el tema de la paz desaparece totalmente de los bloques temáticos.
Por otro lado, las organizaciones sociales señalan que se trató de una consulta limitada y excluyente y no de un proceso real de participación como lo plantea la declaración de Londres, en el que la sociedad civil concerta con el gobierno una estrategia de cooperación. Las propuestas y comentarios de las organizaciones de la sociedad civil quedaban como simples constancias, que no se reflejaban en los documentos gubernamentales.
Para cerrar este ciclo, el 15 de diciembre se reunieron en el palacio de Nariño, las organizaciones de la sociedad civil participantes en el proceso, miembros del cuerpo diplomático y el Presidente Uribe.
La sociedad civil en Cartagena, vuelve y juega
Sin lugar a dudas que importantes organizaciones de la sociedad civil se tomaron en serio la declaración de Londres. Tan sà es que, inmediatamente después de Londres se creó la “Alianza de organizaciones sociales y afines por una cooperación internacional para la paz y la democracia en Colombiaâ€, conformada por más de 122 organizaciones nacionales y regionales, sociales, ambientales, sindicales, de derechos humanos, iniciativas de paz, democracia y desarrollo. Durante este tiempo la Alianza animó, impulso y coordinó las discusiones, el seguimiento a Londres, la elaboración de documentos y la participación en los espacios que hubo con el gobierno.
Esta Alianza, conjuntamente con agencias de cooperación internacional y con el gobierno nacional, convocan para el dÃa 2 de febrero, como antesala de la cumbre en Cartagena, a la comunidad internacional para expresar su posición, su balance y sus propuestas. El gobierno nacional, para contra restar el peso de las crÃticas de las ONG y organizaciones sociales, impone un escenario de sociedad civil en el que participarán también, además de las organizaciones de la Alianza y de las ONG internacionales de Cooperación, la Confederación de Municipios de Colombia, la Confederación de ONG, El Consejo Gremial (Empresarios), Las Fundaciones Privadas (de los gremios); El Consejo Nacional de Planeación, La Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Colombiana.
Solamente, una persona por cada uno de estos sectores mencionados podrán participar el dÃa 3 en al reunión entre los gobiernos. En todo caso, salta a la vista la desventaja en la que se encuentra la Alianza y la cooperación internacional no gubernamental frente a los demás delegados, afines a las polÃticas del Presidente Uribe.
Resulta claro, una vez más, que con la presencia de algunos sectores de la sociedad civil en la reunión, el gobierno, legitima y gana el aval necesario para el proceso. Del acerbo de documentos, actas, memorias y declaraciones de las organizaciones sociales y de derechos humanos, que han participado en este proceso, se puede concluir que al gobierno y a importantes sectores del Estado colombiano, poco le importa la opinión de estos sectores, sus propuestas no son tenidas en cuenta y, además, se mantienen y refuerzan claras e intencionadas estrategias para neutralizar, controlar, hostigar e incluso reprimir a estas organizaciones. ¿No deberÃan estas organizaciones, gastar más energÃas en el diálogo e interlocución con las comunidades, organizaciones de base y las vÃctimas para repensar, conjuntamente, en nuevas estrategias de incidencia?.
A manera de conclusión
Todo parece indicar que de Cartagena, el gobierno de Uribe, no saldrá con muchos dólares, pero si con un buen reconocimiento y apoyo polÃtico para sus estrategias; que la Unión Europea mantiene su posición ambigua en cuanto a la cooperación en Colombia, pero cada vez se acerca más a los postulados Uribistas y que el pueblo colombiano no obtendrá ninguna mejorÃa sustancial de la situación, con este evento, pues al parecer entre Londres y Cartagena se han ‘embolatado’ (perdido) más aún, sus derechos.
No cabe duda de la importancia de las declaraciones polÃticas de los gobiernos, de las recomendaciones de las Naciones Unidas sobre derechos humanos, pero creo que ya es el momento de preguntarse con mucha seriedad y responsabilidad: ¿Qué sentido tiene seguir elaborando declaraciones y recomendaciones cuando se sabe que el gobierno colombiano no tiene la voluntad ni la decisión de cumplir y cuando quienes proponen dichas declaraciones y recomendaciones ni tienen, ni aplican l
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Los sobrevivientes del otrora gran pueblo Chimila se encuentran hoy impelÃdos a vivir arrinconados en dos asentamientos mÃseros localizados en las Sabanas de San Angel en el departamento del Magdalena. A todo lo largo del siglo XVIII los Chimila se enfrentaron sin tregua a los invasores españoles organizando múltiples rebeliones e incursiones armadas. Esta resistencia centenaria acarreó una catástrofe demográfica de inconmensurables proporciones de la cual el pueblo Chimila tal vez jamás logre recuperarse. Diezmados y derrotados, los Chimila sobrevivientes, se refugiaron en lo profundo de las selvas altas del rÃo Ariguanà donde al márgen de la sociedad mayoritaria lograron permanecer en relativa tranquilidad hasta que a principios del siglo XX nuevamente los alcanzó la colonización arrebatándoles los restos de territorio que habÃan conservado. Pese a que el común denominador de la historia de este pueblo indÃgena ha sido la persecusión y la violencia, han logrado sobrevivir refugiados en su etnicidad. Aunque hoy aparecen como humillados y ofendidos todavÃa tienen el pensamiento preñado de esperanzas en futuros no tan inciertos.
Los Chimila también son conocidos en la literatura etnológica como Simiza, Simza, Shimizya y Chimile. Por ser el nombre Chimila extraño a su lengua puede inferirse que este les fue acuñado desde los primeros contactos con los invasores españoles. Todo parece indicar que el nombre que asà mismo se daba este pueblo indÃgena era el de Ariwaake (Mendinueta Granados, 1997: Comunicación personal). En la actualidad suelen identificarse como Ette Ennaka (gente propia) para diferenciarse de los Ette Kongratte (otra gente) expresión esta última con la que denominan a otros pueblos indÃgenas. (Trillos Amaya, 1995:77). De otro lado los Chimila se refieren a los "blancos" como Waacha.
Su idioma, denominado Ette Taara, aparece en la mayorÃa de las clasificaciones como perteneciente a la familia lingüÃstica chibcha. Cestmir Loukotka en su clasificación (1968) ubica al Chimila dentro de las lenguas del grupo malibú, pertenecientes al "stock" chibcha (Citado por Uribe Tobón, 1987:56). Sin embargo algunos investigadores han preferido, mientras se profundizan los estudios lingüÃsticos, ubicarla como una lengua independiente.
El territorio tradicional del pueblo Chimila a lo largo de toda la época colonial fue conocido como Provincia Chimila. Esta identificación ha traÃdo muchos equÃvocos para señalar con precisión la ocupación y el poblamiento Chimila a la llegada de los españoles. Es poco probable que los lÃmites, bastante difusos, de esta división administrativa colonial coincidiera realmente con los fronteras tradicionales del territorio de este pueblo indÃgena.
El área de ocupación tradicional de los Chimila
De todas maneras puede decirse que a la llegada de los invasores europeos los Chimila tenÃan bajo su dominio un extenso territorio, cuyos lÃmites iban desde las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta por el norte, hasta la confluencia del rÃo Magdalena con la Ciénaga de Zapatosa por el sur; el este lo marcaba el recorrido del rÃo Cesar y se extendÃa hasta encontrarse por el oeste con el curso del rÃo Magdalena. Consiguientemente todos los grupos que se encontraban entre las estribaciones de la Sierra Nevada y el rÃo Magdalena pertenecÃan al pueblo Chimila.
En este territorio se podÃan identificar claramente dos ecosistemas distintos que marcaban diferencias en lo que respecta a las formas de ocupación y organización espacial de los asentamientos Chimila. El primer ecosistema, ubicado en la denominada Depresión Momposina, es ribereño y se caracteriza por poseer una compleja red de ciénagas alimentadas por las crecientes periódicas del rÃo Magdalena, que derivó en que los habitantes de estos asentamientos aprendiendo a convivir con el rÃo gestaran lo que se conoce como cultura anfibia. Por su parte, el segundo ecosistema localizado en la subregión de las llanuras centrales, son terrenos ondulados y planos bañados por las aguas del rÃo AriguanÃ, que estaban en esa época cubiertos por una espesa vegetación del tipo selva húmeda tropical, que llevó a que los habitantes de esos asentamientos vivieran inmersos en una cultura eminentemente selvática.
Gutiérrez Hinojosa (1992:146-147) amplÃa enormemente las áreas de ocupación Chimila y señala que toda la tierra del Valle de Upar -con excepción de la franja comprendida entre el rÃo Cesar y la Serrania del Perijá y desde La Paz hasta la Jagua de Ibirico que era territorio de los Tupes- fue territorio del pueblo Chimila. Bajo esa hipótesis expresa que el territorio Chimila se extendÃa desde Tamalameque al sur hasta el rÃo RancherÃa al norte.
Para este autor (1992:148-149) el territorio Chimila, dada su enorme extensión, estaba dividido para asuntos de administración y gobierno en dos grandes comarcas: la de Upar y la de Pocabuy. La comarca de Upar se extendÃa desde el rÃo Ariguanà hasta las inmediaciones de Fonseca y Barrancas, comprendiendo las siguientes tribus: Garupares, situados entre los rÃos Garupar y AriguanÃ, los Upares propiamente dichos, localizados entre los rÃos Garupar y GuatapurÃ, los Socuigas, situados entre los rÃos Guatapurà y Badillo, los Itotos, dispersos por Urumita, Villanueva y sus alrededores, y los Cariacheles, que se extendÃan desde El Molino hasta Distracción, Fonseca y Barrancas.
Por su parte la comarca de Pocabuy tuvo su gran centro en el actual Tamalameque (Thámara) y se caracterizaba por la existencia de grandes poblados tales como Sompallón (El Banco), Cipagua, Zapatosa, Sempechegua, Soloba, Chimichagua, ZopatÃ, Malibú, Zarare, Chingalé, Nicaho, que tenÃan una serie de caminos que se entrecruzaban y se comunicaban con Chiriguaná. Igualmente para este autor (1992:149) los Alcoholados, los Pintados y los Orejones pertencÃan también al pueblo Chimila.
Si los planteamientos esgrimidos por Gutiérrez Hinojosa son ciertos se ampliarÃa enormemente el territorio de los Chimila y de los pueblos emparentados con ellos. Sin embargo se requiere de estudios históricos, lingüÃsticos y arqueológicos mucho más profundos para dilucidar esta situación de manera más precisa, puesto que el mencionado autor, apartándose del consenso generalizado de los estudiosos de los pueblos indÃgenas prehispánicos del Caribe, realiza una serie de reflexiones que no logra argumentar sólidamente.
Sobre los lÃmites del territorio Chimila el etnólogo Reichel-Dolmatoff (1946: 95) expresó que en las riberas del rÃo Cesar no parece probable que se hubiera establecido este pueblo dado que Alonso de Lugo y Pedro de Lerma, que atravesaron el Valle de Upar camino al sur, no realizaron ningún tipo de alusión a los Chimila. En el mismo sentido, el historiador Del Castillo Mathieu (1994:11) anota que es excesivo hablar de asentamientos Chimila en el área comprendida entre el rÃo FrÃo hasta la desembocadura del rÃo Cesar.
Los Chimila no se asentaron en poblaciones nucledas ya que, contrariamente, su patrón de poblamiento se caracterizaba por la construcción de sus bohÃos en forma dispersa En ese sentido un asentamiento tÃpico Chimila sólo muy excepcionalmente llegaba a presentar más de cinco caney juntos (AGN, Fondo Caciques e Indios. Tomo XVII:Folio 286. Testimonio de José JoaquÃn de Zúñiga) separados entre sà por varios metros, pero intercomunicados por una serie de caminos que se entrecruzan entre sÃ. Esta gran dispersión de los asentamientos Chimila fue tal vez el principal obstáculo que se le presentó a los españoles en su campaña de guerra contra los Chimila. Hay que anotar, por otra parte, que estos no eran totalmente nómades, sino que la constante amenaza de los ejércitos y milicias españolas los obligó a adoptar como estrategia de resistencia una gran movilidad que los llevaba a recorrer permanentemente su territorio, lo que derivó en profundas transformaciones de su organización social y económica.
Irrupción y devenir en la historia colonial
Sobre la historia de los Chimila es muy poco lo que se conoce antes del siglo XVIII, en parte, esto tal vez se pueda explicar por el hecho que el territorio ocupado por los Chimila se encontraba por fuera de la frontera de colonización creada por los españoles, lo que sumado a su indómita belicosidad hacÃa del Chimila un pueblo poco atractivo. Su situación de marginalidad, dada su casi inexistente relación con el sistema de dominación colonial a lo largo de tres siglos, hizo que durante este perÃodo el pueblo Chimila siguiera viviendo acorde con sus milenarias tradiciones, reproduciendo su cultura y su sociedad.
Las referencias sobre los Chimila antes de 1700 son muy periféricas y dispersas. Hacia el año de 1528 Pedro GarcÃa de Lerma hace contacto con los Chimila, pero desafortunadamente no existen mayores detalles sobre este encuentro. Algunos años después Jerónimo de Melo alcanza a llegar hasta lo que hoy es Malambo en el departamento del Atlántico, recorriendo marginalmente territorio Chimila. Luego el clérigo y bachiller Jerónimo de Vianna fue puesto al frente de otra expedición que lo llevó hasta la orilla oriental del rÃo Magdalena cruzando el territorio Chimila. Por el año de 1530 Ambrosio AlfÃnger hace contacto con los Chimila quienes le ofrecen heróica resistencia, pese a lo cual alcanza a llegar hasta la Ciénaga de Zapatosa. Por su parte, Gonzálo Jiménez de Quesada en su ruta hacia territorio Mwiska, atravesó en abril de 1536 territorio Chimila donde no tuvo ninguna resistencia.
Como se ha dicho los Chimila siempre tuvieron una bien ganada fama de ser en extremo guerreros y belicosos a la hora de defender su libertad. Fue el cacique Sorli quien tuvo que hacerle frente al primer intento serio de los españoles de ocupar el territorio Chimila, cuando en el año de 1538 tuvo que enfrentarse al conquistador Lope de Orozco y su lugarteniente el capitán Antonio Cordero. Pese al valor y al coraje de los guerreros Chimila y después de varios años de guerra intensa, la superioridad militar de los españoles consiguió en el año de 1576 enclavar en todo el centro del territorio Chimila un fortÃn que se llamó San Angel. Este poblado español fué sitiado e incendiado por los Chimila en repetidas ocasiones. La fundación de este fortÃn militar en pleno corazón del territorio Chimila se sumaba a otro que habÃa sido realizado anteriormente cuando Beltrán de Unceta y Luis de Manjarrés fundan en el año de 1540 el fortÃn de Tenerife sobre el rÃo Magdalena, este fuerte, que quedaba en los lÃmites de la frontera de colonización, tenÃa como principal función garantizar la navegación sin necesidad de armada (Luna G.,1991:129-130).
A principios del XVIII comienza a consolidarse la colonización a lo largo de toda la frontera periférica del territorio Chimila, con lo que comienza una creciente presión sobre el centro de su territorio, que pasa a convertirse en una zona geoestratégica y de interés para el afianzamiento del sistema de dominación colonial en el Caribe. Dos factores importantes condujeron a centrar la atención sobre el centro del territorio Chimila. El primero tiene que ver con el aumento del intercambio comercial interno entre las grandes haciendas ganaderas y los puertos del Caribe, lo que implicaba abrir rutas más rápidas y seguras, en tanto que el segundo aparece asociado al creciente aumento de la población liberada de todo tipo de vÃnculos esclavistas y/o señoriales, en su mayorÃa vecinos pobres, que entraron a presionar por el acceso a nuevas tierras.
Ante las pretensiones de colonización del centro de su territorio los Chimila respondieron con coraje y dignidad, organizando un sinnúmero de revueltas, rebeliones y levantamientos armados, que fueron el común denominador a todo lo largo del siglo XVIII. Los primeros informes sobre este gran movimiento armado datan del año de 1720 cuando se tiene conocimiento del establecimiento de una alianza interétnica entre los Chimila, los Wayúu y los Kocina para hacerle frente unificadamente al poder colonial. En ese contexto los Chimila se dedicban a hostilizar incesantemente las haciendas españolas de los alrededores de su territorio y a realizar incursiones violentas contra la navegación por el rÃo Magdalena.
Las informaciones que sobre los Chimila hay a lo largo del siglo XVIII se refieren exclusivamente al aspecto militar. En ese sentido se lamenta la ausencia de alusiones y descripciones sobre otros aspectos de la vida de los Chimila. Las anotaciones más frecuentes que se hacen sobre ellos refieren su habilidad y destreza para el manejo del arco y la flecha, y en general para todo lo que tiene que ver con la guerra. De ahà que sea sumamente interesante conocer el testimonio dejado por Manuel Francisco de Mesa, criollo nacido en Tolú y hecho prisionero por los Chimila en el año de 1750 e impelÃdo a convivir y a combatir al lado de ellos por el perÃodo de un año (AGN. 1754. Poblaciones Varias. Volúmen X: Folios 161-163. Citado por Uribe Tobón, 1974:170-171, 1977:126, 1987:52-53 y 1993:45-46). Este testimonio señala aspectos sobre algunos poblados Chimila, de los cuales dice que eran muy ricos en cacerÃa y que tenÃan bastante ganado cimarrón, localizándolos de la siguiente manera:
(a) Cerca de las sabanas de San Angel, en las cabeceras del rÃo Lopez, existÃa un poblado que los indios llamaban Pueblo de Lata donde habitaban unos mil trescientos indÃgenas. Alrededor de las habitaciones habÃa numerosas rozas agrÃcolas con plantÃos extensos de plátano y yuca. No tenÃan ganado mayor y pescaban en el rÃo con flechas.
(b) Al norte, a cinco dÃas de camino hacia Riohacha, se encontraba el poblado llamado Yare, un asentamiento bastante grande. VivÃan allà unas trescientas personas del grupo de los Tomocos de dialecto Chimila. Estaba también rodeado de numerosas rozas agrÃcolas y se encontraba lejos de los rÃos. Presididos por un "Capitán" los de Yare no incursionaban en sus correrÃas por el rio Magdalena, sino que atacaban por los lados de la región de Valledupar,
(c) Un tercer pueblo estaba localizado en un sitio más abajo de San Antonio frente al Real de la Cruz. Era un poblado pequeño y sus guerreros recorrÃan la margen derecha del rÃo Magdalena, aguas arriba de San Antonio.
(d) En las cabeceras del rÃo FrÃo y en las tierras templadas de la vertiente occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, se encontraba Nengra, en lengua Chimila, un poblado también Tomoco. Este era un poblado muy grande habitado por unas cinco mil personas, encabezados por cuatro caciques. El poblado estaba rodeado de gran cantidad de campos agrÃcolas y no habÃa ganado mayor. Los guerreros de Nengra solÃan hacer sus expediciones por las regiones de Sevilla, Dulcino, rÃo Córdoba y Gaira.
Del anterior testimonio se puede deducir que el pueblo Chimila estaba bastante lejos de ser un pueblo homogéneo y que más bien estaba conformado por una diversidad de grupos y subgrupos, que si bien tenÃan en común una serie de patrones culturales, presentaban diferencias algunas de ellas derivadas de las distintas relaciones establecidas con los ecosistemas. Es lógico suponer que los Chimila que vivÃan a orillas de las ciénagas tenÃan costumbres y tradiciones que diferian grandemente de las que poseÃan los Chimila que habitaban en las llanuras y en las áreas selváticas. De otra parte el testimonio aludido confirma que un elemento central de los asentamientos Chimila lo constituÃa la roza o huerta, que siempre hacÃan a su alrededor.
Fases de la colonización del territorio Chimila
En el proceso de colonización del territorio Chimila, a lo largo del siglo XVIII, se pueden identificar con precisión tres fases distintas. La primera fase se caracterizó porque la preocupación central de los españoles fué la consolidación de la colonización a todo lo largo de la frontera periférica del territorio Chimila, lo que se consiguió con la fundación de varios pueblos de españoles. En lo que respecta a la segunda fase se utilizó como estrategia principal incursiones punitivas al centro del territorio Chimila para arrasar con su aparato productivo y con toda la base de subsistencia económica. Finalmente la tercera fase tuvo como caraterÃstica principal la creación de un gran número de reducciones o pueblos de indios, donde a través de "gratificaciones", prebendas y obsequios, o con la utilización directa de la fuerza y la violencia, se obligó a los Chimila a habitar en poblados nucleados bajo la tutela de un misionero capuchino. En algunas regiones estas fases se dieron secuencialmente, en tanto que en otras se presentaron de manera simultánea.
La labor de consolidación de la colonización alrededor del territorio Chimila estuvo fundamentalmente a cargo de José Fernando de Mier y Guerra quien fue nombrado maestre de campo el 26 de octubre de 1743 por el virrey Sebastian de Eslava, cargo que más tarde fue ratificado por el virrey José Alfonso Pizarro el 13 de octubre de 1752.
Bajo la dirección militar y civil de Mier y Guerra se fundan y refundan veintidos pueblos de españoles, mestizos, y gentes libres, tarea que comenzó hacia 1744 y que viene a terminar en 1770. Esta expansión de la colonización se realizó al tiempo con la construcción de dos caminos que atravesaban el territorio Chimila y permitian la comunicación con los puertos en el Caribe.
En este contexto se fue creando la gran propiedad latifundista y nuevas formas de sujeción de la fuerza de trabajo fueron apareciendo, a medida que los pobladores y habitantes de esas fundaciones quedaban casi que obligados a trabajar como arrendatarios o terrajeros, en las grandes haciendas.
Hacia el año de 1750 los Chimila estaban rodeados y acosados por la serie de poblaciones que se habÃan establecido en la periferia de su territorio y se vieron precisados a efectuar permanentes movimientos migratorios hacia el centro de su hábitat tradicional con el fin de evitar la cada vez más creciente presión colonizadora sobre sus tierras.
Con el pueblo Chimila cercado por todas partes la estrategia de los españoles se centró en la realización de múltiples entradas e incursiones militares al territorio Chimila para destrozar e incendiar todo cuanto se encontrara a su paso. Hacia el año de 1756, el Gobernador de la Provincia de Santa Marta, Juan Toribio de Herrera Leiva organizó las primeras incursiones punitivas al territorio Chimila. José JoaquÃn Zúñiga hacia el año de 1768 adelanta una vasta y violenta campaña de represión que acarrea enormes pérdidas para los Chimila.
La fase final de la "pacificación" de los Chimila fue la creación de reducciones o pueblos de indios, a través de los cuales se pretendió "civilizarlos". Con la creación de estas reducciones se le infringe un duro golpe a la organización social y económica de los Chimila, en la medida en que se desintegran familias enteras que rompen consecuentemente las unidades y las dinámicas de producción, quedando vinculados a la economÃa regional de manera dependiente y aportando exclusivamente la fuerza de trabajo.
El 28 de agosto de 1776 se expidió el tÃtulo de capitán de conquista a Agustin de la Sierra quien logra fundar siete pueblos de indios en el territorio Chimila. Sin embargo la mayorÃa de ellos, con el paso de los años, quedan vacios ya que los Chimila ante la menor excusa emprendÃan la huÃan hacia sus asentamientos tradicionales, y en no pocas ocasiones los prófugos atacaban a aquellos que permanencian viviendo en las reducciones. Hacia 1799 Juan de la Rosa Galbán, capitán de conquista que sucedió a AgustÃn de la Sierra, intentó refundar y revivir varios pueblos de indios, aunque sin éxito.
Un acontecimiento importante que contribuyó a la pacificación de este pueblo indÃgena en la región de Ciénaga y Sevilla fue el reconocimiento del Resguardo de los Indios Chimila de la Ciénaga con un área aproximada de 2.326 hectáreas, que les fue entregada por Antonio Galindo el 9 de diciembre de 1756 cumpliendo órdenes del virrey José Solis Folch de Cardona (Fals Borda, 1980:111A).
Fin de las guerras, persistencia de la resistencia
Después de casi una centuria de guerras y rebeliones y ante la superioridad militar del imperio español los Chimila son prácticamente derrotados. En ese sentido se van volviendo cada vez más excepcionales las salidas armadas contra los waacha ("blancos"). Ante este hecho asumen dos posiciones, consecuentemente con su situación. Un sector de los Chimila, fundamentalmente aquel que ocupaba el nicho ecológico que los identificaba como riberanos inmersos dentro de la cultura anfibia, fue asimilado y bien pronto se aceleró su proceso de aculturación. Por otro lado, los asentamientos Chimila que ocupaban las sabanas y selvas tropicales optaron por retirarse y esconderse en lo más profundo de su territorio, lejos de la frontera de colonización.
Precisamente a este último sector y por orden del teniente gobernador de Santa Marta, José Munive y Mozo, los españoles trataron de amojonarles el 16 de enero de 1783 un Resguardo de tierras de una legua de largo en las sabanas de San Angel, sin embargo los Chimila celosos de su independencia no aceptaron compensaciones tan humillantes y rehuyeron cualquier contacto con los españoles (Fals Borda, 1980: 113A).
Las guerras criollas contra el imperio hispánico y las constantes guerras civiles acontecidas a lo largo del siglo XIX hacen perder prácticamente el rastro de los Chimila que optaron por refugiarse en el hábitat selvático que les quedó desde Pivijay hasta las sabanas de Don Pedro al noroeste de San Angel. Hacia 1876 Luis Strinffler recorrió el territorio tradicional Chimila, localizando pequeños grupos de familias habitando asentamientos dispersos en San Angel, Apure y otros caserÃos, totalmente al márgen de la civilización occidental. Hace un estimativo de población para San Angel de no más de diez familias (Rey Sinning, 1996:190). El etnógrafo sueco Gustaf Bolinder visita a los Chimila en 1915 y 1920 y manifiesta entre otras cosas que estos son los últimos Chimila que sobreviven y describe la mÃsera y difÃcil existencia que llevan (Bolinder, 1987:14). En los últimos años del siglo XIX, cerca a Fundación, Jorge Isaacs tuvo contacto con los Chimila, en esa ocasión el cacique Marasa lapidariamente le manifestó: "apenas español me ha dejado lugar a donde enterrar mis muertos" (Citado por Reichel-Dolmatoff, 1946:97).
Luego de su derrota militar los Chimila que se refugiaron en el corazón de su territorio tuvieron un largo perÃodo en que nuevamente volvieron a estar fuera de la frontera de colonización, lo que los puso a salvo de la aculturación y les posibilitó su existencia de manera autónoma. Sin embargo este perÃodo de relativa calma no habrÃa de durar mucho. Es asà como la explotación comercial del bálsamo de Tolú a partir de la década de 1920, y el descubrimiento y ulterior explotación de petróleo durante la decada de 1940 en el centro de su territorio, marca inexorablemente la penetración de la colonización y el despojo total de su territorio. Lo que los españoles no habÃan conseguido en cien años de guerra contra los Chimila, finalmente lo lograron estos waacha recien llegados.
Para el presente siglo entre los pequeños asentamientos Chimila no existÃa casi ningún contacto y en muchos poblados se ignoraba por completo la existencia de otros grupos. Esta situación se explicaba en parte por las grandes distancias que separaba a los diferentes asentamientos y en parte por rivalidades intraétnicas. A esto habrÃa que agregar que todos los vÃnculos que unÃan a los Chimila de la ciénaga con los Chimila de las sabanas y la selva fueron rotos inexorablemente con su derrota militar. Esta situación de dispersión se mantuvo vigente hasta mediados de la década de los ochenta y comenzó a tener fin a partir de la adjudicación de tierras a los Chimila.
Las guerras silenciosas del boom maderero
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En el territorio del pueblo IndÃgena Pijao, al sur del Tolima, una novedosa modalidad de estilo de vida, irrumpe en los espacios de convivencia y tiende a modificar el comportamiento humano, invade y atenta contra los modelos de dominación y maltrato, promoviendo un nuevo concepto en el plano de las relaciones humanas y la convivencia pacifica, logrando una transformación socio-cultural. Mediante la implementación de dinámicas de ternura y afecto.
Esta practica se esta expandiendo con increÃble rapidez entre los congeneres humanos, en los espacios donde los miembros del Convite Radial del programa de Comunicaciones del Consejo Regional IndÃgena del Tolima, CRIT, hacen presencia; en los seminarios, talleres, diplomados, encuentros y demás espacios de convivencia. Cuenta con un alto grado de contagio y replica en las personas, los núcleos familiares y las comunidades. A este ritmo pronto se transmitirá a miles de personas.
Probablemente sus sÃntomas ya se están presentando entre ustedes y sus comunidades.
Compruebe sus manifestaciones:
- Tendencia a convivir sonrientes, alegres y felices.
- Aceptación de las personas tal como son, sin prejuicio alguno.
- Incapacidad para el aburrimiento, gozan a toda hora con lo que hacen.
- Un deseo incontrolable por vivir en armonÃa con las personas y la naturaleza.
- Ataques sorpresivos de manifestaciones afectuosas; abrazos, sonrisas y besos combinados de mucha ternura.
- Incontrolable tendencia a sentirse de nuevo como niños, sencillos y juguetones.
- Tendencia a ser soñadores; a ilusionarse con entusiasmo.
- Perdida repentina de complejos y resentimientos; una gran apertura al dialogo.
- Afán por sostener una intensa relación sexual.
- Alto grado de compromiso organizativo, gremial y social.
Se trata de una conducta humana que ha sido denominada el Canibalismo Afectivo. Esta innovadora propuesta que irrumpe en el espacio de las relaciones humanas. Convida a abrirse al lenguaje de la sensibilidad y reivindicar el derecho a la ternura y el buen trato entre todos los individuos. Intenta proscribir los estereotipos que la cultura ha impuesto respecto a la ternura y la afectividad. Tiene el propósito de destituir el paradigma de que
La propuesta busca resignificar el concepto de las prácticas de antropofagia socio-cultural, por un nuevo concepto recreado en el plano de las relaciones humanas, facilitando un acercamiento a las personas con actitudes llenas de ternura y afecto, libres de prejuicios, mejorando las relaciones de las personas con los familiares, los compañeros de trabajo o los miembros de la comunidad.
La invitación intenta combatir los modelos de dominación y maltrato, y propone realizar un trueque de comportamientos humanos; de condiciones mezquinas y maliciosas por actitudes calidas y fraternas, para lograr una transformación socio-cultural hacia la convivencia pacifica, armónica entre los hombres, las mujeres, la naturaleza y los seres espirituales. Donde se practique y predomine la caricia social, opción que no debe descuidarse y esta relacionada con el derecho a la ternura y el buen trato, el cual ha de promover espacios; y brindar herramientas que mejoren las relaciones humanas.
El equipo de comunicaciones del Consejo Regional IndÃgena del Tolima. CRIT, viene impulsando esta propuesta, procurando mejorar las condiciones de vida de los individuos, al interior de la familia y de la comunidad.
Algunos testimonios:
“Los indigenas revindicamos los derechos humanos, somos sus promotores y gestores, pero en la práctica somos los primeros en vulnerar los privilegios de las personas, carecemos de afecto, le negamos el buen trato a los niños y las niñas; y a las mujeres aún no les damos los espacios de equidad requeridos†comenta ARQUIMEDES SOACHE, del resguardo de Tinajas, Natagaima.
“Queremos consentir y ser consentidos. Los hombres buscamos la posibilidad de poder hablar de la ternura, abrirnos al lenguaje de la sensibilidad y llorar sin temor a la crÃtica sarcástica y mordaz de los dictados culturales.
“Aceptamos el reto de practicar El Canibalismo Afectivo en las relaciones interpersonales, los efectos no se han hecho esperar; mejoraron las relaciones intrafamiliares, con los compañeros, las relaciones sociales y la convivencia en la comunidad se hace cada dÃa mas grataâ€. Afirma ARIEL QUIÑONEZ BUCURU, indÃgena Pijao, de Coyaima.
Dice ELENA CUPITRA AROCA, de la comunidad El Tambo, de Natagaima, “El Canibalismo Afectivo practicado con los compañeros del convite radial, se ha convertido en una estrategia para resistirle al machismo y maltrato intrafamiliar, los resultados son maravillososâ€
ELVIA RENGIFO, Consejera IndÃgena del CRIT, comenta: “De un tiempo para acá las relaciones humanas de los IndÃgenas, en los espacios de encuentro y convivencia de la Organización son muy amenas, el calor humano que se vive es maravilloso. Esto es un avance.â€
Asà que, déjese seducir por El Canibalismo Afectivo, revive esta práctica con sus congeneres en los espacios de convivencia. Los compañeros, amigos y familiares se lo agradecerán. Es bien fácil, solo tiene que reconocer la dignidad de cada persona y tratarla con respeto y mucho afecto, pronto descubrirás los resultados.
Vive con todos El Canibalismo Afectivo.
* IndÃgena Pijao – Consejo Regional IndÃgena del Tolima (CRIT)
Actualidad Étnica invita a todos sus lectores a manifestar su opinión sobre este tema en el Foro de Discusión "Canibalismo Afectivo".
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(Fragmento del libro "PLURALISMO CULTURAL Y JURÃDICO EN COLOMBIA: UN MARCO ANALÃTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL, DERECHOS HUMANOS, SOCIOLOGÃA Y ANTROPOLOGÃA JURÃDICA SOBRE LA ARTICULACIÓN DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÃGENA (ART. 246 C.N.) Y LA CONSULTA PREVIA (CONVENIO 169 0IT); APLICADO AL EXAMEN DEL CONFLICTO DE LA OXY CON EL PUEBLO INDÃGENA U´WA")
El concepto de pluralismo jurÃdico proviene de la antropologÃa polÃtica aplicada, y surgió con relación a la situación de los paÃses sujetos a coloniaje en los cuales operaban por lo menos dos sistemas normativos superpuestos: De un lado la ley metropolitana o centro colonial, y de otro el sistema nativo o de la sociedad colonizada.[1] Asumiendo como premisa que toda cultura es normativa, al plantearnos al paÃs como pluriétnico y multicultural, conforme al artÃculo 7 constitucional, nos surge una premisa derivada, que afirma la existencia de un pluralismo jurÃdico en Colombia. Esta condición tiene una innegable existencia polÃtica: “Hay casos en los cuales el sistema normativo propio de los pueblos indÃgenas se ha validado por encima de las leyes de orden público y se ha establecido que garantizar la diversidad, está por encima de otros derechos individuales o colectivos, superando la tendencia a mirar los usos y las costumbres como una mera fuente legal posible.â€[2]
Dos son los aspectos aquà planteados que interesa subrayar: La cuestión de cual es la jerarquÃa del derecho a la diversidad étnica dentro del conjunto de derechos que constituyen la dogmática constitucional, y la revaloración de los usos y costumbres étnicas.
En primer término el reconocimiento de la existencia de comunidades culturales diversas, permite a las personas y grupos humanos, como lo dice la Corte Constitucional Colombiana, “definir su identidad, no como ciudadano, en el concepto abstracto de pertenencia a una sociedad territorial y a un Estado gobernante, sino una identidad basada en valores étnicos y culturales concretos†[3]. La igualdad y la diversidad en esta jerarquÃa dogmática se encuentran como mutuamente referidas, en un común punto retórico de partida. No es posible pensar la diversidad sino a partir de la igualdad. Se trata de verdades no excluyentes sino complementarias donde cada una supone la otra. Su punto de partida ontológico y axiológico es el mismo como un fiel de balanza al cual se debe permanentemente regresar, bien sea en el caso en el cual el desconocimiento de la diversidad inferioriza al otro o cuando el desconocimiento de la igualdad lo discrimina. De esta manera el principio de igualdad involucra el derecho a la diferencia, de tal manera que los grupos étnicos tienen derecho a la diferencia cultural sin que esto implique inferiorización, y de manera reciproca cualquier grupo cultural posee derecho a la igualdad sin que ello derive en discriminación.
En esta dirección se requiere entender como se conjugan derechos humanos que atañen a la persona humana en cuanto individuos y cual es el lugar de derechos fundamentales que no se refieren al individuo sino al colectivo. Se deben distinguir dos vertientes distintas de derechos colectivos: Aquellos adscritos a grupos formados por adhesión voluntaria, adhesión que por ser tal, es consciente y encuentra su respaldo y existencia en la conciencia: -tal serÃa el caso de los derechos sindicales y de asociación- y otros derechos colectivos de los cuales serÃan titulares conjuntos cuyos miembros se adhieren entre si no como fruto de un acto de fundacional concreto, sino mas bien - siguiendo la metáfora de Rosseau, esto es como resultado de proceso histórico y cultural, no radicado en la conciencia sino en la conformación colectiva de un pasado común, de unos valores afines y de una cultura diferenciada, la cual provee al individuo de una concepción del pasado y del futuro, de una concepción de lo humano, de unos valores y de esta manera de un común inconsciente colectivo.[4]
Esta problemática conlleva en términos jurÃdicos a la necesidad de reconocer personalidad sustantiva a las comunidades indÃgenas. Al respecto ha dicho la Corte Constitucional:
“La comunidad indÃgena ha dejado de ser solamente una realidad fáctica y legal para pasar a ser ‘Sujeto’ de derechos fundamentales. En su caso, los intereses dignos de tutela constitucional y amparables bajo la forma de derechos fundamentales , no se reducen a los predicables de sus miembros individualmente considerados, sino que también logran radicarse en la comunidad misma que como tal aparece dotada de singularidad propia, la que justamente es el presupuesto del reconocimiento expreso que la Constitución hace a ‘la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana’ (CP art 1 y 7). La protección que la carta extiende a la anotada diversidad se deriva de la aceptación de formas diferentes de vida social cuyas manifestaciones y permanente reproducción cultural son imputables a estas comunidades como sujetos colectivos autónomos, y no como simples agregados de sus miembros que, precisamente, se realizan a través del grupo y asimilan como suya la unidad de sentido que surge de las distintas vivencias comunitarias. La defensa de la diversidad no puede quedar librada a una actitud paternalista o reducirse a ser mediada por conducto de los miembros de la comunidad, cuando ésta como tal puede verse directamente menoscabada en su esfera de intereses vitales y debe por ello, asumir con vigor su propia reivindicación y exhibir como detrimentos suyos los perjuicios o amenazas que tengan la virtualidad de extinguirla. En este orden de ideas, no puede en verdad hablarse de protección de la diversidad étnica y cultural y de su reconocimiento si no se le otorga en el plano constitucional, personerÃa sustantiva a las diferentes comunidades indÃgenas que es lo único que les confiere status para gozar de los derechos fundamentales y exigir, por si mismas su protección cada vez que ellos les sean conculcados (CP art. 17 y 14).â€
(...)
“El reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la Constitución, supone la aceptación de la alteridad ligada a la aceptación de multiplicidad de formas de vida y sistemas de comprensión del mundo diferentes de los de la cultura occidental. (...) El reconocimiento exclusivo de derechos fundamentales al individuo con prescindencia de concepciones diferentes como aquellas que no admiten una perspectiva individualista de la persona humana, es contrario a los principios constitucionales de democracia, pluralismo, respeto a la diversidad étnica y cultural y protección de la riqueza cultural. (...) Los derechos fundamentales de las comunidades indÃgenas, no deben confundirse con los derechos colectivos de otros grupos humanos. La comunidad indÃgena es un sujeto colectivo y no una simple sumatoria de sujetos individuales que comparten los mismos derechos o intereses difusos o colectivos (CP Art. 88). En el primer evento es indiscutible la titularidad de los derechos fundamentales, mientras que en el segundo los afectados pueden proceder a la defensa de sus derechos o intereses colectivos mediante el ejercicio de las acciones populares correspondientes.â€
“Entre otros derechos fundamentales, las comunidades indÃgenas son titulares del derecho fundamental de subsistencia, el que se deduce directamente del derecho a la vida consagrado en el art. 11 de la Constitución. (...) La Cultura de las comunidades indÃgenas en efecto, corresponde a una forma de vida que se condensa en un particular modo de ser y de actuar en el mundo, constituido a partir de valores, creencias, actitudes y conocimientos, que de ser cancelado o suprimido (....) induce a la desestabilización y a su eventual extinciónâ€. [5]
Bajo las condiciones culturales de la mayorÃa de los pueblos indÃgenas, los derechos del individuo poseen un prerrequisito para su realización, y este prerrequisito es la garantÃa de su existencia diferenciada como grupo. Los procesos de socialización en general no están dirigidos a producir individuos como mónadas o sujetos unitarios dotados de independencia los unos frente a los otros. Este proceso conocido en sociologÃa y en psicologÃa social como individuación es ajeno a los desarrollos inculturales de las personas en esa cultura. Mientras que en occidente y en las sociedades industrializadas, uno de los objetivos sociales es la gestación de individuos; en las sociedades indÃgenas el propósito cultural es la impresión del mandato de lo colectivo por sobre lo individual, de generar solidaridades con el entorno . Ser un sujeto construido intersubjetivamente.
Asà es posible por ejemplo ente los U´wa ser Arzayá, hijo de Weiasa, hijo de Siujiná de la localidad de Witirwan, del Clan de Bócota, y ser también un guardián concreto de la tierra de ShoonÃskesa, del agua de ArÃa, OrÃa y UrÃa y del fuego del ebará [6] heredado del aya. La vida en cuanto misión individual y en este sentido en cuanto identidad frente al grupo, depende de los roles asignados a su clan, a su linaje y a su segmento concreto por la tradición oral, todo lo cual se va descubriendo en el conjunto cultural en elementos tales como la asignación de su propio nombre, el conocimiento de los cantos ancestrales sobre los antepasados que han llevado el mismo nombre y de quienes se considera que se es una verdadera reencarnación; y en el conocimiento de las costumbres y narraciones especÃficas que se relacionan con su propia existencia singular. En este sentido vivir es descubrirse a si mismo en la tradición grupal, descubrir el entorno y aprender a conservar el equilibrio entre estos dos hemisferios de la existencia es decir la existencia individual y grupal.
AsÃ, los derechos del individuo, como los concibe occidente, se encuentran subordinados a los derechos del colectivo en el cual el sujeto se encuentra inmerso. La única posibilidad de existencia y realización del sujeto unitario es referido al conjunto cultural. La vida aislada, e individual de los sujetos occidentales es percibida como una desgracia.
Este ejemplo del papel del individuo entre los U’wa, nos conduce al problema jurÃdico de la tensión entre el la consagración de los derechos fundamentales y el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural. La historia jurÃdica occidental ha conducido a considerar como prevalentes los derechos humanos individuales, por encima de los derechos colectivos. Marcando una saludable excepción, la Constitución Colombiana en la búsqueda de una solución frente a esta tensión aboga por el respeto los parámetros valorativos de los distintos pueblos indÃgenas. De lo contrario se le restarÃa toda eficacia al pluralismo que inspira el texto de la Carta.
El constituyente al plasmar los derechos fundamentales, no se inclinó por un único eje axiológico en materia de derechos humanos. No afirmó la supremacÃa del individuo, exclusivamente, ni la supremacÃa del colectivo. Tal y como corresponde a una sociedad pluriétnica, -respetando lo que algunos autores han denominado “democracia cultural†-o sea a las condiciones mÃnimas de reproducción étnica- dejó a la definición endocultural de cada colectivo étnico el significado del ser humano, bien que para los unos sea un “individuoâ€[7] con altos estándares de individuación o para los otros un “pluridividuoâ€con baja individuación. En el caso de la propuesta deóntica U’wa, el concepto de persona de ninguna manera se aniquila. Por el contrario, asà como existe un diverso significado del universo desde lo subjetivo - individual, el sujeto construye permanentemente un significado consensual de si mismo en términos de equilibrio frente al universo. En estos términos, el consenso no sólo es una práctica social, sino una práctica cotidiana e intersubjetiva incluyendo entre los sujetos dialógicos a las diferentes formas de vida que ofrece el mundo natural.
En referencia a la aplicación de la democracia cultural como posibilidad de coexistencia ética, la Corte Constitucional ha manifestado dos dificultades en la aplicación del postulado del artÃculo 7 d la carta magna: Su generalidad que presenta un alto grado de indeterminación, y la necesidad de ponderación entre derechos fundamentales, lo que le otorga una condición de naturaleza conflictiva. Para resolver el problema de la generalidad y la indeterminación, debe tomarse en consideración los puntos extremos del concepto de cultura, es decir la condición objetiva y la condición subjetiva.
La primera hace relación con la conciencia que tienen los pueblos indÃgenas de su individualidad y su diferenciación frente a otros grupos humanos. Al respecto el ArtÃculo 1.2 de la ley 21 de 1991 fija un criterio esencial de aplicación a la problemática discutida: Asà señala: “La conciencia de su identidad indÃgena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.†Es decir, a la hora de determinar la indigenidad, el criterio de la identidad subjetiva se considera básico.
Por otra parte la condición objetiva de la cultura hace relación a las evidencias materiales de la existencia cultural, es decir su sistema de valores, el conjunto de creaciones, instituciones y comportamientos colectivos de un grupo humano. Aquà es donde recogemos la incógnita planteada atrás relativa a la categorización de los usos y costumbres como fuente legal.
Se considera uso o costumbre la conducta reiterada y socialmente aprobada que un determinado grupo humano practica. Es constitutivo de la definición de costumbre el hecho de que su observancia es voluntaria para quienes se sujetan a ella. No existe coerción externa autoritaria hacia su práctica o ejercicio; y ante su infracción no cabe la posibilidad de la imposición forzosa por la autoridad.[8] En este sentido el uso o costumbre es el elemento que la escuela positivista del derecho ha valorado como una de las fuentes posibles del mismo. En orden de prevalencia se le considera la última detrás de la ley y los principios generales del derecho; y de ella se hace nacer el Derecho Consuetudinario. Por este a su vez se entiende “aquel constituido por la costumbre, cuando esta se encuentra incorporada al sistema del derecho positivo por la voluntad expresa del legislador†[9]
Es decir se estima que la vinculación y el reconocimiento de la costumbre en el sistema jurÃdico dependen del reconocimiento que el legislador haya hecho de ella. Sin entrar en discusiones con este criterio, se puede establecer cual es la valoración legal actual de los usos y costumbres indÃgenas en Colombia.
Al respecto la ley 21 de 1991, aprobatoria del convenio 169 de la OIT, establece de manera reiterada los criterios legales que deberán regir al aplicar y al interpretar la legislación nacional sobre pueblos indÃgenas. AsÃ, dicho tratado internacional establece que, los gobiernos signatarios deberán promover la plena efectividad de los derechos sociales económicos y culturales de los pueblos indÃgenas, “respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones y sus institucionesâ€. (Art. 2, num. 2 Lit. b); que las medidas gubernamentales deberán “salvaguardar las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente†de los pueblos indÃgenas, (Art. 4) que los pueblos indÃgenas “deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias siempre que estas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurÃdico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos.†(Art. 8 num. 2). En el aspecto citado, el convenio 169 de la OIT apunta a reconocer la validez de las costumbres e instituciones propias como fuente normativa primaria. Debe recordarse que el artÃculo 8.1 asimila las costumbres indÃgenas a derecho consuetudinario[10].
Por su parte, la carta constitucional ha reconocido la prevalencia de los tratados internacionales, aún sobre la legislación interna, siempre y cuando se trate convenios internacionales sobre derechos humanos debidamente ratificados por el paÃs. (Art. 93 C.P.) En este sentido, los apartes citados del convenio 169 de la OIT, ratificado por Colombia mediante la ley 21 de 1991, tienen prelación en su aplicación en nuestra legislación, en cuanto se hallan en Ãntima relación con el derecho fundamental a la protección de la Diversidad étnica y cultural. Sobre este último ha dicho la Corte Constitucional:
“La intención de proteger de manera especial los valores culturales y sociales encarnados en las comunidades indÃgenas que aún subsisten en el paÃs, se manifiesta de manera evidente en los debates realizados en la Asamblea Nacional Constituyente y en el texto mismo de la carta. (...) Por c
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Que el gobierno haya presentado ante la comunidad internacional reunida en Cartagena, el 3 de febrero, un proyecto de ley mientras cocinaba otro para presentar al congreso, es una vergüenza que, por fortuna, ha sido recibida con indignación por parte de la opinión pública. Si bien la comunidad internacional ofreció su respaldo al gobierno, continúa insistiendo en que su ayuda para la desmovilización está condicionada a la adopción de un marco legal que garantice que no habrá impunidad.
Tampoco se le ha dado credibilidad a las exaltaciones al perdón hechas por el psiquiatra y el vicepresidente, que lo que esconden es el compromiso, cada vez más evidente, de garantizarles la impunidad a los paramilitares. Que el perdón lo den las vÃctimas, no los representantes de los victimarios en el Congreso o en el ejecutivo. La dilación y trabas puestas por el ministro Sabas al trámite del proyecto de Verdad, Justicia y Reparación rayaron en el cinismo y agotaron la paciencia de los ponentes, incluidos los uribistas Pardo y Parody. Por supuesto que la ausencia de un marco jurÃdico propicia la impunidad para los desmovilizados, a quienes será difÃcil pescar más tarde para que respondan por sus crÃmenes. Ante la imposibilidad de seguirle dando largas al asunto, han sido radicados ocho proyectos en el Congreso, armándose un caos que hizo que el presidente tuviera que convocar de urgencia a toda su bancada. Como será la locura que el psiquiatra, que se ha prestado para todo este juego disfrazándolo de cándida bondad, presentó renuncia!. No es inocente que el ministro, representante de los gremios, haya quitado las palabras Verdad y Reparación del tÃtulo del proyecto de ley. En Colombia no hay condiciones para que pueda llevarse a cabo un proceso de esclarecimiento de la Verdad. El psiquiatra no pudo seguir diciendo que el proceso se harÃa de cara al paÃs y con plena transparencia. Nadie cree ese cuento. Hace meses, en un artÃculo de Actualidad Etnica, expresamos nuestras dudas sobre la transparencia del proceso de Ralito ya que enlodarÃa a muchos personajes de la polÃtica, la economÃa, el Estado y los estamentos militares que contribuyeron a la creación, financiamiento y protección de los paramilitares, como lo confirmaron los propios jefes de estos grupos en la primera rueda de prensa en Ralito: “Que no vengan a negar ahora al hijo de Herman Monster que ellos mismos ayudaron a crearâ€. Por lo anterior, parece imposible un proceso real de esclarecimiento de la Verdad sobre estos años de violencia en el que todos los actores armados han estado utilizando estrategias de terror contra la población civil, un conflicto cargado de crÃmenes atroces y desplazamientos masivos de campesinos e indÃgenas, en tanto que unos cuantos narcolatifundistas han acumulado tanta tierra , riquezas y poder polÃtico en sus regiones. Quiénes financiaron y protegieron? Quiénes ordenaron las matanzas? Quiénes se han beneficiado de las tierras y bienes de los desplazados?. Esa es la verdad que se requiere para una verdadera desmovilización con desmonte de las estructuras del paramilitarismo. Cosa distinta es la información que puedan aportar los excombatientes, la mayorÃa de ellos campesinos pobres o lumpen urbano sin futuro, convertidos en asesinos por sus amos, vÃctimas ellos también de tanta injusticia social. La responsabilidad la tienen, en primer lugar, los jefes y los altos personajes que actuaron detrás de bambalinas. Desde luego, quienes ejecutaron sus ordenes no están libres de culpa. El gobierno se ha empeñado en tratar de impedir el castigo, aun para aquellos que han cometido delitos atroces y de lesa humanidad. El psiquiatra empezó por plantear penas virtuales y simbólicas en su proyecto de alternatividad penal que escandalizó a la comunidad internacional. Es claro que en aras de la paz, se requiere altas dosis de perdón y rebaja de penas, si hay muestras de verdadero arrepentimiento, como clarificar toda la verdad, devolver todas riquezas que han acumulado y reparar a las vÃctimas. Mientras ello no se haga, el perdón no es más que retórica y engaño. Esto no significa revanchismo ni venganza -como lo plantean el vicepresidente Santos y el alto Comisionado- sino una dosis de justicia que contribuya a sanar las heridas de tantas vÃctimas. La justicia implica reparación de los daños causados, pero esta es otra de las palabras que desaparecieron del tÃtulo del proyecto del gobierno. Las propuestas al respecto han sido cÃnicas. La violencia se ha utilizado muchas veces en la historia de Colombia para acumular tierra y esta vez ha sido lo mismo. En las zonas de mayor violencia avanzan los latifundios ganaderos y la agroindustria de la palma africana. Ha sido tanta la tierra acumulada, que con ella podrÃa hacerse toda una reforma agraria, devolviendo en primer lugar las que pertenecen a los desplazados. También avanza el lavado de dólares en el control de las principales fuentes de riqueza. Está claro que la desmovilización no está siendo acompañada del desmonte del paramilitarismo sino que éste avanza aceleradamente en la Costa y otras regiones. El gobierno, según la ContralorÃa General de la Nación, ha destinado cuatro veces más recursos para apoyar a los desmovilizados que a los campesinos, indÃgenas y afrocolombianos desplazados. Y solicita a la comunidad internacional que contribuya económicamente para fomentar microempresas y general empleo entre los desmovilizados. Por qué no demuestra el mismo interés en apoyar a los desplazados?. No es justo que se apoye primero a las vÃctimas, que a sus victimarios? Desde luego que la paz es la mayor aspiración del pueblo colombiano en este momento, necesitándose grandes dosis de perdón y reconciliación, pero no de impunidad porque lo único que se logrará es dejar más heridas abiertas, fortaleciendo a los que se han lucrado con el narcotráfico y la violencia. Quienes sà están moralmente autorizados para perdonar son las vÃctimas, no los voceros de los victimarios en el congreso o en el gobierno. A lo mÃnimo que tienen derecho las vÃctimas y sus familiares es a conocer la verdad y a que no se olvide, para que asÃ, esos hechos nunca vuelvan a repetirse.
