Opinión

 

Entre el 8 y 10 de noviembre pasado, se llevó a cabo la Misión de acompañamiento al Pueblo Kankuamo en la ciudad de Valledupar en el departamento de Cesar, Colombia. Una delegación, conformada por organizaciones de orden nacional  e internacional, hizo presencia en las audiencias públicas de los 39 indígenas kankuamos detenidos en la cárcel de esta ciudad por supuestamente “pertenecer o ser auxiliadores” de los grupos insurgentes.

 

Diputados del Partido Verde Europeo, quienes hicieron parte de Misión, exigieron al gobierno nacional el respeto por las comunidades indígenas, a su autonomía y su territorio, en consecuencia elevaron su voz de protesta por las irregularidades en el proceso que se le sigue a los detenidos desde hace más de 3 meses y las condiciones infrahumanas de reclusión. Grazia Francescato, portavoz femenina de los Verdes Europeos y presidente honoraria del partido Verde Italiano, compartió con Actualidad Étnica  sus impresiones sobre la difícil situación de los kankuamos, de los indígenas y en general sobre la crisis humanitaria de nuestro país.

 

AE: ¿Por qué los miembros de una corriente política, como el Partido Verde se interesan problemáticas como las que afectan a los pueblos indígenas de Colombia?

 

El Partido Verde en Italia, en Europa y en todo el mundo, busca trabajar en un desarrollo que sea social y ecológicamente sustentable y que se logre en un contexto de paz. Los tres pilares de nuestra estrategia son la paz, el medio ambiente y los derechos humanos. Esta es una apuesta a nivel planetario, porque con la globalización imperante, los problemas ambientales y de derechos humanos son cada vez más comunes a todas las sociedades. Por esa razón para nosotros es muy importante hacer presencia en América Latina. Aquí hay desafíos que afrontan tanto las comunidades nacionales como las internacionales. Colombia ocupa el primer lugar de los desafíos en el mundo, porque en este país se da todo: un conflicto armado de más de cuarenta años, el narcotráfico, la desigualdad social, los problemas ambientales. Así que para los Verdes, Colombia es un frente muy importante que hay que seguir atentamente, acompañar y respaldar.

 

AE: ¿Qué actividades desarrollaron durante su visita a Colombia?

 

Llegamos a Colombia una delegación conformada por los Verdes Globales de Australia, Estados Unidos, Japón, Bosnia, Taiwán y Verdes Europeos. Desde el 31 de octubre hasta el 6 de noviembre realizamos diferentes actividades en Bogotá, entre ellas una de las más importantes fue la pedir la liberación de Ingrid Betancourt, de Clara Rojas y la de todos los secuestrados civiles y militares e insistir en la materialización de un acuerdo humanitario, la salida a esta angustiantes situación. Para nosotros el acuerdo humanitario tendría que ser el primer paso en busca de un proceso de paz, es decir de una solución negociada y política del conflicto armado. Claro que esta situación no se logrará si no hay proceso de paz con justicia. A final de esa semana también nos reunimos con los familiares de las víctimas de crímenes de lesa humanidad y con otras organizaciones.

 

Finalmente emprendimos el viaje a Valledupar para acompañar la delegación nacional e internacional en respaldo al pueblo kankuamo porque lo que sucede con ellos se puede calificar de genocidio. Son 257 indígenas asesinados en los últimos años, de éstos 115 han muerto durante el gobierno de Uribe, como el caso el de Freddy Arias Arias. ¿Sí la actual población de los kankuamos es de 12 mil, a este ritmo, cuántos quedarán dentro de 10 años?

 

AE: ¿Qué pudieron observar en esta misión?

 

En principio, que los procesos que se les sigue a los detenidos son una verdadera farsa, caricaturas de procesos, porque sólo se basan en señalamientos, son delaciones que se promueven con dinero y que dividen a las comunidades.

 

Lo que pudimos ver fue realmente lamentable. Nos encontramos con los kankuamos en el lugar donde están recluidos, que es sitio muy húmedo, muy triste, en un espacio muy estrecho en donde hay muchas personas. Duermen en el suelo expuestos al calor y la humedad; no comen sus comidas tradicionales; no tienen espacio para hacer sus rituales. Esta es situación verdaderamente incompresible, porque según la constitución colombiana los indígenas tienen que ser detenidos en cárceles apartes, en su propio territorio y sin estar mezclados con otros reclusos. Así llevan más de 11 meses, siendo inocentes. Allí hay madres cabezas de familia que han dejado sus hijos con sus abuelas, incluso hay una mujer de 4 meses de embarazo. Esto simplemente inaceptable.

 

En la reunión que tuvimos con las autoridades locales, les solicitamos que visitaran la cárcel para que vieran con sus propios ojos la situación que nosotros vivos y que a la mayor brevedad dieran solución a esta situación, especialmente a las mujeres. El delegado regional de la procuraduría para el tema de las cárceles nos prometió que se haría cargo de este asunto. En el mismo sentido se comprometió el Alcalde de Valledupar.

 

¿AE: Puntualmente cuáles son los compromisos de esta misión?

 

Lo primero que hicimos es enviar cartas al Procurador y Defensor delegado en el Cesar y al Alcalde de Valledupar, en las que les recordamos por escrito lo que hablamos durante la visita, para que no olviden los compromisos que adquirieron con la delegación.

 

Queremos monitorear ese proceso, por esta razón en las comunidades que dirigimos a  estas autoridades les solicitamos que se garanticen las medidas de seguridad de los kankuamos,  una vez sean liberados para que no se tomen represalias contra ellos. Igualmente hemos pedido a estas instancias que hagan un pronunciamiento, cada uno desde sus competencias, frente a la situación de los detenidos y en general del pueblo kankuamo.

 

Adicionalmente hicimos un llamado para que se ejecute un plan de desarrollo de la comunidad que respete su principio fundamental de identidad cultural, de territorio y de autonomía. Los pueblos ya tienen su forma de gobierno y sus autoridades así que en la formulación de los planes municipales tienen que sentarse con los indígenas y planear con ellos.

 

Uno de los temas que nos interesa especialmente es la investigación que ya se está realizando sobre las fumigaciones en los territorios sagrados de este pueblo indígena. Los Verdes presentaremos los resultados de este estudio ante el Parlamento Europeo para que rechace el Plan Patriota, como ya lo hemos hecho con el Plan Colombia.

 

Queremos que el caso de los kankuamos sea simbólico de toda una lucha y para que de esta manera se les reconozca a los pueblos indígenas el derecho a vivir, a su entidad y autonomía. Los pueblos indígenas son los verdaderos dueños de esas tierras, los verdaderos custodios, son los que saben cómo hacer uso de los recursos naturales sin destruirlos, los que tienen una relación de armonía con la madre tierra, así que debemos que reconocer que ellos tiene derecho a sus milenarias formas de gobierno y que también que tienen una sabiduría que hemos perdido totalmente. (Para conocer el informe oficial y los compromisos de la misión haga clic aquí).

 

De los Verdes para los ecologistas

 

Grazia Francescato, es ante todo es un comprometida con el tema ecológico en Europa y el mundo. Ha adelantado las más difíciles empresas con convicción propia de quienes no claudican en sus propósitos y no traicionan sus principios, por esa razón ha merecido importantes reconocimientos como el premio N’Aitun en el año 2.000. Este mismo galardón lo recibieron personajes como el ecólogo marino francés, Jacques Cousteau y Green Peace.

 

Por tal razón, cobra especial importancia su reflexión sobre los kankuamos, los indígenas de Colombia y del mundo. “La cosmovisión de los indígenas es el de un respeto total a la madre tierra. Nosotros los blancos tenemos que aprender de esta manera de ver el mundo, porque lo que estamos haciendo los países industrializados con la globalización rapante, es usar de una manera salvaje e irracional los recursos naturales. Las consecuencias ya se ven a nivel ambiental y social en Colombia y en el mundo”.

 

Según Francescato, el afán depredador de algunos es una de las principales consecuencias del desplazamiento en nuestro país. “En Colombia hay 86 etnias indígenas con 64 idiomas. Es una biodiversidad natural y cultural y social. Los pueblos indígenas viven en territorios bio estratégicos y llenos de recursos naturales. Por esa razón quieren echarlos de sus territorios y los grupos de intereses se benefician de esta situación, como los paramilitares, que en realidad deberían llamarse narcomilitares, puesto que ellos controlan gran parte del tráfico de coca. Ese es el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta, que esta amenazado por bases militares y por un turismo que no es sustentable como el plan surrealista de construir in teleférico hasta la Ciudad Perdida”.

 

Agregó que para los europeos resulta increíble que en Colombia, el 0.4% de la población sea dueña del 65% de la tierra. “Esto es como del medioevo. Así que se debe hacer una profunda reforma agraria para que no aumente la brecha entre ricos y pobres, porque los que son más afectados por esa inequidad social, que es la raíz del conflicto armado, son los campesinos y las indígenas”.

 

La parlamentaria no puede comprender cómo le puede suceder esto a los indígenas de Colombia si son ellos los portadores del una sabiduría milenaria que ya quisieran tener muchas culturas en el mundo. “Ellos tienen una verdadera visión ecologista mayor que la de todos los Verdes del mundo son los que saben cómo se vive en armonía con la naturaleza con los seres humanos y con cada uno de los seres vivientes. Ellos saben que la madre tierra es un ser vivo y no es un supermercado en donde uno va a buscar los recursos naturales que necesita. Nosotros respaldamos a los pueblos indígenas, porque ellos tienen mucho que enseñarnos a la llamada civilización, porque ellos son los verdaderos ecologistas del planeta”.

Evo Morales ha dicho muchas cosas que queríamos escuchar hace más de quinientos años por la boca de un presidente boliviano. Ha dicho también cosas que se escucharon con sordina por siglos en América Latina y ha dicho cosas que revelan, por fin y ante el mundo, una de las causas de la obstinada presencia yanki en territorio andino y especialmente boliviano: el control de la Coca a través de su empresa Coca Cola.

 
Con su parsimonia ancestral, Evo reclamó ante la prensa internacional el trato especial que le dan los gobiernos andinos a la comercialización de la hoja de coca que "compra" la Coca-Cola Internacional, empresa emblemática no sólo del Imperialismo yanki, sino de algo más profundo y eficaz en la dominación cultural que ejerce sobre gran parte del mundo: el "modo de vida
estadounidense"(¿Verdad que no hay mejor combinación que una hamburguesa o un "hot dog" con todo y una Coca Cola bien fría?) Dijo Evo que el comercio de dicha hoja está ilegalizado entre los países andinos pero no para la empresa gringa, es decir que entre los ciudadanos y las empresas andinas no se puede comercializar libremente la hoja de coca, pero la Coca Cola sí puede comprar la cantidad que quiera en cualquier país andino que la produzca.

Más allá del dato frío y de la conclusión inmediata que se deriva de su primer análisis, podemos adelantar algunas otras hipótesis que nos llevan a dibujar otro esquema en la comprensión de la drogadicción y el narcotráfico internacional. Con tan sólo introducir en el esquema vigente el dato que estaba oculto y que nos reveló Evo Morales se abren nuevas interrogantes, surgen nuevas sospechas y cobran mayor relevancia algunos hechos pasados por "debajo de la mesa" de los especialistas internacionales en narcotráfico.

Primer interrogante: ¿En verdad se utiliza hoja de coca en la fabricación de la Coca Cola? Esta no es una pregunta retórica o desinformada sino que constituye un punto de inflexión obligatoria en el estudio del caso, porque en el año 2002 la misma empresa negó el uso de la hoja de coca en la fabricación del producto, tal como comprobamos al leer el artículo de Luís
A. Gómez publicado en  <http://www.rebelión.org/> www.Rebelión.org, el 27 de noviembre de ese año. En el leemos:


"Hace unos días, el Viceministro de Defensa Social de Bolivia, Ernesto Justiniano, informó que su oficina había autorizado la exportación de 350 mil libras (aproximadamente 150 toneladas) de hoja de coca a Estados Unidos "para la fabricación de la gaseosa Coca-Cola"[.] El hecho fue negado por una vocera de la empresa estadounidense, consultada por el diario mexicano El
Universal el martes pasado: Karyn Dest, vocera de Coca Cola, dijo vía telefónica desde Atlanta que la empresa no utiliza cocaína y que nunca ha sido parte de los ingredientes de la bebida" (Esta respuesta fue repetida en diciembre de 2002 por la representante de la trasnacional en México, Adriana Valladares).


Sorprendente esta respuesta que acaba con un mito moderno: la Coca Cola no contiene coca y mucho menos cocaína, pero. ¿Quién habló de "cocaína" en la Coca Cola? Nadie. Era una creencia, un mito ¿o un gancho publicitario? Pero de lo que sí se habló fue de las hojas de coca que compra por montones la trasnacional y la vocera lo evadió ¿o fue un Lapsus linguae? Buena vocera. ¿Interesante verdad? Pero más interesante se hace el asunto cuando seguimos
leyendo en el artículo de Gómez y encontramos que:


"También se ha hecho público que el trabajo de Albo Export, una empresa propiedad del boliviano Fernando Alborta, ha exportado coca desde Perú y Bolivia los últimos años, y que entre 1997 y 1999 envió a Estados Unidos un equivalente a 340 toneladas de hoja. Estas operaciones de compra y procesamiento son severamente vigiladas, en Bolivia por la Dirección General de Control y Fiscalización de la Hoja de Coca (Digeco) y en Estados Unidos, claro que sí, por la DEA, que incluso provee los almacenes con sofisticados sistemas de alarma y los cofres especiales para guardar en New Jersey el curioso tesoro natural."

Pero esto no es todo en las contradicciones entre los expendedores "naturales" y sus "mejores clientes", porque en el año 2004, el zar antidrogas de Perú, Nils Ericsson, en un escrito publicado el 26 de enero, afirmó que: "La Coca Cola, la mundialmente conocida fábrica de bebidas gaseosas, compra al Perú 115 toneladas de hoja de coca al año y a Bolivia 105 toneladas con las cuales produce, sin alcaloides, 500 millones de botellas de gaseosas al día" (Luís Gómez, The Narco Bulletin, 28 de enero de 2005, en  <http://www.narconews.com/> www.narconews.com), lo que hace pensar al articulista Gómez que la presión por erradicar la coca en Perú (y completamos nosotros: en todos los países andinos productores) es una
estrategia para asegurar a Coca Cola el monopolio de la hoja de coca, no sólo con la intención de controlar ese mercado sino también para monopolizar el mercado de refrescos que utilizan hoja de coca ¿sin alcaloides? cuya fabricación está floreciente en Perú bajo las marcas Vortex Coca Energy y K-Drink.


Luego de leer todos los argumentos que rodean nuestra primera interrogante, una posible respuesta es la siguiente: Si la Coca Cola Internacional es la primera empresa multinacional (monopólica) en la comercialización de la hoja de coca, materia prima esencial de la Cocaína, para lo que se ha valido de su estatus legal privilegiado en los países andinos, y sus voceros se niegan a reconocer la utilización de hoja de coca en la fabricación de la bebida,
entonces esta empresa debe ser el primer sospechoso en la investigación de las redes mundiales del narcotráfico porque ¿Qué hacen con todas esas toneladas de hojas de coca que compran anualmente?


Más allá o más acá de las preguntas y respuestas, que pueden multiplicarse por cien, vayamos por un instante a la realidad inmediata: tomemos en nuestra mano una botella de Coca Cola de 600 ml hecha en Venezuela y leamos lo que está escrito en la etiqueta luego de la identificación de la empresa productora:


"INGREDIENTES: AGUA CARBONATADA, AZÚCAR, CARAMELO, ÁCIDO FOSFÓRICO, EXTRACTOS VEGETALES Y CAFEÍNA"


¿Encuentra usted, amigo lector, alguna información que nos advierta la utilización de algún derivado de la hoja de coca? Cuando mucho nos pueden querer convencer con la enigmática expresión "EXTRACTOS VEGETALES", pero ¿de cuáles vegetales se trata y qué se les "extrae" a esos vegetales?, porque si se trata de la hoja de coca que contiene varios alcaloides, ¿cuáles desechan y cuáles dejan en la gaseosa? Y si la empresa reconociera que utiliza la
hoja de coca y dice que elimina todos los alcaloides ¿qué sustancia queda? La verdad es que en vista de la contradicción evidente entre la acción de la empresa que compra toneladas de hoja de coca en Bolivia, en Colombia y Perú y el empeño de sus voceros en negar la utilización de hoja de coca en la fabricación de la bebida, lo menos que podemos hacer es demandarla por oferta engañosa. ¿Será posible que los ciudadanos de los países andinos donde se vende la Coca Cola, introduzcan una demanda (los especialistas dirían en cuál organismo y a qué nivel) por la vía de los intereses difusos? Fracasada o exitosa sería esta una experiencia extraordinaria de pedagogía política y de integración popular.


Otras interrogantes han estado en nuestra mente desde hace muchos años como misterios que nadie se ha atrevido a desentrañar porque están "protegidos" por normas internacionales de industria y comercio, pero hoy, gracias a los "cocaleros" andinos como Evo Morales y a investigadores como Luís Gómez, ya sabemos que la gaseosa más vendida en el mundo contiene en su fórmula algún derivado de la hoja de coca y si la empresa no lo reconoce entonces debe explicarle al mundo qué hace con tanta hoja de coca en sus depósitos de
Atlanta. Algunas de esas otras interrogantes son:


¿Qué derivado, o derivados, de la hoja de coca es el que utilizan para elaborar la base de la Coca Cola y qué relación tiene (n) con la Cocaína ¿Ese derivado genera adicción en los consumidores o crea en ellos las condiciones fisiológicas para propiciar algún tipo de adicción? Y si la hoja de coca diluida en la Coca Cola no genera adicción, entonces ¿por qué tanta alharaca (léase represión, persecución y muerte) con su cultivo, procesamiento y comercialización en los países andinos?


COMITE INTERNACIONAL PRO- PREMIO NOBEL DE LA PAZ  AL PRESIDENTE DE LA REP. DE CUBA. DR. FIDEL CASTRO RUZ

Olga Luz Restrepo, Subdirectora de la Fundación Hemera, nos propone en el artículo “Ciudadanía, Género y Conflicto en Pueblos Indígenas”, una reflexión sobre la situación de las mujeres indígenas colombianas en el contexto del conflicto armado interno que afecta el país, el avance en su condición y posición con respecto de sus organizaciones y comunidades, y el debate sobre la pertinencia de usar el género como una categoría cognitiva adecuada a una situación cultural particular.

  

 â€œLa violencia es un problema que atraviesa a los pueblos indígenas y que no se corresponde a lo valoración que ellos tienen de lo femenino que impregna toda su cultura y su forma de ver el mundo, empezando por la madre tierra, que es una mujer”, indicó Restrepo, en el marco de la celebración del día de la no violencia contra las mujeres, quien puntualizó que la violencia contra las mujeres indígenas representa un rompimiento entre su cosmogonía y la realidad a la que diariamente se tienen que enfrentar.

  

Para conocer este interesante ensayo haga clic aquí.

 

 

Lo que a continuación viene son apenas algunas reflexiones, muchas de ellas bastante provisionales, que se hacen a partir del ejercicio de intentar dar respuestas a parte de los interrogantes planteados por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento y demás convocantes al Conversatorio Regional: Dinámicas Transnacionales del Conflicto y las Migraciones: Retos y Desafíos para la Región Andina”.


Si bien en el documento se hace un esfuerzo por hacer algunas generalizaciones, no sobra anotar que la mayoría de reflexiones están relacionadas con la situación del pueblo Wayúu de Maicao y su entorno más cercano.


Antecedentes:

1. Históricamente las armas han ejercido una gran fascinación en el pueblo Wayúu. Tradicionalmente la posesión y uso de armas ha servido para acrecentar el prestigio y el estatus de las familias Wayúu. La circulación de armas de todo tipo ha sido un común denominador de la historia del pueblo Wayúu.


2. Las guerras y los conflictos han ocupado un lugar preponderante en los procesos históricos del pueblo Wayúu, de ahí que pueda decirse inequívocamente que este pueblo es un pueblo de guerreros.


3. En su guerra contra los españoles, el pueblo Wayúu no tuvo ningún inconveniente para establecer alianzas con los piratas, bucaneros y corsarios ingleses, franceses y, principalmente, holandeses, con quienes llegaron a desarrollar una intensa actividad comercial, al margen del monopolio de la corona española.


4. El pueblo Wayúu no sólo ha tenido guerras con otros pueblos, sino que cotidianamente también las ha tenido a su interior. En ese contexto las guerras interclaniles se han visto claramente favorecidas por la misma organización social tribal que posee el pueblo Wayúu.

5. Los Wayúu no pudieron ser derrotados militarmente ni por los españoles ni por los gobiernos que los sucedieron en las primeras décadas de existencia de las repúblicas de Colombia y Venezuela.

6. La Guajira, fundamentalmente el territorio Wayúu, a lo largo de la historia, se fue configurando como un territorio de refugio, localizado en la periferia de los centros de poder de Colombia y Venezuela. Sólo hacia fines del siglo XIX La Guajira principió a vincularse frágilmente a los procesos de desarrollo nacionales de los dos países.


7. Desde la extracción de perlas en el mar Caribe durante los primeros siglos de la dominación hispánica, pasando por la explotación desmedida del palo de brasil durante los primeros años de la República, siguiendo con la bonanza marimbera de la década de los setenta del siglo XX, continuando con la construcción del más grande complejo carbonífero a cielo abierto del mundo en los años ochenta del siglo pasado, La Guajira y el territorio Wayúu fue escenario del apogeo y decadencia de actividades económicas extractivistas y de enclave que muy pocos beneficios le han dejado a la región.


8. De lo anteriormente señalado se pueden destacar cuatro elementos que han caracterizado y definido la historia de La Guajira y que de alguna manera inciden en la dinámica actual del conflicto social y armado que se evidencia en la región: i) la existencia de un pueblo indómito que valora su autonomía, ii) la construcción de un territorio de refugio, iii) la circulación y uso de armas de fuego, y iv) el desarrollo de actividades comerciales al margen de los circuitos oficialmente establecidos.


Coyuntura Presente:

9. Debido sobre todo a las particularidades de los procesos históricos presentados en La Guajira, las dinámicas actuales del conflicto social y armado, si bien tienen similitudes con las que se escenifican en otras regiones del país, también enseñan grandes diferencias que se requieren analizar con mayor profundidad.


10. Además de lo usuales actores armados tanto legales (fuerza pública y organismos de seguridad del Estado) como ilegales (insurgencia y paramilitares) que participan en el conflicto armado, en La Guajira desde hace muchos años coexisten una multiplicidad heterogénea de grupos armados cuyo único común denominador es, tal vez, el estar constituidos exclusivamente por gente Wayúu, que desarrollan acciones diversas que pueden ir desde las meramente delincuenciales hasta las que se apegan a un estricto código de honor y a los principios de guerra manejados tradicionalmente por los Wayúu.


11. Clasificar a estos grupos es bastante difícil. Estos grupos armados van desde los que se conforman coyunturalmente para realizar algunas acciones particulares, hasta aquellos que han logrado mantenerse en el tiempo y ejercer dominio y control sobre un territorio específico a partir de la constitución de ciertas estructuras primarias de dirección y de mando.


12. Se encuentran grupos que han realizado eventuales y esporádicas alianzas con otros actores armados, principalmente paramilitares, para combatir a un enemigo común, para luego de un tiempo dar por finalizadas esas alianzas; de otro lado los hay que han terminado totalmente cooptados y al servicio del paramilitarismo; o los que han sido aniquilados militarmente por los paramilitares y otros actores armados; en tanto que otros de estos grupos han combatido abiertamente al paramilitarismo y han preservado su autonomía frente a todos los actores armados legales e ilegales.


13. Disímiles, como su constitución y origen, son también las acciones que llevan a cabo estos grupos armados. Algunos realizan simplemente atracos; otros instalan retenes para cobrar derechos de tránsito; otros más brindan seguridad a comerciantes que transitan por sus territorios; otros son los encargados de cobrar las ofensas y tramitar las venganzas; otros combaten a los paramilitares y a cualquier actor armado que se inmiscuya en su territorio y en sus asuntos y ponga en riesgo su autonomía... En fin, hay grupos que han perdido las leyes de la guerra, en tanto que otros los conservan y se apegan a los códigos del honor Wayúu.


14. Si bien públicamente estos grupos son señalados, en términos generales como parte de la delincuencia organizada, en privado estos grupos son percibidos de maneras diferentes tanto por los Wayúu como por los alijunas. Ciertamente unos grupos son tenidos como delincuenciales, pero dada su heterogeneidad, algunos de ellos, sobre todo los que han combatido a los paramilitares, despiertan simpatías y apoyo en ciertos sectores Wayúu.


15. Con la excepción de la masacre ocurrida en Bahía Portete en abril de 2004 y de algunos desplazamientos aislados de familias y comunidades Wayúu a cascos urbanos, puede decirse que la violencia ejercida por los paramilitares en La Guajira ha sido selectiva, focalizada y adelantada a través de acciones sutiles y de baja intensidad. En ese contexto, cabe mencionar que los paramilitares se han cuidado mucho para que los efectos de su violencia pasen desapercibidos más allá de los entornos locales donde la ejercen.


16. La manera hábil como los paramilitares han venido realizando sus acciones no debe llamar a engaños sobre las proporciones que la violencia ha adquirido en el territorio Wayúu. El hecho que las cifras oficiales sobre masacres, asesinatos, desaparecidos, secuestrados, amenazados… etc., comparativamente con otras regiones del país no sean tan relevantes, en modo alguno significa que la situación que allí se presenta no sea crítica y preocupante.


17. La invisibilidad de las violaciones a los derechos humanos y de las infracciones al derecho internacional humanitario en La Guajira se ve enormemente favorecida por varios factores. En primer lugar hay que mencionar el temor generalizado que tienen los Wayúu a denunciar y poner en conocimiento de las autoridades competentes los crímenes y hechos de violencia que han cometido los paramilitares en su territorio. Parte de este temor se explica en que las autoridades locales y regionales no transmiten la credibilidad ni la confianza necesaria puesto que muchas de ellas han sido permeadas o se encuentran sometidas a los designios de los paramilitares. En segundo lugar, hay que decirlo de una vez, las organizaciones de
derechos humanos no han prestado la debida atención a los hechos que se vienen sucediendo en territorio Wayúu y como consecuencia de ello ha faltado un acompañamiento más permanente para las comunidades más afectadas por la violencia paramilitar. En tercer lugar, se echan de menos esfuerzos por establecer un diálogo intercultural sobre los derechos humanos , que no sólo contextualice el discurso occidental sobre los derechos humanos en la cosmovisión del pueblo Wayúu, sino que valore y valide las concepciones Wayúu acerca de los derechos humanos. Para que los temas de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario adquieran importancia en las agendas políticas de las organizaciones del pueblo Wayúu, es necesario relacionarlos con temas como territorio, gobierno propio y autonomía y fortalecimiento cultural.


18. En La Guajira los paramilitares tuvieron la capacidad de poner en función de sus objetivos de expansión y consolidación las guerras intraétnicas, las cuales fueron habilidosamente manipuladas con el doble propósito de, por un lado, exterminar más fácilmente a sus reales o ficticios opositores y rivales y, por el otro, esconder detrás de supuestos conflictos interclaniles propios de los Wayúu, sus acciones armadas y delincuenciales. De esta manera fue como muchos de los conflictos tradicionales que existían entre familias Wayúu fueron intervenidos y finalmente cooptados por los paramilitares.


19. Los paramilitares, por la fuerza o por la seducción, vincularon en sus redes de apoyo y, hay que decirlo, también en sus filas, a muchos hombres Wayúu. Este hecho entre los Wayúu tuvo repercusiones profundas por cuanto de conformidad con las lealtades intraclaniles y los criterios de parentesco propios del pueblo Wayúu, la vinculación de una persona a título individual terminaba casi siempre involucrando activamente a todo su grupo familiar extendido, por cuanto la noción de individuo separado de su grupo familiar y de su comunidad no existe entre los Wayúu.


20. En un lapso no mayor a ocho (8) años los paramilitares a la vez que se iban deshaciendo de sus adversarios y hasta aliados incómodos, fueron accediendo al control, casi monopólico, de la economía, tanto lícita como ilícita, de la región. En esa dirección, y de manera casi imperceptible bajo la férula paramilitar fueron quedando una a una todas las actividades económicas más rentables de La Guajira. Por ello puede decirse que hoy por hoy junto a su estructura militar, los paramilitares tienen una bien montada estructura económica que los hace dueños casi absolutos de todos los circuitos económicos y comerciales. Pero no sólo eso. Controlando la economía han logrado configurar también un gran poder político que ha entrado a incidir significativamente en muchas de las administraciones públicas de La Guajira.


21. Con el control económico y político de una extensa región, que incluye también a la Sierra Nevada de Santa Marta, la llamada desmovilización pasa a convertirse en la conclusión casi lógica de un largo proceso de expansión y consolidación paramilitares. Dentro de la estrategia paramilitar, cumplidos esos propósitos la llamada desmovilización es prácticamente el paso siguiente. De ahí que la llamada desmovilización podrá, tal vez, poner fuera de circulación una estructura militar, pero con toda seguridad la estructura económica y las redes políticas construidas en todos estos años no sólo quedarán intactas, sino que se verán enormemente fortalecidas.

22. ¿Hasta dónde se desmontará la estructura militar de los grupos paramilitares? Esa es una pregunta que abre grandes interrogantes y comporta muchas incertidumbres. Si bien no se pueden hacer generalizaciones, y con seguridad pueden haber excepciones, si es dable pensar en que parte del control económico y político que ostentan los grupos paramilitares en La Guajira, pasa por el grado de infiltración y el nivel de cooptación que han conseguido de varias de las empresas de seguridad y vigilancia que operan en la región. En un territorio que se encuentra bajo el dominio hegemónico de los grupos paramilitares es muy difícil pensar en que este tipo de empresas no hayan quedado subordinadas a sus intereses.


23. Otro asunto que hay que tomar en consideración es el que tiene que ver con las relaciones y los vínculos estrechos y directos que los paramilitares construyeron con algunos sectores de la fuerza pública. Con seguridad estos vínculos de sectores de la fuerza pública con las estructuras económicas y redes políticas de los paramilitares se seguirán manteniendo una vez consumada la llamada desmovilización Poblaciones más Afectadas:


24. El pueblo Wayúu ha sido especialmente golpeado por las dinámicas del conflicto armado. Eso es evidente si se tiene en cuenta las siguientes consideraciones:

 

-          Los Wayúu han perdido el control y el dominio efectivos sobre áreas importantes del territorio localizado en el Resguardo de la Media y Alta Guajira.

-          Familias Wayúu, que se encontraban asentadas en predios que no tenían ninguna seguridad jurídica, han terminado perdiendo sus tierras.

-          Los Wayúu han sido desplazados de las actividades económicas más rentables, pasando de ser propietarios a meros trabajadores.

-           Los principios de guerra y los códigos de honor que caracterizan los conflictos Wayúu han sido pervertidos y desvirtuados por el accionar paramilitar.

-          La racionalidad de la guerra paramilitar ha terminado contaminando y permeando muchas de las guerras y conflictos Wayúu.

-          La precariedad socioeconómica de muchas familias Wayúu ha llevado a que sus jóvenes encuentren en la prestación del servicio militar --que en Colombia no es obligatorio para los miembros de pueblos indígenas que vivan en sus territorios-- y en su vinculación laboral a las empresas de vigilancia y seguridad, una alternativa económica para suplir la falta de empleo y de ingresos monetarios.

-          La participación de jóvenes Wayúu ya sea en la fuerza pública como soldados o en las empresas de seguridad y vigilancia como celadores, es una manera sutil de vinculación del pueblo Wayúu al conflicto armado.

-          Si bien es cierto que la presencia urbana de los Wayúu es de vieja data, el conflicto armado ha llevado a una mayor concentración de los Wayúu en los centros urbanos como Riohacha, Maicao y Maracaibo (Venezuela), con lo que se quiebran patrones de residencia, poblamiento y ocupación espacial.


25. Otro grupo poblacional que se ha visto grandemente afectado por el conflicto armado es el pueblo Árabe que vive en Maicao casi desde su fundación. Aquí es preciso resaltar que la crisis económica que vive Maicao no se explica exclusivamente a partir de la implementación de leyes aduaneras y de la imposición de impuestos por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), sino que hay otros elementos contextuales que hay que tener en cuenta. Precisamente el conflicto armado es uno de ellos.

 

-          La población Árabe de Maicao, que llegó en su apogeo a construir la segunda mezquita más grande de América Latina, se ha reducido de manera ostensible en los últimos años.

-          Muchos Árabes abandonaron no sólo a Maicao sino a Colombia, incluso después de varias generaciones de nacidos y criados en la región, debido a que por sus ingresos económicos elevados, debidos a sus actividades comerciales, se convirtieron en víctimas privilegiadas de robos, secuestros, extorsiones y asesinatos por parte de los actores armados.

-          Los establecimientos comerciales de los Árabes que quedan en Maicao están en franca decadencia y no ostentan el fulgor alcanzado en otros tiempos.

-          El desarrollo urbanístico, al cual los Árabes habían hecho su importante aporte, está deteriorándose cada vez más, debido a que nadie está invirtiendo en la región.

 

26. La población perteneciente étnicamente al pueblo Zenú, migrantes del Resguardo de San Andrés de Sotavento, localizado en las sabanas de Córdoba y Sucre, también se han visto muy afectados por el conflicto armado. Estos Zenú, muchos de los cuales llegaron en la época de esplendor del comercio en Maicao, hoy se encuentran empobrecidos, desempeñándose en oficios eventuales e informales, sin poder regresar a su territorio de origen. Los Zenú que en Maicao se dedican principalmente a la venta ambulante de tinto y agua, ven aún más reducidos sus menguados ingresos con las extorsiones de que son objeto por parte de los paramilitares. Ad

 

 

Con el fin de conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos, el Secretario General de la ONU, Kofy Annan, genera un mensaje en el que argumenta, que a pesar de haberse expedido la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde hace cincuenta y siete años, la tortura sigue siendo común en todos los sitios del mundo en el que se desarrollan conflictos políticos y armados, y lo más preocupante resulta ser que en algunos países se establecen excepciones a la prohibición de tortura, en función de su forma de ver la seguridad nacional.

 

Annan, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, hace un llamado enérgico a los Estados Nacionales para cumplir de manera estricta la prohibición de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes de cualquier tipo, y los invita a aplicar todo el peso de la ley a quienes cometan esos actos.  De igual manera, condena que los gobiernos nacionales utilicen la tortura como un método de castigo de quienes han sido torturadores, pues esto significaría, entre otras cosas, que se tema a la denuncia por el hecho de ser posteriormente torturado.

 

Finalmente, pide a todos los Estados que concedan al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, libre acceso a los detenidos que estén bajo su control, pues el acceso irrestricto se convierte en un mecanismo de protección indispensable para dar a los reclusos maltratados, indígenas confinados y rehenes políticos, la posibilidad de hacer oír su voz en medio del cautiverio. Así mismo, ratifica su compromiso, como Secretario General de la ONU, y como representante de esta organización, a defender los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, haciendo un especial énfasis en la eliminación de la tortura.

 

Por su parte, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la Señora Louise Arbour, en el marco de la celebración del Día Internacional del Los Derechos Humanos, argumenta que la prohibición absoluta de la tortura es la piedra angular de los Derechos Humanos porque es inherente al respeto por la integridad física y por la dignidad de la persona, concebidos como derechos inviolables.

 

Afirma que muchos Estados, miembros de las Naciones Unidas, desatienden la prohibición de tortura y continúan sometiendo a sus ciudadanos y a otros a tratos degradantes, a menudo de forma generalizada y sistemática. Y esta situación se hace evidente en los numerosos informes que  recibe la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Sobre agentes estatales que recurren a la tortura en el procesamiento de criminales ordinarios, y cada vez se posiciona más el lema de la "guerra contra el terror".


Algunos representantes gubernamentales afirman que el uso de la tortura se justifica con el cambio que ha ido teniendo el mundo y con las diferentes formas de percibir la realidad, sin embargo Louise Arbour, a este planteamiento argumenta que la intensidad del terrorismo internacional puede que no tenga precedentes, pero su naturaleza fundamental no ha cambiado.  Insiste además, que se requieren respuestas efectivas e inteligentes de aplicación de la ley, porque la batalla contra el terrorismo sólo puede ser ganada si las normas internacionales de derechos humanos son respetadas íntegramente.

 

En su comunicado para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Alta Comisionada expone que actualmente, dos fenómenos están teniendo un efecto particularmente corrosivo a la prohibición mundial de la tortura y de los tratos degradantes, inhumanos y crueles.  El primero es utilizar la garantía diplomática para justificar el retorno de sospechosos a países donde corren riesgo de ser torturados, lo que podría hacer que algunos países se vuelvan cómplices de la tortura realizada por otros.  El segundo de ellos es la retención de prisioneros en lugares secretos de detención, que provoca que la tortura sea realizada en el mismo país.

 

La posición más contundente que Arbour plantea en contra de la tortura es que no se concentren los esfuerzos en combatir los casos individuales, sino que debe crearse un sistema genuino de verificación de la situación de todos los reclusos en sus lugares de detención, que aunque existen los mecanismos suficientes para hacerlo, como el Protocolo Opcional a la Convención contra la tortura, no resultan eficientes por los intereses propios y oposiciones de los gobiernos nacionales o de sus sistemas judiciales.

 

De igual manera, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos expone su preocupación por el fenómeno de las detenciones secretas, que aunque no es una situación nueva, sí ha cobrado auge en la nueva “guerra contra el terror” implementada por los países que sienten amenazada su seguridad nacional. En esta modalidad de reclusión, supuestamente los reclusos están detenidos en custodia secreta, en lugares desconocidos, lo que técnicamente se constituye en una “desaparición”, según la expresión textual del comunicado.  En este punto es importante tener en cuenta que la desaparición, sí ha sido considerada como tortura o maltrato a la persona desaparecida y a sus familiares y comunidades.

 

Finalmente, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, hace un llamamiento a todos los

Gobiernos para que reafirmen su compromiso con la prohibición total de la tortura mediante:

 

  • La condena de la tortura y los tratos degradantes, inhumanos o crueles y su prohibición en las respectivas legislaciones nacionales.
  • El respeto absoluto del principio de non-refoulement y la abstención de devolver personas a países donde pudieran ser torturadas.
  • El acceso a prisioneros y la abolición de la detención secreta.
  • La persecución legal de aquellos responsables de actos de torturas y malos tratos.
  • La prohibición del uso de información obtenida bajo tortura y tratos degradantes, inhumanos o crueles, ya sea que el interrogatorio haya tenido lugar en el propio país o en el extranjero.
  • La ratificación de la Convención contra la Tortura y su Protocolo Opcional, al igual que de otros tratados internacionales que prohíban la tortura.[1]

 

Aquí usted podrá ver el comunicado completo elaborado por la Alta Comisionada Para los Derechos humanos Louis Albour, y el emitido por el Secreterio General de la ONU Kofy Annan.

 

-  Comunicado de Kofy Annan en el Día Internacional de los Derechos Humanos 2005  http://www.un.org/spanish/events/humanrights/2005/sg.htm

 

- Comunicado de Louis Albour en el Día Internacional de los Derechos Humanos 2005  http://www.hchr.org.co/publico/comunicados/2005/comunicados2005.php3?cod=58&cat=58


[1] Tomado del comunicado que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos emitió en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos.

El Descubrimiento: el 12 de octubre de 1492, América descubrió el capitalismo. Cristóbal Colón, financiado por los reyes de España y los banqueros de Génova, trajo la novedad a las islas del mar Caribe. En su diario del Descubrimiento, el almirante escribió 139 veces la palabra oro y 51 veces la palabra Dios o Nuestro Señor. Él no podía cansar los ojos de ver tanta lindeza en aquellas playas, y el 27 de noviembre profetizó: Tendrá toda la cristiandad negocio en ellas. Y en eso no se equivocó. Colón creyó que Haití era Japón y que Cuba era China, y creyó que los habitantes de China y Japón eran indios de la India; pero en eso no se equivocó.


Al cabo de cinco siglos de negocio de toda la cristiandad, ha sido aniquilada una tercera parte de las selvas americanas, está yerma mucha tierra que fue fértil y más de la mitad de la población come salteado. Los indios, víctimas del más gigantesco despojo de la historia universal, siguen sufriendo la usurpación de los últimos restos de sus tierras, y siguen condenados a la negación de su identidad diferente. Se les sigue prohibiendo vivir a su modo y manera, se les sigue negando el derecho de ser. Al principio, el saqueo y el otrocidio fueron ejecutados en nombre del Dios de los cielos. Ahora se cumplen en nombre del dios del Progreso.


Sin embargo, en esa identidad prohibida y despreciada fulguran todavía algunas claves de otra América posible. América, ciega de racismo, no las ve. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón escribió en su diario que él quería llevarse algunos indios a España para que aprendan a hablar ("que deprendan fablar"). Cinco siglos después, el 12 de octubre de 1989, en una corte de justicia de los Estados Unidos, un indio mixteco fue considerado retardado mental ("mentally retarded") porque no hablaba correctamente la lengua castellana. Ladislao Pastrana, mexicano de Oaxaca, bracero ilegal en los campos de California, iba a ser encerrado de por vida en un asilo público. Pastrana no se entendía con la intérprete española y el psicólogo diagnosticó un claro déficit intelectual. Finalmente, los antropólogos aclararon la situación: Pastrana se expresaba perfectamente en su lengua, la lengua mixteca, que hablan los indios herederos de una alta cultura que tiene más de dos mil años de antigüedad.


El Paraguay habla guaraní. Un caso único en la historia universal: la lengua de los indios, lengua de los vencidos, es el idioma nacional unánime. Y sin embargo, la mayoría de los paraguayos opina, según las encuestas, que quienes no entienden español son como animales. De cada dos peruanos, uno es indio, y la Constitución de Perú dice que el quechua es un  idioma tan oficial como el español. La Constitución lo dice, pero la realidad no lo oye. El Perú trata a los indios como África del Sur trata a los negros. El español es el único idioma que se enseña en las escuelas y el único que entienden los jueces y los policías y los funcionarios. (El español no es el único idioma de la televisión, porque la televisión también habla inglés.)


Hace cinco años, los funcionarios del Registro Civil de las Personas, en la ciudad de Buenos Aires, se negaron a inscribir el nacimiento de un niño. Los padres, indígenas de la provincia de Jujuy, querían que su hijo se llamara Qori Wamancha, un nombre de su lengua. El Registro argentino no lo aceptó por ser nombre extranjero.


Los indios de las Américas viven exiliados en su propia tierra. El lenguaje no es una señal de identidad, sino una marca de maldición. No los distingue: los delata. Cuando un indio renuncia a su lengua, empieza a civilizarse. ¿Empieza a civilizarse o empieza a suicidarse?

Cuando yo era niño, en las escuelas del Uruguay nos enseñaban que el país se había salvado del problema indígena gracias a los generales que en el siglo pasado exterminaron a los últimos charrúas.


El problema indígena: los primeros americanos, los verdaderos descubridores de América, son un problema. Y para que el problema deje de ser un problema, es preciso que los indios dejen de ser indios. Borrarlos del mapa o borrarles el alma, aniquilarlos o asimilarlos: el genocidio o el otrocidio.


En diciembre de 1976, el ministro del Interior del Brasil anunció, triunfal, que el problema indígena quedará completamente resuelto al final del siglo veinte: todos los indios estarán, para entonces, debidamente integrados a la sociedad brasileña, y ya no serán indios. El ministro explicó que el organismo oficialmente destinado a su protección (FUNAI, Fundacao Nacional do Indio) se encargará de civilizarlos, o sea: se encargará de desaparecerlos. Las balas, la dinamita, las ofrendas de comida envenenada, la contaminación de los ríos, la devastación de los bosques y la difusión de virus y bacterias desconocidos por los indios, han acompañado la invasión de la Amazonia por las empresas ansiosas de minerales y madera y todo lo demás. Pero la larga y feroz embestida no ha bastado. La domesticación de los indios sobrevivientes, que los rescata de la barbarie, es también un arma imprescindible para despejar de obstáculos el camino de la conquista.


Matar al indio y salvar al hombre, aconsejaba el piadoso coronel norteamericano Henry Pratt. Y muchos años después, el novelista peruano Mario Vargas Llosa explica que no hay más remedio que modernizar a los indios, aunque haya que sacrificar sus culturas, para salvarlos del hambre y la miseria. La salvación condena a los indios a trabajar de sol a sol en minas y plantaciones, a cambio de jornales que no alcanzan para comprar una lata de comida para perros. Salvar a los indios también consiste en romper sus refugios comunitarios y arrojarlos a las canteras de mano de obra barata en la violenta intemperie de las ciudades, donde cambian de lengua y de nombre y de vestido y terminan siendo mendigos y borrachos y putas de burdel. O salvar a los indios consiste en ponerles uniforme y mandarlos, fusil al hombro, a matar a otros indios o a morir defendiendo al sistema que los niega. Al fin y al cabo, los indios son buena carne de cañón: de los 25 mil indios norteamericanos enviados a la segunda guerra mundial, murieron 10 mil.

 

El 16 de diciembre de 1492, Colón lo había anunciado en su diario: los indios sirven para les mandar y les hacer trabajar, sembrar y hacer todo lo que fuere menester y que hagan villas y se enseñen a andar vestidos y a nuestras costumbres. Secuestro de los brazos, robo del alma: para nombrar esta operación, en toda América se usa, desde los tiempos coloniales, el verbo reducir. El indio salvado es el indio reducido. Se reduce hasta desaparecer: vaciado de sí, es un no-indio, y es nadie.


El shamán de los indios chamacocos, de Paraguay, canta a las estrellas, a las arañas y a la loca Totila, que deambula por los bosques y llora. Y canta lo que le cuenta el martín pescador:
-No sufras hambre, no sufras sed. Súbete a mis alas y comeremos peces del río y beberemos el viento. Y canta lo que le cuenta la neblina:  -Vengo a cortar la helada, para que tu pueblo no sufra frío. Y canta lo que le cuentan los caballos del cielo: -Ensíllanos y vamos en busca de la lluvia. Pero los misioneros de una secta evangélica han obligado al chamán a dejar sus plumas y sus sonajas y sus cánticos, por ser cosas del Diablo; y él ya no puede curar las mordeduras de víboras, ni traer la lluvia en tiempos de sequía, ni volar sobre la tierra para cantar lo que ve.

 

En una entrevista con Ticio Escobar, el shamán dice: Dejo de cantar y me enfermo. Mis sueños no saben adónde ir y me atormentan. Estoy viejo, estoy lastimado. Al final, ¿de qué me sirve renegar de lo mío? El shamán lo dice en 1986. En 1614, el arzobispo de Lima había mandado quemar todas las quenas y demas instrumentos de música de los indios, y había prohibido todas sus danzas y cantos y ceremonias para que el demonio no pueda continuar ejerciendo sus engaños. Y en 1625, el oidor de la Real Audiencia de Guatemala había prohibido las danzas y cantos y ceremonias de los indios, bajo pena de cien azotes, porque en ellas tienen pacto con los demonios.


Para despojar a los indios de su libertad y de sus bienes, se despoja a los indios de sus símbolos de identidad. Se les prohíbe cantar y danzar y soñar a sus dioses, aunque ellos habían sido por sus dioses cantados y danzados y soñados en el lejano día de la Creación. Desde los frailes y funcionarios del reino colonial, hasta los misioneros de las sectas norteamericanas que hoy proliferan en América Latina, se crucifica a los indios en nombre de Cristo: para salvarlos del infierno, hay que evangelizar a los paganos idólatras. Se usa al Dios de los cristianos como coartada para el saqueo.

 

El arzobispo Desmond Tutu se refiere al África, pero también vale para América:
-Vinieron. Ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron: "Cierren los ojos y recen". Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia.


Los doctores del Estado moderno, en cambio, prefieren la coartada de la ilustración: para salvarlos de las tinieblas, hay que civilizar a los bárbaros ignorantes. Antes y ahora, el racismo convierte al despojo colonial en un acto de justicia. El colonizado es un sub-hombre, capaz de superstición pero incapaz de religión, capaz de folclore pero incapaz de cultura: el sub-hombre merece trato subhumano, y su escaso valor corresponde al bajo precio de los frutos de su trabajo. El racismo legitima la rapiña colonial y neocolonial, todo a lo largo de los siglos y de los diversos niveles de sus humillaciones sucesivas. América Latina trata a sus indios como las grandes potencias tratan a América Latina.


Gabriel René-Moreno fue el más prestigioso historiador boliviano del siglo pasado. Una de las universidades de Bolivia lleva su nombre en nuestros días. Este prócer de la cultura nacional creía que los indios son asnos, que generan mulos cuando se cruzan con la raza blanca. Él había pesado el cerebro indígena y el cerebro mestizo, que según su balanza pesaban entre cinco, siete y diez onzas menos que el cerebro de raza blanca, y por tanto los consideraba celularmente incapaces de concebir la libertad republicana.


El peruano Ricardo Palma, contemporáneo y colega de Gabriel René- Moreno, escribió que los indios son una raza abyecta y degenerada. Y el argentino Domingo Faustino Sarmiento elogiaba así la larga lucha de los indios araucanos por su libertad: Son más indómitos, lo que quiere decir: animales más reacios, menos aptos para la Civilización y la asimilación europea.


El más feroz racismo de la historia latinoamericana se encuentra en las palabras de los intelectuales más célebres y celebrados de fines del siglo diecinueve y en los actos de los políticos liberales que fundaron el Estado moderno. A veces, ellos eran indios de origen, como Porfirio Díaz, autor de la modernización capitalista de México, que prohibió a los indios
caminar por las calles principales y sentarse en las plazas públicas si no cambiaban los calzones de algodón por el pantalón europeo y los huaraches por zapatos.


Eran los tiempos de la articulación al mercado mundial regido por el Imperio Británico, y el desprecio científico por los indios otorgaba impunidad al robo de sus tierras y de sus brazos. El mercado exigía café, pongamos el caso, y el café exigía más tierras y más brazos. Entonces, pongamos por caso, el presidente liberal de Guatemala, Justo Rufino Barrios, hombre de progreso, restablecía el trabajo forzado de la época colonial y regalaba a sus amigos tierras de indios y peones indios en cantidad.


El racismo se expresa con más ciega ferocidad en países como Guatemala, donde los indios siguen siendo porfiada mayoría a pesar de las frecuentes oleadas exterminadoras. En nuestros días, no hay mano de obra peor pagada: los indios mayas reciben 65 centavos de dólar por cortar un quintal de café o de algodón o una tonelada de caña. Los indios no pueden ni plantar maíz sin permiso militar y no pueden moverse sin permiso de trabajo. El ejército organiza el reclutamiento masivo de brazos para las siembras y cosechas de
exportación.


En las plantaciones, se usan pesticidas cincuenta veces más tóxicos que el máximo tolerable; la leche de las madres es la más contaminada del mundo occidental. Rigoberta Menchú: su hermano menor, Felipe, y su mejor amiga, María, murieron en la infancia, por causa de los pesticidas rociados desde las avionetas. Felipe murió trabajando en el café. María, en el algodón. A machete y bala, el ejército acabó después con todo el resto de la familia de Rigoberta y con todos los demás miembros de su comunidad. Ella sobrevivió para contarlo. Con alegre impunidad, se reconoce oficialmente que han sido borradas del mapa 440 aldeas indígenas entre 1981 y 1983, a lo largo de una campaña de aniquilación más extensa, que asesinó o desapareció a muchos miles de hombres y de mujeres. La limpieza de la sierra, plan de tierra arrasada, cobró también las vidas de una incontable cantidad de niños.

 

Los militares guatemaltecos tienen la certeza de que el vicio de la rebelión se transmite por los genes. Una raza inferior, condenada al vicio y a la holgazanería, incapaz de orden y progreso, ¿merece mejor suerte? La violencia institucional, el terrorismo de Estado, se ocupa de despejar las dudas. Los conquistadores ya no usan caparazones de hierro, sino que visten uniformes de la guerra de Vietnam. Y no tienen piel blanca: son mestizos avergonzados de su sangre o indios enrolados a la fuerza y obligados a cometer crímenes que los suicidan. Guatemala desprecia a los indios, Guatemala se autodesprecia. Esta raza inferior había descubierto la cifra cero, mil años antes de que los matemáticos europeos supieran que existía. Y habían conocido la edad del universo, con asombrosa precisión, mil años antes que los astrónomos de nuestro tiempo.


Los mayas siguen siendo viajeros del tiempo: ¿Qué es un hombre en el camino? Tiempo. Ellos ignoraban que el tiempo es dinero, como nos reveló Henry Ford. El tiempo, fundador del espacio, les parece sagrado, como sagrados son su hija, la tierra, y su hijo, el ser humano: como la tierra, como la gente, el tiempo no se puede comprar ni vender. La Civilización sigue haciendo lo posible por sacarlos del error.

El periódico Actualidad Étnica quiere destacar el acto de gallardía asumido por la Unión Romaní de Barcelona al ponerse al frente de los hechos lamentables protagonizados por una familia perteneciente a su Etnia. El presidente de esta organización, Juan De Dios Ramírez Heredia, en comunicado expedido el 12 de enero del presente año, pide disculpas por el delito cometido por una de las familias miembros de este pueblo, sin embargo sienta un precedente con relación a que no se puede juzgar toda una comunidad por las actitudes individuales de sus integrantes.

 

Es importante resaltar el compromiso de esta organización en la defensa de los inocentes, de los desprotegidos y de aquellos que carecen de voz para luchar contra las injusticias. Defensa que realizan, principalmente enfocada hacia los miembros de su etnia, pero que es igualmente intensa cuando los inocentes son pertenecientes a otros pueblos, como en este caso particular, en el que se presentan sentimientos de profundo pesar al señor Gaspar García, víctima de la situación motivo de este comunicado.

 

Cuando tuvimos conocimiento del horrible crimen cometido en Sevilla en el que la familia de una niña gitana atropellada por un vehículo, la emprende a tiros con el conductor y sin mediar palabra lo deja muerto después de dispararle nueve tiros, se podría tener la sensación de que muy poco se ha avanzado en la promoción de nuestra comunidad en el seno de la sociedad mayoritaria en la que vivimos insertos desde hace tanto tiempo. Y sin embargo sabemos que no es así. Desde la llegada de la democracia a España han sido los propios gitanos los que se han comprometido, a través del movimiento asociativo, en una lucha justa y comprensible por superar siglos de abandono, de analfabetismo y de marginación de la que, ciertamente, no han sido ellos los principales culpables.

 

Pero aún quedan reductos de población gitana para quienes parece que el tiempo y los esfuerzos realizados no cuentan. Ellos viven no sólo al margen de la ley de los “payos” sino incluso al margen de la “ley Gitana”. Porque la ley gitana no aprueba el comportamiento salvaje de los asesinos del conductor sevillano como tampoco contempla el que la venganza y el ojo por ojo sea la única forma de dirimir entre nosotros nuestros conflictos.

 

Desde la Unión Romaní queremos manifestar nuestro más sincero pesar a la familia de don Gaspar García que, por lo que sabemos, era un hombre bueno que a punto de jubilarse acudía tranquilamente a su trabajo. Tuvo la desgracia de que se cruzaran en su vida unos desalmados que le arrebataron la vida de la forma más injusta e ignominiosa.

 

Hechas estas consideraciones que surgen de lo más profundo de nuestros sentimientos, nadie debe confundir la defensa que desde nuestra organización hemos hecho siempre de los inocentes. Los crímenes no los cometen los pueblos sino las personas que lo integran. Y no puede haber mayor injusticia que hacer pagar a los inocentes las culpas de los crímenes que han cometido otros.

 

Que nadie confunda cual es nuestro compromiso sobradamente demostrado a lo largo de muchos años. Con la misma firmeza con que condenamos los actos incívicos, los atropellos y los crímenes, sean quienes sean sus autores, defendemos el sagrado principio constitucional de la presunción de inocencia de todos los ciudadanos, sean estos gitanos o no. El incalificable crimen de Sevilla tiene unos autores con nombre y apellidos. Caiga sobre ellos todo el peso de la Ley. Pero ese crimen no lo ha cometido el pueblo gitano. No lo han cometido nuestros hijos que van a la escuela ni nuestros jóvenes que tímidamente empiezan a frecuentar la Universidad.

 

Por todo esto, una vez más, debemos hacer un llamamiento a quienes tienen la capacidad y el poder de crear opinión en nuestro país. Ahora lo fácil es decir que todos los gitanos somos iguales y que nos regimos por códigos primitivos donde la venganza y el odio son las reglas supremas de nuestra convivencia. Lo difícil es, por el contrario, dar la cara hoy por un pueblo que aún padece casi un 50% de analfabetismo, que en su gran mayoría vive en las afueras de las grandes ciudades en suburbios inmundos, o en auténticos guetos de marginación y de miseria.

 

Hoy, más que nunca, necesitamos a opinantes que animen a los jóvenes gitanos que quieren avanzar codo con codo con el resto de los chicos y chicas “payos” de su edad. Solicitamos comentaristas que defiendan a las niñas gitanas que desean ir a los institutos y que quieren luego vivir una vida similar a la de las jóvenes no gitanas. Reclamamos que se tenga por nosotros, por nuestros hijos y por nuestras familias el mismo respeto que la Constitución consagra en su art. 18 al “garantizar el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”. Pero, por desgracia, lo que tenemos ante la vista son algunos artículos periodísticos insultantes y demagógicos contra todo el pueblo gitano y centenares de correos electrónicos donde lo menor que se nos desea es que Hitler vuelva y nos lleve a todos a las cámaras de gas.

 

Bien sabemos que hoy hemos dado un lamentable paso atrás en el camino de nuestra lucha diaria por conseguir una convivencia pacífica y respetuosa, desde nuestra propia gitanidad que no debe estar reñida con nuestra común condición de españoles. Bien sabemos que el crimen de Sevilla, como el atropello de Farruquito, pesarán como dos terribles losas sobre nuestros hombros durante mucho tiempo. Y lo más triste del caso es que mientras que existan gitanos cuyos comportamientos sean más propios de la ley de la jungla que de pueblos civilizados, serán ellos, pero sólo ellos, los principales culpables de que los esfuerzos que estamos realizando la inmensa mayoría de los gitanos españoles se estrellen injustamente contra la barrera racista de quienes opinan que todos los gitanos somos unos salvajes.

 

 

JUAN DE DIOS RAMÍREZ-HEREDIA

Presidente de la Unión Romani

 

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UNION ROMANI

Miembro de la UNION ROMANI INTERNACIONAL. Organización reconocida por las Naciones Unidas

Protocolo firmado en Nueva York el 28 de febrero de 1979.

 

Jaliakaisi, significa en lengua Achagua, “donde nace el conocimiento”, ese es el nombre del colegio en el que se graduó la primera promoción de bachilleres del resguardo indígena Achagua, El Turpial, la Victoria en Puerto López, Meta. Más de 110 niños, durante cinco años estudiaron en una Maloka, constituyéndose en un verdadero  ejemplo de que la etnoeducación es posible en Colombia. El pasado 3 de diciembre se graduaron con todos los honores y celebraron su triunfo académico con las ceremonias propias de su pueblo.

 

“Los que podían, se iban a estudiar a Puerto López, pero cuando regresaban habían olvidado sus costumbres, no hablaban su lengua y además se comportaban de otra forma, pensaban diferente”, esa fue una de las motivaciones para que el Pueblo Achagua del Resguardo El Turpial-La Victoria, trazaran el proyecto de una escuela que les diera a sus hijos una educación que no fuera en contra su cultura y que por el contrario los formara para ser los próximos líderes de su comunidad.

 

El gobernador del cabildo Achagua, José del Carmen Ruíz, dijo que la mayoría de los jóvenes no regresaban y se olvidaban del resguardo y de sus hermanos indígenas. “Nosotros queremos que nuestros muchachos aprendan, que sepan de otras culturas, pero que sean capaces de mantener la propia y sacar adelante el resguardo”.

 

Así que en 1999, los indígenas Achaguas presentaron un Proyecto a la Secretaría de Educación del Meta y lograron la creación de la Institución Educativa Interétnica, Jaliakaisi que en lengua Achagua significa “En donde nace el conocimiento”.

 

El pasado 3 de diciembre se graduó la primera promoción de bachilleres indígenas del Colegio del Resguardo. Con las danzas y comida típica de los Achaguas, 110 jóvenes que estudiaron juntos durante cinco años en una Maloka, celebraron su triunfo académico.

 

Lo que para muchos puede resultar insólito, para estos alumnos del Turpial era una realidad. En una Maloka, se dictaban clases simultáneamente, desde sexto a undécimo de bachillerato. Sin salones, aulas o paredes, se divida imaginariamente la Maloka. Allí, día tras día, los niños se iban convirtiendo en adolescentes.

 

Hoy, la comunidad ha emprendido un nuevo proyecto, programas de estudio superior para que sus muchachos hagan la universidad. Uno de ellos ya lo logró. Noé Arrepiche, de 19 años, recibió de manos del gobernador, el día de su graduación, una beca para estudiar en la universidad de Puerto López.

 

Para el próximo año se iniciará la construcción del Colegio, y las clases ya no serán todas en la Maloka. Este es un proceso lento pero seguro, afirma el gobernador Achagua. “Ya tenemos la escuela, que va de preescolar a quinto de primaria, ahora necesitamos la infraestructura del Colegio. Sin embargo, ya hemos iniciado un proceso educativo con más de 300 muchachos”.

 

José del Carmen, manifiesta que este es un gran logro para la comunidad, pues antes los pocos que podían estudiar lo hacían a distancia, ahora el complejo educativito es el corazón mismo del resguardo. Eso ha facilitado que los muchachos puedan estar cerca de sus familias y al mismo tiempo estudiar. “Que se haya graduado la primera promoción es un triunfo porque los muchachos se dedicaron y trabajaron muy duro por lograrlo, ahora ellos son ejemplos para todos”.

 

Ahora cuando se construya el colegio, las clases no dictarán en la Maloka, en donde incluso también funciona el cetro de salud, pero este seguirá siendo el alma mater de los jóvenes indígenas Achagua, la primera promoción de Jaliakaisi.

Sin lugar a dudas abordar el caso de Bolivia es difícil y sumamente complicado por la cantidad de variables y actores que involucra. Sin embargo, lo que parece estar en el fondo del debate es la relación entre el Estado y la economía, intermediada por el ejercicio de la política.

 

En el marco de esta configuración se pueden situar diversos escenarios que encarnan contradicciones, al ubicar el caso particular dentro de la generalidad. En esta medida se identifican situaciones complejas que deben ser abordadas como dilemas ya que impresiona, si se examina el panorama, la dificultad para encontrar soluciones adecuadas. Algunos de estas situaciones retoman debates ampliamente abordados, uno de ellos es el rol que debe tener el Estado. En el país andino, este presenta una débil institucionalidad, centralizado y con altos niveles de corrupción (ocupa el lugar 117 de 158 en el Índice de la Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional 2005) lo anterior, en el marco de la globalización que promueve la apertura de las fronteras.

 

Adicionalmente, el desarrollo de la economía, que además de las características propias de la región como una deuda externa alta o la presión sobre el gasto público, tiene un mercado estrecho, con escasa elaboración de productos con valor agregado y la dependencia a las materias primas, específicamente a un recurso natural por cada período histórico. Este panorama enfrentado a una economía internacionalizada que promueve la apertura y que privilegia las leyes del mercado.

 

Las anteriores contradicciones además de ubicar en lados opuestos al Estado y el mercado, se han concretado en un conjunto de ‘problemas’, algunos de los cuales surgieron de tiempo atrás, son resultados de los procesos de cambios o se problematizaron por la influencia externa. Los principales son ampliamente reconocidos: a. la necesidad planteada de convocar a un Asamblea Nacional constituyente; b. la nacionalización de los hidrocarburos, la cual ha desatado la realización de fuertes marchas y protestas; c. la solicitud de autonomía de los departamentos, siendo el caso específico de Santa Cruz; d. la legalización de cultivos de coca para uso tradicional, lo cual contradice las acciones principales de lucha contra el narcotráfico; entre otras problemáticas.

 

La confluencia y agitación de todo lo anterior explotó recientemente al interior de una sociedad profundamente dividida, cuya fragmentación se sostiene en las diferencias étnicas y socioeconómicas, en donde la mayoría son indígenas y son los pobres. En este punto cabe destacar que Bolivia es el país más pobre de Suramérica y recientemente en el Informe de Desarrollo Humano 2005, ocupó el lugar 113 de 177 países, siendo el último de la subregión y superado en puntaje en Latinoamérica solamente por Honduras (116), Guatemala (117) y Haití (153).

 

En estas condiciones se celebraron elecciones presidenciales el pasado 18 de diciembre, después de que tres gobernantes en tres años ocuparon la primera magistratura. Antecedente que señala una debilidad del sistema político en donde la sucesión del mandato se realiza por vías poco convencionales. Sin embargo y afortunadamente para el mantenimiento de la democracia se desarrollaron, y el indígena Evo Morales llegó al poder en nombre del Movimiento al Socialismo, MAS. Las expectativas frente a su gestión son inmensurables, sobre todo para sus votantes y para los pueblos originarios que por primera vez, tienen alguien de los suyos, a alguien de la mayoría, como primer mandatario. 

 

No se puede minimizar el impacto que esto genera al interior de la sociedad, no solo es un golpe a la clase política que ha ocupado el poder, a las propuestas de tendencia derechista que se manifiestan en el país, sino que también tiene profundas incidencias en la región.

 

Tampoco es posible desconocer la importancia de que por primera vez un indígena llega a ser presidente de una sociedad donde la mayoría la constituyen los pueblos originarios. Es sin lugar a dudas un hecho trascendental que sucede muchas décadas después de la independencia del país boliviano y su frágil constitución como Estado – Nación. A lo que debe añadirse que ganó con más del 50%, sobrepasando considerablemente a su principal contendor, lo que le otorga mucha mas legitimidad a su elección.

 

Morales llegó al poder con diez propuestas para cambiar el país: Hidrocarburos y Gas, Asamblea Constituyente, Ley para Autonomías, Plan de Desarrollo Productivo, Ley contra Corrupción e Impunidad, Ley de Austeridad Estatal, Ley Tierra Productiva, Seguridad Ciudadana, Soberanía Nacional, Educación y Cultura; y con un discurso antiimperialista y antineoliberal.

 

No obstante, si bien el discurso puede ser fuerte y agresivo, es discurso y es diferente encontrase en la oposición a ser quien ejecuta. Más aún cuando las soluciones para el imaginario colectivo están concentradas en una sola persona como suele suceder en estos casos de crisis donde las expectativas son tan amplias que con dificultad se pueden satisfacer. Y es que justamente al líder cocalero le toca enfrentarse a las contradicciones expuestas al inicio, las cuales no es posible superar en un mandato.  

 

Es en este momento donde el ejercicio de la política puede intermediar en ese debate de fondo que plantea la relación entre el Estado y la economía, está bien el triunfo, es afortunado contar con un considerable respaldo popular, pero lo más importantes es encontrar la conveniente articulación entre ambos. Dadas las condiciones sociales del pueblo boliviano, el Estado tiene que desempeñar un papel importante, sobre todo en la redistribución de las riquezas y en la educación de sus ciudadanos, pero al mismo tiempo la intervención en exceso distorsiona el mercado y genera efectos negativos en una economía internacionalizada.

 

Los problemas mencionados, que se ubican en el marco de este debate, como es el caso de la nacionalización de los hidrocarburos, solo se pueden disminuir a través de consensos y no precisamente con posiciones radicales o ausentes del conocimiento técnico necesario, ya que justamente en este tema si que es importante.  Morales y sus asesores lo saben y quizás por eso ha moderado su discurso y ha decidido visitar países en donde se encuentran las transnacionales que explotan el gas en su país. Sabe el dirigente, que la inversión extranjera es indispensable en Bolivia, que los vecinos que ahora lo acompañan no estarán siempre y que se acercan elecciones en la región.   

 

Este dilema junto con el de la legalización de los cultivos de coca, tienen trascendencia internacional, este último con importantes implicaciones en la relación con Estados Unidos. Los otros dos que se mencionaron, la Asamblea Nacional Constituyente y la solicitud de autonomías son principalmente de concurso interno, sin los cuales no está garantizada una mayor estabilidad en el país ni la articulación del territorio y de la nación.

 

Es un debate profundo, en el que se ubican problemas internos y externos y que se constituyen en los retos del mandatario indígena y del pueblo boliviano. Aquí se ha querido esbozar una lectura general de este caso, con el ánimo de aproximarse y entender la complicada situación que vive el país. Faltan aún elementos y tiempo para interpretar adecuadamente los últimos acontecimientos, sin embargo es pertinente insinuar algunas reflexiones finales:

 

Si bien Bolivia debe rescatar su particularidad y defender lo que le corresponde, no se puede cerrar y desconocer lo que sucede a su alrededor y está la globalización, un proceso irreversible del que no es posible sustraerse ni aislarse, es necesario insertarse de la forma adecuada ya que no hay una sola, consideración que quizás ha sido la equivocada y la que ha generado tantos inconvenientes. Estamos en la era de la información y la tecnología, la cual es indispensable saber aprovechar, sobre todo por las nuevas generaciones, por que son ellas las que van a sufrir el rezago de su desconocimiento.

 

Por otro lado, la llegada al poder del líder indígena debe generar interrogantes en nuestro país, es otro gobierno que sube al poder con un discurso muy diferente al de nuestro mandatario, pero que está siendo común en la región. Así mismo, es un buen momento de reflexión para los pueblos indígenas colombianos para que evidencien las diferencias, pero compartan esa relación estrecha y natural que los vincula y nos vincula a todos los habitantes de los países andinos.

 

 

 

 

Con motivo de la Visita Humanitaria convocada por el pueblo Wiwa, el pasado 14 de Enero en Valledupar, la Fundación Hemera y el Periódico Actualidad Étnica presentan un sentido testimonio del sueño de los cuatro pueblos de esta región, cuyo principal anhelo es “poder llegar a los sitios que están en la línea negra, los sitios sagrados que están alrededor de nuestra madre sierra...” 

  

Pedro es el nombre ficticio de nuestro personaje, quien por obvias razones, pidió no ser identificado.

 

AE (Actualidad Étnica) ¿Porqué razón el pueblo Wiwa pidió a las organizaciones sociales hacer una visita humanitaria a la comunidad de Seminke?

 

Pedro: -Hemos tenido muchos casos de violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario; hemos vivido una crisis humanitaria muy terrible, muy fuerte. Nosotros tenemos guerra, y esa guerra es una guerra interna, una guerra de secamiento de ríos, veranos fuertes, lluvias fuertes. Eso se da debido a que hemos dejado de cumplir con una serie de trabajos espirituales por los hechos violentos de los grupos armados que han impedido que realicemos estas labores. No tenemos nada en contra de nadie, sólo nos hemos declarado como una etnia autónoma al margen de los conflictos armados.

 

Los mayores no se explican porqué razón esta gente armada, si ellos igual que nosotros tienen madre, tienen hijos, tienen sangre, ¿porqué matarse? No hemos entendido eso. Los mayores nos han dicho que mientras no haya paz con la naturaleza no habrá paz para el hombre. Si se empiezan a explotar los diferentes recursos mineros e hídricos que tenemos en la sierra nevada, eso va a generar más violencia por que nuestra madre nos va a cobrar. Antes los viejos se desplazaban a la una o dos de la madrugada hacia un sitio distante para hacer los pagamentos, hoy en día ya no podemos hacer eso. Ahora reunirse en una loma es difícil porque creen que estamos haciendo trabajos para maldad de los grupos armados.

 

AE: ¿Porqué solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares?

 

Pedro: -A raíz de ver que nos venían acabando, quemando comunidades, asesinando líderes, eso nos llevó a buscar una forma de protegernos. La ONIC y el Colectivo de Abogados fueron los peticionarios a partir de los hechos de la sierra, y aunque ha sido una buena estrategia todavía vemos que no se ha hecho nada.  Después de que se nos dictaron medidas cautelares por la muerte de dos líderes en san Juan, se han venido presentando otros hechos. Alrededor de 12 wiwas fueron  asesinadas el año pasado después de que se dictaron las medidas cautelares, y ahora en el 2006 llevamos tres wiwas muertos.

 

AE: ¿Quiénes están violando los derechos de la comunidad?

 

Pedro: -Los diversos sectores: Guerrilla, Ejército, AUC; incluso algunos programas del gobierno nos vienen afectando. Tenemos entendido que se va a aprobar la ley forestal, eso es violencia, se está aprobando la ley de hidrocarburos, eso es violencia, la ley de aguas, eso es violencia.

 

AE: ¿Cuáles son las razones que dicen tener los grupos armados para estar haciendo estos señalamientos y homicidios?

 

Pedro: -Esas razones son las riquezas que hay en nuestro territorio: el agua, los hidrocarburos, las piedras, las plantas, los árboles. Ellos no van detrás de los que vivimos allí, ¿qué riqueza vamos a tener los wiwas que apenas andamos poporeando, con las mochilitas y el vestido tradicional? Nuestra riqueza es espiritual, pero lo que a ellos les interesa es lo que hay en nuestro territorio, y lo que necesitan es tener esos territorios desocupados. Como nosotros estamos ahí es obvio que a costa de lo que sea necesitan eso libre para poder lograr sus objetivos.

 

Este territorio es estratégico porque hay abundante selva, se puede cultivar lo que la persona desee, se pueden conseguir minerales, agua, árboles, plantas medicinales,  ¿quien no desearía esa riqueza? Nosotros hemos dicho que no queremos más invasiones sino que queremos preservar nuestro territorio, porque esa es nuestra misión, ese es el deber que nos dejó nuestro padre Serankua, cuidar nuestra madre sierra a los cuatro pueblos en conjunto.

 

AE: ¿De qué manera afecta esta situación afecta a los niños, jóvenes y ancianos?

 

Pedro: -A los niños con esta crisis se les va perdiendo la forma tradicional de formarlos, los ancianos no pueden cumplir su labor, las mujeres quedan viudas, se va conformando un caos social, entonces esto afecta de diferentes formas. Creo que se necesita más ayuda y fortalecimiento.

 

AE: ¿Qué estrategia ha desarrollado el cabildo para hacerlr frente a esta situación?

 

Pedro: -Fortalecernos más como pueblo wiwa, un fortalecimiento propio como pueblo, eso es lo que hemos venido haciendo desde hace años. Lo que hemos pensado es que no solamente las medidas cautelares nos van a proteger sino que nosotros también tenemos que ir pensando cómo nos vamos a proteger.

 

AE: ¿Qué le diría a la gente de la comunidad que está asustada y atemorizada?

 

Pedro: -Mi voz de aliento para los hermanos wiwa desplazados es que tenemos que creer en lo que tenemos, en la protección tradicional, en nuestros trabajos, porque es ahí donde tenemos que protegernos y fortalecernos.

 

AE: ¿Qué proponen al gobierno para solucionar esta situación?

 

Pedro: -Dialogar, hablar, no tenemos nada en contra de él, hablar, aclarar las cosas, ¿qué es lo que desean y porqué? La idea no es que nos miremos mal, todos somos seres humanos y necesitamos convivir, la idea es solucionar, si tenemos problemas vamos a buscarles la solución, pero eso se consigue sentándose, hablando, dialogando para poder convivir en un futuro como hermanos. Como hermanos mayores deben pedirnos consejo, decirnos como ven ellos la situación y preguntarnos cómo la vemos nosotros y cuáles son las alternativas de solución.

 

AE: ¿Cuál es el anhelo del pueblo wiwa?

 

Pedro: -Nuestro anhelo es poder llegar a los sitios que están en la línea negra, los sitios sagrados que están alrededor de nuestra madre sierra, ese es el sueño de nuestros cuatro pueblos. Ahora mismo las comunidades estamos uniéndonos, estamos viendo cómo fortalecer mas lo nuestro, estamos mirando cómo seguir luchando a pesar de que tenemos tantos inconvenientes y conflictos, porque esa es nuestra misión, cuidar a la Sierra Nevada.

 

A pesar de la fuerte oposición realizada por grupos sociales, ambientalistas y ecologistas, ex ministros del medio ambiente, el Procurador General de la Nación, el Contralor General y las comunidades campesinas, negras e indígenas, la Ley Forestal fue aprobada ayer en la Cámara de Representantes. Con 81 votos a favor y 11 en contra, pero sin votar artículo por artículo como señala la reglamentación, la Ley pasará a sanción presidencial en próximos días. La alternativa ahora es demandar la Ley ante la Corte Constitucional.

 

Los representantes opositores manifestaron que la Ley se aprobó violando el reglamento interno. Según el representante Pedro Arenas, “se aprobó sin dejar hablar a los congresistas, no se votó articulo por articulo, haciendo que se votaran 25 artículos relevantes en bloque”.

 

Arenas puntualizó también que durante las 8 votaciones anteriores no hubo quórum necesario para realizar la votación, y que cuando esto pasa, el proyecto se hunde, sin embargo  en el caso de la Ley Forestal, “se revivió cada semana aunque pasara el tiempo reglamentario que señala el artículo 5, además tenía problemas de unidad de materia en cuanto se revolvieron temas tributarios con forestales”.

 

Una vez el presidente haya sancionado la Ley, la alternativa para frenar los severos efectos de esta es demandarla ante la Corte Constitucional. Sin embargo, los opositores a la ley son pesimistas en frente a este camino jurídico. Sostienen que será muy difícil tumbarla, en cuanto  “no hay condiciones favorables, pues se tienen coactadas las instancias decisorias del país”, aseguró Germán Vélez, director del Grupo Semillas.

Aunque para el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, “el proyecto de ley busca generar empleo con el sector forestal colombiano, proteger el bosque natural, mantener la protección a las zonas de reserva forestal, mantener la protección a los nevados y a los parques naturales”, para los ecologistas es claro que la aprobación de la Ley significa poner la biodiversidad en venta al mercado internacional como recurso monetario.

Como un “desastre” calificó el senador indígena Gerardo Jumí la aprobación de la Ley Forestal.  “Es irresponsable que el Gobierno impulse ese proyecto y que el Congreso le dé su bendición”, afirmó Jumí. Aseguró que esa irresponsabilidad atenta contra las riquezas  naturales y con la diversidad que tenemos como patrimonio, pues la Ley “pretende explotar masivamente recursos naturales y no permitirá hacer reforma agraria, en sectores interés forestal”.

Uno de los puntos de rechazo a la Ley más relevantes, tiene que ver con el desarrollo de la actividad maderera. Según el senador Jorge Enrique Robledo “el proyecto no aspira a otra cosa que a entregar la administración de las reservas forestales y de los bosques naturales a las multinacionales madereras, introduciendo elementos hoy por fuera de la legislación en la materia, como la concesión y la asociación para el manejo de las áreas boscosas, las que pone al alcance de los intereses financieros de las compañías multinacionales”.

Otro de los fuertes opositores a la aprobación del proyecto de ley ha sido el Procurador General de la Nación Edgardo Maya Villazón, quien señaló esta semana las graves consecuencias que traería la aprobación de la Ley para los ecosistemas y en especial para la convivencia de los habitantes del corredor pacífico colombiano, “dado que esta disposición deroga todas las normas que le sean contrarias incluidas entre otros, los artículos 2 al 18 de la Ley 2 de 1959 que reglamentan las zonas de reserva forestal en Colombia”.

En la carta reciente dirigida a Julio Gallardo Archibold, presidente de la Cámara de Representantes, el Procurador mostró su preocupación frente al masivo desarrollo de cultivos agroindustriales en el corredor pacífico, en donde se han deforestado aproximadamente seis mil hectáreas de bosque, y que ha afectado directamente a las comunidades afro colombianas y étnicas que habitan viven en esa región. Aunque el Procurador había manifestado su asistencia al debate en la Cámara de Representantes ayer para enfatizar sobre las consecuencias negativas del Proyecto, no se hizo presente.

La Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Sandra Suárez Pérez ha afirmado en varias ocasiones que con el proyecto “no se está afectando la estructura jurídica de parques nacionales naturales, y no permite ningún tipo de aprovechamiento forestal en ellos”, sin embargo, la preocupación va mucho más allá de los parque naturales, pues no solo estos, que ocupan cerca de 9 millones de hectáreas de bosques, se verán afectados (de los 55 millones que quedan de bosques en el  país), sino también las comunidades negras e indígenas que están en más de 30 millones de hectáreas, según datos de Germán Vélez, director del Grupo Semillas.

 

Vélez también aseguró que la Ley está diseñada para privatizar los bosques de las comunidades indígenas y negras, y que permitiría hacer explotación de las maderas en áreas protegidas. “La Ley Forestal tiene una visión utilitaria del bosque. Hay un desconocimiento de otros servicios ambientales del bosque que no son monetarios. La intención de la Ley, es poner al servicio de las trasnacionales madereras nuestros recursos naturales”, afirmó Vélez.

 

Desde que se empezó a debatir el Proyecto de Ley en el Congreso de la República, hace tres meses, las razones de porqué había que archivar los artículos que atentan contra el bosque natural no dieron espera. En carta dirigida al presidente del Congreso y a los ponentes del proyecto de Ley, ex ministros y viceministros del medio ambiente dejaron en evidencia graves fallas y vacíos de naturaleza sustantiva y de procedimiento de la propuesta. Según el documento, “el Proyecto presenta graves fallas y vacíos conceptuales y jurídicos en relación con el manejo integrado de los bosques, y se desvirtúan principios fundamentales que soportan la legislación e institucionalidad ambiental vigente, que se ha venido construyendo paulatinamente a partir de 1974, la cual recoge las obligaciones adquiridas por Colombia en el ámbito internacional”.

 

Así mismo sostiene que la opinión de quienes, en forma colectiva, son titulares de la mayor extensión de los bosques naturales merece respeto y por eso “no es en absoluto razonable que se siga adelante con la aprobación de un Proyecto de Ley que las comunidades indígenas y negras consideran como atentatorio de sus derechos culturales y territoriales, y contrario al buen uso y conservación del medio ambiente”.

 

Algunos argumentos para rechazar la Ley

 

Son varios los temas que han generado polémica dentro del proyecto. Según los ecologistas y expertos en el tema, consultados por Actualidad Étnica, algunos de los argumentos con los que se ha mostrado rechazo a la ley forestal son:

 

La no realización de la consulta previa con las comunidades afectadas previstas en la Ley 21 de 1991 y la Ley 70 de 1993. El proceso de consulta nunca se hizo. El 25 y 26 de agosto de 2005 se realizaron dos foros informativos sobre el Proyecto de Ley Forestal con comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas. Desde esas primeras instancias estas comunidades expresaron enfáticamente su desacuerdo con el Proyecto, y dejaron clara su posición mediante documentos que fueron radicados en la mesa de coordinación del evento, solicitando entre otros aspectos retirar y archivar el proyecto de ley.

 

Hace un énfasis hacia la extracción de uno de los componentes del bosque: la madera. Es una visión utilitaria del bosque, como su explotación.

  

Hace un cambio en la política nacional ambiental, porque transfiere al Ministerio de Agricultura gran parte de las funciones del Ministerio del Medio Ambiente, con relación  a la conservación y manejo de bosques del país.

 

La Ley Forestal en Bolivia, similar a la nuestra, pronostica consecuencias que sufriría Colombia. El resultado en este país es dramático. Se han hecho concesiones de más de 300 mil hectáreas.

  

Intereses económicos. Durante la sesión de votación de la Ley de la semana pasada, el representante liberal Juan de Dios Alfonso denunció los rumores sobre la compensación de dinero a quienes votaran positivamente al proyecto.

  

Los viajes de los senadores y representantes para conocer las experiencias de leyes forestales en Chile y Bolivia, fueron financiadas por empresa norteamericana Chemonics, que administra recursos del Plan Colombia y programas forestales bolivianos.

 

Las empresas que van a solicitar para entrar al país son las mismas que destruyeron el bosque del Sudeste Asiático.

 

Si al fin se hiciera justicia para reparar a las víctimas de centenares de masacres cometidas en los últimos veinte años en el campo colombiano, y además por las cometidas entre 1946 y 1958, la principal medida sería devolver la tierra a los campesinos, indígenas y afrocolombianos a quienes una y otra vez les ha sido quitada la Madre Tierra, a sangre y fuego.

 

Al amanecer del 2 de septiembre de 2005, dos centenares de comuneros del Resguardo indígena Nasa de Huellas, se atrevieron a hacer cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estableció que el Estado colombiano debía entregarles tierra. Dicha sentencia fue impuesta como parte de la reparación integral por la masacre cometida por paramilitares, de que fueron víctimas el 16 de septiembre de 1991, en la Hacienda Nilo ocupada por ellos, donde fueron asesinados 20 indígenas, entre ellos niños.

 

Cansados de esperar por 14 años la justa reparación, los comuneros ocuparon la Hacienda “La Emperatriz”. La represión no se hizo esperar y tuvo un resultado inesperado: combates con la policía, gases, presencia del Ejército, disparos de armas de fuego contra la gente, indígenas heridos a bala. Nada aterrorizó a los ocupantes, sino que su resistencia civil encendió el corazón de más y más indígenas. Fue imposible desalojar a los ocupantes y cada día había más. Cuando el 13 de septiembre el Ministro del Interior negoció con los Nasa, eran tres mil quinientos y ocupaban además otra hacienda: “Guayabal”.

 

Este hecho marcó un cambio histórico. Fue la primera derrota del terror que, en Colombia, paralizó la lucha directa por liberar la tierra de manos del latifundio. La masacre de Nilo significó la aplicación de la condena de muerte contra todo aquel que se atreviera a desafiar a los amos. Condena aplicada a campesinos, indígenas o afros, sin discriminación. Así, entre el 2 y el 6 de noviembre de 2003, el terror se abalanzó contra los campesinos afiliados al Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Tolima, SINTRAGRITOL en Cajamarca, que en marzo anterior habían ocupado la finca La Manigua, propiedad de un embajador colombiano. Cinco campesinos aparecieron brutalmente torturados y asesinados y 18 fueron “desaparecidos”. El 10 de abril de 2004 el Ejército mató allí mismo a otros tres campesinos, a un bebé y un niño.

 

En el 2005, el 24 de enero,  Luz Miriam Castaño, presidenta de la Asociación Campesina “La Conquista” de Cajibio, Cauca, fue asesinada. Ella lideró en el mes de diciembre de 2004, la ocupación de la hacienda “La Chola” y había sido amenazada por esta razón. “No insista”, le dijeron.

 

Toda la crueldad contra quien se atreviera a liberar la tierra, consolidó una gigantesca contra-reforma agraria que permitió que hoy el 61% de la propiedad rural registrada pertenezca a sólo el 0,4% de los propietarios, es decir, 15 mil personas, una de las cuales es el Presidente Álvaro Uribe Vélez. Cerca del 70% de los Congresistas también hacen parte de ese selecto grupo. Ellos son hoy el Gobierno de Colombia, a punto de ser reelegidos. El mensaje de las masacres era claro “¿Quién como ellos? ¿Quién puede luchar contra ellos?”.

 

Ellos, al fin y al cabo ganaron el apoyo de Estados Unidos mediante el Plan Colombia, destinado a defender este statu quo como contrapartida por el apoyo de la clase dirigente colombiana al Tratado de Libre Comercio y al ALCA y por la modificación de la legislación petrolera, minera, forestal, de aguas, de inversiones... Un trueque que garantiza además a los latifundistas la especulación con el precio de la tierra en las áreas cercanas a las inversiones y megaproyectos de las transnacionales.

 

Se consolidó un latifundismo que no depende de la producción agropecuaria sino de la especulación. Las plantaciones, especialmente de palma africana, la explotación maderera o la ganadería, tienen la función primordial de garantizar el dominio territorial y no la producción en sí misma. El gobierno de Uribe comenzó a aprobar la legislación necesaria para legalizar el despojo de tres millones de desplazados. La ley que reduce el tiempo de prescripción de la propiedad, el plan de desarrollo, las recientes resoluciones que legalizan los cultivos de palma africana en los territorios comunitarios de los afrocolombianos y les despojan de tierra, son apenas parte de las normas destinadas a perpetuar las conquistas hechas a sangre y fuego. El acuerdo con los paramilitares es el toque final para lavar dineros y tierras.

 

Como contraparte, la acción de los Nasa sobre “La Emperatriz” ha sido el verdadero lanzamiento de la consigna “Justicia y Reparación” para las víctimas de ese imperio infame. Han sido los Nasa los primeros en hacer verdad este grito, porque fueron ellos quienes en septiembre de 2004 llamaron a la Gran Miga que recorrió la carretera hasta Cali, con 60 mil indígenas, para oponerse a los proyectos de reforma constitucional de Uribe y a la violencia; para decirle no al TLC y sí a la vida y al proyecto de autogobierno de los pueblos. Porque fueron los Nasa la columna vertebral de la consulta popular contra el TLC que conmovió 6 municipios del Cauca que votaron como nunca lo había hecho para rechazar el engendro del “libre” comercio con Estados Unidos, que se encuentra indisolublemente ligado con la contra-reforma agraria del latifundio especulativo y la liquidación de la agricultura nacional.

 

La resistencia exitosa de los Nasa en “La Emperatriz” desbarató el nudo del terror que ataba las mentes. Campesinos, indígenas Misak (Guambianos), Coconucos y Nasa, vieron claro “como cuando un relámpago ilumina la noche y permite ver cómo será el amanecer”. Aunque existen muchas contradicciones entra cada uno de ellos, que por años les impidieron actuar juntos, todos llegaron a una conclusión unánime: llegó el momento de recomenzar la liberación de la tierra.

 

Cada uno por su cuenta decidió que el día indicado era el 12 de octubre, 513 aniversario del inicio de la resistencia, día en que las centrales obreras convocaron a sus afiliados a un paro nacional. Campesinos e indígenas del departamento del Cauca tomaron 15 haciendas: “Miraflores”, entre Corinto y Miranda, donde 3 mil campesinos reclamaron su derecho a la tierra; indígenas y campesinos de Paletará, Puracé y Coconuco ocuparon las cuatro fincas en que se dividió la antigua hacienda Cocunuco; en Silvia fueron ocupadas "Los Remedios”, por los indígenas de Kisgó, y "Ambaló", por los Misak; y en Caloto, El Japio, propiedad de Garcés & Compañía, por  los Nasa, de Caldono.

 

Cada evento repitió lo ocurrido en “La Emperatriz”. Fueron varias las ocasiones en que la Policía comunicó por televisión, radio y diarios, que los ocupantes habían sido desalojados, y otras tantas veces la televisión mostró a los ocupantes firmes en las fincas. Por primera vez millones de colombianos vieron en directo los enfrentamientos por la tierra. Solamente en los casos que hubo acuerdos, los ocupantes se retiraron por propia voluntad, en los demás siguieron allí.

 

Los Gobiernos Nacional y del Cauca quisieron aparentar que las ocupaciones fueron solamente indígenas, y acusaron, por los grandes medios, a los indios de tener “mucha” tierra“a costa de los campesinos y negros”. Pero, la realidad mostró la alianza campesina-indígena en las ocupaciones. La “mucha tierra” indígena no está en el Cauca, donde 800 terratenientes tienen la misma cantidad de tierra que 240 mil indios y las pequeñas parcelas, incluidas las indígenas en los Resguardos, las campesinas y afro, son el 54,1% de las explotaciones del departamento, pero apenas disponen del 8,9% de la tierra de agrícola o pecuaria. Tampoco están en el resto de los Andes, sino en la Amazonia, donde el Estado no ha dado nada sino apenas reconocido la  posesión inmemorial de los pueblos amazónicos.

 

En el encuentro interétnico en Santander de Quilichao, los afros no denunciaron a los indígenas sino al gobierno por quitares las tierras y afianzaron su alianza con los Nasa. Manifestaciones, organizadas por el latifundista Gobernador del Cauca contra los indígenas, poco concurridas (500 personas), fueron hechas por “campesinos urbanos” y empleados públicos con sus familiares.

 

Mucho más importante, pudo constatarse también que lo ocurrido en el Cauca fue parte de una movilización nacional de indígenas, campesinos y afros. En el mismo departamento, en Nariño y Valle se movilizaron adicionalmente a las ocupaciones, 25 mil de ellos exigiendo solución inmediata a su crítica situación de pobreza. En Inzá (Cauca) 5 mil campesinos e indígenas bloquearon la carretera. Entre Mallama y Ricaurte (Nariño) 4 mil campesinos e indígenas Awá marcharon durante dos días contra el TLC y la política de "seguridad democrática" y por el respeto a los derechos humanos. Dos mil campesinos bloquearon la vía La Vega (Cauca)-Popayán en San Miguel, en apoyo al paro nacional, a la liberación de la Madre Tierra y al proyecto de ley agrario. Mil campesinos bloquearon la vía al Huila en el sitio Gabriel López. Cuatro mil personas marcharon desde "Mi Bohío" en el sur del Cauca hasta Popayán, donde se unieron a la marcha urbana. En Barbacoas (Nariño), 3 mil afrocolombianos y campesinos tomaron el casco urbano reclamando agua potable y soluciones para sustituir los cultivos ilegales. En Buenaventura 5 mil afros marcharon en apoyo al paro y en protesta por las resoluciones del gobierno que eliminan sus derechos.

 

En Caldas y Risaralda se movilizaron  masivamente los Embera en Minga en defensa de sus territorios: quince mil indígenas en dos marchas, una desde Belén de Umbría hasta Pereira y otra de Santa Rosa de Cabal a Manizales. Las dos movilizaciones fueron prohibidas por el Gobierno Nacional, dejando un indígena muerto y varios heridos, durante la represión. 20 mil campesinos y pequeños empresarios agrícolas de los departamentos del Tolima y Huila e indígenas del Huila se concentraron  en la ciudad de Neiva, rechazando el TLC. Se registraron concentraciones campesinas Fusagasugá (Cundinamarca), Tunja y Ventaquemada (Boyacá). Entre Sampués y Sincelejo (Sucre, Costa Caribe) marcharon 5 mil indígenas que se unieron al llegar a la marcha sindical. En Santa Rosa Sur de Bolívar, se cumplió una romería de mil mineros artesanales que protestaron contra la multinacional Kedahda, filial de la AngloGold Ashanti, que quiere quedarse con la explotación del oro de la serranía de San Lucas.

 

La movilización del 12 de octubre fue prueba evidente de un nuevo ascenso de la lucha campesina afro e indígena, que ya se había hecho sentir tanto en la Minga indígena en Tolima (un mes antes) y en la ocupación de la hacienda “Balsillas” en se departamento. También en dos marchas campesinas multitudinarias a Carmen de Bolívar (la última en septiembre); dos levantamientos contra los paramilitares en San Pablo (sur de Bolívar) la ocupación campesina de Cantagallo (sur de Bolívar); y los paros cívicos en varias localidades de la costa Pacífica. Del 4 de noviembre al 11 de noviembre fue ocupada la iglesia de San Francisco en Bogotá, por 700 afrocolombianos que exigieron respeto a las normas de etnoeducación y a sus tierras colectivas.

 

También los obreros rurales se han movilizado. En enero 1300 trabajadores de la palma africana realizaron una huelga victoriosa de tres semanas en San Alberto, Cesar, para reclamar reajustes salariales. La mayoría pertenecen a tres “cooperativas de trabajo” impuestas hacia 1990, cuando los dirigentes del sindicato fueron obligados, bajo amenazas de muerte, a renunciar a la convención. En mayo, junio y julio, ocurrió un alentador levantamiento de los corteros de la caña de azúcar. El 25 de mayo, 2.700 corteros del Ingenio del Cauca, bloquearon las entradas a la factoría y presentaron un pliego petitorio. Con la simpatía abierta de la población, tras 5 días de huelga lograron un acuerdo victorioso. El ejemplo prendió y en pocas semanas pararon 7 mil corteros en los ingenios Mayagüez, Manuelita, La Cabaña, Pichichí, Central Tumaco, Castilla y María Luisa. Los Nasa se movilizaron en apoyo a los corteros tanto durante la huelga como posteriormente para exigir el cumplimiento de los acuerdos suscritos por el ingenio la Cabaña.

 

El Gobierno teme que se extienda la liberación de la Madre Tierra, por eso desde la tarde del 8 de noviembre atacaron a los Nasa que ocupan El Japio, con tanquetas, escuadrones de policía y disparos de arma de fuego. Quieren matar la lucha y por eso mataron el 10 de noviembre a Belisario Camayo Wetetó, guardia indígena de 16 años, e hirieron a bala a Gerson Menza. Fueron nueve intentos fallidos de desalojo. Mientras los Nasa resistían los ataques policiales en El Japio, los Misak de La María ocuparon el 9 de noviembre la hacienda “Corazón” en Piendamó. Cientos de campesinos sin tierra unidos con indígenas ocuparon desde el 10 de noviembre tres fincas en el municipio de Morales, también en el Cauca. El 16 de diciembre fue elegido y se posesionó el Cabildo, la autoridad indígena de El Japio.

 

Lo que el actual Gobierno jamás hubiera querido. Reforma agraria popular. Liberación de la Madre Tierra. Todos los hemos oído este ritmo, con el corazón. No dejará de sonar hasta que por fin haya justicia y reparación.


En esta oportunidad fueron dos niños de la vereda de Calambayó, resguardo indígena de Vitoncó, en el municipio de, Belalcázar (Cauca). El pasado 8 de febrero Ovidio Montano y Germán Montano, de 10 y 17 años respectivamente, se encontraban en las labores de agricultura en una parcela cercana al resguardo cuando accidentalmente la pala con que trabajaban accionó la granada que hoy tiene a estos dos hermanos recluidos en los Hospitales de Belalcázar y Popayán. Nuevamente son los niños las víctimas del conflicto colombiano. Cabe anotar que esta zona fue escenario de recientes enfrentamientos entre las Farc y el Ejército Nacional.

Como resultado del abandono de artefactos explosivos, Ovidio presenta heridas múltiples en el tórax, abdomen, fémur, mano y esquirlas en la cara, su hermano también recibió esquirlas en el rostro. Como pudieron sus familiares lo llevaron al hospital y fue precisamente Jorge Eliécer Quintero, Presidente de la Cruz Roja de Belalcázar, quien también es auxiliar del centro de salud, quien los recibió a las 5:00 de la tarde. Sin embargo y ante la gravedad de las heridas, Ovidio fue trasladado a las 11 de la noche al hospital Universitario de Popayán.

Pero el caso de los hermanos no es un hecho aislado, en menos de un mes se han presentado otras situaciones en la que los niños indígenas han sido las víctimas. El 29 de enero unos jóvenes del resguardo de Caloto pisaron una mina antipersona.

“Es realmente una tristeza que sean los niños los que paguen los costos de esta guerra”, afirmó Jorge Eliécer Quintero, quien ha estado al tanto del estado de los niños. “Adelantamos acciones pedagógicas para prevenir estos accidentes, hemos estados en los resguardos capacitando a los gobernadores y a los indígenas para que expliquen en su lengua a las comunidades las medidas que se deben tener en cuenta cuando se encuentren con un artefacto de estos. Pero en realidad lo que se necesita es que se haga un barrido de esta zona”, enfatizó Jorge Eliécer.

Sin embargo esta situación es compleja porque mientras por una parte se hace un esfuerzo por sensibilizar a la comunidad sobre los peligros de manipular estos artefactos, como resultado de los enfrentamientos entre los actores armados legales e ilegales, quedan abandonados granadas y minas antipersona. Recientemente el norte del Cauca fue escenario de duros combates entre las Farc y el Ejército Nacional.

Arnel Castro, Alcalde de Belalcázar, aseguró que desde el gobierno local se están desarrollando acciones encaminadas en informar a las comunidades. Para ello conformaron el Comité Local de Emergencia conformado por las autoridades del municipio y en coordinación con los gobernadores de los cabildos de la zona. Igualmente se han reunido con los miembros de la Tercera Brigada para analizar la situación. “Hacemos un llamado a la ciudadanía, a los resguardos, a los rectores de los colegios que tengan un especial cuidado con los niños. Que si se encuentran con estos artefactos avisen a las autoridades, o demarquen las zonas”.

Igualmente señaló que la Fiscalía ya inició la investigación para determinar las causas de este accidente y que los niños Montano recibirán un apoyo especial por parte de la Oficina de Acción Social de la región.

Pero mientras se esclarecen los hechos, dos niños indígenas permanecen en las unidades de cuidado intensiva de un hospital y el Jorge Eliécer siguen preguntándose porqué en lugar de sembrar los el campo, algunos se dedican a cosechar minas.