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El pasado domingo 30 de abril el Equipo de Pastoral Afrocolombiana, la Comisión de Vida Religiosa Afrocolombiana, y la Asociación Grupo de Mujeres Negras de Colombia, celebraron la EucaristÃa Afrocolombiana en Bogotá. Este encuentro que contó con la asistencia de alrededor de 100 personas, inició a las 2 p.m., en la Parroquia el Divino Salvador ubicada en la Cra.17 No 56-27. El 18 de junio se celebrará de nuevo la EucaristÃa Afrocolombiana en la misma Parroquia.
La liturgia católica que duró un poco más de una hora fue presidida por el padre Emigdio Cuesta, un chocoano muy alegre, quien antes de iniciar la celebración pasó por la silla de cada uno de los asistentes saludándolos e irradiando su júbilo. En esta ceremonia se reunieron afros del Chocó y del Cauca, que le imprimieron todo ese sabor y energÃa del pacÃfico. La misa que esta cargada de baile y música afrocolombiana como el currulao, también despliega cantos entonados en lenguas y ritmos africanos.
El salmo tradicional de la misa católica común fue cambiado por un poema de Lucrecia Panchano: “(…) Creo en la suma importancia de ser afrocolombiano. Creo en la idiosincrasia, que alienta nuestro ser. Creo en este sentimiento que arde como una flama y creo en la pureza de todo este quehacer (…)â€.
Esta misa que se realiza cada mes, es un proyecto para que los afros que viven en Bogotá no olviden sus raÃces, las rescaten y que el resto de colombianos visibilicen la espiritualidad y la cultura de este pueblo. La religión cristiana tiene un fuerte influjo en la vida de los afro descendientes, desde una historia no muy agradable como lo es la esclavitud, donde la misma Iglesia participó de una forma. Hoy el pueblo afro, en su mayorÃa es cristiano e integrante de la Iglesia católica.
Lo diferente no es lo opuesto
La liturgia afro presenta diferencias en el orden estructural en el que es expuesta y sumado a ello, toda la celebración esta envuelta en cultura, ya que la danza y la música forman parte esencial de este pueblo. También las ofrendas que se hacen en la eucaristÃa, expresan la cotidianidad de la vida en el pacÃfico colombiano, ofreciéndole a Jesús los objetos más significativos para la subsistencia del pueblo afro, como son la atarraya para pescar, el remo de la canoa, el mapa de Ãfrica y la virgen negra.
Aunque la celebración de esta misa ha tenido sus altibajos debido al rechazo por parte de algunos sectores tradicionales de la iglesia católica, que no están muy abiertos para aceptar este tipo de liturgia, continuarán luchando por preservarla, “hemos cambiado constantemente de espacios por ello, pero este año el sacerdote de la Parroquia el Divino Salvador, nos dio la oportunidad de ofrecernos su iglesia como sede para nuestros encuentrosâ€, afirmó Johnny Vargas, Coordinador del Equipo Pastoral de Bogotá.
Y es que aunque la liturgia tenga diferente orden, o cada uno tome su propia ostia del altar, o se reparta vino y panes reales, o se baile y cante en la liturgia, para ellos estas acciones no perjudican la alabanza a Jesús, ni son un sacrilegio, al contrario afirman que con ellas se dignifica a Dios con alegrÃa.
Celebración en la catedral en el marco del “DÃa de la Afrocolombianidadâ€
Este 21 de mayo se celebrará como se ha hecho desde hace 5 años, el “DÃa de la Afroclombianidadâ€. Ya han pasado 155 años desde la abolición legal de la esclavitud en Colombia (21 de mayo de 1.851), y en el paÃs se conmemora desde el año 2.001, instaurado mediante ley 725, para reconocer el carácter pluriétnico y multicultural de la nación, y para recordarle a la población afro la necesidad de recuperar su memoria histórica.
En este dÃa se hará un alto en el camino, para reunir a la comunidad afrodescendiente que vive en Bogotá y celebren juntos la eucaristÃa que se realizará en la Catedral Primada de esta ciudad. Se espera una masiva asistencia de todo el pueblo negro residente en la capital, teniendo en cuenta que la población afro que allà reside es de aproximadamente 900.717 personas.
Esta es entonces una invitación no sólo para los afrodescendientes que viven en la capital, sino para todos los colombianos que quieran rescatar y conocer su cultura y sus raÃces. Tristemente el padre Emigdio al finalizar la liturgia recordó que el 2 de mayo, el mismo mes en que se celebra la afrocolombianidad, se conmemoran 4 años de la masacre de Bojayá y pidió a todos recordar este dÃa en el que murieron 119 personas.
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“Señores del Colectivo Alvear Restrepo esta es una invitación a que se unan a nuestra cruzada contra el terrorismo o se atengan a sufrir en cada uno de sus miembros de todo el peso de nuestra presencia, estamos con el favor de las mismas fuerzas armadas estatales que siempre nos apoyan en una gran muestra de soberanÃa. Y esto también para todas las partes a las que hoy escribimos copia de este aviso si no se alinean a esta realidad es mejor que se larguen con sus ideas humanitarias a otra parte que no sea nuestro sagrado territorio colombiano, a lo mejor los señores Castro, Chávez, Morales o Lulla, los recibenâ€, dice un aparte del mensaje que recibiera el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo, el pasado 8 de mayo y que también fue enviado a la Organización Nacional IndÃgena de Colombia, ONIC, el Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos - ILSA, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT y la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo, PIDHDD.
El correo titulado “no mas mentiras disfrasados†(sic), tiene como remitente a Alberto Gabriel Palomino y fue enviado desde mail: (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.). En un tono intimidatorio, el menaje señala a las organizaciones que recibieran la comunicación “protectores de terroristas, fomentadores del terrorismo a gran escalaâ€, de quienes no se desea saber más, “o las FARC o del ELN, o del cualquier cosa que suene a izquierda chavismo socialismo o comunismo disfrazadoâ€.
En rueda de prensa, el 11 de mayo, los dirigentes de la ONIC hicieron pública su denuncia ante los medios de comunicaciones, allà reiteraron “que los pueblos indÃgenas no son guerrilleros, ni paramilitares, como tampoco informantes de la fuerza pública y que nuestra polÃtica de autonomÃa está basada en las normas y tradiciones culturales ancestrales y en la pertenencia territorial, por lo tanto continuaremos raudos y firmes aplicando y ejerciendo el derecho propio dentro de nuestros territorios, considerados por el estado de derecho, como entidades publicas de carácter especialâ€.
Por tal razón consideran que estas amenazas hacen parte de un permanente señalamiento, intimidación y hostigamiento, avivado por las declaraciones del presidente de la república, Ãlvaro Uribe y su polÃtica de seguridad democrática.
Los dirigentes de la ONIC manifestaron que después del análisis del cometido del mensaje, se reunieron con delegados del Ministerio del Interior, quienes le manifestaron la realización de un estudio de riesgos de las instalaciones y medidas de seguridad colectiva. Igualmente manifestaron que en la próxima semana entablarán una solicitud a la FiscalÃa, la DefensorÃa y las autoridades competentes para que se inicie una investigación y adelantarán una inspección informática del e-mail recibido a través de Internet, con o sin la ayuda de las autoridades competentes.
Por el momento, enfatizaron que estos mensajes en lugar de amedrentarlos, les daba más razones para continuar en la lucha de los derechos de los pueblos indÃgenas y que contrario a las intenciones expresadas en el comunicación, continuarán con las actividades previstas que se realizarán el marco de la Cumbre Nacional Itinerante con Movilización y Acciones Sectoriales, el próximo 15 de mayo.
Por considerar de gran importancia para nuestros lectores, reproducimos el comunicado oficial de la ONIC frente a estos hechos. Para conocer algunas reacciones ante las amenazas haga clic aquÃ:
COMUNICADO PUBLICO A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
Jueves, 11 de mayo del 2006
La Organización Nacional IndÃgena de Colombia (ONIC) denuncia nuevos hostigamientos El dÃa 8 de mayo del presente, al correo Institucional del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo†le fue enviado un mensaje amenazante, el cual fue reenviado con copia a otras organizaciones, y en el que reiteran contundentemente amenazas contra nuestra organización.
La ONIC quiere dejar claro que nunca puede estar a favor de una polÃtica Gubernamental, que pretende permanecer hegemónicamente en el poder, cometiendo reiteradas y sistemáticas violaciones a los derechos de los pueblos indÃgenas; al igual que se ha perpetrado un genocidio que hemos denunciado oportunamente y que no dejaremos de denunciar. Ante una maquinaria politiquera que está perpetuando la Impunidad perennemente, con la mal llamada “Ley de justicia y pazâ€, que encubre y premia a quienes han auspiciado la más cruenta arremetida contra los pueblos indÃgenas.
Por ello anunciamos categóricamente que nuestros derechos no son negociables y permaneceremos en franca lucha y resistencia por la pervivencia de nuestros pueblos, en defensa de la autonomÃa y del territorio.
De la misma manera hemos reiterado abiertamente que los pueblos indÃgenas no somos Guerrilleros, ni paramilitares, como tampoco informantes de la fuerza pública y que nuestra polÃtica de autonomÃa está basada en las normas y tradiciones culturales ancestrales y en la pertenencia territorial, por lo tanto continuaremos raudos y firmes aplicando y ejerciendo el derecho propio dentro de nuestros territorios, considerados por el estado de derecho, como entidades publicas de carácter especial.
Las amenazas llegan en un momento en que nuestra organización está denunciando a nivel Internacional las mentiras del proceso de paz entre los paramilitares y el actual gobierno, cuando nos estamos preparando para movilizarnos el 15 de mayo contra las polÃticas del gobierno y contra la reelección presidencial y por las diversas denuncias que sin vacilación alguna presentaremos en el seno del Foro Permanente para las cuestiones IndÃgenas de Naciones Unidas a realizarse en Nueva York los dÃas 15 al 26 de Mayo, donde daremos a conocer la problemática de los pueblos indÃgenas de Colombia.
En este sentido nos preocupa que el señor Presidente de la Republica utilice un lenguaje agresor contra los que no comparten su polÃtica (seguridad democrática), contra las organizaciones que nos acompañan en los procesos de exigibilidad a los derechos humanos, como el caso del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo†amenazas verbales conducentes a declararnos objetivos militares, en un marco de poder ideológico hegemónico que no quiere escuchar criticas ni reclamos.
Nos preocupa que el lenguaje de las amenazas recibidas el dÃa 8 de mayo del 2006 a varias organizaciones defensoras de derechos humanos entre ellas la nuestra, hacen referencia a un lenguaje muy conocido en manifestaciones públicas utilizadas por el señor presidente: “los colombianos están en un dilema en esta campaña, entre si votar por la paz que le ha dado la polÃtica de seguridad democrática o por un comunismo disfrazado de izquierda que le pretende entregar el paÃs a las FARCâ€. En este caso discurso emprendido contra la campaña del Polo Democrático Alternativo.
Un lenguaje que no es nuevo, pues desde hace algún tiempo se ha sostenido públicamente que las organizaciones defensoras de derechos humanos responden a los intereses de la insurgencia, desde septiembre de 2003 y febrero 2004 los señalamientos, hostigamientos y amenazas contra las organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, indÃgenas, sindicales, campesinas y estudiantiles han sido estigmatizadas permanentemente en su buen nombre.
Creemos firmemente que el presidente está azuzando a los actores armados con su lenguaje, llamando a sus seguidores que hoy proclaman cuatro años más de duración de su gobierno, levantando consignas como las que llegaron en el comunicado amenazante del dÃa 8 de Mayo: “ Arriba la autentica rebelión estatal la derecha demócrata…fuera arrodillados socialistas….viva Ãlvaro Uribe Vélez 2006 – 2010… y muchos años más!!!!! Colombia libre para siempre de la Izquierdaâ€.
Por todo lo anterior y ante las amenazas que no son nuevas, no dejaremos de soñar con la democracia basada en el respeto por los derechos de los pueblos indÃgenas de una manera integral, creemos en la igualdad y en la libertad sin resentimientos mezquinos de mandatarios autoritarios que solo quieren ver a los pueblos indÃgenas en la guerra y despojados de nuestros territorios, nuestras creencias culturales y ancestrales.
La ONIC, responsabiliza al Presidente de Colombia ante las reiteradas y sistemáticas violaciones de derechos humanos, las cuales no han cesado contra los pueblos indÃgenas y ante cualquier agresión de la cual puedan ser objeto las instancias directivas y colaboradores de la ONIC en el orden nacional, regional y local.
Con nuestra más profunda solidaridad como pueblos indÃgenas de Colombia llamamos a respaldar las acciones de repudio contra quienes pretenden enlodar el buen nombre de las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos como el caso del Colectivo de abogados “José Alvear Restrepo†y de nuestra Organización Nacional.
LLAMAMOS:
1. A las organizaciones Internacionales para que acompañen nuestra labor y manifiesten su rechazo a este tipo de señalamientos ante el Gobierno Colombiano.
2. Se investigue la responsabilidad de los comunicados y se actúe en concordancia a los tratados internacionales de protección a la labor de los defensores de derechos humanos.
3. A la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los derechos humanos de
Naciones Unidas, a tomar cartas en el asunto.
4. Exigimos a la fuerza pública el respeto a nuestros territorios, nuestra autonomÃa, nuestras autoridades indÃgenas, nuestra integridad moral y fÃsica, nuestra vida y nuestros derechos humanos.
5. Al Presidente de la República, quien es el jefe supremo de las fuerzas armadas y como primer soldado –como él mismo suele llamarse-, el respeto integral a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
6. A las autoridades competentes, la correspondiente investigación y aplicación de las sanciones pertinentes.
Atentamente:
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÃGENA DE COLOMBIA – ONIC - Mayo 10 de 2006.
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En el dÃa de hoy fue cancelada una comisión de verificación que se realizarÃa en la comunidad de Poropó, municipio de Uribia, departamento de la Guajira. Dicha comisión estaba integrada por la Gobernación de la Guajira, el Ejército, la PolicÃa, la DefensorÃa del Pueblo y la Organización Nacional IndÃgena de Colombia (ONIC). El objetivo era verificar y hacer un diagnóstico de la situación humanitaria de las comunidades wayúu que habitan en esta zona del paÃs.
Según la DefensorÃa del Pueblo del departamento de la Guajira, desde finales del mes de marzo han recibido información acerca de la presencia de un grupo de por lo menos 70 paramilitares que hacen parte del Frente Contrainsurgencia Wayúu, estructura paramilitar del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que no participó del reciente proceso de desmovilización y que actualmente opera en los municipios de Maicao, Manaure y Uribia.
En el informe de la DefensorÃa se señala que estos paramilitares tienen a la población wayúu sometida con amenazas de muerte para que no denuncien su presencia y actualmente ostentan el control total de los negocios legales e ilegales (contrabando, tráfico de estupefacientes, armas y gasolina), no permiten el establecimiento de población en los alrededores de BahÃa Portete y mantienen el control de los puertos por donde embarcan cocaÃna hacia los mercados internacionales.
A esto se suma toda una estrategia de control social por parte de los paramilitares en contra de los wayúu, quienes han venido desarrollando acciones de resistencia entre las cuales se encuentra la de no brindar ningún tipo de apoyo en el suministro de semovientes e información que facilite la operación logÃstica del grupo armado ilegal. “La reacción de los paramilitares ha sido violenta, lo que en varias ocasiones ha hecho que algunas familias wayúu deban defenderse generando enfrentamientos armadosâ€. El hecho más reciente ocurrió el pasado 3 de abril, cuando aproximadamente 10 indÃgenas wayúu debieron enfrentar a un grupo de paramilitares en el sector de Perpana.
Como retaliación por este hecho, el 7 de abril un grupo de paramilitares incursionó en la comunidad indÃgena de Poropo, en donde torturaron y asesinaron a Ãlvaro Uriana, lÃder indÃgena de 38 años, quien se negó a dar información acerca del paradero de otros miembros de su familia. En los mismos hechos dos mujeres fueron golpeadas y una vivienda fue incendiada.
Estos incidentes provocaron el desplazamiento de 50 indÃgenas de la familia Uriana- Pana, entre mujeres y niños hacia el casco urbano del municipio de Uribia, pero al dÃa siguiente y luego de recibir ayuda humanitaria por parte de la Agencia Presidencial para la Acción Social retornaron a la comunidad en compañÃa del Ejército. Sin embargo, un representante de la DefensorÃa Regional de la Guajira indicó que algunas familias se desplazaron hacÃa Maracaibo y al parecer se han venido presentando nuevos desplazamientos hacia otras localidades. Aún no hay claridad respecto al número de indÃgenas desplazados, asà como tampoco a la situación que están viviendo en este momento.
Además de ello, la DefensorÃa ha conocido de varias quejas de los indÃgenas que dan cuenta de abusos cometidos por parte de los integrantes del grupo Matamoros del Ejército Nacional, asà como de diversos hechos en los que al parecer han actuado de manera conjunta con los paramilitares. Estas situaciones motivaron la realización de un consejo de seguridad hace dos semanas, en el que se acordó conformar una comisión de verificación que visitarÃa la comunidad de Poropo en el dÃa de hoy y la cual fue cancelada con motivo del visita del presidente candidato a la costa caribe colombiana.
Estos hechos resultan alarmantes si se tiene en cuenta que el Sistema de Alertas Tempranas de la DefensorÃa del Pueblo emitió el pasado 28 de abril un informe de inminencia de riesgo en el que señala que las actuales circunstancias de la Media y Alta Guajira pueden conducir a la ocurrencia de violaciones masivas de derechos humanos e infracciones al DIH en contra de los indÃgenas wayúu de las comunidades de Poropo, Perpana, la Esperanza, Tres Bocas, Pusheo, La Loma, Kariwac, Jatete, Jepsut, Karimaya, Arigunakimana y el sector aledaño a BahÃa Portete en el municipio de Uribia.
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El próximo 12 de mayo, a las 9:00 a.m. se inaugurará oficialmente la escuela de Escuela de Derecho Propio Los Pastos, “Laureano Inampuesâ€. La sede de este centro académico está ubicada en El Corso, Resguardo de Guachucal, departamento de Nariño (Colombia) y recibe su nombre en honor al lÃder indÃgena Pasto, Laureano Inampues, quien fue asesinado el 8 de mayo de 1997, debido a su lucha por la recuperación del territorio indÃgena de la región.
Inampues, quien nació en Guachucal, trazó el sendero que hoy sigue su comunidad en la recuperación de los territorios ancestrales. Su propuesta ideológica era la de recuperar el territorio y mejorar asà las condiciones de vida de la comunidad, en especial reivindicar históricamente la posición polÃtica del pueblo de Los Pastos. El crimen de este intelectual indÃgena permanece en la impunidad.
La idea de la creación de una escuela que formara a los indÃgenas Pasto de la región, surgió hace dos años por iniciativa de sus mismas autoridades indÃgenas, los gobernadores de los 21 cabildos del pueblo de Los Pastos, motivados por la necesidad de fortalecer la jurisdicción especial indÃgena, pues no existÃa claridad sobre las competencias con el sistema judicial nacional. Este proyecto, que se presentó al Consejo Superior de la Judicatura, CSJ, fue aprobado en noviembre de 2005.
El proyecto busca coordinar la jurisdicción especial indÃgena y el sistema judicial nacional para construir un diálogo intercultural encaminado a la creación de una ley de coordinación entre los dos sistemas, afirmó MartÃn Tenganá, antropólogo, integrante del equipo coordinador de la escuela y miembro del resguardo de Pastas-Aldana. Por esa razón está dirigido especialmente a las autoridades indÃgenas del pueblo de Los Pastos.
Esta idea fue posible gracias al apoyo del CSJ, la gobernación de Nariño, los cabildos indÃgenas y la red de justicia comunitaria. También contó con el apoyo de expertos que han trabajado en proyectos similares, como AlcibÃades Escué, Alberto Fiagama, Armando Valvuena y Carlos Perafán Simona. Los responsables de este proyecto y actuales directivas son los indÃgenas mismos, Manuel Jesús Cuacés, Gobernador del Cabildo de Guachucal y José Antidio Tez, gobernador del Cabildo de Yascual.
A esta iniciativa también se ha unido la escuela Rodrigo Lara Bonilla, proyecto de formación en Jurisdicción Especial IndÃgena y Sistema Judicial Nacional, liderado por la Organización IndÃgena de Colombia, ONIC, y la Universidad Nacional, a través de talleres que buscan sensibilizar acerca de la riqueza cultural a través de los sistemas normativos propios de los pueblos indÃgenas.
Hacia una universidad indÃgena
La formación en la escuela de derechos propio será de seis semestres con asistencia de talleres cada mes, durante tres dÃas. También se adelantarán trabajos investigación al interior de cada uno de los resguardos. Derecho propio de las autoridades tradicionales, derecho de los pueblos indÃgenas en el marco de la interculturalidad, cultura y planes de vida, son las lÃneas de formación de la escuela, enmarcadas en ocho ejes temáticos: territorio, identidad, administración de justicia, pluralismo jurÃdico, derechos humanos, derecho internacional humanitario, diversidad y luchas sociales, investigación (énfasis en recuperación de la lengua materna, medicina tradicional y medio ambiente) y trabajo comunitario, ejecutado por los mismos participantes: autoridades indÃgenas, dirigentes y el equipo coordinador.
Las clases se inician el mismo 12 de mayo. En esta primera sección los estudiantes abordarán temáticas como: polÃticas internacionales de los pueblos indÃgenas, (Manuel Muñoz, delegado de la UNESCO) y justicia comunitaria en Colombia, (Edgar Ardial, universidad Nacional). Igualmente, los indÃgenas Mario Calambas, coordinador del centro de conciliación guambiano y Gabriel Pavi, coordinador de la escuela de derecho propio de los Nasa y delegado de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca, ACIN, compartirán su experiencia con los estudiantes del pueblo Pasto.
“La escuela de Escuela de Derecho Propio, es el primer paso hacia la creación de una universidad indÃgena. Eso es lo que nosotros queremos y sobre lo que estamos trabajando. Por esa razón la escuela cuenta con los más altos niveles académicos y con la participación directa de nuestra comunidadâ€, afirmó Tenganá.
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La Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT), conformada por indÃgenas de la Guajira, convocó a las organizaciones indÃgenas, a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, organismos internacionales de derechos humanos, entidades de ayuda humanitaria, agencias de cooperación internacional, órganos de control del Estado colombiano y a la institucionalidad pública, para que se hagan presentes en la asamblea que se llevará a cabo el sábado 13 de mayo de 2006, desde las 9:00 a.m., en la comunidad de La Peña de los Indios, localizada en San Juan del Cesar (La Guajira).
Esta reunión pretende presentar el grave balance de violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario de las comunidades indÃgenas wiwa, ubicadas en la Loma del potrero, La peña de los indios, El caney, Ulago y El MachÃn, en la Guajira, donde se ha iniciado un desplazamiento de 6 familias a causa del conflicto armado. Al finalizar el encuentro se coordinará la intervención de las organizaciones, organismos, entidades e instituciones, para ayudar a esta comunidad.
Pero a pesar de esta invitación, el gobierno en representación de su alcalde, gobernador y otros funcionarios estatales de la Guajira, cancelaron su participación en este encuentro en horas de la tarde del miércoles 10 de mayo, “no asistirán porque asumen que no hay garantÃas de seguridad por parte del Ejército Nacionalâ€, afirmó Reynaldo Plata Coordinador de la Casa IndÃgena Wiwa.
En la reunión se procurará coordinar todas las intervenciones que se están llevando a cabo en ese territorio con el fin de enmarcarlas dentro de las estrategias de protección y autoprotección que se han venido definiendo por parte del pueblo, asà mismo, la reunión pretende establecer alianzas con organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales que puedan hacer un acompañamiento más permanente en ese territorio.
Además del incumplimiento del gobierno en cuanto a protección de los derechos humanos de estas comunidades, se intentarán solucionar otros problemas como el crecimiento del desplazamiento, carencia de agua para las cosechas y para el consumo, vÃas de acceso, y sobrepoblación, “las tierras para cosechar ya no son suficientes para el número de personas, por eso necesitamos más espacios, pero por el contrario el gobierno ha querido ofrecerle una parte de nuestro territorio a desplazadosâ€, afirmó el coordinador de la Casa IndÃgena Wiwa.
Las causales del conflicto
la Organización Wiwa, denunció las situaciones mencionadas a continuación, las cuales fueron causales para realizar este encuentro del 13 de mayo, que tiene como propósito analizar la situación que actualmente se está presentando y en la dirección de buscar un acompañamiento más permanente del pueblo colombiano y organismos internacionales.
Los hechos de varios casos de violación a los Derechos Humanos de esa comunidad, se vienen perpetuando desde años atrás y que han sido contundentemente denunciados a la opinión pública nacional e internacional y a las instituciones del Estado colombiano y el Gobierno Nacional.
Entre 8 casos mencionados, uno de los más trascendentes fue el asesinato del Mamo Juan Rafael Alberto Gil, en su propia residencia del barrio “31 de Octubre†de Riohacha (La Guajira) el 6 de abril de 2006, por dos hombres que se movilizaban en una moto. Este indÃgena de 43 años y originario de la comunidad de Cherúa, jurisdicción del municipio de Valledupar (Cesar), vivÃa desde hacia varios años en Riohacha desde donde prestaba sus servicios como médico tradicional y curandero entre los sectores populares.
Por otra parte, el 9 de marzo de 2006, en un tramo de la vÃa entre Guayacanal y la Loma del Potrero, dos soldados de una patrulla adscrita al Batallón Rondón cayeron vÃctimas de una emboscada con explosivos detonados a su paso por la guerrilla. Por estos hechos las tropas de ese batallón han sindicado que los indÃgenas wiwa de la región poseÃan información sobre estos hechos. “A raÃz de estas acusaciones se ha generado mucho temor y zozobra entre las comunidades de La Peña de los Indios, La Loma del Potrero y El Caney, que se sienten hostigadas y amedrentadas ya no sólo por la guerrilla sino por las actitudes asumidas por la fuerza pública en la región para quienes al parecer sigue siendo válida la ecuación ser wiwa es un sinónimo de ser guerrilleroâ€.
La situación de intranquilidad y zozobra ha llegado hasta tal punto que varias familias anunciaron a sus respectivas autoridades su intención de desplazarse en los próximos dÃas y de hecho ya se han presentado algunos desplazamientos, “17 personas ya se han desplazado, por este temor colectivo que ha generado el ejércitoâ€, afirmó Reynaldo Plata Daza, coordinador de la Casa IndÃgena Wiwa.
Entre otros casos, evidencian el de Wilson Enrique Villazón Villazón, de 46 años y miembro de la comunidad de Sabana Joaquina, localizada en San Juan del Cesar (La Guajira), quien ha venido denunciado junto a las autoridades de su comunidad, que el 17 de septiembre de 2004 en la comunidad de La Peña de los Indios, localizada también en jurisdicción de San Juan del Cesar, fue retenido casi 7 horas (entre las 2:00 p.m. y las 8:40 p.m.).
“Fue retenido por hombres adscritos al batallón Rondón de la Décima Brigada del Ejército Nacional que se encontraban al mando de alguien de apellido Cuenca, quienes lo torturaron y le propinaron una violenta golpiza mientras le preguntaban insistentemente sobre el paradero de la guerrilla. Lesiones y secuelas permanentes que le impiden desarrollar con normalidad su trabajo son las consecuencias de este hecho repudiableâ€, afirmaron lÃderes de la organización wiwa.
Posterior a estos hechos, la comunidad asegura que el indÃgena desde el mismo momento en que fue torturado ha venido recibiendo amenazas y hostigamientos, por parte de hombres pertenecientes al Batallón Rondón, para que se abstenga de involucrar al Ejército Nacional en estos hechos y más bien manifieste que los autores fueron hombres de un grupo armado ilegal desconocido. Enrique Villazón Villazón presenta un grave estado de salud, luego de dos años de ser violentamente golpeado, por lo cual la comunidad exige una asistencia médica urgente.
Algunas peticiones de la OWYBT
En razón a lo anteriormente señalado, la OWYBT ha solicitado varias garantÃas al gobierno, que se discutirán en la reunión de esta comunidad: que se agilice el proceso de aplicación de las medidas cautelares otorgadas en beneficio del pueblo Wiwa por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dado que se siguen presentando violaciones a los derechos contra este pueblo.
Además solicitan que se adelanten las investigaciones necesarias para hallar y penalizar a los autores intelectuales de todos los atentados contra esa comunidad, entre los cuales afirman hay miembros del Ejército Nacional y la PolicÃa Nacional; que cesen todos los señalamientos que la Fuerza Pública viene haciendo contra el pueblo Wiwa, como potenciales aliadas de los grupos armados ilegales y se tenga en cuenta que ese pueblo es totalmente ajeno a los actores armados del conflicto.
Otoniel Gil Chimusquero, Cabildo gobernador, solicitó al gobierno, entre otras peticiones, que se incorporen modificaciones a los procedimientos de inteligencia militar basados en la red de cooperantes e informantes, ya que la información que brindan desertores de los grupos armados ilegales, es de poca confiabilidad y presenta graves fallas que afectan a inocentes.
El punto de encuentro para la salida es la Casa IndÃgena del municipio de San Juan del César, en el departamento La Guajira, a las 6:30 a.m. del sábado 13 de mayo de 2006, para que desde este sitio se parta hacia la comunidad de La Peña de los Indios, localizada en el mismo municipio, donde se iniciará el encuentro a las 9:00 a.m.
Para mayor información comunicarse a los teléfonos: 5737026, 3106127478, 3107283049.
La Casa IndÃgena, Avenida Hurtado, telefax 095-5737026, Valledupar-Cesar, email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..
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El pasado viernes 12 de mayo a las 10 de la mañana en la finca Torcoroma, corregimiento de Mingueo en Dibulla, Guajira fue asesinado Marcelino Pacheco Malo, indÃgena wiwa de 29 años de edad, originario de la comunidad de Cherua ,en el municipio de Valledupar, quien vivÃa en la finca La Estrella en la Región del Alto San Jorge. Ese viernes Marcelino se desplazaba en una moto hacia su vivienda cuando fue alcanzado por un sujeto que también se movilizaba en una moto, el cual lo interceptó y le propinó varios disparos que le produjeron la muerte.
Al parecer, el crimen fue perpetrado por un paramilitar que hacÃa parte del Bloque Norte de las AUC al mando de Jorge 40. Según la información suministrada por habitantes de la región, desde la semana pasada tienen conocimiento de la conformación de un nuevo grupo paramilitar integrado por sujetos que no participaron del proceso de desmovilización del Bloque Norte y que están operando en la Región del Alto San Jorge en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Aun no existe claridad respecto al numero de personas que integran esta nueva estructura paramilitar, ni quien esta al mando de los mismos, sin embargo se ha señalado que desde hace algunas semanas los indÃgenas de la zona han sido vÃctimas de robos de alimentos y dinero. También existen rumores acerca de posibles vacunas que estarÃan aplicando los paramilitares a los indÃgenas. Los lÃderes desconocen hasta el momento el móvil del crimen y afirman que Marcelino no habÃa recibido amenazas ni se habÃan presentado hechos que hicieran temer por su vida.
El homicidio se produjo un dÃa antes de que se realizara la reunión convocada por la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT) en la comunidad la Peña de los Indios, en el municipio de San Juan del Cesar para discutir con las autoridades públicas la situación de derechos humanos de las comunidades wiwa del departamento de la Guajira. Cabe aclarar que las entidades locales convocadas no asistieron a la reunión argumentando la inexistencia de condiciones de seguridad en la Sierra Nevada de Santa Marta, lo cual hace prever que aunque las autoridades conocen la situación por la que atraviesan las comunidades, han decidido asumir una actitud de completa pasividad frente a un escenario de riesgo para la vida e integridad fÃsica de los pueblos indÃgenas.
Cabe precisar que el año anterior treinta y dos familias wayúu se desplazaron de la región del Alto San Jorge en la Sierra Nevada de Santa Marta y actualmente se encuentran en Mingueo atravesando por una grave situación humanitaria, que al parecer los organismos gubernamentales no han atendido de la mejor manera.
Los hechos ocurridos en el Alto San Jorge, asà como las denuncias públicas hechas por los Wiwa hacen temer una grave crisis humanitaria por cuenta de los señalamientos de los cuales vienen siendo vÃctimas por parte de la fuerza pública, del surgimiento y consolidación de grupos paramilitares y de las acciones de la guerrilla que hace presencia en la zona.
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La presencia de actores armados en el territorio del pueblo indÃgena awa, en el departamento de Nariño, asà como las constantes presiones y persecuciones en contra de sus integrantes ha venido generando una situación de permanente riesgo para la vida e integridad de este pueblo indÃgena.
Según la denuncia pública hecha en dÃas pasados por la Unidad IndÃgena del Pueblo Awa, la presencia masiva de actores armados y el aumento en el pie de fuerza de estas agrupaciones en las comunidades se ha convertido en una constante. La consolidación de estos actores armados ilegales en el territorio ha estado acompañada de la persecución de gobernadores y lÃderes indÃgenas, asà como de la imposición de un nuevo orden social a través del cual se ha desconocido la autonomÃa de los Awa, en tanto pueblo indÃgena.
Entre las medidas adoptadas se encuentra el permanente proceso de reclutamiento forzado de jóvenes indÃgenas, el control de las actividades económicas y la transformación de las formas usuales de gestión de recursos y proyectos con el Estado. Lo que ha generado este nuevo orden social es el resquebrajamiento del tejido social del pueblo Awa, a partir de la desestabilización y el empobrecimiento de las familias. A esto se suma el tema de las fumigaciones en el territorio indÃgena, lo cual ha provocado la ruptura de las cadenas alimenticias afectando la seguridad alimentarÃa y el modo de vida tradicional de esta población.
Los hechos más graves empezaron a ocurrir el 17 de abril, cuando fue asesinado Manuel Arturo GarcÃa, lÃder awa y ex gobernador del resguardo Pialapi Pueblo Viejo en el municipio de Ricaurte. El 22 de abril luego de un enfrentamiento armado en el municipio de Barbacoas, cuando el Ejército se movilizaba entre las localidades de JunÃn y Llorente, a la altura de el Verde, resguardo de el Gran Sábalo varios de los soldados dispararon armas de largo alcance sobre las casas indÃgenas poniendo en riesgo la vida e integridad de los habitantes del lugar. Cuando las tanquetas que transportaban a los soldados llegaron al corregimiento el Diviso, explotaron cuatro cilindros que habÃan sido ubicados cerca del cementerio de la localidad.
Luego de estos hechos, el 27 de abril integrantes del Frente 29 de las FARC secuestraron a Hernando GarcÃa, gobernador awa de la comunidad el Alto Nununaldi en el municipio de Barbacoas. El gobernador fue interceptado por los guerrilleros en la comunidad El Azúcar, municipio de Barbacoas y a cambio de su liberación la guerrilla de las FARC esta exigiendo la libertad de dos guerrilleros que fueron detenidos el 18 de abril por el cargo de rebelión.
De otra parte, se ha denunciado la intención de los actores armados por desestabilizar y deslegitimar la organización indÃgena y los procesos organizativos comunitarios. Muestra de ello son las amenazas en contra del equipo de comunicaciones de la emisora indÃgena “La Voz de los Awaâ€. Según la organización indÃgena, estas amenazas se presentaron debido a que “miembros del Ejército Nacional ejercen presión tratando de persuadir a la población para que les sirva como informantes, buscando medios de comunicación como la emisora del pueblo indÃgena Awa con propósitos de hacer campañas de deserción de los alzados en armas argumentando órdenes del presidente de la Republicaâ€.
Esta serie de acciones han terminado por involucrar a la población civil en el conflicto armado, aumentando asà las posibilidades de que se conviertan en vÃctimas de los actores armados del conflicto, pues estas situaciones al igual que en el resto del paÃs terminan convirtiendo a los indÃgenas en sospechosos de ser colaboradores de uno u otro bando.
Debido a estos hechos y ante la preocupación por el constante proceso de desarraigo y despojo territorial los gobernadores y lÃderes indÃgenas en compañÃa de la comunidad dieron comienzo, desde el pasado 25 de abril a un acto de resistencia denominado “Reflexión por la vidaâ€. A esto se suma el llamado de la UNIPA para que los pueblos indÃgenas de Colombia se unan y construyan mecanismos colectivos de prevención y protección para enfrentar las situaciones que ponen en riesgo no solo la vida e integridad de los indÃgenas, sino también la pervivencia de los mismos, en tanto culturas milenarias. De otra parte, la Organización Nacional IndÃgena de Colombia (ONIC) exigió a todos los actores armados respetar la gobernabilidad y autonomÃa de los pueblos indÃgenas, desocupando los territorios ancestrales y respetando su decisión de mantenerse neutrales frente al conflicto armado.
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Ante la ausencia de las autoridades locales en la reunión convocada por el pueblo wiwa en la comunidad La Peña de los Indios para hacer un balance de la situación de derechos humanos de las comunidades indÃgenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y aclarar el tema de los supuestos nexos con la guerrilla, los indÃgenas decidieron habilitar una mesa de trabajo para dar paso a un proceso de resistencia cultural en compañÃa de las organizaciones de derechos humanos.
El pasado sábado 13 de mayo y luego de la bienvenida por parte de un mamo se dio comienzo a la reunión convocada por las comunidades wiwa del Departamento de la Guajira a través de la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT) en la comunidad la Peña de los Indios, municipio de San Juan del Cesar, Guajira.
Aunque fueron convocadas las autoridades civiles y militares del Departamento, solo asistieron la DefensorÃa del Pueblo y el Programa Presidencial para los Derechos Humanos en compañÃa de la Organización Nacional IndÃgena de Colombia (ONIC), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Programa por la Paz, Acción Contra el Hambre y la Fundación Hemera. Además de la comunidad de La Peña de los Indios, también estuvieron presentes los representantes de las comunidades wiwa de MachÃn, Ulago, Loma del Potrero y Potrerito.
Luego de la presentación de las autoridades del pueblo wiwa y de las organizaciones participantes se abrió el espacio para que las comunidades wiwa del departamento de la Guajira expresaran sus inquietudes y expusieran la situación que actualmente están viviendo en relación con el conflicto social y armado y la incidencia que ello ha tenido en la educación, la salud y el territorio del pueblo wiwa, para finalizar con la asunción de tareas y compromisos por parte de las comunidades, el cabildo gobernador y las organizaciones participantes.
El objetivo de la reunión además de dar a conocer la situación de derechos humanos del pueblo wiwa era aclarar a las autoridades gubernamentales que los indÃgenas wiwa no hacen parte ni son cómplices de la subversión, como lo afirmaron hace algunas semanas los miembros del Batallón Rondón, luego de que el 9 de marzo dos soldados murieron vÃctimas de los explosivos detonados por la guerrilla en el camino que conduce de Guayacanal a la Loma del Potrero. A raÃz de estos hechos, los indÃgenas vienen siendo señalados, por parte de la Fuerza Pública de hacer parte de la subversión.
Aunque para el cumplimiento de los objetivos de la reunión se requerÃa de la presencia de los organismos gubernamentales, el cabildo gobernador del pueblo Wiwa aclaró que la reunión se realizarÃa con o sin la participación de los mismos y que el papel de los organismos de derechos humanos es servir de puente para que el Estado entienda que el pueblo Wiwa no hace parte de la subversión y que los wiwa no son sinónimo de guerrilla. Sin embargo, los lÃderes aclararon que el ingreso de algunos indÃgenas a las filas de los actores armado ilegales son errores que el mismo pueblo debe empezar a resolver.
De acuerdo a las autoridades del pueblo wiwa, la seguridad de su pueblo depende de que los actores armados legales e ilegales se ausenten de las comunidades, pues de lo contrario lo único que se produce es un ambiente propicio para los enfrentamientos y las retaliaciones, lo cual aumenta el riesgo de que los indÃgenas sean victimizados. Además de ello, la situación de inseguridad que han tenido que enfrentar por cuenta de la disputa territorial ha puesto en riesgo la situación de salud y la seguridad alimentaria de la población, situaciones que de prolongarse en el tiempo propiciarÃan un proceso de desarraigo.
En ese sentido, plantearon que la presencia del Estado en los territorios indÃgenas debe superar la visión militarista que se ha venido manejando en los últimos años, para empezar a pensar en como llegar a las comunidades con programas sociales a través de los cuales sea posible mejorar los niveles de bienestar del pueblo wiwa a partir de sus propias concepciones culturales.
Una de las mayores preocupaciones de los lÃderes wiwa es el incumplimiento reiterado por parte del Estado de los compromisos asumidos con su pueblo, no solo en lo que tiene que ver con el respeto a las autoridades tradicionales en cuanto a su potestad de administrar justicia, sino también en cuanto a la realización de la consulta previa para la ejecución de proyectos de desarrollo en sus territorios y al cumplimiento de las medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La inasistencia de los representantes de las entidades del Estado a la reunión programada, argumentando la falta de condiciones de seguridad puso en evidencia una vez más que a pesar de conocer la difÃcil situación que enfrentan los wiwa, no existe disposición de actuar para implementar las acciones de prevención y protección pertinentes.
Esta opinión fue compartida por el representante de la Organización Nacional IndÃgena de Colombia (ONIC), quien señaló como la ausencia del Estado y su falta de compromiso para respetar y hacer efectivos los derechos de los pueblos indÃgenas ha sido una constante en la larga lucha por mantener vivos a estos pueblos. Esto a su vez, lo que ha generado, según la lectura de los mismos indÃgenas es que tiendan a confiar más en las Organizaciones No Gubernamentales, pues argumentan que dichas organizaciones cuentan con mecanismos de presión mucho más efectivos para obligar al Estado a cumplir con sus obligaciones.
Y no solo es la actitud negligente de las autoridades locales para enfrentar la situaciones violatorias de los derechos humanos del pueblo wiwa, sino también las acciones y declaraciones irresponsables de los miembros de la Fuerza Pública, quienes han venido señalando a los wiwa de subversivos. Este tipo de acciones ha generado temor entre los indÃgenas y ha empezado a provocar la ruptura de los procesos organizativos, como en el caso de la comunidad Loma del Potrero, en donde uno de sus dirigentes renunció al cargo que desempeñaba en la comunidad debido a los señalamientos de la Fuerza Pública. Esta situación también provocó el desplazamiento de cuatro familias y la posibilidad de que otras familias piensen en desplazarse por la misma causa, ante lo cual los lideres wiwa han venido advirtiendo acerca de la lentitud del Estado para atender a la población desplazada.
Los más recientes señalamientos han estado precedidos por la detención de varios indÃgenas que han sido acusados de formar parte de grupos armados ilegales, con fundamento en las declaraciones de supuestos reinsertados que la Fuerza Pública ha llevado desde Bogotá. Los detienen como simples sospechosos que luego han tenido que dejar en libertad por falta de pruebas y sin embargo después de esto, en algunos casos, la Fuerza Pública ha llamado a los indÃgenas liberados y con el falso argumento de entregarles mercados los vuelven a detener. En ese contexto también afirmaron que los indÃgenas son obligados a decir cosas que no son ciertas por el temor de que los maten.
Para los Wiwa la violación de los derechos humanos no se limita a la muerte de una persona, sino que abarca la invasión de territorios, el uso y la destrucción de sitios sagrados no solo por parte de los miembros del Ejército sino también de otras entidades del Estado que sin contar con el consentimiento de los indÃgenas y sus autoridades tradicionales pretenden adelantar proyectos de desarrollo, provocando asà desequilibrios naturales en la Sierra Nevada de Santa Marta, que finalmente no solo afectan a los cuatro pueblos de la Sierra sino al paÃs entero.
Ante la ausencia de las entidades locales y siendo evidente la permanente situación de riesgo en la que se encuentra el pueblo wiwa, asà como la posibilidad de un desplazamiento masivo, se decidió conformar una mesa de trabajo con o sin la participación del gobierno, pues concluyeron que los mismos wiwa, con el acompañamiento de las Organizaciones de derechos humanos, son quienes deben hacer escuchar su voz y empezar a actuar por la defensa de sus derechos. Por tal motivo, el funcionamiento y las dinámicas de la mesa están sujetas a una primera reunión en la que los wiwa junto con sus autoridades tradicionales y lÃderes fijaran las reglas de juego para este espacio de acompañamiento. Los mamos, de acuerdo a su código de leyes determinaran la fecha y el lugar de este primer encuentro. Posteriormente se realizaran reuniones con las organizaciones acompañantes para efectos de acordar una agenda de trabajo en pro de la defensa del pueblo wiwa.
Lideres de la Organización Wiwa manifestaron que a pesar de no haber alcanzado todos los objetivos previstos con esta reunión, esperan que la mesa de trabajo se convierta en espacio efectivo desde donde el pueblo wiwa pueda avanzar en el fortalecimiento del gobierno propio, la implementación de un proyecto de resistencia pacÃfica y la defensa del territorio indÃgena.
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Por estos dÃas, diferentes medios llaman la atención porque se acerca la celebración del dÃa de la afrocolombianidad. Como toda celebración, va acompañada de eventos artÃsticos, desfiles, conferencias en instancias universitarias, presentaciones de bailes “tÃpicos†en los colegios y la exaltación de nuestros deportistas y artistas afrodescendientes. Sobre este dÃa debo escribir aquÃ.
La idea es escribir un texto donde se realce el aporte de los afrocolombianos al paÃs, pero inevitablemente vienen a mi cabeza recuerdos, imágenes, textos, sonidos, enseñanzas, charlas y otras cosas que se entrelazan con la idea de hablar de los afrocolombianos en esta fecha tan conmemorada. Yo se que es común pensar que los aportes de la gente afro en este paÃs se limitan a los triunfos y victorias deportivas o a la difusión del “folklor†mediante sus danzas de tambores y marimbas. De hecho mediante esta alegorÃa se hace honor al dÃa de la afrocolombianidad. Por supuesto que son elementos destacables pero hay otra historia que también deberÃa ser objeto de remembranza, y que no escucho nombrar por estos dÃas. Tal vez porque implica mencionar otras cosas que no serÃan dignas de celebración alguna.
La población afrodescendiente está en nuestros territorios porque fueron producto de una trata de lo más antihumano que puede mostrar la historia. Simplemente porque la categorÃa de “humanidad†no aplicó para los africanos traÃdos desde el viejo continente que llegaron a estos territorios para poner su fuerza de trabajo a disposición de unas personas que detentaban el poder económico y polÃtico, los que si se hacÃan a sÃmismos sujetos de una condición de “humanosâ€. Desde estos tiempos coloniales las clases dominantes los han insertado en formas económicas que poco o nada retribuyeron a generar unas condiciones dignas para habitar un territorio que no era suyo.
Sin embargo trabajaron sin descanso para generar riquezas para otros, las riquezas que contribuyeron al desarrollo de economÃas extractivas, al crecimiento de haciendas esclavistas y al poder económico de las familias “de renombreâ€. Con la fuerza de trabajo de los afrodescendientes se montó gran parte de la industria azucarera del Valle del Cauca, se han enriquecido las industrias madereras del PacÃfico, se extraen los recursos marinos del Litoral, en sÃntesis, como este tipo de actividades son lo que hace parte del “progreso†y el “desarrollo†tan buscado por nuestros dirigentes polÃticos pues entonces nuestra gente afro contribuyó con ese proceso. Y lo hizo con sudor y sangre, porque no es gratuito que la gente del Valle del Cauca aún recuerde que algunas haciendas esclavistas tienen manchadas sus paredes con la sangre de los esclavizados, y por mas que los amos intentaran cubrir esas manchas con cal, volvÃan a aparecer, tal vez por la insistencia de que el pasar del tiempo no dejara en el olvido aquellos sucesos. Con cal quisieron borrar las atrocidades que cometieron, y no es para mas, pues de recordar esos hechos muchos apellidos de “éliteâ€, de personajes que la historia que enseñan en los colegios llama “próceres†o “ilustrados†se verÃan tocados y por lo tanto se verÃa igualmente afectado el “orgullo nacionalâ€.
Ni la cal, ni ningún otro elemento puede borrar la realidad de los descendientes de los esclavizados, porque ésta no se quedó en el pasado, ya que hoy toda una región del paÃs, el PacÃfico Colombiano, es el hábitat de estas personas, el cual también es un orgullo nacional por poseer una extraordinaria riqueza natural representada en sus selvas, en su abundancia de agua, en su diversidad animal, y más recientemente, a partir de la constitución de 1991, por su riqueza cultural por ser escenario de vida de afrodescendientes e indÃgenas.
Sin embargo, en medio de tanta riqueza la gente que vive allà presenta los Ãndices de Necesidades Básicas Insatisfechas más altos del paÃs, pues para el año 1997 el 85% de las personas del PacÃfico, frente a un 32% promedio nacional, no tenÃa un nivel de satisfacción de necesidades; asà mismo el 60% se encontraba en un rango de absoluta pobreza[1]. Sumado a ello, el Litoral PacÃfico es escenario de guerra y conflicto armado, lo que ha llevado a los afrodescendientes a una situación de vulnerabilidad y desplazamiento forzado. Al respecto hay algo que desde hace mucho tiempo me inquieta, ¿por qué razón una región tan rica en recursos es a su vez una región pobre en la calidad de vida de sus habitantes? O más bien, ¿por qué la región más pobre de Colombia es la región donde vive la población afrodescendiente?
Creo que caà en lo que no debÃa, nombrar los aspectos negativos de la realidad de la gente afrocolombiana, pues es época de celebración y tenemos que exaltar lo positivo. Es que cuando pensé por ejemplo en destacar el aporte en el folklor nacional, en los deportes y otras expresiones corporales, no dejé de preguntarme ¿por qué es tan llamativo el hecho de que una persona de piel negra llegue a ser reina de la belleza, o llegue a ganarse una medalla de oro en una competencia de alto rango, o haga parte de equipos de fútbol en Europa? Precisamente pienso que esto es asà porque no han sido parte de los proyectos nacionales y cuando aparecen en escena la sensación de novedad se convierte en orgullo y en algo digno de destacar. Claro que es importante, pero y el resto de afrocolombianos ¿donde están? Es más, me asalta otra duda: ¿cómo funciona al mismo tiempo la exclusión de los beneficios de la nación y los proyectos de paÃs y al mismo tiempo el orgullo de que sean excelentes deportistas, que bailen bonito y cocinen delicioso?
El PacÃfico y el Caribe colombiano son las regiones de la gente afro, pero muchos de ellos ya no están allà porque les tocó ser vÃctimas de un conflicto armado del que no hacen parte como causantes, pero si como afectados. De la misma forma hay otra proporción amplia de esta población que también salió de sus lugares de origen, donde dejaron sus redes de pesca, sus espacios de cultivo, sus animales domésticos, sus bateas para sacar oro, y hasta sus propios hijos y padres para irse a las grandes urbes con la idea de vincularse a alguna actividad que les represente un mayor ingreso, lo que a su vez les permita sostener a sus familias, pues las actividades económicas en las que ocupaban su tiempo y de donde obtenÃan sus medios de subsistencia dejaron de ser productivas, algunas veces por la escasez del recurso y otras por su bajo precio en los mercados locales. Que curioso, muchas de estas personas desplazadas y migrantes salieron de territorios que por ley 70 podÃan disfrutar de forma colectiva, pero de eso no tienen conocimiento alguno porque tal vez nunca alguien les informó que eran beneficiarios de unos derechos como pueblo, o si de pronto lo sabÃan, igual no pudieron ejercerlos.
El hecho es que están en las ciudades con nosotros, insertados en diferentes espacios urbanos y utilizando diferentes estrategias de adaptación. Si bien una gran parte de esta población se encuentra asentada en sectores deprimidos de las ciudades en condiciones no favorables para garantizar un nivel de vida adecuado, muchas veces por su misma condición de desplazados, hay otro tanto que nos encontramos en los restaurantes de comida del pacÃfico, en las peluquerÃas afro, o vendiendo frutas y cocadas en las calles. Pero si en su región fueron excluidos de los beneficios del “desarrollo†que promueven las multinacionales, o sea quienes sà conocen y valoran el potencial económico de la región no para conservarlo sino para explotarlo desaforadamente, aquà en las ciudades la situación no es muy diferente pues la nación multiétnica y pluricultural, uno de los tantos orgullos patrios dignos de mostrar sustentados en la existencia de de la diversidad étnica de la cual hacen parte los afrocolombianos, en la práctica no parece funcionar. Para no ir tan lejos, las aulas escolares urbanas donde los niños afro desarrollan sus estudios son escenarios de discriminación y racismo explÃcito por parte de sus compañeros y profesores[2]. Las condiciones laborales no son las adecuadas por carecer seguridad social y por la discriminación latente en casos como el servicio doméstico donde los salarios son muy bajos y los tratos racistas son recurrentes.
Pero de la misma forma que en algún tiempo intentaron borrar la huella de la esclavitud con cal, hoy dÃa se trata de ocultar con palabras nuevas la existencia del racismo en las ciudades. En alguna oportunidad charlaba con unos funcionarios públicos sobre el tema y les planteé la necesidad de pensar la multiculturalidad desde la cotidianidad, desde la escuela y otros espacios de socialización donde el racismo estaba presente. Al respecto me dijeron que no era necesario hablar con esos conceptos tan fuertes porque la idea era buscar la convivencia (o mas bien disfrazar el racismo digo yo).
Bueno, no se si fallé en el intento, además que dejo muchas preguntas sin resolver, pero pensar el en dÃa de la afrocolombianidad me suscitó este tipo de reflexiones. Sin embargo asistiré a los eventos programados aquà en Bogotá para compartir la celebración, porque en ella también están unidos muchos esfuerzos de la gente afrocolombiana por ganarse un espacio en la nación, esfuerzo producto de lo que conté aquà y de muchas otras cosa más. Voy a ir, para vivir otra parte de la Colombia diversa. De la Afrocolombia en este caso.
[1] Datos tomados del Observatorio del PacÃfico Colombiano. http://200.21.83.65/observatorio/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=41
[2] Grupo de Estudios Afrocolombianos 2001 Informe final proyecto “convivencia interetnica dentro del sistema educativo de Bogotáâ€. Bogotá: Centro de Estudios Sociales- Universidad Nacional de Colombia, SecretarÃa de Educación Distrital.
(*) Antropólogo, Fundación Hemera y Grupo de Estudios Afrocolombianos - Centro de Estudios Sociales - Universidad Nacional de Colombia. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
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La defensora regional del pueblo del Magdalena, Lizeth Peñaranda, denunció la muerte de dos indÃgenas Kogui (padre e hija) por mina antipersonal. Los hechos que sucedieron el 6 de marzo de 2006, en un resguardo situado al norte de la Sierra, en la vereda Lukuisi, en el municipio de Dibuya de la Guajira, en la cuenca del rÃo Palomino, fueron denunciados por 2 familiares de las vÃctimas.
Estas personas se acercaron dÃas después para contarle lo sucedido al gobernador del cabildo Kogui, Juan Mamatacona, quien a su vez denunció en abril a la DefensorÃa del Pueblo del Magdalena, estos hechos.
Teresa Bancuna indÃgena Kogui de 35 años, caminó hacia un sector montañoso cerca de su casa; a lo lejos su esposo la miraba mientras volvÃa, cuando de repente explotó el artefacto. De inmediato el esposo de la vÃctima se fue a contarle al padre, el señor Luntana Bancuna de 60 años. El señor se acercó a su hija llorando y mientras caminaba a su alrededor con desespero, él pisó otra mina antipersona que también lo mató.
“Al parecer las FARC ya le habÃan avisado a los habitantes de esta comunidad, que no se acercaran a zonas montañosas ya que podrÃan correr el riesgo de caer vÃctimas de una mina antipersona. En esta zona hay presencia esporádica de este grupo armadoâ€, afirmó Armando Calvano Zúñiga, defensor comunitario para la Sierra Nevada de Santa Marta.
La comunidad ha solicitado presencia del Ejército Nacional para que desminen la zona y además los protejan, ya que sumado a esto los indÃgenas también han sido coartados de acceder a sus lugares sagrados por presencia de grupos al margen de la ley. “La DefensorÃa ya le envió un oficio al Ejército para que se presenten a desminar la zona, pero hasta ahora no han hecho presenciaâ€, afirmó el defensor comunitario.
Los Kogui, se encuentran localizados en un perÃmetro de 329.758 hectáreas, por lo cual su población está cerca de las 9.765 personas. Esta comunidad ha sido uno de los grupos que menor contacto ha tenido con la sociedad nacional.
LuÃs Alfonso Sánchez realizó un sondeo entre el 23 y el 31 de enero de 2006, a voceros de 9 organizaciones indÃgenas, el cual arrojó porcentajes respecto a la distribución de minas antipersonal en territorio indÃgena: en los caminos se encontró el 38% de las minas, en los sitios sagrados el 25%, En las viviendas el 13%, y en los cultivos, zonas de casa y pesca, y fuentes de agua 6% respectivamente.
El Sistema de información del Observatorio de Minas Antipersonal del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH registró que el promedio de vÃctimas es de 3 diarias, en 626 municipios afectados y ya se arroja un total de cerca de 5 mil vÃctimas desde 1990 hasta la fecha: 1.173 muertos y 3.680 heridos; a estas lamentables cifras le siguen Camboya y Afganistán.
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Tras los hechos ocurridos en el dÃa de ayer, cuando miembros del ejército y policÃa antimotines, ingresaron al resguardo La MarÃa –Piendamó, (Cauca), atacando a los indÃgenas que se encontraban en este “territorio de convivencia, diálogo y negociaciones†y destruyendo los puestos de salud, comunicación y bienes de la comunidad, se reunieron en el dÃa de hoy el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez;, el presidente de la Organización Nacional IndÃgena de Colombia, ONIC, Luis Evelis andrade Casama; miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y los Consejeros del CRIC, para verificar el estado del resguardo y su comunidad después de la incursión de la Fuerza Pública, en lo que ha sido considerado como un acto de invasión y barbarie. Mañana se adelanta un censo y un rastreo de la zona para precisar el número de muertos, heridos y desaparecidos. Por ahora, los diálogos con el gobierno siguen suspendidos y la Cumbre Itinerante Continúa. El anunció que se hizo al mediodÃa de hoy en La MarÃa, fue ratificado en rueda de prensa por Inocencio Ramos, integrante del CRIC en la rueda de prensa que se llevó a cabo en la ONIC en la ciudad de Bogotá.
Igualmente los consejeros mayores del CRIC, dieron a conocer a la opinión pública y a los medios de comunicación, su solicitud en el sentido de crear una Comisión conformada Naciones Unidas, Conferencia Episcopal Colombiana, DefensorÃa Nacional del Pueblo, Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, Colectivo de Abogados JAR, Fundación Minga, Juez Baltasar Garzón, Manfred Max Neff y la Organización Nacional IndÃgena de Colombia.
“Las comunidades indÃgenas, campesinas, afrodescendientes, y urbanas que nos encontramos en el Territorio de convivencia Dialogo y Negociación de la MarÃa Piendamó, en desarrollo de la Cumbre Itinerante de Organizaciones Sociales ante el ataque de guerra del que han sido vÃctimas por la fuerza pública Solicita a ustedes ser parte integrante de una Comisión garante y de verificación que permita esclarecer la realidad de la situación humanitaria que se presenta en este territorio de convivencia diálogo y negociación. La solicitud la hacemos a nombre de sectores campesinos, comunidades afrodescendientes, urbanas e indÃgenas que participamos de la Cumbre Nacional Itinerante de Organizaciones Sociales que se adelanta en el Territorio de convivencia, Dialogo y Negociación de la MarÃa-Piendamóâ€, informaron en un comunicado de prensa los consejeros del CRIC.
Según José Buenaventura, Representante legal del CRIC, se espera que la comisión inicie desde mañana mismo la verificación de los hechos acaecidos en La MarÃa. Al cierre de esta edición, se adelantaba una reunión con las organizaciones presentes para hacer un balance de los daños causados a la comunidad y sus bienes materiales por cuenta de las acciones de la Fuerza Pública. A pesar de que Buenaventura fue enfático en señalar que sólo hasta el dÃa de mañana harán un pronunciamiento oficial sobre el saldo de muertos, heridos y desparecidos. Se estima que por los menos en los hechos de la tarde de ayer, murieron 2 personas, alrededor de 40 resultaron heridos y 20 se encuentran desaparecidos, la mayorÃa de ellos son indÃgenas de los resguardos de Toribio, Corinto y Caldoso. Buenaventura, afirmó que los únicos responsables de estos hechos son directamente los generales Castro y Ruiz, de la PolicÃa Nacional.
Con relación a las funciones de la comisión, indicó, que entre otras serÃan, la denuncia internacional, la labor de verificación y la recepción de las pruebas sobre los atropellos cometidos. “Vamos a recoger todo la información y las pruebas necesarias para demandar al estado por las arbitrariedades cometidas por la fuerza públicaâ€, puntualizó.
Reacciones y solidaridad
En el dÃa de ayer, cientos de manifestantes se tomaron la DefensorÃa del Pueblo en señal de protesta por lo ocurrido en la MarÃa. IndÃgenas, afrocolombianos, campesinos, sindicalistas, estudiantes, lideres sociales y delegados de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales se solidarizaron con los indÃgenas vÃctimas de los atropellos de la Fuerza Pública. Hasta pasadas las 12 de la noche, se hizo presencia en la DefensorÃa, hasta cuado se logró un acuerdo para que el Defensor viajará en el dÃa de hoy a la zona de los hechos. Del mismo modo, organizaciones indÃgenas, como la ASI, AICO, CRIT, el Consejo Municipal de Inzá, entre otras, han manifestado su respaldo a los comuneros de Pasto y Cauca.
Las reacciones internacionales no se han hecho esperar. Desde Nueva York, las organizaciones indÃgenas de Latinoamérica y del mundo, participantes del quinto perÃodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones IndÃgenas de la ONU, se pronunció. “Llamamos al gobierno colombiano y al gobierno departamental del Cauca a no utilizar las armas del estado en contra de la población civil y garantizar la vida, la integridad fÃsica y sicológica de las personas que se encuentran realizando esta movilización de carácter pacificoâ€.
El comunicado firmado en Nueva York, en el dÃa de ayer, solicita a las Naciones Unidas para que inste al gobierno colombianos que se respeten los derechos humanos de todas las organizaciones participantes de la movilización. En el foro, participan dos indÃgenas colombianos, Lisardo Domicó de la ONIC y Jaime Arias de la OIK.
Como parte de estas muestras de apoyo, mañana se realizará un entierro simbólico de en honor a Pedro Coscuez, del indÃgena asesinado en dÃas pasados los enfrentamientos de estos dÃas. A las 12 del dÃa se iniciará la marcha fúnebre partirá desde las instalaciones de la ONIC en el centro de Bogotá.
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Mientras en Bogotá, manifestantes se tomaron la DefensorÃa del Pueblo en solidaridad con sus compañeros de MarÃa de Piendamó en el Cauca, los indÃgenas que se encontraban en la vÃa Panamericana accedieron desalojar unos de los carriles de esta importante troncal. Lo anterior debido a que se reunirÃan con una comisión del gobierno, que esperaban diera respuesta a sus demandas. La comisión estaba integrada por los ministros del Interior y de Justicia, Agricultura, Hacienda, Medio Ambiente y el Director del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder. Asà lo informó Feliciano Valencia, coordinador de derechos humamos de la Asociación de Cabildos Norte del Cauca, ACIN.
Se agudiza la situación
Sin embargo, al cierre de esta edición (7:00 p.m.) Valencia informó que la comisión sólo llegó hasta Popayán y que no se reunieron. En MarÃa de Piendamó los ataques de la fuerza pública se intensificaron a pesar de haber desalojado un carril de la vÃa. Nueve niños resultaron heridos. Valencia dijo que lo único que queda es resistir.
Por su parte, voceros autorizados del Consejo Regional IndÃgena del Cauca, CRIC, se comunicaron con la redacción de Actualidad Étnica y manifestaron su preocupación por la grave situación que desde la 3.00 p.m. se presenta en el resguardo indÃgena de MarÃa de Piendamó, en el departamento del Cauca. “En lugar de que llegara la comisión del gobierno, se intensificaron los ataques por parte de la policÃa y el ejércitoâ€, dijo alarmado y con voz entrecortada el funcionario del CRIC. “Se tomaron La MarÃa, que es resguardo indÃgena, allanando esta propiedad privada sin ningún tipo de orden judicial. Quemaron las cambuches, el centro de abastecimiento con los alimentos y demás vÃveres de la comunidad. Estamos incomunicados porque también quemaron la consola desde donde se transmitÃa todo lo que iba sucediendo. A través de esta consola estábamos en lÃnea con las emisoras comunitarias. Ahora la comunicación es sólo posible a través de celularesâ€.
El funcionario del CRIC hizo un angustioso llamado para que se informe sobre lo que está pasando en La MarÃa, pues según relató allà reina la confusión. El ejercito que entró al territorio indÃgena, está persiguiendo a los comuneros quienes se dispersaron por todo el terreno y se encuentran escondidos entre matorrales y cafetales.
Hasta el momento se tienen información de 16 indÃgenas detenidos y la desaparición de algunos comuneros, entre ellos, Aparicio RÃos. Al cierre de esta edición el allanamiento continúa, siguen los saqueos y la quema de las carpas y lugares de concentración de los indÃgenas manifestantes, asà lo informaron los consejeros del CRIC. Aunque la vÃa Panamericana no se encuentra bloqueda, los indÃgenas continúan en los alrededores, informaron.
Sólo llegaron hasta Popayán
Se esperaba que la reunión se llevara a cabo a la 1:00 p.m. y en ella se estableciera una agenda común para solucionar las problemáticas de estas comunidades. Los temas que se abordarÃan en este encuentro eran: el avance en el cumplimiento de los compromisos en el tema de tierras, acordados a finales de año pasado tras las tomas de la Hacienda El Japio; la crisis humanitaria de las comunidades indÃgenas del Cauca y del resto del paÃs; la gobernabilidad del presidente Uribe; la militarización de los territorios indÃgenas por parte de las actores armados legales e ilegales y la difÃcil situación económica que atraviesa los pueblos del norte del Cauca, quienes en 1999 se declararon en emergencia polÃtica, económica y social, aseguró Feliciano Valencia, de la ACIN.
Igualmente se analizarÃan los procesos judiciales que se adelantan con varios comuneros. Cabe anotar en los últimos hechos han sido detenidos 12 indÃgenas. El marco de las acciones adelantadas por la liberación de la Madre Tierra, 9 indÃgenas más, se encuentran presos bajo perturbación del orden público, daño en bien ajeno y violencia contra servidor oficial.
Durante la mañana también se llevó a cabo una reunión con la comisión humanitaria conformada la DefensorÃa del Pueblo, Naciones Unidas y delegados de organizaciones de derechos humanos para hacer las denuncias pertinentes y definir los detalles de la entrega de los policÃas antimotines retenidos por los indÃgenas en los enfrentamientos. Sin embargo, la situación empeoró hacia las tres de la tarde.
A pesar de todo, la Cumbre continúa
Los indÃgenas continúan en Asamblea Permanente, asà lo confirmó esta mañana, Feliciano Valencia de la ACIN y Luis Yonda, miembro de la Guardia IndÃgena. Ambos señalaron que la toma de la vÃa Panamericana no es el objetivo de la cumbre, pero que se vieron obligados a actuar porque, en primer lugar, cuando los indÃgenas que se desplazaban por la vÃa fueron agredidos por los policÃas antimotines, ante lo cual ellos decidieron tomarse la carretera, y porque “eso lo único que nos queda para hacernos escucharâ€, puntualizaron.
“La paciencia tiene un lÃmite, y eso pesa a la hora de decidir acciones como la toma de la vÃa Panamericana. La intención no es causarle daño a nadie, sino que se entienda la difÃcil situación por la que atraviesan los pueblos indÃgenas y que esto también le atañe a todos. Las reivindicaciones que hacemos, como las de nuestra posición frente al TLC, no es exclusiva para nosotros, los hacemos por todos los colombianos. En ese sentido, las vÃas de hecho son la única opción es que nos queda para hacernos sentir y para que se reflexione sobre los compromisos que el estado tiene frente a los pueblos indÃgenas y los colombianosâ€, dijo Valencia quien además fue enfático en señalar que las acciones de hecho son un instrumento establecido en las comunidades indÃgenas y que éste nunca ha sido descartados por ellos.
En el mismo sentido se manifestó Luis Yonda, “Hay acuerdos que nos se han cumplido, son compromisos de hace 15, 20 e inclusive 30 años. Nos vemos obligados a ello. No entendemos como hay recursos para la guerra, pero no para nuestras necesidadesâ€.
A pesar de los últimos hechos, la cumbre continúa. Se espera que en el dÃa de hoy lleguen más comunidades del norte del Cauca y de otros departamentos del paÃs, afirmó Valencia. “Contrario a los efectos esperados con las agresiones, ahora contamos con la solidaridad y acompañamiento de más colombianos en Bogotá y en las regiones.â€, agregó.
Frente a las acusaciones de la vinculación de estas marchas con la guerrilla, a raÃz de la grabación presentada por el Ministro del Interior Sabas Pretel de La Vega, en la que presuntos miembros de la FARC manifestaban apoyo a la movilización, los indÃgenas han sido enfáticos en desmentir estas acusaciones.
“Nos preocupa estas afirmaciones, porque no tenemos ningún vÃnculo con la guerrilla, ni con otros grupos armados. Vamos a solicitar se investiguen estos hechos. Pero al margen de ellos, hemos adelantado los mecanismos de control para que nadie esté armado. De eso pueden dar cuenta los medios de comunicación y los organismos humanitarios quienes lo han comprobadoâ€.
Valencia insistió que los indÃgenas no están dispuestos a que ningún grupo armado los involucre en sus acciones. Si ellos detectan la presencia de un miliciano de la guerrilla, los expulsarán, y en acaso de que se trate de un comunero con algún tipo de relación con estos grupos, se tomarán las medidas necesarias al interior de la comunidad. De todas maneras, tanto Valencia como Yonda descartaron de plano cualquier vinculación con la insurgencia y calificaron de irresponsable estos señalamientos que lo único que hace es estigmatizarlos.
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Como se había mencionado, ayer miércoles 10 de mayo, más de 1000 protestantes de las comunidades indígenas, afros y campesinas de los municipios de Suárez, Morales y Buenos Aires del departamento del Cauca, decidieron de manera pacífica, desplazarse por 8 horas desde Jamundí hasta Cali, para que el gobierno cumpla los acuerdos pactados en 1988, que prometieron compensar los daños que causó la implementación de la hidroeléctrica y represa La Salvajina. ”Nuestra movilización exige además un no rotundo a la desviación del río Ovejas por parte del gobierno departamental”, afirman los protestantes.
Y es que aunque quedaba claro que era una protesta pacífica, los protestantes declararon a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), “la policía a la entrada de Jamundí, detuvo a un manifestante, y retuvieron los víveres, pero aún así, seguimos con nuestra misión”, aseguró un dirigente indígena Nasa.
Han pasado veinte años desde que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) construyó la represa de Salvajina en el Norte del Cauca, afectando de manera directa a más de mil familias que tuvieron que desplazarse de sus territorios. “(…) las comunidades indígenas, afros y campesinas estamos caminando desde Jamundí a la ciudad de Cali en donde levantaremos nuestra voz de protesta por el incumplimiento a los acuerdos que compensarían el daño inconmensurable que se nos ocasionó con la construcción de la presa en mención”.
Según informaron los manifestantes, la CVC vendió los derechos a la Empresa de Energía del Pacífico, EPSA, cuyas acciones pertenecen mayoritariamente a la empresa española Unión FENOSA (que está presente en la generación y distribución de energía), por lo tanto al haber adquirido los derechos de Salvajina, la multinacional también se hizo acreedora a los pasivos pensionales y a los compromisos que la CVC había pactado con las comunidades damnificadas.
“Lo que significa que esa corporación europea debe respondernos ahora por los incumplimientos y las afectaciones que nos tiene al borde de la miseria”. Mientras las comunidades marchan, en el marco del encuentro de los presidentes de Europa y Sudamérica, se viene consolidando la idea de conformar un tribunal de la sociedad europea y latinoamericana que juzgue a las multinacionales como Unión FENOSA.
Los manifestantes que exigen no desviación del río Ovejas y la salida de Unión FENOSA del país, aseveraron que el gobernador del Cauca, Juan José Chaux, esta abiertamente de acuerdo con la realización de esta edificación, y que además ha incumplido en varias ocasiones los acuerdos con la comunidad, “era de esperarse, de nuevo nos sentimos burlados por el señor Chaúx motivo por el cual las comunidades indígenas, afros y campesinas rompemos cualquier posibilidad de acuerdo y negociación con el gobierno departamental y nacional”.
La represa y sus impactos
Según se expone en la página web de la empresa INGETEC[1], empresa que prestó los servicios de consultoría para el diseño e inspección durante la construcción de las obras civiles y el montaje de los equipos del proyecto, la Salvajina es una represa con una altura de 148 m, y con una longitud de la cresta de 400 m. “Para ejecutar los trabajos de la presa fue necesario construir una preataguía para desviar el río, una ataguía contigua a aquélla, y núcleo de material de baja permeabilidad y dos túneles de desviación de 800 m de longitud cada uno. El embalse cuenta con un volumen total de 906 millones de m³, tiene una longitud de 26 km y un área inundada de 2.031 Ha”.
Entre los impactos que fueron señalados desde el año pasado en un artículo de Indymedia[2], se señalaron 3: los sociales y económicos, ya que se perdieron las fuentes de trabajo que garantizaban la sostenibilidad de las comunidades negras e indígenas en los territorios inundados. Resultaron afectadas la minería (oro), pesca, extracción artesanal de materiales de construcción para sus viviendas y comercialización, cultivos de pan coger en las tierras más fértiles. Esto implicó un descenso del ingreso económico familiar, pasando de la pobreza a la miseria.
La segunda es la cultural, ya que debido a las condiciones de miseria los habitantes de esas comunidades se vieron obligados al desplazamiento intrafamiliar, lo que generó la fragmentación del tejido social entre las veredas, la pérdida progresiva del conocimiento histórico referido a sus prácticas mineras, agrícolas y pesqueras. La resignificación del río Cauca: pasó de ser la fuente del desarrollo integral de las veredas a un ser muerto que no cobra mayor sentido en el imaginario colectivo.
Y por último las ambientales, ya que el aumento de la temperatura promedio en la zona del embalse y la erosión de las riveras de la represa por la alta concentración de agua, implicó la pérdida de especies bióticas y abióticas propias del ecosistema natural del río y de su rivera.
Son por todas estas razones de fondo que comunidades indígenas, afros y campesinas marcharon hasta Cali, exigiendo el cumplimiento a los acuerdos de 1988 que aseguraban que la construcción de esta represa sería para beneficio de esas comunidades y por el contrario hoy presentan problemas en la electrificación, vías de acceso, tierras inundadas, y una población olvidada en necesidades básicas como salud, vivienda y educación.
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La conmemoración del dÃa de la Afrocolombianidad que se realizarÃa este viernes 19 de mayo de 2006, de 2. p.m. a 6: 00 p.m., en el Salón ElÃptico del Capitolio Nacional se canceló. “El motivo de la cancelación es el acordonamiento de la Plaza de BolÃvar desde las 12:00 p.m. debido al cierre de la campaña presidencial, por lo cual se informó a la Cámara de Representantes la suspensión del eventoâ€, afirmó Paila Moreno, Gerente de Proyectos-Coord. Componente Afrocolombiano de FUPAD Colombia.
Sin embargo la celebración de hoy y del resto de semana sigue vigente, la Corporación Afroamérica Plural, mantiene su invitación a quienes quieran celebrar este dÃa y unirse al desfile de la afrocolombianidad hoy jueves 18 de mayo, en Bogotá, a las 3:00 p.m.. La marcha que partirá desde el Planetario Distrital hacia la Plaza de BolÃvar, finalizará el dÃa con la presentación del Ballet Colombia negra y con rumba que será animada por los grupos Choc Quib Town y Guayacán Orquesta.
Las otras jornadas también continúan realizándose. A nivel académico, se viene realizando la Semana Académica Afrocolombiana del 15 al 19 de mayo, en cuatro universidades: Universidad Javeriana, Universidad Externado, Universidad Distrital y Universidad Nacional. Además de la promoción en las entidades educativas del dÃa de la Afrocolombianidad. El Ministerio de Educación distribuirá en entidades educativas, casas de la cultura y otras entidades públicas, el afiche y la guÃa de conmemoración de este dÃa.
En el ámbito espiritual El Equipo Pastoral Afrocolombiano, invita para este domingo 21 de mayo, a la eucaristÃa que se realizará en la Catedral Primada de la capital. Se espera una masiva asistencia de todo el pueblo negro, teniendo en cuenta que la población afro que reside en Bogotá es de aproximadamente 900.717 personas.
Este domingo 21 de mayo, el Centro Cultural Media Torta, la Comisión Consultiva Distrital para Comunidades Negras Espacio Autónomo y la AlcaldÃa Mayor de Bogotá invitan a celebrar “Bogotá Sin Indiferencia Construyendo Afrocolombianidadâ€.
Este encuentro que se realizará en la Media Torta (Avenida circunvalar con calle 19 este), empezará desde las 10 a.m. y la ciudad podrá disfrutar de una muestra artÃstica conformada por miembros afrocolombianos de las localidades de Bogotá, acompañados por los ritmos del pacÃfico y la marimba de Hugo Candelario González y el grupo BahÃa de Cali; la fusión de Chocó, Quibdó y Bogotá con la agrupación Choc Quib Town, el sabor a caña de la Orquesta de Hansel Camacho y como gran cierre la coronación de la Reina Afro.
Para realizar este evento conformaron el Subcomité Étnico en el marco del Comité Interinstitucional de Participación, integrado por 18 entidades comprometidas directamente en la atención a la población afrodescendiente del Distrito, para iniciar la planificación institucional de la ejecución del Plan Integral de Acciones Afirmativas para los Afrodescendientes. A partir de esto se delegaron cinco entidades como responsables de la coordinación y ejecución de la Semana de la Afrocolombianidad: Instituto Distrital de Cultura y Turismo, Departamento Administrativo de Acción Comunal, Departamento Administrativo de Bienestar Social, Instituto Distrital de Recreación y Deporte, SecretarÃa de Educación, y con la coordinación de la Dirección de Participación Ciudadana.
Este domingo 21 de mayo, es entonces oficialmente el “DÃa de la Afrocolombianidadâ€, que se viene celebrando desde hace 5 años. Ya han pasado 155 años desde la abolición legal de la esclavitud en Colombia (21 de mayo de 1.851), y en el paÃs se conmemora desde el año 2.001, instaurado mediante ley 725, para reconocer el carácter pluriétnico y multicultural de la nación, y para recordarle a la población afro la necesidad de recuperar su memoria histórica.
Durante esta semana se llevarán a cabo diferentes actividades artÃsticas, culturales, encuentros y conversatorios para visualizar y reflexionar sobre las dinámicas de participación de las comunidades afrocolombianas. Esta es una oportunidad para que la ciudad pueda conocer y reconocer los diferentes trabajos comunitarios que los afrocolombianos vienen realizando en el contexto urbano. En este dÃa se hará un alto en el camino, para reunir a la comunidad afrodescendiente que vive en Bogotá y celebren juntos con muchas actividades que se realizarán desde esta semana.
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Se ha anunciado que en próximos dÃas llegará a Colombia el juez Baltasar Garzón con el propósito principal de visitar el Resguardo IndÃgena de La Maria. De confirmarse la noticia tendremos cerca a una persona que puede llevar a los más altos tribunales internacionales este caso que ilustra como pocos lo que se está volviendo costumbre en Colombia como polÃtica de seguridad y orden público: el uso de las armas para responder a la protesta pacifica con el argumento de enfrentar a aliados o cómplices camuflados del narco terrorismo. La presencia de Naciones Unidas y de organismos de control, DefensorÃa del Pueblo y ProcuradurÃa, ojala ayude a documentar lo que viene sucediendo y a ponerle lÃmites a la respuesta violenta del Estado.
Muchos tratadistas han señalado que la arbitrariedad como costumbre en materia de orden público es el hilo que conduce a formas disfrazadas de dictadura. Arbitrariedad es entendida como ejercicio del poder sin sujeción a las normas o acomodándolas a cada ocasión recurriendo a frases como: “General desaloje a esa gente cueste lo que cueste. Ni un minuto de bloqueo ni de tramites dilatoriosâ€.
En la ocupación del Resguardo de La Maria se pasó por encima de todas las normas. ¿Puede la fuerza pública allanar un centro comunitario en territorio indÃgena sin previa consulta, información o autorización del Cabildo? ¿Puede el ejército y la PolicÃa convertir un centro ceremonial, cultural y de salud de una comunidad en base de operaciones militares? ¿Es lÃcito que para reprimir una acción ilegal pacifica se usen armas de fuego y se realice una operación de guerra?
Al autoritarismo poco le importan estas preguntas. Para él primero está la eficiencia que la Ley; primero el orden que los derechos humanos. No le importa que la Constitución PolÃtica de Colombia establezca la Jurisdicción IndÃgena (articulo 246), designe a los territorios indÃgenas como “entidades territoriales†al igual que los departamentos, distritos y municipios (286) y menos que le asigne a las autoridades de los Cabildos y sus consejos “funciones especÃficas para el mantenimiento del orden público dentro de su territorio†(330). Al autoritarismo le incomodan los Convenios de la OIT que, como el 169, ratificado por Colombia en 1991, obliga al Estado a proteger de manera especial a los pueblos indÃgenas y a respetar su autonomÃa y territorio. El reclamo de “consulta†se le antoja un embeleco a los intolerantes que hacen carrera para pequeños dictadores.
A la arbitrariedad tampoco le importan las normas que prohÃben el uso de armas de fuego para reprimir protestas civiles, asà sean ilegales. Los Principios adoptados por Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza y armas de fuego deben parecerles otro atentado camuflado contra la seguridad nacional; debe resultarle extraño que desde esas alturas se les advierta contra el uso de armas letales contra protestas inermes.
Dice la declaración de 1990 sobre Empleo de la Fuerza en situaciones de excepción “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza†En ninguna situación se aceptan armas letales contra civiles y para situaciones extremas, que no es el caso en La Maria, se recomienda dotar a la fuerza pública de armas con balas de goma que no produzcan trauma.
Los arbitrarios consideran impertinente que se les pregunte por la orden de allanamiento de propiedad colectiva o por el acta oficial e inventario de bienes que debieron entregar al Cabildo. Si la Ley no conviene a la seguridad autoritaria, hay que hacerle atajos mientras se cambia.
Talvez lo único que les conmueva sea la Ley del Congreso de los Estados Unidos que cuando aprobó el Plan Colombia, incluyó un inciso advirtiendo que el uso de medios comprados con ese presupuesto, incluidos helicópteros y armas, para reprimir comunidades indÃgenas, deberá llevar a la inmediata suspensión de la “ayudaâ€. Mientras el juez Garzón investiga este punto, los áulicos nos recordaran otras normas que limitan libertades y autorizan hasta la tortura y el disparo preventivo para enfrentar a los terroristas omnipresentes.
