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Categoría: Columnistas

Publicado: 30 Noviembre 1999

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Publicado: 30 Noviembre 1999

El desplazamiento en procura de seguridad es una de las alternativas para la población civil, frente a las amenazas y violaciones de los derechos humanos derivadas del conflicto armado que está viviendo Colombia. Otras alternativas son: la resistencia comunitaria permaneciendo en los territorios, o la migración hacia otros países en busca del estatus de refugiado que solo los logra una minoría de quienes cruzan las fronteras. 

La relación entre el grado de amenaza, por una parte, y la capacidad para afrontarla o su vulnerabilidad, por otra, determina si los afectados resisten en sus territorios, se desplazan temporalmente a los pueblos cercanos, se van a las grandes ciudades o fuera del país. A mayor riesgo, mayor necesidad de ocultarse en lugares lejanos, preferiblemente en ciudades lejanas o en el exterior. Los líderes de las organizaciones comunitarias y las personas que han estado de alguna manera involucradas (voluntaria o involuntariamente) con los actores armados o en contra de ellos, son quienes afrontan mayor inseguridad y, por tanto, tienden a desplazarse más lejos y a lugares que les permitan mayor ocultamiento. Una de las alternativas menos malas para ellos es la Capital del país.

Algo similar ocurre con el narcotráfico, el cual tiende a involucrar individuos y comunidades en los cultivos ilícitos, el procesamiento del alcaloide, su transporte y demás eslabones de la cadena. La represión contra este fenómeno, en términos de persecución policial y fumigaciones aéreas, lo mismo que los avatares del negocio ilegal, en términos de decomisos de mercancía, incumplimientos, delaciones, trampas, etc. desata consecuencias violentas contra la población. La situación se torna más peligrosa por la relación del los actores armados no estatales con el narcotráfico como su principal fuente de financiación y por las grandes sumas de dinero que se juegan en estos casos. El resultado generalmente es la muerte o el desplazamiento hacia los lugares que brinden el máximo grado de ocultamiento, como puede ser la capital del país u otras grandes ciudades.

Los desplazados al llegar a la ciudad tienden a ocultarse para no ser detectados por sus enemigos ni discriminados socialmente por ser desplazados o por ser indígenas.  La falta de recursos económicos que generalmente afrontan los lleva a ubicarse en barrios marginales de la periferia de la ciudad o en barrios deteriorados del centro donde la vivienda y los servicios públicos son más baratos. En esos barrios encuentran menos rechazo como desplazados ya que la mayor parte de los habitantes son migrantes recientes con los que comparten situaciones similares. Parece que también, como lo demuestran las encuestas y entrevistas realizadas, en dichos ambientes encuentran menos discriminación social por ser indígenas y más solidaridad entre los pobres. Una investigación realizada hace diez años sobre los indígenas Ingas -quienes no fueron desplazados por el conflicto armado ni por cultivos ilícitos sino que llevan muchos años en viviendo en Bogotá- afirma que estos indígenas se ubicaron en cercanías del barrio El Cartucho porque en ese mundo de drogas, delincuencia y marginalidad, se sentían menos rechazados[2].

Se ha percibido entre algunos indígenas desplazados, que los lazos étnicos en vez de facilitar el encuentro lo dificultan  ya que dichos indígenas expresaban menos prevención contra campesinos o indígenas desplazados de otras regiones, que contra personas de su propia etnia que pudieran dar información sobre ellos aquí en la capital, o en sus comunidades de origen a sus autoridades, a los grupos armados o a la fuerza pública.

En el Centro de Atención al Migrante[3], donde reciben familias desplazadas que no tienen quién las apoye, plantean  que casi todos los desplazados que han atendido tienen algún familiar o conocido a quien logran encontrar durante los tres días en los que el Centro les brinda alojamiento, alimentación y orientación. En esos barrios, a pesar de la pobreza, encuentran apoyo familiar y de paisanos, aunque también se presentan problemas de competencia por los recursos oficiales destinados a atender los desplazados.

La desconfianza de los desplazados ante el Estado por miedo a ser involucrados en problemas judiciales -especialmente de quienes fueron señalados como apoyo de las guerrillas o tuvieron problemas por cultivos ilícitos- los lleva a negarse a rendir declaración ante las entidades del Estado sobre los hechos que produjeron su desplazamiento. Los datos recolectados permiten calcular que un 50 % de los desplazados no han rendido tal declaración, por los tanto no son registrados oficialmente como desplazados y no tienen derecho ni a la ayuda de emergencia humanitaria.

Por otra parte, tampoco el Estado puede registrar los desplazados antes de recibir y verificar la verdad de su declaración, proceso que puede durar varios meses, aunque tiende a agilizarse por parte de la Red de Solidaridad[4]. Se han encontrado muchos casos de personas que no fueron desplazadas por el conflicto armado, como también de personas que no siendo indígenas tratan de hacerse reconocer como tales para obtener las ayudas que provee la ley 387. El hecho de que sólo hasta el 2002 se haya introducido en el Sistema Único de Registro unas variables para recopilar información sobre la pertenencia étnica de los desplazados, dificultaba también su identificación.

Las organizaciones indígenas también han mantenido cierta actitud de prevención y desconfianza ante los desplazados, sin que hasta ahora ninguna de las organizaciones indígenas nacionales[5] haya asumido esta causa social, a pesar de que los desplazados lo han solicitado. Algunos dirigentes han expresado temor de que la atención a los desplazados les genere avalanchas de desplazados o a que el Estado descargue en las organizaciones indígenas sus responsabilidades con los desplazados. Otro argumento es que el compromiso del movimiento indígena es con quienes están resistiendo en sus territorios. De todas maneras, se nota cierta prevención de parte de las organizaciones hacia los desplazados.

En síntesis, entre los factores que dificultan la organización de los desplazados como movimiento social se destacan los siguientes: la desconfianza entre los desplazados mismos al haber sido víctimas los unos de la guerrilla, otros de los paramilitares, otros de la fuerza pública y otros más por problemas con el narcotráfico; la necesidad de ocultarse del Estado y de los actores armados para proteger su vida o su libertad; la desconfianza del Estado para certificar a los desplazados por el conflicto armado; la desconfianza de las organizaciones indígenas; la dificultades para identificarlos y convocarlos;  y las limitantes logísticas para reunirlos.

A diferencia de otros sectores sociales, los indígenas tienen un sentido fuerte de comunidad, de pertenencia a sus territorios y una trayectoria procesos organizativos muy destacados en las últimas tres décadas, lo cual contribuye a que los desplazados respondan positivamente a una convocatoria para organizarse con los demás indígenas que afrontan la misma situación.[6] 

Desde finales del 2002 se logró constituir una Mesa de Indígenas Desplazados con 40 familias, unificados en torno a la solidaridad étnica y al rechazo a todos los actores del conflicto armado; se gestionó un Proyecto cultural y económico con un monto de financiación apreciable, se avanzaron procesos de capacitación y se organizó una cooperativa artesanal muy bien dotada. Pero al cabo de dos años, la Mesa se debilitó y la cooperativa enfrenta actualmente grandes dificultades económicas. Para mediados del 2005 persisten 21 socios en una cooperativa que conformaron. Pero esa cooperativa no se ha dedicado a la producción de artesanías sino a comercializar las que llegan de las regiones indígenas. Al hacer un balance encontraron que las artesanías producidas por ellos salían más caras que las del mercado, porque les resultaba muy costoso traer la materia prima desde sus regiones.  De los veintiún socios que conformaron la cooperativa, solo permanecen activos quienes conforman la junta directiva. Los  demás solo se reúnen cuando los citan a asambleas.

Por otra parte, el proceso de los indígenas Kankuamos desplazados en la capital -proceso que se separó de la Mesa y de la Cooperativa-  ha venido fortaleciéndose organizativa y culturalmente, siendo dirigido en lo político por la autoridad tradicional de su territorio, el cabildo gobernador, quien ha viajado con frecuencia a reunirse con ellos. Los Kankuamos desplazados han desarrollado un proceso de reafirmación étnica orientada por Mamos o autoridades espirituales de la Sierra Nevada. Y para su sobrevivencia, una tercera parte de ellos se ha dedicado a la comercialización de mochilas de su tradición cultural, elaboradas por ellos mismos o compradas en la Sierra. 

Las observaciones realizadas nos llevan a diferenciar tres tipos de indígenas desplazados: los que permanecen aislados, sin relación con las organizaciones indígenas de la capital o de sus territorios; los indígenas que no están en relación con las organizaciones de sus territorios pero buscaron organizarse en la Mesa de Indígenas Desplazados en la capital; y los que, como los Kankuamos mantienen ligados a sus autoridades tradicionales. La vinculación con las comunidades de origen, sus autoridades y organizaciones indígenas son factores claves de reforzamiento de la identidad cultural para contrarrestar los procesos de pérdida de la etnicidad en situación de desplazamiento urbano. El camino para la organización de los indígenas desplazados debería ser abordado por las organizaciones y autoridades de sus pueblos, en coordinación con la organización nacional del movimiento indígena. Pero, con excepción del caso Kankuamo, los indígenas desplazados parecen no tener dolientes en las organizaciones regionales ni tampoco en la organización indígena nacional.

A nivel del conjunto de población desplazada en el país (calculada por Codhes en casi dos millones entre el 99 y el 2005), mientras permanezcan desperdigados, mientras no se organicen, no tendrán la fuerza social suficiente para exigir sus derechos como víctimas del conflicto armado en Colombia, ni el castigo a sus victimarios. Lo que se ha visto en términos organizativos es una proliferación de pequeñas organizaciones disputándose los escasos recursos asignados por el Estado, gestionando ayudas de fuentes nacionales e internacionales y adelantando acciones jurídicas en defensa de sus derechos, incluyendo algunas acciones de hecho, como las tomas de iglesias y entidades o las protestas públicas. Cuentan también con apoyo de la opinión pública, iglesias, ONGs y organismos internacionales, a pesar de hechos como la toma de la Cruz Roja Internacional Han logrado participar en espacios como las Mesas de Concertación del Distrito para el Plan de Atención. Y han tenido logros, como la tutela que llevó a la sentencia T 025 de la Corte Constitucional, la cual declaró el incumplimiento del Estado como inconstitucional, conminando al gobierno del presidente Uribe a asignar recursos específicos y definir un plan de acción urgente.

Pero, a pesar de tanta población desplazada, no existe un movimiento nacional de desplazados, con la fuerza suficiente para exigir y hacer cumplir sus derechos, para ser actores con capacidad de incidir en la solución del conflicto. En el trámite de la ley de Justicia y Paz, por ejemplo, ni siquiera fueron consultados, en tanto que sus victimarios salieron muy favorecidos.  Claro que esto tampoco pudieron evitarlo un sector de congresistas, ni las críticas de los organismos de control, ni siquiera la presión internacional, a la que se sumó la de un grupo de congresistas de los Estados Unidos. 

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Publicado: 30 Noviembre 1999

"Multiculturalidad y multiculturalismo no son conceptos que se hayan debatido mucho en el Perú; el énfasis ha sido puesto en la interculturalidad, en cuya base se encuentra la multiculturalidad, entendida como un término más bien descriptivo de la coexistencia de culturas diferentes en un mismo espacio geopolítico pero cuyo contenido semántico no incorpora las relaciones que, de hecho, se producen entre los miembros de las diferentes culturas. El país es caracterizado como multicultural y es en se sentido que se usa el término, pero nunca como sinónimo de “intercultural”, en particular entre los docentes, lo cual no significa que se haya optado por este último luego de zanjar sus diferencias con lo “multicultural”".

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Publicado: 30 Noviembre 1999

La celebración del “Año Nuevo Andino” (Machaq Mara) año a año va tomando mayor fuerza en el mundo andino y amazónico, y junto a él, los discursos de políticos, indigenistas e indianistas son aprovechados como protagonismo figurativo o son interpretados por la prensa desde diversos enfoques. Lo malo, es que los periódicos, la radio la televisión pintan como algo folclórico y hacerlo atractivo turísticamente como si este acontecimiento estuviera en venta o el fin fuera eso.

Lamentablemente, poco o nada se aprecia o se difunde sobre el verdadero significado de este acontecimiento. Aún cuando las celebraciones que se efectuaron en Puno en el Distrito de Chuchito, en el Caballo Cansado del Collao, en Yunguyo, en Tiwanacu (Bolivia) entre otros lugares, sus organizadores se han esforzado a que la población retome conciencia de su verdadero sentido de reflexión y compromiso con la PachaMama y con el IntiTata como símbolo de reverencia y convivencia armónica de la mejor manera posible entre los hombres y mujeres con la naturaleza.

Los Pueblos andinos, amazónicos, guaranis, kollas, mapuches entre otras etnias,  conmemoran el 21 de Junio nuevo año andino, MACHAQ MARA (en Aymara) MOSOQ WATA (en Qechua), aún cuando la celebración difiere entre el 20 y 25 de junio, dependiendo de cada cultura originaria.  Según el calendario agrícola cósmico, corresponde el año 5513. Pero, ¿Qué significa en el fondo “año nuevo andino”, por qué tanto alboroto? o es que de pronto, esto se constituye como fuente de sustentabilidad para el desarrollo rural o simplemente un faz folclórico sumido al pasado; considerando que todos los hombres y mujeres saben que el año nuevo se celebra el 1 de enero de cada año.

La celebración del nuevo año para el mundo andino y amazónico no significa sentarnos en una mesa con familiares y amigos para ser parte de un banquete con  pavo, chocolate y panteón como lo es en el año nuevo del sistema occidental; sino, esto significa sentarnos en la mesa de nuestra PachaMama bajo la atenta mirada del IntiTata, donde todos los hombres y todas las mujeres que se hacen criar con la PachaMama renuevan su compromiso de continuar criando a los ecosistemas que conviven gracias a la benevolencia de la PachaMama. Además, no nos sentarnos sobre el cemento o sobre las cómodas butacas alfombradas de tablas cortadas y despedazadas de nuestros bosques, sino sobre la tierra misma junto a los arbustos, las rocas y en medio de lodo y polvo para reflexionar, rememorar, venerar y agradecer a la PachaMama y al IntiTata (sol). Tampoco existe regalos de ninguna clase, el único regalo que existe es la sagrada coca, sebos de llama y alcohol para la challa como símbolo de reverencia a la PachaMama, y IntiTata para dar en ofrenda.

El imaginario ritualizado del año nuevo andino, implica entre otras cosas, conectarnos con los espíritus de nuestros ancestros y con la naturaleza simbolizado con la PachaMama. Y es una forma de reflexionar no solo sobre los derechos humanos sino también sobre los derechos cósmicos (derecho de existencias de la vida vegetal y animal) que son los sistemas creencias y valores que se expresa en el uso racional y conservación de los recursos que otorga la PachaMama y el IntiTata. En suma, esta acción es una forma de renovación de los ciclos productivos y el comienzo de un nuevo compromiso con la tierra y el entorno ambiental, no sólo en lo espiritual sino también material y cultural que  purifica y bendice las aguas de los mares, de los ríos, lagos y vertientes, y hace que los recursos naturales sigan su curso para continuar alimentando a las actuales y futura generaciones.

Considerando además, que los sistemas de percepciones y tradiciones socio culturales de los Pueblos Indígenas no sólo creen que la Tierra se encuentra en el punto más alejado del Sol, por el que se registran las temperaturas más bajas como las noches más frías del año, donde los ríos, lagunas y estanques amanecen con grandes capas de hielo. Sino que esto, implica que es hora de asumir un nuevo compromiso con la PachaMama y rendir culto por todo lo recibido en año que fenece. Dentro de este contexto, el año nuevo andino expresa el pensamiento y sentimiento de las diversas formas de sentir, pensar y hacer, estas manifestaciones se expresan en los siguientes actos, entre otros:

·        En la víspera del año nuevo andino, la vida animal, en especial las aves como se supieran del ritual del día siguiente comienzan a cantar, tal es el casos de los lequechos (lec lec lec que indica que congelará fuerte, librir, librir, librir, libir que la helada no será de consideración). En tanto que las otras aves anuncian la llegada de la helada a partir de las 4 hasta que se oculte el sol

·        Tiquichos del lago o ríos anuncian la llegada de los vientos como KAITE (viento positivo) y K`ARI TAYA (viento negativo) que anuncia la llegada del invierno.

·        En tanto que las chocas envían mensajes en sus diversos cantares el cambio del clima, al igual que las pisacas, pucu puco, gaviota. Al tiempo que las otras aves migratorias abandonan el lugar hacia otros destinos. Y las Viscachas de las zonas altas se trasladan hacia las orillas del lago. Todos ellos, son verdaderas enseñanzas de anuncios, en los que en otro artículo los hemos denominado como la “alarma ancestral” que en el terremoto del lejano oriente evitó las muertes masivas de indígenas gracias al a las señales ancestrales.

·        Los ancianos y ancianas reunidos con sus familias se aprietan alrededor del fuego y empiezan a contar cuentos y mitos de sus antepasados con los que matizan el bullicio de las aves en medio fuerte frío. Al final, la familia debe entender en sentido más amplio lo posible de porque las aves anuncian la llegada del año nuevo andino y por que es imprescindible la práctica de los rituales y asumir un nuevo compromiso de convivencia armónica con la naturaleza. Esta es la tradición oral que se transmite de generación en generación.

·        Al mismo tiempo, como si la vida vegetal entendiera a las aves y a los hombres y mujeres las hojas se desprenden de los árboles (los ancianos dicen que es la mano de los espíritus de los achachilas), el cual marca el inicio de temporadas de fuertes heladas aprovechada para deshidratar papa denominada chuño y muraya.

·        Las familias indígenas por generaciones, desde la primera horas del Machaq Mara renuevan su compromiso de continuar haciéndose criar con la PachaMama y prometen cuidarlo y de defender sus ropajes y sus venas que son los recursos naturales y los recursos hídricos, esta es una reverencia ritualizado con el sacrificio de una llama (preferiblemente blanca) para ofrendar a los dioses tutelares del más allá, acto que se lleva acabo en las primeras horas de la mañana.

·        Después del ritual, los hombres y mujeres de estos pueblos andinos proceden a marcar sus animales domésticos previo challa (alcohol - vino) y de adornar con flores de cantuta hoy remplazado por misturas de colores y con aretes de diversos colores como símbolo de reverencia a sus hermanos y hermanos animales domésticos que los crían como parte de subsistencia y equilibrio ecológico.

·        Una vez terminado, la challa a los animales, los hombres, mujeres, niños y niñas rodean en círculo con Saiva (hitos –mini pared- de piedritas sobre piedritas) a los productos agrícolas recogidos en el año como papa, chuño, quinua, moraya, etc) como símbolo de seguridad alimentaría por el que la familia recuenta su capital familiar (capital simbólico) que servirá del sustento, separándose para el consumo familiar, para semilla y para venta.

·        Las familias una vez contabilizado los productos durante la Saiva pasan a almacenar en “sejes” o ”pirwas” (sejes -estera- de totora o hechas de ramas secas de árboles nativos). En el pasado estos constituían verdaderos almacenes con alimentos suficientes para todos, en sí, esto es interpretado como sustentabilidad del desarrollo, es decir almacenar comida para el año y para la época de crisis.

·        Los sabios ancianos y las sabias ancianas instruyen a los más pequeños de la casa para que al medio día junto al Saiva o Pirwa canten el canto ceremonial (uhjú  uhjú  uhjú, como expresión de canto místico para los dioses apus, QutaMama, la PachaMama y InteTanta las escuchen sus suplicas y reciba las ofrendas a base de coca, dulce misa, alcohol, vino y cebo de llama sagrada.

·        Durante el canto mítico, los sacerdotes o los ancianos consultan el libro de la sabiduría que son las hojas coca, donde las viejas y arrugadas manos echan la suerte con la coca y corroboran con la mirada cansada apoyados con huevos de aves silvestres y con estaño que les indicará los posibles peligros a las que se enfrenta cada familia o simplemente ver sus virtudes y vicisitudes que le espera sus futuras acciones.

·        Casi al final de los rituales, los sacerdotes andinos o los ancianos o las ancianas que aprendieron de sus ancestros conducen a la mesa central las aves sagradas como la “Pisaca” cogida en la noche anterior u otros pajaritos a quienes igualmente los adornan y los challan con vino para soltar para que vuelen. Si la ave vuela al lado este (salida sol), es símbolo de buen auguro y sí vuela al lado oeste (puesta del sol) es mal auguro), Todo el ritual debe hacerse sin dañar a las aves sobre todo cuidar para que ninguna pluma pueda caerse, de hacerlo será señal de mal augurio.

·        Suelto las aves, los ancianos o el sacerdote andino proceden a trasladar el atado (tumulto de ofrenda) de misa hacia un extremo del círculo de Saiva que es una hoguera preparada para prender fuego que debe ser prendido con el soplo del viento de los restos de ceniza de la noche anterior (el uso del fósforo no forma parte del ritual) con el que termina el ritual de pago a sus dioses por nuevo año. Los ancianos cuentan que en el pasado los prendían el fuego directamente con la dirección Sol justo al medio día que traspasaba en una copa de oro hacia abajo una arbusto seco para prender fuego, ya no lo hacen porque no poseen la copa de oro.

·        Una vez, terminada el acto ceremonial el Sacerdote o el Jefe de Familia ordena a sentarse en círculo y todos sobre el suelo totalmente descalzos los pies para sentarse a merendar la comida sancochada de los mejores productos nativos, es decir cocinada de los mejores granos de las  papas mas grandes. La jefa de familia ese día cocina a fuego abierto todo con productos nativos, los productos industriales no forman parte ceremonial.

·        La comida nativa antes de cocinar ha sido cuidadosamente seleccionada previa Challa de ispalla (papas seleccionadas con vino o productos mal formados para que siga habiendo la mejor ISPALLA), signo representativo de mejores productos.

·        Todas las comidas son complementadas con la tayacha de oca o izaño sancochado (maschua) o cocida y/o preparado con las tortillas de cebada congelados en la noche del año nuevo andino.

En suma, la celebración del Año Nuevo Andino es antes que todo, una fiesta de reflexión en familia, esta creencia no es una religión ni secta sino una simple conexión espiritual con los otros seres y reafirmar la convivencia armónica dentro de la unidad en la diversidad, toda vez que el hombre o la mujer no es superior ni inferior, ni nadie es más ni es menos. Ello da la oportunidad para entender que todos somos UNO, todos somos el sujeto nosotros, nuestro yo plural. Esto es la visión cósmica de entender el mundo andino.

El conjunto de hechos mencionados, el tratamiento de aves, el adorno y reverencia a animales domésticos y el tratamiento de de productos vegetales cosechados es una expresión de reverencia y respeto al derecho a existir de los otros como principio de equilibrio ecológico, esto se conoce también como derecho cósmico. En tanto que el almacenamiento de productos recogidos en los “Sejes” o “Pirwas” se constituyen  verdaderos bancos de alimentos para garantizar la sobrevivencia de las familias y las comunidades actuales y futuras, conocido en el mundo occidental como “sustentabilidad del desarrollo”. Lamentablemente estos hechos se van perdiendo paulatinamente en el tiempo, ellas  tienen sus incidencias por la abruta destrucción sufrida y saqueadas por la  colonia y la “modernidad”.

Aún así, las prácticas milenarias del año nuevo andino, expresan un tratamiento armonioso y uso racional de los recursos naturales para disfrutar equitativamente de sus beneficiarios actores, esta es una práctica holística, donde están presentes los cuatro elementos Sagrados: AIRE - AGUA - TIERRA Y SOL.  Toda vez, que  la BIODIVERSIDAD es la variedad de vida en el planeta tierra de la que formamos parte y que está intrínsicamente unida al pensamiento ancestral y milenario de los Pueblos, porque somos la naturaleza misma: SOL, TIERRA, AIRE Y AGUA, estos elementos crean la Biodiversidad y hace posible la preservación de la diversidad cultural. 

En fin, los sistemas de valores y creencias consuetudinarias practicadas en el año nuevo andino, no pueden ser considerados como mecanismos de fomento de turismo o meramente folclóricos sino sobre todos estos son mecanismos que pueden contribuir a cumplir los Objetivos del Desarrollo del Milenio para reducir el hambre y abatir la pobreza y con ello impulsar el verdadero desarrollo humano sustentable de los pueblos de la tradición. En suma, la erradicación de la pobreza extrema y el hambre es una tarea en la que los pueblos indígenas pueden jugar un papel protagónico en la ordenación del medio ambiente y de garantizar el desarrollo sustentable debido a sus conocimientos y practicas tradicionales. Tal como los señala el Principio 22 de la declaración del Río, y ser actores con voz propia y decisión para impulsar el principio democrático y que nuestros pueblos tengan la oportunidad de escoger libremente su destino político, no solo en condiciones de ser los beneficiarios, sino también  protagonistas y autores de soluciones.

Considerando, que lo que adquirimos de nuestros antepasados es nuestra propia identidad como Pueblo, y es por eso que somos los guardianes genuinos no sólo de la tierra sino de preservar la continuidad histórica y cultural. Nuestra estrecha relación es intrínseca con la Tierra, con el Mar, con el Lago, con los Ríos, con las Montañas, con los Valles, con las Punas Secas,  y con los Recursos Naturales. Es una relación espiritual, material y cultural; es decir, es una relación holística, pero no es un repudio a la modernidad o sumirse allá como escape, sino se trata de convivir de la mejor manera posibles dentro de la tradición y la modernidad.

Como punto final, el imaginario del año nuevo andino ritualizado con las prácticas ancestrales es la convivencia, reverencia y renovación de compromiso de convivir con la naturaleza, no para depredarlos sino de usar lo razonablemente necesario para la preexistencia de las actuales y futras generaciones. Estas prácticas se constituyen en fuente de sustentabilidad para el desarrollo rural y no puede ser considerado bajo ningún concepto como un simple folclorismo sumido al pasado y se solo fomento al turismo, aun cuando este podría ser “beneficioso”.

Además, lo mencionado, es responsabilidad de los gobiernos y de todos los pueblos a salvar las prácticas tradicionales, como la ritualidad del año nuevo andino. A fin de que estas no se extingan, sino hacer de ellas un futuro promisorio de sus poblaciones, para que realmente vivan de la mejor manera posible y se sientan orgullosos de su majestuoso pasado, como la luz que alumbra el  presente y ver el sendero del futuro sustentable. Todo ello, puede contribuir a cumplir con los objetivos del desarrollo del milineo, considerando que mientras no desaparezca la pobreza extrema en el mundo y vivamos en condiciones infrahumanas, no podemos considerarnos libres ni ciudadanos plenos, sino de continuar siendo objetos de políticas sociales. 

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 Website: www.cciseta.org 

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Publicado: 30 Noviembre 1999

El ataque de las FARC a Caldono confirma la importancia del teatro de operaciones en el Cauca y sella el fin de la resistencia civil abierta. Pero se mantendrán otras formas de resistencia: la soberanía sobre el Macizo la tendrá quien sepa poner de su lado la defensa indígena de sus derechos territoriales.

• La población indígena de Caldono (Cauca) fue atacada por el Frente 6 y la columna móvil Jacobo Arenas de las FARC. Antes de las 5 de la mañana de ese día, guerrilleros de las FARC pasaron por algunas casas advirtiendo a sus habitantes que las  abandonaran porque el pueblo iba a ser atacado. Según un reporte de la fundación Fundemos de Popayán, la población se tuvo que desplazar hacia los “Sitios de Refugio” que han definido los cabildos, ubicados en las veredas de Campo alegre, La venta, Siberia, 20 de julio, Gualo y Andalucía (julio 7). El ataque inició a las 6 a.m. con la llegada de una chiva de guerrilleros vestidos de civil y luciendo camisetas blancas.

Para el ataque se apostaron en varias casas e incluso en la sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Los guerrilleros no lograron destruir la estación de policía custodiada por 16 policías, pero los seis cilindros bomba que  lanzaron destruyeron 12 viviendas. Otras 30 quedaron averiadas. También fueron destruidas las redes principales de servicios de energía y telefonía, y se presentaron daños en la red de acueducto. Tres personas quedaron heridas y no hubo muertos (julio 3). Desde hacía algunas semanas se rumoraba entre la población el inminente ataque.

• Caldono, cuna del movimiento de resistencia indígena del Cauca, está incrustado en las montañas de la cordillera central y ubicado a 65 kms. de Popayán, capital del Cauca, y a 12 kms. de la vía Panamericana. Ha sido atacado siete veces en su casco urbano en los últimos cinco años. El más publicitado de ellos fue el ocurrido el 12 de noviembre del 2001, cuando sus habitantes, la mayoría indígenas paeces, salieron a la plaza e impidieron el ataque de las FARC. La acción ocurre dos meses y medio después del ataque similar y del cerco militar contra el vecino municipio de Toribío (ver

Boletín 9).

• El avión fantasma y una flotilla de seis helicópteros sobrevolaron el área. El acceso por tierra lo hizo el Ejército desde Pescador, en la vía Panamericana y se produjo un combate en el sector de Las Ventas. A las 11:30 de la mañana el Ejército tomó control de la cabecera municipal. Las operaciones estuvieron a cargo de la Policía Nacional, unidades de la Brigada 29 del Ejército y soldados del batallón José Hilario López (Popayán). El Director General de la Policía, General Jorge Daniel Castro Castro, supervisó personalmente los operativos.

• Dos días más tarde, tras un segundo hostigamiento que duró algunas horas, el ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, y los mandos militares visitaron la población y  anunciaron el envío de una nueva brigada móvil y el fortalecimiento de la Brigada 29 (julio 6).

En un consejo de seguridad esa misma semana en Popayán ya se había anunciado la creación de un nuevo “batallón de alta montaña” en la zona. Al mismo tiempo el representante César Negret, ex gobernador del Cauca, denunció que la salida de la Brigada Móvil No. 6 –la misma que en el 2003 entró a Santa Rosa después de dos décadas de control de la guerrilla– benefició los planes de la guerrilla de hacerse fuerte en el departamento.

• Dos días antes del ataque la Brigada III advirtió que Toribío y sus alrededores se convirtieron en la segunda área de acumulación de las FARC. En los últimos tres meses más de mil hombres de la Brigada III y de otras unidades militares al mando del general Hernando Pérez desarrollan las operaciones “Dignidad” y “Fuego Azul”. Según reveló la revista Semana, en la zona se ha descubierto más de 300 kilómetros de carreteras construidos por la guerrilla, así como campamentos subterráneos y armamento antiaéreo. Igualmente han sido liberados algunos secuestrados, entre ellos la personera de Caloto, Alba Rodríguez, quien había sido secuestrada por el frente 40 de las FARC.

• Según Fundemos, en las zonas rurales de los municipios de Toribio, Jámbalo, Silvia, Caldono, y en general, toda el área que abarca el cordón montañoso de la cordillera central de esta región, de población mayoritariamente indígena, se desarrollan casi a diario combates, bombardeos y también hostigamientos a la mayoría de los centros urbanos que la prensa no registra.

• El gobernador del Cauca, Juan José Cháux, aseguró a la cadena Caracol que su despacho tenía conocimiento de que las FARC preparaban un ataque no sólo en Caldono sino en siete localidades del Macizo Colombiano. “El ataque se esperaba para el viernes y se habían tomado las medidas de seguridad “, aseguró Chaux.

• En un comunicado fechado el pasado 6 de julio, los Gobernadores de los cabildos de Caldono, Pueblo Nuevo, Pioya, La Aguada, Las Mercedes, La Laguna Liberia, rechazan la acción sobre su pueblo y rechazan “cualquier cometario o versión que afirma que, “por culpa de los Cabildos”, una vez mas se tomaron la población bajo el entendido de que el caso ocurrido en Caldono es un resultado mas de la violencia que vive nuestro país, frente a lo cual hay que resistir organizadamente en unidad y no solo por sectores.” En el mismo comunicado reiteran su “concepto de reubicación de los cuarteles de policía, por cuanto en el marco del derecho internacional humanitario y principio constitucional la fuerza publica debe proteger a la población civil y no al contrario, y sobre la solicitud de retiro no hemos hecho solicitud formal y oficial ante autoridad competente.”

Análisis:

• La destrucción de Caldono, cargada de simbolismo, confirma una vez más dos hechos claves -y relacionados- del conflicto: que la campaña de las FARC en el Macizo Colombiano es de largo aliento (ver Boletín 9); y que en esas condiciones el movimiento de abierta resistencia civil, que surgió precisamente en Caldono, ha llegado a su fin. ¿La guerra en el Cauca copa hoy todos los espacios? Todo depende de cómo se relacione la fuerza pública con la población civil. Lo que a su vez depende en buena parte de cómo entienda el concepto de soberanía.

• La campaña de las FARC en el Cauca es el corazón de su esfuerzo por crear un “eje suroccidental” alrededor del Plan Patriota que disloque la fuerza del ejército y le asegure corredores logísticos (ver Boletín 19). El gobierno enfrenta hoy el problema clásico de cualquier estrategia de seguridad que pretende controlar una insurgencia: ¿qué hacer en las zonas que no son “prioritarias” dentro de su estrategia? Toda estrategia de seguridad tendrá siempre recursos limitados frente al tamaño del territorio, por eso tiene que comenzar por decidir cuáles son sus “prioridades”. El caso de Colombia es particularmente difícil, por dos razones. Primero, el territorio colombiano es mucho mayor que el de países que conocieron insurgencias importantes: cinco veces más grande que Malasia, siete que Viet Nam del Sur, y cincuenta que El Salvador. Tan sólo el caso del Perú se asemeja, pero Sendero Luminoso cometió el error a final de los ochenta de concentrarse en las ciudades (Lima). Por eso el tamaño del territorio es la principal arma de las FARC.

• Segundo, las prioridades que establece la estrategia del gobierno -el Plan Patriota- en esta fase, a diferencia de lo ocurrido en Cundinamarca, no permiten pensar que de un área “prioritaria” se vaya a pasar a otra en el corto plazo. No hay perspectivas de que en sentido estricto se pueda ejercer suficiente control sobre un área tan vasta, tan despoblada y tan impenetrable como la del Plan Patriota en el sur oriente para poder declararla “ganada”. No hay siquiera una carrera contra el tiempo -cómo controlar rápidamente las áreas “prioritarias” para concentrar los recursos en las otras- porque no hay claridad sobre qué constituye un “éxito” suficiente.

• Es en ese contexto que hay que ver la situación del Cauca y la estrategia de las FARC. Como ya se ha señalado en estas páginas (ver Boletín 9), el Macizo Colombiano es la “bisagra” que conecta el Bloque Sur de las FARC con los Comandos Conjuntos de Occidente y Central. Por él pasan una serie de corredores que comienzan en la frontera ecuatoriana, pasan por entre las crestas de la cordillera central y terminan en el departamento del Valle en el Occidente o incluso -pasando por el corredor Paez-Inzá o más al norte por el cañón de las Hermosas- en los departamentos de Huila y Tolima. Es decir, en el centro del país.

• Surge entonces la pregunta: ¿Qué hacer con un territorio tan vasto y tan agreste, cuando los recursos están en otra parte? Como informó Semana, el ejército lanzó la operación “Fuego Azul” en el Cauca. (Es probable que el ataque a Caldono busque entre otras cosas interrumpir esa operación y “bajar la tropa” de la montaña.) Algunas versiones indican que el propósito final de “Fuego Azul” es establecer un nuevo batallón de alta montaña en el Macizo, en la zona de Puracé. Aparte de que un batallón en una zona tan agreste se puede convertir rápidamente en una preocupación más que en una ventaja -con la cantidad de hombres que tienen las FARC en la zona, no les resultaría difícil coparlo-, lo que demuestra la estrategia del Estado en el Cauca es que opera con una noción equivocada de soberanía y por lo mismo de control territorial.

• El control territorial no se ejerce saturando el territorio con hombres, como quien llena una mesa de billar de soldaditos de plomo. Se logra formando redes que tienen confianza en las instituciones y las apoyan. El problema en el Cauca es que la relación con la población no puede ser la misma que en otras partes, porque los pueblos indígenas y en particular los paeces del nororiente se toman muy en serio los derechos de autonomía que les confiere la Constitución. Pero esto, lejos de ser un obstáculo, puede ser una ventaja para el Estado.

• La Constitución del 91 y su desarrollo jurisprudencial en varias sentencias de la Corte Constitucional (T-528 y T-567 de 1992, T-188 de 1993, entre otras) hacen de la propiedad colectiva de la tierra un derecho fundamental de las comunidades indígenas (ver: Catalina Botero, 2003: Multiculturalismo y derechos delos pueblos indígenas en la jurisprudencia de la corte constitucional). Las comunidades han sabido hacer uso de la tutela para asegurar ese derecho, que obliga al Estado no sólo a facilitar el acceso a la tierra, sino también a proteger sus derechos territoriales de violaciones por parte de otros (por ejemplo, de los colonos). Sólo en casos excepcionales de interés nacional puede limitarlo. Como es sabido, la Constitución otorga también amplios derechos de autonomía a los resguardos indígenas, en particular en la elaboración de políticas de desarrollo territorial y sobre todo en la administración de justicia. El resultado de estos nuevos derechos adquiridos ha sido un cambio en la conciencia y la identidad de las comunidades indígenas (Christian Gros), identidad que está atada precisamente a la

defensa del territorio.

• Esa nueva conciencia de autonomía y de protección de lo propio está detrás del movimiento de resistencia civil que el Cauca conoció estos últimos años. Sin embargo, la resistencia abierta tiene límites: una cosa es convivir con el Frente 6 de las FARC y salirle al paso cuando intenta sacar a la policía de un pueblo, como ocurrió en Caldono en noviembre de 2001. Otra, es estar en el centro de un teatro de operaciones de las FARC en el que participan compañías de varios frentes y columnas móviles del Comando Conjunto de Occidente y del Central, con armamento de otra envergadura. Y que tiene como propósito desprestigiar el frágil esquema de seguridad del Estado (ver Boletín 9) y ser la piedra angular de la respuesta al Plan Patriota (ver Boletín 19). Ante esa situación, las comunidades se han visto obligadas a limitar su resistencia a planes de evacuación de la población a veredas vecinas, para no salir de sus territorios.

• La pregunta estratégica en el Cauca es entonces quién logra poner de su lado la defensa indígena de sus derechos territoriales: El Estado o las FARC. Hasta ahora ninguno de los dos ha tenido éxito, porque ambos operan con una noción equivocada de control. Hay evidencia de que las FARC ha enviado a uno de sus mejores “organizadores de masas” a la región, lo que señala que buscan una interlocución con la comunidades. Pero la permanente destrucción de los pueblos no los acerca a la población. Además, el punto de apoyo de las FARC siempre ha sido el colono, no el indígena.

• El Estado por su parte ha optado por una estrategia de “colonización”, construyendo fortines de policía en los pueblos que invierten la relación con la población. Son más un peligro que un avance en la seguridad, porque “justifican” los ataques de las FARC. Los indígenas se quejan con frecuencia de que en lugar de recibir protección de la policía, tienen que protegerla.

• ¿Qué opciones hay? Sin duda las Fuerzas Militares tendrán que considerar detenidamente cómo contrarrestar el despliegue militar de las FARC en el Macizo. Pero sea cual sea la estrategia militar, ninguna tendrá un éxito duradero si no redefine la relación de la fuerza pública con las comunidades indígenas. Es evidente que si los indígenas han reconstituido su identidad en la última década sobre la base de la diferencia que les reconoce la Constitución y de una nueva autonomía, no estarán dispuestos a ser parte de “redes de cooperantes” ni de ningún esquema que los convierta en una fuerza contrainsurgente del Estado. Pero si el Estado les concede el espacio para que se organicen en sus propios términos -y eso es precisamente lo que tienen las comunidades, una altísima capacidad organizativa- y crea nuevos esquemas de interlocución, más allá de la presencia de la fuerza pública, tendrá la ventaja estratégica.

Incluso si formalmente las comunidades se declaran “neutrales”.

• Pero eso requiere que el gobierno y la fuerza pública piensen detenidamente en qué quiere decir “la defensa de la soberanía” que les encomienda la Constitución a las Fuerzas Militares (Art. 217). En su comprensión clásica, “la soberanía” significa la autoridad suprema en un territorio, lo que implica que no hay lugar para otra autoridad y que todos acatan esa autoridad por igual. Pero los desarrollos constitucionales de los noventa definen espacios intermedios donde -con ciertas limitaciones- conviven diferentes fuentes de autoridad, que a su vez se fundan en una comprensión amplia de los derechos fundamentales. Si la fuerza pública demuestra que su interés es proteger esos derechos, tendrá el apoyo de las comunidades y podrá tejer redes de protección sobre el territorio. Más vale una colcha de retazos que un colador.

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Publicado: 30 Noviembre 1999

Con el resurgimiento de la cuestión étnica en escenarios locales y globales, la relación entre cultura y sociedad cobra un renovado interés para las ciencias sociales y es reinterpretada conforme a los contextos sociohistóricos actuales.

En Argentina los temas de estudio e investigación ligados a la problemática étnica mantienen y restauran su importancia a partir de la visibilidad que adquieren las comunidades indígenas y las colectividades de inmigrantes latinoamericanos y asiáticos. Durante la década de los noventa aparecen en el país algunos trabajos teóricos y empíricos acerca de la identidad y la etnicidad, la diversidad cultural y la desigualdad social... Últimamente se pueden observar diversos esfuerzos en el ámbito de la investigación social destinados a analizar la incorporación del multiculturalismo –en tanto categoría teórica o proyecto ideológico– a las políticas y discursos académicos y gubernamentales. Otros trabajos recientes, son muestra de la actualidad que mantiene el estudio de la cuestión identitaria, problematizada en algunos casos como multi/interculturalidad, entendida como hecho social o proyecto de sociedad.[1]

Suponemos que la tendencia a investigar temas asociados al multiculturalismo seguirá creciendo en América Latina, ya que las tensiones interculturales son consideradas actualmente como “uno de los objetos más fecundos de investigación y una oportunidad para construir sujetos colectivos, políticas abiertas y democráticas” (García Canclini, 1999:18).

En este trabajo abordamos la construcción de la otredad en espacios urbanos multiculturales. Presentamos algunas reflexiones en torno a las relaciones sociales y culturales que se establecen en contextos escolares relacionados a colectividades de inmigrantes y/o a grupos étnicos/nacionales minoritarios, analizando las prácticas y representaciones de distintos actores sociales de la comunidad educativa sobre la diferencia sociocultural. Sugerimos que en estos espacios escolares, frente a los irreductibles conflictos y contradicciones, se desarrollan actualmente una serie de estrategias y procesos de integración, basados en una visión armónica de las relaciones sociales y culturales, que combinan elementos homogeneizadores y diferenciadores antes inadvertidos o desconocidos.

Cabe agregar que estas reflexiones tienen lugar en el marco de una investigación en curso, cuyo trabajo de campo se desarrolla en la ciudad de Córdoba, Argentina. La información utilizada para el presente trabajo se limita a los registros de diferentes ámbitos y situaciones de la vida cotidiana de tres instituciones educativas de la ciudad de Córdoba obtenidos a través de la observación participante, las entrevistas en profundidad realizadas a docentes, alumnos y padres y algunos documentos institucionales. La escuela 1 es estatal, está situada en un barrio de clase media y media-baja de la ciudad de Córdoba. Cuenta con una significativa presencia de alumnos gitanos en el turno tarde. Las familias gitanas que envían a sus hijos a esta institución habitan en una zona muy próxima a ella. La escuela 2 también pertenece al ámbito estatal, ubicada en un barrio urbano periférico. Según la información disponible, allí se encuentra la mayor concentración de residentes bolivianos de la  ciudad (Domenach, Celton y otros, 1998; López Gareri, 1999).

Aunque en menor medida, en esta zona también residen familias inmigrantes de origen peruano y chileno (a excepción de las nuevas generaciones, la mayoría de sus miembros conserva su nacionalidad de nacimiento) y migrantes internos. Datos estadísticos del año 2000 sobre matrícula escolar indican que se trata de la escuela con la proporción más alta de alumnos extranjeros, con predominio de niños de origen boliviano. La escuela 3 es una institución privada, ubicada en un barrio habitado por una clase media y media-alta, que cuenta con la presencia de alumnos hijos o nietos de inmigrantes japoneses y coreanos, cuya capacidad económica familiar se corresponde con la de sus compañeros provenientes de sectores sociales favorecidos. Cabe aclarar que en el transcurso de la investigación, más por motivos prácticos que por motivaciones teóricas, abandonamos el estudio de la comunidad coreana.Aunque en esta oportunidad el análisis se limita al espacio escolar, siempre entendido como un espacio social donde se disputan relaciones de poder y dominación, cuestiones referidas al contexto sociohistórico más amplio no deben pasar inadvertidas en la lectura de este texto.

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Publicado: 30 Noviembre 1999

Esta semana fue de vital importancia para la autonomía y la soberanía energética de América Latina.  La creación de Petrocaribe, en la reciente cumbre de Puerto La Cumbre, Venezuela, se convirtió además en un paso de especial importancia de cara al proceso de integración latinoamericana, puesto que, en ese sentido, empuja la propuesta de Caracas para la creación de Petrosur o Petroamérica como empresa regional de energía, independiente de los grandes monopolios transnacionales.

La I Cumbre Petrocaribe deliberó el miércoles 29 de junio en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui con la participación de representantes de 15 países de la región, entre ellos, el presidente anfitrión, Hugo Chávez, y el jefe de Estado cubano, Fidel Castro.

"Hay una crisis energética asomándose en el horizonte", afirmó Fidel Castro. "El que mejor conoce este problema es el gobierno de Estados Unidos, de lo contrario no habría explicación a esa guerra loca y brutal que han desatado allí (en Irak) sin causa alguna, engañando al mundo, a su propio pueblo, en la búsqueda de petróleo, porque ellos si saben más que todos nosotros de la existencia de las reservas.  Saben que los pozos más grandes se encontraron y quedan muy pocos por aparecer", explicó el líder cubano.

El jefe de Estado de Venezuela, Hugo Chávez, calificó de "horrible" el gasto de energía en el mundo desarrollado del Norte y aseguró que "con ese despilfarro nosotros  podríamos solucionar si no todo, buena parte del déficit de energía de los países nuestros, no sólo de América Latina, sino de Asia y África".

Por su parte, el canciller de Venezuela, Alí Rodríguez, consideró que la iniciativa de la creación de una estructura petrolera con sello caribeño denominada Petrocaribe, se integra directamente en los parámetros de la Alternativa Bolivariana para Las Américas (ALBA), modelo opuesto al proyecto desigual representado por el Area de Libre Comercio para las Américas (ALCA) en Latinoamérica y punto primordial para garantizar una verdadera integración en el continente.

"La crisis es mucho más seria y más profunda de lo que la gente se imagina", aseguró el mandatario cubano durante su intervención en la sesión inaugural de la I cumbre de Petrocaribe. Fidel Castro señaló que a los problemas políticos y económicos que enfrentan los gobiernos del continente se suman las situaciones generadas de la crisis energética.  "Ya comienza a acabarse el combustible, está demostrado matemáticamente en estudios que son irrefutables", aseguró.

"El que mejor conoce este problema es el gobierno de Estados Unidos, de lo contrario no habría explicación a esa guerra loca y brutal que han desatado allí (en Irak) sin causa alguna, engañando al mundo, a su propio pueblo, en la búsqueda de petróleo, porque ellos si saben más que todos nosotros de la existencia de las reservas.  Saben que los pozos más grandes se encontraron y quedan muy pocos por aparecer", añadió el líder de la Revolución Cubana.

La tendencia de desaprovechar la energía en el Norte se ha incrementado. Estados Unidos representa sólo 4 por ciento de la población mundial y consume más del 25 por ciento de la energía del planeta.

Durante el discurso de instalación del I Encuentro de Jefes de Estado y de Gobiernos del Caribe sobre Petrocaribe, el primer mandatario nacional, Hugo Chávez, hizo un llamado de conciencia acerca del uso irracional de la energía en el mundo.

Al respecto citó el libro "La energía y la crisis del Poder Imperial", escrito por Juan Carlos Ferrari en 1975, en el que se recogen datos impresionantes en torno al derroche de energía en Estados Unidos.  "El modelo consumista del Norte viene acompañado de un irracional despilfarro y una distribución sumamente desigual de la energía en el planeta.  Ya decía Ferrari que el World Trade Center consume tanta electricidad como una ciudad de 100 mil habitantes", afirmó el presidente Chávez.

Hugo Chávez consideró que el tema de la energía es un asunto de supervivencia "se trata no sólo de cómo generar energía y cómo equilibrar las cargas, sino de supervivencia.  El modelo consumista que los países del Norte desarrollado pretenden seguir instalando y además obligando al mundo a asumirlo es inviable, va a acabar con la vida en este planeta", aseguró el Primer mandatario nacional.

Para finalizar, aseguró que "si todos los países del mundo asumiéramos el estilo de vida norteamericano, con el que siguen soñando algunos, harían falta unos 7 u 8 planetas Tierra", y agregó en forma jocosa que "en Marte  hubo vida, quién sabe si la acabó el capitalismo, el neoliberalismo y el consumismo. A lo mejor se vinieron y cayeron en Estados Unidos y vinieron a aplicar ese modelo aquí".

La conformación de Petrocaribe fue propuesta por el Mandatario venezolano para impulsar la integración energética con los países del Caribe en las áreas de exploración, producción, refinación, transporte, almacenamiento, comercio, suministro y cooperación tecnológica.

Venezuela, quinto exportador mundial de crudo, suministra petróleo a bajo costo y en condiciones preferenciales a varias naciones caribeñas como parte del acuerdo  energético de Caracas y México, estipulado en el convenio de San José de 1980.

(*) Matilde Sosa es redactora de APM - Agencia Periodística del MERCOSUR, Facultad de Periodismo y Comunicación Social Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Tomado de Servicio Informativo "Alai-amlatina"

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Publicado: 30 Noviembre 1999

Sería incomprensible que la Unión Europea no acogiera la propuesta del presidente Uribe de conformar una comisión para verificar la aplicación de la ley de Justicia y Paz en Colombia. Eso sería repetir el error de Santa Fe de Ralito, cuando para evitar contaminarse de tanta podredumbre, permitieron el gol del expresidente César Gaviria sustituyendo la veeduría internacional por un despistado delegado de la OEA que no vio ni la cancha. Con ello, le dejaron el camino despejado al Comisionado para negociar por debajo de la mesa, mientras le mentía al país diciendo que todo se haría de frente a la opinión pública. Si la diplomacia y la prensa internacional hubieran estado presentes, el gobierno hubiera tenido menos margen de tolerancia y compromiso, y menos dudas se habrían suscitado respecto al proceso con los paramilitares y con la ley de Justicia y Paz.

A los cuestionamientos de Naciones Unidas y de los organismos internacionales de derechos humanos y de tantas otras voces en el país y en el exterior, se sumaron, en lo corrido del presente mes, el editorial del NewYork Times advirtiendo que la ley de Justicia y Paz representaba la claudicación de Colombia ante la mafia, y las condiciones exigidas por el Senado de los Estados Unidos que ponen en aprietos al gobierno colombiano para recibir el apoyo económico para la desmovilización de los paramilitares.

La propuesta de la Comisión de Verificación no fue gratis sino el precio que el gobierno se ve obligado a ofrecer para que no se le vengan encima las cortes internacionales. Por algo duró más de dos años el trámite de la ley y sólo hasta hoy (22 de julio) la firma el Presidente, dos meses después de haber sido aprobada en el Congreso. El viaje del presidente a Europa y el envío de sus mosqueteros al congreso de Estados Unidos indican que aún no se sentían en terreno seguro. Y no lo estarán, porque la justicia internacional será cada vez más exigente. Dos días después de la reunión con el presidente Rodríguez Zapatero, el ministro de relaciones exteriores de España se compromete con las ONG a luchar contra la impunidad en Colombia.

A las dudas jurídicas se suman tantos hechos que evidencian el avance del paramilitarismo y su persistencia en el juego sucio: nunca cumplieron el cese de hostilidades; nuevamente reclutaron gente en Medellín para inflar la desmovilización  de 800 personas de las cuales se sospecha que menos de la mitad estaban en sus filas; empezaron la campaña electoral vendiéndole lotes ilegalizados y en terrenos no aptos a familias desplazadas; continúan apropiándose de todo tipo de negocios subterráneos, como los juegos de azar, el contrabando, los casinos, la prostitución, las loterías, las ventas de carros, mototaxis, moteles, compañías de vigilancia, el paso de la gasolina venezolana, etc. Y como ante todo esto el gobierno se ha mantenido callado, impasible, ellos se muestran prepotentes y desde ya pronostican su triunfo en las próximas elecciones.

En nuestro país, lo más grave no es la ley sino su aplicación, máxime cuando una ley, como  la de Justicia y Paz, está hecha para premiar a los delincuentes, desconociendo los derechos de sus víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Colombia se precia de tener una Constitución Política y unas leyes, en general, progresistas, que contrastan con la situación estructural de violencia, corrupción e injusticia que caracteriza a nuestro país. Pero es que saltarse la ley ha sido un deporte nacional. Instituciones de control y de justicia como la Fiscalía, la Procuraduría, la Corte Suprema, en vez de árbitros se han colocado estratégicamente en los arcos, pero no para tapar goles sino para dejar que los hagan. Al fiscal Osorio lo reemplaza ahora Mario Iguarán, el viceministro de Sabas, y la primera tarea que le encomienda el Presidente es sumarse a la comisión para defender  la ley de Justicia y Paz en los EE.UU. Podrá el país estar seguro de su anunciada independencia y autonomía frente al gobierno?.

A lo máximo que se puede esperar en el término del presente gobierno sería a un acuerdo humanitario, que se hará cuando le convenga a la campaña electoral para la reelección. Varios hechos han revivido este tema tantas veces muerto: el nombramiento de Monseñor Castro como presidente de la Conferencia Episcopal, la entrevista del emisario del presidente Chirac con Raúl Reyes de las FARC, las gestiones de Jorge Leyva y, desde luego la insistencia de varios expresidentes y de los familiares de los secuestrados.

Ahora sí que, de verdad, no tiene justificación que la comunidad internacional no se haga presente, como veedora de todos estos procesos en que se está jugando no sólo los derechos humanos de las víctimas del conflicto armado sino la paz, la vida y el futuro de una nación que, como va, terminará claudicando no solo ante la mafia.

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Publicado: 30 Noviembre 1999

Antes de narrar mi experiencia una de las tantas que sucede a diario en nuestra región, quiero agradecer a Dios, que me dio fortaleza para sobrellevar esta situación y que hoy me tenga con vida para narrar los siguientes hechos:

El día…. miércoles 27 de julio luego de haber escuchado por los medios de comunicación - como la radio regional - donde la fuerza publica anunciaba que estaba garantizado el transporte publico, que no había ningún paro armado que por lo tanto se podían trasladar de un municipio a otro, decidí viajar.

Algunas personas (10) siendo las 7 AM. abordamos el bus que nos llevaría desde Puerto Asís a Mocoa, pasadas las 8:00 AM llegamos a Puerto Caicedo, la situación parecía normal, sin embargo mas adelante, siendo mas de las 9:00 AM, en el sitio denominado Naranjito, fuimos inmovilizados por la guerrilla, quienes nos solicitaron que nos bajáramos con maletas, por que procederían a incendiar el vehículo, como represalia por desacato a la orden de paro armado y que ese mensaje lo demos a los demás conductores que vinieran en el camino, por que de lo contrario correrían la misma suerte.

A los pocos minutos pudimos observar como le prendían fuego, nos llenamos de angustia, nervios en especial el conductor y el oficial, este ultimo dueño del bus (adscrito a la empresa cootransmayo), una escena muy lamentable y llena de impotencia por que no teníamos ninguna alternativa de reacción más que abandonar el lugar acatando la orden de la guerrilla, y ser testigos de una clara violación al derecho internacional humanitario.

Al alejarnos pudimos escuchar unos impactos de bala, consideramos que deberían ser contra el bus, mas adelante unos campesinos que vivían al lado de la carretera nos ofrecieron sus casa para que nos escampáramos por que la lluvia arreciaba, una vez en ella, nos brindaron un tinto, que nos cayo bien por que salíamos de la incertidumbre, que a su vez nos lleno de tranquilidad por que pudo haber sido peor, al igual nos comentaron que la noche anterior el avión fantasma había bombardeado la zona que sintieron mucho miedo por que parecía que el ataque en momentos se dirigía contra sus casas. 

Seguimos caminado, al instante nos percatamos que el conductor tenía dificultades para caminar; hacia unos meses se había fracturado una rodilla y el esfuerzo lo estaba afectando, nos toco mermar el ritmo como gesto de solidaridad…Ya siendo cerca de las 10:00 AM, donde habíamos avanzado aproximadamente dos kilómetros, nos encontramos con una patrulla del ejercito nacional en el sitio denominado la palanca, a quienes les comentamos lo acontecido, se denoto su desconcierto, mas bien pensamos que esto les bajaba la moral, así mismo quedamos preocupados de como una mujer joven moradora de la región que suponemos que deben movilizarse permanentemente por que así es el diario vivir de nuestros campesinos, era indagada por un oficial del ejercito, sindicándola de ser informante  de la guerrilla. Aspiramos a que la situación no haya  pasado a mayores.

Minutos seguidos nos encontramos con la policía nacional, igual les repetimos lo acontecido, consideramos que fue la misma reacción. Cerca de Puerto Umbría fuimos alcanzados por un vehículo particular, que nos ofreció su servicio de manera amable y nos llevo a Villagarzon, en la vía nuevamente la policía antinarcóticos nos solicito que nos bajáramos para hacer una requisa, igual les narramos lo acontecido. Otra vez reiniciábamos el camino a los pocos minutos nuevamente nos pidió esta vez el ejercito nacional de la base de Villagarzon que nos detuviéramos para que el conductor diera algunos datos del vehículo, con todo esto siendo las 11:15 AM llegamos a Villagarzon e inmediatamente un vehículo nos llevo. Por fin al medio día llegamos a Mocoa la capital del Putumayo donde nos enteramos que se habían quemado este mismo día dos vehículos en el trayecto Mocoa – Pasto.

Otra hecho curioso fue que cerca de las 8 de la noche de este mismo día, el parque central de Mocoa fue tomado por la fuerza publica, para instalar una pantalla gigante y sonido fuerte, e inmediatamente se conglomeraron mas de cien personas, al momento inició una presentación de unos payasos, alternando con música de carrilera y de despecho, terminado el acto presentaron la intervención completa del Presidente Uribe que horas antes había estado en el municipio de Villagarzon. Creemos que es un tranquilizante mas para esconder la realidad que padecemos…

También se conocía  en las noticias radiales:

1. Que la situación más critica era en Orito donde se calculaba que unos 500 campesinos, se desplazaban hacia la cabecera de este municipio, como consecuencia de los enfrentamientos entre ejército y guerrilla en la zona denominada el empalme, en los límites de Nariño y Putumayo.
2. Que proseguían los combates en los municipios de Puerto Asís, Valle de Guamuéz y San Miguel en la zona fronteriza con el Ecuador.
3. Que en vía Mocoa - Pitalito seguían los enfrentamientos en la zona Villalobos donde días antes se había volado el puente.

Decidí escribir estas líneas para el análisis y la reflexión sobre cual es el trasfondo de esta situación y dejo el interrogante ¿será que la política de seguridad democrática esta colapsando?

Concluyo diciendo, que la situación esta empeorando, que la crisis humanitaria es evidente, que el conflicto armado se agudiza y con ello las violaciones a los derechos humanos se incrementaran, que es necesario generar acciones de solidaridad con el Putumayo, y que en medio de la violencia seguiremos resintiendo y que no abandonaremos el territorio.

SEGUIMOS EN LA INCERTIDUMBRE

El viernes 29 de Julio, a nueve días de estar sin fluido eléctrico, y seis días sin transporte terrestre entre los municipios de Mocoa, Villagarzon, Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orito, Valle del Guamuéz y San Miguel, y hacia el interior del país por la vía que sale al departamento del Huila, al igual que se conoció oficialmente desde el día de ayer, debido a los enfrentamientos entre la policía y la guerrilla en la vía que conduce a Pasto, en el sitio denominado las mesas, la suspensión del transporte publico que conduce hacia el departamento de Nariño, la situación sigue critica, pese a los dos visitas que ha hecho el Presidente de la Republica en menos de dos meses. 

Lo más preocupante es que pese a que los habitantes del sector rural, habían manifestado que no saldrían de sus territorios hacia las cabeceras municipales, debido a que no había garantías para su integridad personal y menos la asistencia humanitaria adecuada, los fuertes combates entre fuerza publica y guerrilla y bombardeos indiscriminados generados por la primera, los han obligado a que salgan hacia los cascos urbanos, en especial en el municipio de Orito donde se dan cifras de mas de 500 personas provenientes de la zona del empalme y el municipio de Mocoa donde se ha informado que ya han llegado mas de doscientos campesinos provenientes del bota caucana.

La situación de la frontera sigue crítica, se conoce que del municipio de Puerto Asís, los campesinos siguen refugiándose en el Ecuador, por la intensificación de los combates entre ejército y guerrilla después de la toma al Teteye. 

Reiteramos, ya no hay gasolina, los precios de los alimentos comenzaron a subir, la atención humanitaria es deficiente.

Hoy nos reunimos las organizaciones sociales de Mocoa, a las 2:00 PM esperamos estarlos informando de las decisiones, lo cierto es que no aguantamos mas, solicitamos su solidaridad.     

En los medios de comunicación se escucha que han mejorado las cosas, pero la situación tiende a empeorarse, no hemos escuchado aun la voz de la iglesia frente a la situación, esperamos que lo hagan, nos den su voz de aliento y luces frente a la situación de postración en la que se encuentra nuestro departamento, el cual solo es noticia en situaciones coyunturales, olvidándose de la deuda social e histórica, el cual ha proveído y lo sigue haciendo al mercado nacional e internacional de sus recursos naturales y agrícolas.

Pedimos a la comunidad internacional su solidaridad y presencia para con el departamento, su acompañamiento en la búsqueda de las iniciativas de paz con justicia social.  “tuve necesidades y me socorristeis” mateo 25: 35,40. DIOS bendiga su generosidad.

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Publicado: 30 Noviembre 1999

Radio Nasa inauguró el proceso radiofónico de los indigenas de esta parte del Cauca en el año 1996, permitiendo que los habitantes de Toribio se escucharan en su propia lengua. “Para la comunidad nasa el principio y fin que rige la vida comunitaria y la convivencia en el cosmos es la armonía. La base de la armonía en el tejido humano, en la casa del nasa (ser humano), es la palabra que circula por varios caminos, entre ellos por la vía de la palabra oral, el nasa yuwe o idioma propio. Y precisamente los pueblos indígenas son pueblos no grafos sino de tradición oral.” Amparados en estos preceptos, los consejeros y gobernadores indigenas califican el cierre de su emisora como una afrenta que “violenta y rompe la armonía de la comunidad”, situación que no resiste ninguna argumentación de tipo jurídico.

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Publicado: 30 Noviembre 1999

Con la finalidad de avanzar en el desarrollo del contenido de las medidas cautelares que para el pueblo Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta solicitó al Estado colombiano la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, a continuación hacemos los siguientes planteamientos:

1. Nos preocupa altamente que a la fecha y transcurridos varios meses desde que fueron solicitadas las medidas cautelares para nuestro pueblo, todavía no ha tenido lugar ninguna reunión de concertación entre el Gobierno Nacional y las autoridades del pueblo Wiwa pertenecientes a la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona, OWYBT y a la Organización Gonawindua Tayrona, OGT, para abocar el desarrollo de las mencionadas medidas cautelares.

2. Nos preocupa grandemente que nuestro pueblo no haya podido, al día de hoy, reunirse masiva y adecuadamente para tomar decisiones respecto a las medidas de protección que se requieren para superar y/o mitigar la situación que originó la solicitud de medidas cautelares por parte de la CIDH.

3. Nos preocupa profundamente que el Gobierno Nacional, en el contexto de las medidas cautelares, no ha definido las acciones que se tomarán para proteger a nuestro pueblo de los efectos del conflicto armado interno y superar y/ mitigar de esta manera la situación que originó la solicitud de esas medidas por parte de la CIDH.

4. Nos preocupa inmensamente que el deseo y voluntad que han manifestado varias familias que se encuentran actualmente en situación de desplazamiento, de retornar a sus comunidades de origen, no ha sido atendido adecuada y oportunamente por las instituciones del Gobierno Nacional competentes.

Enumeradas las preocupaciones anteriores nos permitimos plantearle al Gobierno Nacional que adelante lo antes posible, las siguientes acciones:

1. Solicitamos al Gobierno Nacional todas las garantías y el apoyo financiero necesario para que las autoridades, líderes y representantes de nuestro pueblo, tanto de la OWYBT como de la OGT, puedan reunirse autónomamente y durante el tiempo que se requiera en una asamblea para discutir el desarrollo del contenido de las medidas cautelares. Indiscutiblemente nuestro pueblo requiere un escenario autónomo y adecuado de análisis, reflexión y discusión, para que las medidas cautelares tengan un desarrollo adecuado. Dada la urgencia de llevar a cabo esta asamblea, se ha programado en la comunidad de El Rongoy a partir del 10 de agosto de 2005 y hasta que los Mamos definan en su trabajo tradicional.

2. Una vez se haya realizado la asamblea de la que se habla anteriormente, solicitamos al Gobierno Nacional, inicie lo antes posible, el proceso de concertación entre las autoridades del pueblo Wiwa y las instituciones del Gobierno Nacional para abordar el desarrollo de las medidas cautelares. En ese sentido el Gobierno Nacional debe crear un grupo de trabajo especial que tenga competencia para discutir las medidas cautelares.

3. De manera urgente se debe conformar una comisión mixta interinstitucional que realice lo antes posible un recorrido por las comunidades Wiwa de Potrerito y Sabana Grande, destruidas por combates entre los actores armados, con la finalidad de verificar y cuantificar los daños que presenta su infraestructura y definir concertadamente una agenda de trabajo.

4. El Gobierno Nacional debe presentar a las autoridades de nuestro pueblo una propuesta que contenga en detalle las acciones que ha definido para reconstruir las comunidades que fueron destruidas en combates entre diferentes actores armados y las medidas para garantizar los retornos de las comunidades Wiwa que se encuentran en situación de desplazamiento.  La reconstrucción de estas comunidades es una condición necesaria para atender la voluntad y deseo de retorno de las familias Wiwa en situación de desplazamiento.

5. Los líderes y dirigentes Wiwa que han sido amenazados por los diversos actores armados ilegales, deben contar con la protección necesaria para que puedan continuar con sus actividades normales. En ese sentido, concertadamente se deben estudiar e implementar las medidas de seguridad y protección que estos líderes y dirigentes requiere.

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Publicado: 30 Noviembre 1999

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Publicado: 30 Noviembre 1999

La cuestión de la etnicidad y el ejercicio de la ciudadanía en los Estados-nación se sitúa hoy como uno de los ejes esenciales de investigación en el mundo, dado el resurgimiento de importantes movimientos étnicos que originaron grandes conflictos bélicos en las últimas décadas.

Requejo (2001) sintetiza bien esta problemática al señalar cómo por efectos de la globalización económica, política y tecnológica, y la emergencia en su interior de una serie de movimientos colectivos de carácter cultural, los Estados liberales democráticos afrontan hoy problemas prácticos y teóricos para regular la ciudadanía por el aumento en la complejidad de los conceptos relacionados con ella. A nivel práctico hay gran diversidad de criterios para conseguir los objetivos de desarrollo, de ámbitos de aplicación de políticas públicas, pluralidad de ambientes y de actores políticos y sociales con distintas percepciones sobre dichas políticas. A nivel teórico, se comprenden mejor los límites de la tradición política liberal y se empieza a entender la interculturalidad como un valor político y social a proteger, situando sus valores universales más allá de los sesgos culturales de los últimos siglos. Dichos valores han sido cuestionados por movimientos culturales de inmigrantes e indígenas, que colocan en la agenda temas no reducidos al lenguaje de los derechos individuales o las nociones de libertad, igualdad y pluralismo conocidas por el liberalismo tradicional, y evidencian un carácter no neutral cultural del Estado, que en nombre de la universalidad de la igualdad de ciudadanía, la soberanía popular y el principio de no discriminación ha favorecido el desarrollo de los grupos culturalmente hegemónicos y marginado a las minorías internas.

Se presentan así, según Requejo, básicamente dos maneras diferentes de entender la ciudadanía democrática. Una se basa en derechos individuales de tipo universal, en una idea de igualdad de ciudadanía no discriminadora que elimine las diferencias en la esfera pública, y una serie de mecanismos que regulan las instituciones en los procesos de toma de decisiones; esta visión desconfía de los derechos colectivos, que ve como riesgos autoritarios para los individuos. La otra posición combina estos elementos con la protección y desarrollo, en la esfera pública, de determinadas características o diferencias culturales de los grupos que conviven en una misma democracia; sitúa el reconocimiento práctico y constitucional de derechos y valores colectivos culturales al lado de los derechos individuales, ya que la mayoría de éstos implican dimensiones colectivas y la regulación práctica de los derechos individuales introduce sesgos discriminadores contra las minorías culturales de un Estado. Por tanto, para que puedan realizarse con plena eficacia los valores de libertad, igualdad y dignidad individual se requiere de la acomodación del pluralismo nacional interno, es decir, incluir las distintas identidades colectivas de tipo nacional que conforman la individualidad de los ciudadanos de un Estado.

De ahí que en el periodo contemporáneo los conceptos de ciudadanía, nacionalidad e igualdad coexistan con diversas connotaciones semánticas,[2] y el derecho a la diferencia se combine con la reivindicación del derecho a la igualdad. Que no sean excluyentes la condición de ser miembro de una comunidad diferenciada y de una etnia, con la de ciudadano de un país multicultural, porque de algún modo todos son parte y participantes de la gran sociedad.[3]

Después de Brasil y México, Colombia es el tercer país de América con mayor diversidad de etnias y culturas. Son 90 grupos étnicos o pueblos ubicados en todas las regiones del país y en 32 departamentos, cuya población calculada en unas ochocientas mil personas representa 2% de la población colombiana.[4] Dicha diversidad cultural se traduce no sólo en diversidad de lenguas y costumbres, sino también en distintas formas de contacto y relación con la sociedad mestiza o mayoritaria y, por lo tanto, diferentes niveles de aculturación y mestizaje, diferentes formas de organización y diferentes reivindicaciones, aunque en general comparten los mismos principios de defensa de la tierra, la autonomía, la cultura, la unidad, y más recientemente la biodiversidad. Sus procesos de organización y lucha, aunque datan de la época de la conquista, tomaron mayor fuerza en los últimos cuarenta años, durante los cuales mediante acciones de hecho (tomas de tierra) y de derecho (reconocimiento y aplicación de derechos) han logrado consolidar organizaciones e instituciones de diverso tipo, con fines reivindicativos, de autogestión y de gobierno.

Hasta el año 1991, los indígenas habían sido prácticamente invisibles para el resto en la sociedad colombiana y su relación con el Estado se determinaba por el Fuero Especial Indígena, o ley 89 de 1890, que les daba la categoría de “salvajes reducidos a la vida civil”. Hasta entonces, el Estado colombiano se definía como una república unitaria, monocultural o culturalmente homogénea.

Con la Constitución Política de 1991, promulgada por una Asamblea Nacional Constituyente y en la cual los indígenas tuvieron un destacado papel, se inauguró la república multicultural al reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural de la nación, al dar a los indígenas colombianos una especial carta de ciudadanía, que los reconoce no sólo como sujetos individuales sino también colectivos de derechos;[5] e introducir algunos elementos de discriminación positiva reflejados en una serie de derechos especiales que garantizan su existencia e integridad como cultura diferente a la del resto de los colombianos.  Se crearon así las bases para la participación activa de los indígenas en la vida política e institucional del país, a partir del establecimiento de unos principios fundamentales, y unos derechos políticos y sociales relacionados con la autonomía, la cultura, el territorio, la jurisdicción y funciones de las autoridades y entes territoriales indígenas: se reconoce y protege la igualdad y dignidad de todas las culturas como fundamento de la identidad nacional; se asegura la presencia indígena en el Congreso de la República mediante la circunscripción especial; se reconocen las diferentes lenguas como lenguas oficiales en sus territorios; la educación bilingüe para los grupos étnicos y la doble nacionalidad para los indígenas de zonas de frontera. Pero, además, la Constitución del 91 introdujo mecanismos de participación e instrumentos de defensa de los derechos ciudadanos, que han sido fundamentales en las luchas de reconocimiento y restablecimiento de derechos de los pueblos indígenas durante la última década.

Hoy casi todas las etnias indígenas del país han tenido o sufrido niveles importantes de contacto y relación con la sociedad dominante, y los criterios mismos de definición de la etnicidad se han transformado para dar cabida a las múltiples identidades que se van construyendo; de manera que no sólo funcionan los criterios de clasificación étnica construidos desde afuera sino también las propias definiciones que se dan los miembros de una comunidad para identificarse como diferentes. Así, aunque la mayor parte de indígenas colombianos mantiene sus identidades culturales que los diferencian de la población mestiza ¾lenguas, costumbres, tradiciones, formas propias de gobierno y justicia¾, también han asumido la identidad colombiana que los hace sujetos de los derechos comunes de todos los “ciudadanos”. 

“En las comunidades indígenas hay una simbiosis donde confluye una cierta concepción de comunalismo primitivo, con una de participación derivada de las prácticas ligadas al modelo de hombre nuevo, y una herencia institucional colonial expresada en el cabildo. Hasta las comunidades más alejadas han sido influenciadas por la iglesia y la institucionalidad occidental en diferentes épocas, por lo cual han retomado o adecuado de éstas distintas formas de participación, que han considerado apropiadas a su desarrollo. No tienen una definición clara en torno a cuál es su sistema político, pues no se definen como democracias, o autocracias, etc., y aunque algunos hablan ya de sistemas consensuales, este asunto todavía no es claro. Se trata de un proceso de construcción de un modelo de comunidad de sujetos colectivos, donde los individuos son en tanto sujetos de una comunidad, que confronta y a la vez aprovecha el modelo de democracia ciudadana”.[6] 

Para Barth[7], un grupo étnico es una población que se auto perpetúa biológicamente y comparte formas y valores culturales que integran un campo de comunicación e interacción, pero, sobre todo, que cuenta con unos miembros que se identifican así mismos y son identificados por otros como constituyentes de una categoría, distinguible de otras categorías del mismo orden. Dicho concepto reconoce o incorpora un carácter subjetivo de la etnicidad, que torna ambiguas las mismas fronteras de definición de los grupos étnicos. Según Ramírez,[8] en el contexto de los estados modernos la etnicidad puede asumirse como una posición política e instrumento de demanda de derechos como ciudadano, es decir como una política de la cultura, pues “en la práctica el ser ciudadano no entra en contradicción con su especificidad étnica, la cual le da derechos especiales en el contexto nacional y global.

Sin embargo, el concepto de ciudadanía nacional que surge en el contexto de los estados-nación supone congruencia entre el territorio sobre el cual ejerce soberanía un Estado y el sentimiento de pertenencia a una nación, fuente de derechos y deberes de los individuos, así como de su identidad colectiva. Este concepto de ciudadanía universal, no incluye en su definición las diferencias identitarias. Soysal (1996:19) resuelve esta disyuntiva, cuando arguye que en el proceso de construcción de nación, una variedad de culturas e identidades han sido incorporadas al dominio social e institucional de la ciudadanía ... Podemos concluir entonces, que la demanda por derechos ciudadanos conlleva una política de la identidad que se nutre de diferencias culturales y de historias colectivas. ”

No obstante, en Colombia este marco de derechos “ciudadanos” formales dista mucho de ser una realidad para los pueblos y comunidades indígenas. A la vieja violencia estructural padecida por siglos, que ha causado la desaparición o asimilación de muchos de ellos al modelo de desarrollo nacional, con impactos tan nocivos como la violencia intrafamiliar, el mal de bahamia, el desarraigo, el suicidio, la corrupción, la prostitución de las mujeres, la pérdida del sentido de vida e identidad en no pocas comunidades, se suman ahora los impactos de la guerra y la política de exterminio implementada por los actores armados legales e ilegales, al amparo de un Estado que peca por acción o por omisión.

Y aquí quiero enfatizar que el conflicto para la etnias en Colombia no se inicia con el recrudecimiento de esta guerra; obedece a causas estructurales de marginación, exclusión y discriminación que hunden sus raíces en los procesos de colonización, “independencia” y finalmente de construcción de la república como un Estado monocultural que no interpretó sino hasta 1991 el concepto de diversidad étnica. Concepto cuyo significado, para la conformación de una democracia multi e intercultural y un modelo de desarrollo incluyente de las diferencias, se desconoce todavía.

En consecuencia, aunque con el conflicto se recrudece la violación de sus derechos, el desconocimiento y la violencia contra los pueblos indígenas han sido y continúan siendo un problema estructural que ha contribuido a su merma física y cultural. Esto lo ha dejado bien claro la política de resistencia indígena, al no limitarse a exigir de los actores armados el respeto a sus proyectos de vida y autonomía, y demandar del Estado la concertación e implementación de políticas públicas coherentes con los principios de diversidad étnica y cultural, que desarrollen sus derechos de pervivencia e integridad, de autonomía de gobierno, de territorio, desarrollo propio, administración de justicia y de recursos.

De esta violencia dan cuenta las cifras. Aunque parciales todavía, por aquello del subregistro, los consolidados de las violaciones contra el derecho a la vida y a la integridad personal del Observatorio Étnico de la Violencia de la Fundación Hemera[9] son alarmantes: 519 homicidios contra personas indígenas en los últimos cinco años ¾mediante la modalidad de asesinatos selectivos de líderes y guías espirituales o masacres¾; 6,661 amenazados, 45 desaparecidos. Todo esto, con el agravante de que la mayoría de estos delitos contra la vida han sido cometidos por las mal llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), las FARC, el ELN en menor proporción, y agentes del Estado, en medio de la mayor impunidad.

Otro tipo de atropellos, más significativos para los pueblos indígenas porque afectan sus derechos colectivos, tales como las violaciones a la autonomía territorial y de gobierno por las incursiones armadas, la constricción de sus actos sociales, rituales y de la vida comunitaria; o las infracciones al DIH, como el uso de material de guerra prohibido en sus territorios, el control de alimentos y medicinas, la contaminación de fuentes de agua, el reclutamiento forzado, la destrucción de lugares sagrados, los cercos y bloqueos en sus territorios, presentan un subregistro mayor, por lo que no hablaremos de cifras. Pero todas estas formas de violencia tienen como impacto el desajuste estructural de las comunidades, la ruptura de sus lazos de convivencia y de relación con el territorio, con la naturaleza y los antepasados, vulnera su cultura y ocasiona la pérdida de la endeble seguridad alimentaria; mengua su autonomía política y administrativa, y debilita sus formas tradicionales de autoridad y gobierno, su institucionalidad, usurpada por los actores armados; lleva a la pérdida de control de sus territorios y obstruye la realización de sus planes de vida; rompe el universo simbólico indígena y acaba con su armonía interna. En otras palabras, socava los mismos principios de identidad indígena construidos durante décadas de luchas: la cultura, la tierra, la unidad y la autonomía. 

Cuatro hechos caracterizan esta espiral de violencia contra los indígenas: 1) la expropiación de sus territorios; 2) el exterminio de sus pueblos y culturas como expresión de la pugna entre derecho propio, Estado y poder; 3) la acción constrictora y genocida de actores armados ilegales, como soporte para la implementación de megaproyectos, la producción de cultivos ilícitos, o el establecimiento de corredores geoestratégicos; 4) la imposición del modelo de desarrollo nacional y la ausencia de un política de inclusión intercultural del Estado, que supere la precariedad e incoherencia de sus programas (Osorio, 2002). En virtud de ello, hasta donde se sabe, los pueblos indígenas de 31 de las 90 etnias existentes se han convertido en uno de los blancos preferentes de los actores armados a todo lo largo y ancho del país. Así, el escalonamiento y degradación del conflicto armado, la falta de una política de protección y desarrollo de los pueblos indígenas, y políticas sectoriales erráticas como la erradicación de cultivos ilícitos con glifosato han colocado a los indígenas en una situación de emergencia social, cultural, territorial y económica, que desdice de todo el marco de derechos reconocido por las leyes. 

Se aprecia entonces una gran contradicción: mientras los indígenas acceden a múltiples derechos y a una ciudadanía si se quiere “multiétnica”, que les otorga autonomía y territorios, son al mismo tiempo objeto de una campaña de sometimiento paraestatal, particular y estatal, que parece fundamentar y complementar la tesis de una “intervención” estatal “de baja intensidad o política de gobierno indirecto”, que combina medidas de integración institucional con ¾digo yo¾ medidas “persuasivas” de fuerza (ya sea en forma directa o indirecta). Según Gros,[10] las demandas de las comunidades indígenas no se pueden entender por fuera de la voluntad del Estado y su proceso modernizador, de descentralización político administrativa y organización en forma de democracia participativa, destinadas a mejorar la eficacia operativa y la legitimidad del aparato público.

En este escenario el reconocimiento de derechos de los grupos étnicos, inclusive la autonomía, puede aparecer como una estrategia para entrar, controlar y finalmente modernizar las comunidades. Bajo estas formas y con el discurso del respeto a la cultura, a los modos de organización colectiva, etc., nunca el Estado estuvo tan presente en los asuntos internos de las comunidades como lo está ahora. Dicha intervención se manifiesta en: a) la conformación de una identidad indígena genérica, panétnica, que responde a la necesidad de buscar un interlocutor, de legislar y actuar como si fuera una gran comunidad indígena a nivel nacional; haciendo de ellos una categoría del derecho positivo, un grupo sometido a una misma ley y a una misma política; b) la conformación de un nivel intermedio de identidades étnicas pan-comunitarias, contribuyendo a la identificación y creación de grupos étnicos culturalmente diferenciados que reagrupan a varias comunidades locales; c) la intervención en la comunidad local asignándole unos recursos específicos y reconociéndole ciertas formas de autonomía para hacer de ella una base para un nuevo actuar. -Y, digo yo, la persuasión por medio de la coacción y la violencia, que si no promueve por lo menos permite el Estado.

Según Gros, la eficacia relativa de tales políticas

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Publicado: 30 Noviembre 1999

La Relatora sobre los Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Doctora Susana Villarán, culminó el 25 de junio de 2005, una visita a la República de Colombia a fin de evaluar el impacto del conflicto armado sobre las mujeres y niñas colombianas y recabar información sobre las medidas legislativas, políticas e institucionales adoptadas por el Estado a fin de proteger los derechos de la mujer.  Durante su estadía, la Relatora visitó las ciudades de Bogotá, Valledupar y Quibdó, donde sostuvo reuniones con autoridades del Gobierno, así como con víctimas, familiares de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y agencias intergubernamentales vinculadas a la defensa y promoción de los derechos de la mujer. 

La CIDH ha manifestado reiteradamente su preocupación por el grave impacto del conflicto armado en la sociedad colombiana donde el respeto de los derechos humanos fundamentales de mujeres y hombres es vulnerado.   En cuanto a la situación particular de las mujeres colombianas, la Relatora verificó durante su visita que el conflicto armado ha profundizado la discriminación y violencia que históricamente han sufrido.  Las necesidades específicas de las mujeres todavía no reciben una atención integral de parte del estado colombiano y sus voces no son efectivamente incorporadas en el diseño de políticas públicas para remediar el impacto especial del conflicto armado en ellas.

A través de la información y testimonios recabados, la Relatora pudo constatar que dentro del conflicto armado colombiano la violencia contra la mujer es un problema estructural en donde la mujer se convierte en un botín de guerra para los actores armados, en su lucha por controlar comunidades y territorio.  La Relatora pudo constatar que las mujeres colombianas son víctimas de homicidios, secuestros, detenciones masivas, reclutamiento forzado, señalamientos y amenazas, sumándose a ello una especial modalidad de violencia asociada a delitos de carácter sexual como la violación, trata de personas, y prostitución forzada, destinados a deshumanizarlas.

Estas modalidades de violencia son utilizadas como instrumento para intimidar e impartir terror a comunidades que habitan en zonas de conflicto, provocando el desplazamiento de cientos de familias que tienen principalmente a mujeres como cabeza de hogar.  Asimismo, los actores del conflicto tienden a imponer el control social sobre las condiciones de vida de las mujeres, dictándoles pautas de comportamiento cotidiano, interviniendo en conflictos familiares y comunitarios, y aplicando castigos que llegan al asesinato, la tortura y los tratos crueles y degradantes, toda vez que ellas no se ajusten a los códigos de conducta impuestos por la fuerza.  De igual manera, los actores armados consideran que el liderazgo ejercido por las organizaciones femeninas  constituye un  obstáculo que dificulta el avance de su control social y territorial y por consiguiente, las organizaciones nacionales y regionales de mujeres que actúan en zonas de conflicto armado son objeto de hostigamientos y amenazas que afectan seriamente el  trabajo comunitario que desarrollan. 

Durante la visita, la Relatora Especial recibió una variedad de estadísticas sobre el porcentaje de mujeres desplazadas de parte de entidades gubernamentales y no-gubernamentales que coinciden en el hecho que el desplazamiento afecta de manera desproporcionada a las mujeres y niñas colombianas.   

La Relatora también recibió información sobre la Sentencia T-025, proferida por la Corte Constitucional el 22 de enero de 2004, que aborda una serie de derechos de la población desplazada que están siendo vulnerados al interior del país, y la necesidad del Estado colombiano de asegurar un nivel de protección para esta población.  Esta decisión es de suma importancia ya que la Corte establece expresamente que las mujeres desplazadas y cabezas de familia que deban dedicar todo su tiempo y esfuerzos a cuidar a niños menores o adultos mayores bajo su responsabilidad tienen derecho a recibir ayuda humanitaria hasta “que la urgencia extraordinaria haya cesado, o hasta que los sujetos que no estén en posibilidad de cubrir su propio sustento adquieran las condiciones para ello”.  La Relatora recalca la necesidad que las políticas públicas aborden las necesidades específicas de las mujeres desplazadas y los principios incluidos en esta Sentencia.

La Relatora Especial verificó durante su visita que la situación de las mujeres indígenas es especialmente crítica.  A los graves efectos del conflicto armado se suma una historia de discriminación y exclusión por su condición de mujeres indígenas. Las mujeres indígenas forman parte de sociedades donde el territorio ancestral es un elemento esencial de existencia y cultura y el conflicto armado ha convertido los territorios indígenas en escenario de guerra y muerte.  En la visita realizada a la ciudad de Valledupar la Relatora recibió testimonios sobre la situación de desprotección en la que se encuentran cientos de viudas y huérfanos viviendo en situación de extrema pobreza y precariedad que han sido obligadas abandonar sus territorios ancestrales donde vivían libremente para transformarse en indigentes en las ciudades.

En el caso de las mujeres afrocolombianas, el conflicto agudiza la situación de discriminación que de por si viven por las diferencias sociales y la estigmatización.   En Quibdó, Departamento de Chocó, la Relatora verificó que existe una situación generalizada de desprotección, la cual ha sido agudizada por las acciones de los actores armados que han convertido a las mujeres en botines de guerra, usando la fuerza para someterlas e impedirles el ejercicio de sus derechos.  Esta situación de vulnerabilidad es agravada por los alarmantes índices de pobreza, mortalidad y morbilidad materna e infantil, así como altas tasas de analfabetismo en las mujeres.

La Relatora ha tomado conocimiento de esfuerzos en materia de política pública para atender las necesidades específicas de las mujeres en el conflicto armado, como por ejemplo la denominada “Mujeres Constructoras de Paz y Seguridad”, así como una serie de instituciones y mecanismos a nivel nacional y local para velar e implementar el cumplimiento de leyes. Cabe destacar también los esfuerzos de parte del Estado colombiano para relevar estadísticas sobre las violaciones de derechos humanos de la mujer, incluyendo el programa de Observatorio de Asuntos de Género y el trabajo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.   Colombia también posee un marco jurídico para proteger los derechos humanos de la mujer, incluyendo su derecho a vivir libre de violencia y discriminación.

Sin embargo, tanto autoridades estatales como representantes de la sociedad civil manifestaron su preocupación sobre la ausencia de una política estatal integral que tome en cuenta el impacto del conflicto armado en los derechos humanos de las mujeres y este contexto de impunidad perpetua que las mujeres sean tratadas como botín de guerra por los actores armados.   El estado colombiano esta obligado a aplicar debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y discriminación contra la mujer agravada por el conflicto armado, aunque el conflicto presente desafíos a esta respuesta.

Por otra parte, es preciso que el Estado implemente medidas para erradicar patrones socioculturales discriminatorios en razón de sexo, raza, etnia y clase social y tomar en cuenta estas diferencias en el desarrollo de políticas públicas para mitigar el pernicioso efecto del conflicto armado en las mujeres colombianas.  La Relatora observa que tanto a nivel nacional como local, existe una falta de inclusión de las necesidades específicas de las mujeres indígenas y afrocolombianas en los programas y políticas públicas. Asimismo, la Relatora nota que las autoridades del Estado de Colombia necesitan legitimar y proteger de manera eficaz a las defensoras de los derechos humanos de las mujeres y sus organizaciones en todo el territorio nacional.

La Relatora reitera su grave preocupación por el sufrimiento que viven las mujeres colombianas a causa de la violencia y discriminación agravada por el conflicto armado y la importancia de considerar estas necesidades específicas en la respuesta pública al problema.  En las circunstancias actuales, las mujeres y niñas colombianas afectadas por el conflicto armado no pueden gozar de y ejercer sus derechos consagrados en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en la Convención Americana de Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales.

La Relatora desea destacar de manera especial el extraordinario esfuerzo de las mujeres colombianas para enfrentar la adversidad del conflicto armado interno.  Realza así mismo,  su incansable lucha contra la discriminación, la exclusión y la violencia y por el disfrute pleno de todos sus derechos humanos.  Esta capacidad de asociarse e incidir ha logrado importantes avances normativos e impulsado la adopción de políticas e instituciones de adelanto para la mujer en Colombia.  La mujer colombiana no sólo es víctima de una discriminación y violencia estructural, exacerbada por el conflicto armado interno, es también portadora de iniciativas de inclusión, democratización y pacificación autentica de la sociedad y del Estado colombianos.

Las observaciones, conclusiones y recomendaciones de la Relatoría serán plasmadas en un informe especial a ser aprobado por el pleno de la CIDH.

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Publicado: 30 Noviembre 1999

Con la autoridad moral que me da el haber trabajado directamente con muchas comunidades indígenas de mi país e incluso algunas de la república de Panamá, y por haber compartido en no pocas ocasiones la exigua menestra de los AWÁ-CUAIQUER, puedo decirle al redactor del boletín "Actualidad Étnica" (www.etniasdecolombia.org) que se equivoca de medio a medio.

Es difícil tener que aceptar que en el proceso de validación de un discurso para justificar los actos de las guerrillas ustedes confundan o pretendan confundir a sus lectores sobre el verdadero enemigo que tienen estas comunidades altamente vulnerables.

En la disputa por el control territorial entre facciones de las bandas FARC- ELN y los Paras con el objeto de dedicar extensas zonas de bosque tropical húmedo a los cultivos ilícitos, se penetraron sus espacios ancestrales y hoy por hoy somos espectadores de la agresión más severa que han recibido los habitantes de estos resguardos.

Del blanco los Awá asimilaron rápidamente sus vicios y sus perversiones, el séptimo día de la semana los hombres reciben el magro pago por su trabajo en el campo y salen derechito a las cantinas de Ricaurte, El Diviso y Altaquer, mientras tanto sus mujeres -en un acto que es el sueño de cualquier varón latino- pacientemente se sientan en el sardinel de la acera a esperarlos rodeadas por los hijos menores de edad. Ellas no dirán nada… ni un solo reproche, si a mucho una mirada triste en espera de conmiseración que cuando por fin ocurre; él, su macho, le dará algo de dinero para comprar algo con que subsistir otra semana más.

Y así, cargando a sus espaldas el mercado, calladita, sosteniendo con un brazo como mejor puede a su marido que se tambalea, se cae y arrastra borracho a más no poder, apretando con el otro al benjamín de la casa sin quitarle el ojo un instante a los demás pequeñines que caminan quejándose de hambre, cansancio y sed, regresarán a su parcela cuando cae la noche.

Les pregunté a muchos hombres aprovechando momentos de sobriedad por que no dejaban a las señoras en la casa y que por sí mismos regresaran procurándose sus propios medios, preferiría no haber preguntado: Hay que salir con ellas porque si se quedan solas las violan…

Cuando los guerrilleros llegaron a sembrar coca y a establecerse con campamentos y laboratorios no le aportaron nada a la cultura de los Awá, allá solo hay hambre, miseria y tuberculosis sistémica. El bacilo de Koch es endémico y seguirá diezmando a los indígenas mientras sus condiciones de malnutrición no sean cambiadas por acción de una política integral eficaz que les procure una alimentación balanceada y saludable.

Señor redactor: el enemigo no está en la acción legítima del Estado, vaya usted hasta la cuenca del Telembí, visite la reserva natural de La Planada, zona protegida por la Fundación FES Social y el World Wild Life, úntese de pueblo, hable con la gente, vea y analice, hay una realidad muy diferente allá en la selva a la que usted percibe cómodamente sentado frente a su computador en la cosmopolita Bogotá.

Los Awá, los Cuaiqueres y muchas etnias más desaparecerán en un futuro cercano porque sus culturas están siendo expoliadas por las organizaciones narcoterroristas, nuestra idea de desarrollo y progreso no es la misma que demandan estos pueblos, recuerden que rico no es el que más tiene sino el que menos necesita.

Olvidémonos de utilizarlos como un instrumento de propaganda política para nuestros fines y actuemos ahora de una manera decidida para conseguirles un buen nivel de vida dentro de su identidad cultural o muy pronto alcanzaremos el estándar norteamericano: ¿indios? Sí, sólo una docena… para las películas.

*Los artículos de esta sección no expresan la opinión del medio Por lo tanto, Actualidad Étnica no se hace responsable de los mismos.